Por segundo año consecutivo, la Fiscalía de Veracruz, con Jorge Winckler Ortiz al frente, se ubica entre las cinco peores del país. Pese a que el abogado oaxaqueño ha tratado de desprenderse de la imagen de incompetente, argumentando que ello es producto de una campaña en su contra emprendida por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, lo cierto es que ya mostraba sus limitaciones en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
En efecto, dos evaluaciones realizadas por dos organizaciones nacionales distintas, primero la de Cero Impunidad, presentada en 2018, y luego la de México Evalúa, presentada apenas el miércoles 7 de agosto, desnudan la ineficacia, incapacidad y desinterés de la Fiscalía de Veracruz para brindar justicia, y los efectos desastrosos de mantener a un funcionario que solo obedece a consignas políticas dictadas desde el PAN y por el exgobernador Miguel Ángel Yunes.
Este año, la organización México Evalúa coloca a la Fiscalía de Veracruz en el final de la tabla, tanto en el ranking de condiciones para la operación, en que figura en el lugar 29 (apenas por arriba de Quintana Roo, Nayarit y Guerrero), como en el índice de impunidad en el sistema de justicia penal, en que ocupa el sitio 31, solo por encima de Tamaulipas.
Nuestra Fiscalía (aunque lo mejor sería decir la fiscalía de Yunes), ha logrado un nivel de confianza de -5 por ciento, por debajo del promedio nacional (-7.8%), lo que revela no solo desconfianza ciudadana sino una creciente impunidad que alienta a los criminales a continuar su carrera delictiva.
El estudio “Hallazgos 2018. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, publicado por México Evalúa, centro de investigación y monitoreo de la operación gubernamental, detalla que la desconfianza a las autoridades representa el 16.5 por ciento de las causas por las que delitos no fueron denunciados o investigados, superado por el de pérdida de tiempo que representa un 34 por ciento.
En cuanto a las investigaciones iniciadas durante 2018, las de la Fiscalía General de Veracruz en más del 50 por ciento se hicieron a través de “archivo temporal”, lo que significa que se guardaron en el escritorio del Ministerio Público quedando detenida cualquier actividad investigadora, por lo que en realidad no fueron resueltas.
La misma oficina se encuentra por debajo de la media nacional (3.9%) en cuanto a los asuntos que fueron vinculados a proceso durante ese mismo año, al tener el 1.4 por ciento, lo que quiere decir que la mayoría de las investigaciones no son judicializadas.
Estos resultados, contribuyen de manera significativa a que el índice de impunidad del Sistema de Justicia Penal en Veracruz se encuentre entre las tasas más altas a nivel nacional, con el 99.8 por ciento, incluso superando al promedio nacional de 96.1 por ciento.
Solo esclarecía el 0.55 % de los casos con carpeta de investigación.
En la Hora Libre del 16 de julio del año pasado, analizamos la evaluación hecha por la organización Impunidad Cero, en su estudio “Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018”, que ubicaba a la Fiscalía de Veracruz, encabezada por Jorge Winckler Ortiz, entre las cinco más malas del país.
Con una calificación de 38.9, la Fiscalía local estaba muy lejos de las de Chihuahua, Colima, Yucatán, Guanajuato y Nuevo León, que ocupaban los cinco primeros lugares, con calificaciones que iban de 74 a 61.
En materia de presupuesto destinado al rubro de procuración de justicia, mientras en la Ciudad de México se destinaban casi 700 pesos per cápita, en Veracruz solo se etiquetaba el equivalente a 136 pesos, apenas por encima de Puebla (127 pesos) y Tlaxcala (93 pesos). Si a ello agregamos que durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares buena parte de estos recursos se destinaron a perseguir a exfuncionarios duartistas, ya podemos imaginar por qué desdeñaron la investigación, esclarecimiento y castigo de los miles de delitos cometidos en nuestro territorio.
Aunque en el país la situación ya era sobrecogedora por el bajísimo porcentaje de delitos que lograban ser esclarecidos, con apenas el 1.14 por ciento, en Veracruz la situación era terrible: solo se esclarecía el 0.55 por ciento de los casos con carpeta de investigación.
Para tener una idea: a nivel nacional, el 94 por ciento de los casos ni siquiera se denuncian, lo que quiere decir que las fiscalías solo inician una investigación en 6 de cada 100 delitos que se cometen, y en solo 18 por ciento de estos casos se toma una determinación.
Según el estudio de Cero Impunidad, Veracruz contaba con una de las proporciones más altas de impunidad en homicidios intencionales. El 85.23 por ciento de esos casos se quedaron sin esclarecer, lo que constituye el mejor aliciente para que tanto bandas criminales como individuos realicen ejecuciones a diestra y siniestra, a sabiendas de que la Fiscalía nunca los va a llevar ante la justicia.
En materia de recursos humanos orientados a la persecución de delincuentes, la situación en Veracruz era (y sigue siendo) grave: la cantidad de agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes era de apenas 7.6, cuando en Chihuahua es de 24.8.
Pero donde estábamos de la patada es en el número de policías ministeriales por cada 100 mil habitantes: solo 10.3 elementos, lo que significa un policía ministerial por cada 9 mil 700 veracruzanos, una situación que no ha tenido una mejora.
El estudio también revela que la media nacional en cumplimiento de órdenes de aprehensión por parte de los policías ministeriales de las procuradurías o fiscalías en 2017 fue del 49.7 por ciento, es decir, menos de una de cada dos órdenes de arresto en el país no se cumplimentan.
Aunque el mayor foco rojo fue Nayarit, donde solo se ejecutaba con éxito el 12.7 por ciento de las órdenes de arresto, en Veracruz teníamos un peor desempeño que en el promedio nacional: solo se cumplimentaba el 41.5 por ciento de las órdenes de aprehensión.
Que sí puede reelegirse Toño Portilla
Para qué tantos brincos estando el piso tan parejo. Aquí lo comentamos esta semana y lo confirmó en una declaración que circuló en diversos medios de comunicación el jurista Arturo Miguel Chipuli Castillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV: el auditor del Orfis sí puede reelegirse, la ley no se lo impide.
Así, con esa contundencia cerramos una semana intensa, de mucha grilla y ataque a quien ha dicho que tiene la experiencia, los conocimientos y que si la ley se lo permite ha levantado también la mano.
Nada extraño, nada raro, para alguien como Lorenzo Antonio Portilla Vásquez que ha trabajado más de 30 años en el servicio público y conoce al dedillo el trabajo de la fiscalización.
A la pléyade de aspirantes se sumó esta semana René Mariani Ochoa, fundador del Orfis, a quien se le vio haciendo antesala en la oficina del Consultor Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Mariani es, sin duda, un gran profesionista pero tiene algo en contra, el sello que no podrá quitarse nunca, sus ligas con Miguel Ángel Yunes Linares.
Y así han brincado otros a la palestra y quien se mantiene firme, esperando la decisión de los diputados, es Toño Portilla, quien, dicho sea de paso, es quien tiene más tablas. Pero eso lo decidirán los integrantes de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz.
Vamos a ver qué depara la próxima semana.
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