Patética, por decir lo menos, fue la manera en que la diputada panista Marijose Gamboa, quiso justificar la inoperancia del Fiscal estatal Jorge Winckler tras la puesta en libertad de duartistas que estuvieron presos en el penal de Pacho Viejo. Y es que exoneró al inepto funcionario y le echó culpa al gobierno de Cuitláhuac García.

Marijose dijo que los duartistas no salieron porque estuvieran mal integradas las carpetas de investigación, sino porque el gobierno de Duarte apoyó con millones de pesos la campaña de Cuitláhuac. “Esto no lo digo yo, lo dijo el diputado Héctor Yunes” aclaró.

En menos de 72 horas recuperaron su libertad tres de los considerados peces gordos: Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas; Francisco Valencia, ex titular de CAEV y Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de la SSP acusado de enriquecimiento ilícito y desaparición forzada.

Sólo quedan en prisión dos de diez duartistas: el ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras y la ex Coordinadora de Comunicación Gina Domínguez.

Que se sepa, es la primera vez en la historia del actual Sistema de Justicia Penal, que a un Fiscal se le van de la cárcel tantos procesados por no documentar con datos duros unas carpetas de investigación. Esa fue la razón de la desbandada y no el arguende barato que quiso vender la diputada Gamboa.

Malo por la señora pero peor para la justicia ya que de los ocho liberados casi todos son auténticos bandidos que ahora seguirán sus procesos desde la comodidad de sus hogares.

Cuitláhuac García contraatacó y tras calificar las liberaciones de “aberrantes” dijo: “Tenemos información precisa de que fue Jorge Winckler quien negoció con Arturo Bermúdez para acusarlo sólo por el delito de desaparición forzada, el cual lamentablemente no es considerado grave en Veracruz. Y en una acción perversa, le ofreció meterlo a la cárcel para que posteriormente pudiera salir”.

La liberación de Bermúdez Zurita fue la que levantó ámpula porque en efecto, está acusado de desaparición forzada. Casi de inmediato protestaron familiares de cientos de desaparecidos que consideraron el hecho como una burla. Pero más ámpula levanta que, como dijo Cuitláhuac, ese crimen no sea considerado grave.

¿Cómo es posible eso?

Ese atentado bárbaro no es un crimen más; es un delito de lesa humanidad condenado y perseguido por todos los países miembros de la ONU.

En México, el Código Penal Federal dice: “Se impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días de multa a quienes incurran en el delito de desaparición forzada de personas, servidor público o particular, que con la autorización o el apoyo de un funcionario, prive de la libertad en cualquier forma a una persona”.

Un acusado de cometer esa bestialidad ¿puede obtener su libertad bajo caución? No, al menos en el resto del país.

¿Por qué aquí sí? ¿Por qué jueces, magistrados, fiscales y legisladores han sido tan imperdonablemente omisos en ese sentido, cuando las desapariciones forzadas son un flagelo que sufren de manera recurrente los veracruzanos?

Enterada de la liberación de Bermúdez (del que ignoro si es culpable o inocente de los cargos que le imputan, eso lo decidirá un juez) una madre que lleva años buscando a su hijo exclamó presa de la impotencia y a punto del llanto: “La justicia es una mierda en Veracruz”.

Y al corroborar la pésima actuación de Jorge Winckler, al saber de su complicidad en corruptelas, al ver cómo liberan a tanto presunto bandido, al darnos cuenta de la impunidad que envuelve a los delincuentes y de la facilidad con la que se compran a jueces y fiscales, no queda más que darle la razón a esa sufrida mujer.

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