Los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador a la organización Artículo 19 fueron efectivos. Lograron desviar la discusión del tema sustancial que debiera estarse discutiendo estos días en el espacio público: la imparable y creciente crisis de derechos humanos en México, el papel del Estado mexicano en ella —ya sea por acción, omisión o aquiescencia— y la falta de una respuesta consecuente con la magnitud del problema.
Esta desviación del debate público no sólo invisibiliza al caso Notimex, en sí mismo grave, sino un sinnúmero de denuncias —que no se reducen a lo reportado en el Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos— realizadas por organizaciones de la sociedad civil, academia, colectivos de víctimas y familiares durante años, en algunos casos décadas.
No es nueva esta técnica de señalar al denunciante. Durante los últimos meses hemos observado cómo las conferencias matutinas han sido utilizadas para estigmatizar a distintos actores que han denunciado o han sido críticos de la actual administración. En algunos de los ataques más recientes, el presidente ha señalado que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y defensores solamente critica a su gobierno y no a las administraciones previas, descalificando así la importante labor de este organismo. Algunos meses atrás, también Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, descalificó a medios y organizaciones defensoras del medio ambiente aludiendo a sus fuentes de financiamiento. Esto derivado de las denuncias que realizaron las organizaciones a las malas prácticas y violaciones de derechos humanos en el contexto de la construcción del proyecto Tren Maya.
En todos estos casos se cumple la misma función: atacar al mensajero para desviar la discusión pública de la denuncia concreta. Para entender el papel de estos mecanismos políticos, es útil recuperar la tipología de la negación estatal que generó el teórico social y criminalista Stanley Cohen a principios de este siglo.1 Destacan mecanismos como “la negación de responsabilidad”, “decir que son hechos aislados” o la “negación de las víctimas” —uno de los principales mecanismos utilizados por Felipe Calderón—.2 Otro mecanismo de negación de la violencia, mencionado por Cohen en su tipología, y que es cada vez más utilizado por este gobierno es la práctica de “atacar a los denunciantes”. Esto es, estigmatizar, señalar, deslegitimar a los distintos actores que están denunciando un problema.
Hay que nombrarlo tal como es: lo que está en juego cuando el presidente niega la crisis de derechos humanos y, además, estigmatiza a quienes la están denunciando, no es menor, pues impacta en los esfuerzos dirigidos a construir memoria, verdad y justicia. Por el contrario, es un hecho grave, ya que lejos de representar un cambio, tanto la negación de los agravios, como la estigmatización de los denunciantes, son mecanismos que dan continuidad a prácticas viejas de la faceta más autoritaria del Estado mexicano, algunas de las cuales se gestaron durante el período de represión estatal de los años setenta y ochenta —también mal llamado como “guerra sucia”—. Ni las disculpas públicas o actos simbólicos de reparación son suficientes sin verdad ni justicia. Pero tampoco lo son si la negación sigue operando a través de otros mecanismos.
La operacionalización de estos mecanismos de negación a través de la mañanera se evidencia cuando vemos que el 40% de las afirmaciones realizadas en conferencia matutina son información engañosa o falsa (Verificado, 2020). Se evidencia también cuando el presidente afirma que “en México ya no ocurren violaciones a derechos humanos”, pero en paralelo sabemos de los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, del asesinato de Elvin Mazariegos, ciudadano guatemalteco en un retén; se evidencia también cuando el presidente afirma que en México “no están ocurriendo masacres”, pero por otro lado sabemos que, en 2020, ocurrieron 672 masacres en el país, con dos mil 633 víctimas (Causa en Común, 2020).
Además de documentar estas técnicas de negación, en el informe anual 2020 de Artículo 19, Distorsión. El discurso contra la realidad, se visibilizan una serie de mecanismos cuya tendencia es el control gubernamental de la discusión pública. La concentración de la comunicación social en la figura del presidente, la desinformación oficial y sus impactos en el ejercicio del derecho a la información y la tendencia a la clausura de otros mecanismos de acceso a información pública dada la negación a responder solicitudes de información pública aludiendo la inexistencia de la información o la notoria incompetencia.
A estos mecanismos, haría falta agregar la creciente tendencia a la estigmatización de los denunciantes. Para hacer frente a ello es fundamental que no dejemos de mirar lo sustancial, lo que se está opacando con señalamientos. Es decir, que desde hace más de una década estamos ante una crisis de derechos humanos que ha cobrado la vida de más de 300 mil personas (INEGI), en la que han ocurrido más de 62 mil homicidios dolosos (SESNSP) desde el inicio de este gobierno, de la que han resultado más de 86 mil personas desaparecidas (CNB) y 137 periodistas asesinados por su labor; que la violencia feminicida se mantiene y crece; que en México el índice de letalidad es de 4.6 cuando debiera ser menor a 1; que ese mismo índice de letalidad se eleva a 18 cuando se trata de “enfrentamientos” con las fuerzas armadas. Ante todo ello y más, sin duda, es necesario sumar todos los esfuerzos para detener esta crisis.
Carlos Dorantes. Activista e investigador en temas de derechos humanos, en particular, derecho a la verdad, a la información y a la memoria. Actualmente, es Oficial del Programa de Derecho a la Información en la Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19.