Se le llamó "Guerra contra el narco” pero nunca se le consideró un conflicto convencional; pasaron dos presidentes de dos partidos políticos diferentes y han transcurrido tantos años y tantos asesinatos y ausencias, que la sociedad quedó expuesta ante el horror que pasó a ser parte del cotidiano nuestro de cada día.

Esta no-guerra no tiene cabida en ningún lugar del mundo, no se discute en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni hay tribunales especiales para juzgar los crímenes de guerra, ni tampoco hay pausas ni treguas.

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (International Institute for Strategic Studies), México fue el país donde más personas murieron de forma violenta en 2016, sólo por detrás de Siria —donde hay una guerra— y por delante de Irak y Afganistán —donde las hubo y todavía no se extinguen—. Quedó también por encima de Yemen, Somalia, Sudán, Turquía, Sudán del Sur y Nigeria.

En México, dice el IISS, murieron 23.000 personas el año 2016, 63 al día. Por encima de las 17.000 en Afganistán y de las 16.000 en Irak, de acuerdo al Informe Anual de Conflictos Armados 2017.

Las consecuencias de esta catástrofe crece, el sistema de justicia se encuentra colapsado, las y los desaparecidos aumentan, los cuerpos se acumulan en fosas clandestinas y ahora ocurre lo inimaginable: Se apilan los cuerpos  en camiones ambulantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara ante la indolencia de las propias autoridades.

El Gobierno de Jalisco se vio en la necesidad de contratar tráileres refrigerantes para resguardar cuerpos debido a la saturación de cadáveres en el Instituto de Ciencias Forenses. El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas “Por Amor por Ellxs” y las organizaciones civiles Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos humanos de las Mujeres (CLADEM),  manifestaron su rechazo e indignación por el trato dado a los 157 cuerpos de personas no identificadas por parte de funcionarios del Gobierno del Estado, incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas, actuando de manera inhumana y sin pleno respeto de la dignidad, tratando a las víctimas como objetos de desecho y no como sujetos autónomos de derechos.

La violencia e inseguridad en México y en Jalisco en los últimos 12 años, es el resultado de la corrupción y la impunidad que ha caracterizado a los gobiernos federales, estatales y municipales, dejando a la sociedad a merced de las organizaciones criminales y de la delincuencia común, al grado que desaparecer a una persona no puede tener más consecuencias que la de la conciencia de quien la comete señalaron los colectivos.

El peregrinar de los camiones frigoríficos con centenares de cuerpos, ha indignado a nuestra comunidad, al país y a el resto del mundo donde ha llegado la noticia y muestra a cabalidad el trato que las autoridades gubernamentales, especialmente la Fiscalía General de Jalisco han dado durante todos estos años a los y las familiares de personas desaparecidas y su nulo compromiso con las acciones de búsqueda e investigación para dar con el paradero de sus seres queridos. 

Sin duda, nos encontramos ante graves violaciones a los derechos humanos que lastiman la dignidad de una sociedad que se niega a normalizar la violencia,  a vivir con indiferencia y con miedo.

 No es normal que desaparezcan a una persona, no es normal que la asesinen, no es normal que su cuerpo se apile en un camión frigorífico en una ciudad en donde las autoridades quieren normalizar la tragedia. No, la violencia no es normal y no nos merecemos esa normalización de la violencia.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

@lupitaramosponce