María Isabel Romero Cruz, presidenta del Poder Judicial en el estado de Veracruz va dando tumbos en su encomienda pública, errática, sin mando, sin hoja de ruta.

Sin ápice de misoginia; la magistrada ha pecado de inocente, se ha lanzado sin jaula protectora a un mar de tiburones.

A media semana, citó a sus pares magistrados para informarles las malas nuevas: había recibido la invitación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que se ajustaran su jugoso sueldo, estimado en 132 mil 330 pesos al mes, más del doble de los 59 mil 366 pesos mensuales que percibe el jefe del ejecutivo veracruzano.

“Tenemos un déficit (…) nos faltan 500 millones de pesos, nos van a dar 200 millones de pesos, nos van a faltar ahora 300, ya menos.Necesitamos 260 millones para puro salario, los otros 300 son para papelería, todo lo que usan, luz agua, teléfono, todo, pero 260 millones es para puros salarios”, soltó a bocajarro la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

“El señor Gobernador me pidió muy atentamente platicar esto con ustedes, desde luego es voluntario que se le redujera la compensación a un cierto porcentaje, todavía no lo hemos platicado bien con el secretario de aquí hasta diciembre nada más”, expuso la presidenta del Poder Judicial

El entrecomillado, como marca el canon, refleja una declaración textual, María Isabel Romero Cruz soltó esos datos sin la más mínima precaución respecto a temas de seguridad. Sus palabras fueron grabadas por uno de los presentes y filtradas a medios de comunicación.
En retorcida adaptación de la novela corta de Gabriel García Márquez, María Isabel Romero Cruz sufre un viacrucis institucional y personal porque hasta ha dejado de comer -según su propia narrativa filtrada-, metida en un berenjenal, exhibida por sus propios pares, lo que deriva a una especulación espontanea.

La revelación del estropicio financiero estimado en 900 millones de pesos, explicado en forma trompicada por la propia magistrada presidenta en versión estenográfica con actitud compungida de ama de casa con el “ahorita para el 30 de junio nos estábamos tronando los dedos; yo fui varias veces con el señor Gobernador porque todavía desconfiaba mucho porque no soy buena para las matemáticas ni para esto de la administración financiera, lo estoy aprendiendo pero fui varias veces y ya la última me dice que no entiende; hable con los magistrados y dígales que me apoyen hasta diciembre nada más, quiero que me apoyen hasta diciembre pero voluntariamente, el que quiera, no los vamos a obligar, el que quiera y me dicen hace 2 o 3 días (…), ahorita me está exigiendo la Suprema Corte pagar 700 millones de pesos a Soriana y ya, por qué, porque Duarte le pidió fiado a Soriana 700 millones de pesos de puras despensas y no se las pagó”.

Más allá de este rosario de argumentos, basamentados en el pasado, aderezado con el villano favorito y depositario de todos los males, llamado Javier Duarte de Ochoa, es necesario detenerse en el origen del escándalo que tuvo que afrontar el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

La primera hipótesis es que la magistrada presidenta tiene enemigos en casa propia, correligionarios o adversarios del pasado inmediato, que la vigilan, espían, analizan y zancadillean para hacerla quedar en ridículo o peor aún, orillarla al suicidio burocrático para tomar por asalto la presidencia del TSJ.

Es entendible que existan enemigos de los tiempos idos. El intocable Edel Humberto Álvarez Peña ordenó la construcción de las ciudades judiciales, dejando una estela hemerográfica que tiene anclaje final en los Papeles de Panamá, paraíso fiscal que esconde en cuentas sin auditar, cientos de millones de pesos que salieron del Poder Judicial.

“La familia Ruiz Anitúa, herederos de Valentín Ruiz conocido como el Slim Veracruzano, recibieron 12 contratos para la construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz, por 849 millones de pesos”, reza el lead de la nota de La Silla Rota, publicada el 21 de febrero de 2019 con el siguiente cabezal: “Poder Judicial de Veracruz entregó contratos por 849 mdp a empresas ligadas a Panamá Papers”.

Los adversarios del pasado inmediato, enquistados en el TSJ hacen la tarea cotidiana, torpedean, espían, erosionan, hasta lograr el descabezamiento de magistrados cuya encomienda es sanear el socavón financiero que arrastra el poder judicial.

Otro argumento de ‘sospechosismo’ tiene anclaje en los sótanos del poder de la 4T cuyo latigazo tumbó a la magistrada Sofía Martínez Huerta de la presidencia del TSJ y allanó el camino para la entronización de María Isabel Romero Cruz.

Especulaciones aparte, los magistrados se alebrestaron ante la propuesta de reducción de salarios, emolumentos y compensaciones; en tómbola de ideas, algunos formularon cancelar plazas de proyectistas para abonar en el ahorro que se requiere, como medida facilona del hágase señor tu voluntad; pero en los bueyes de mi compadre, bajo el argumento que el recorte salarial a los togados sólo reflejaría 20 millones de pesos anuales de ahorro, un palada de tierra al socavón de 500 millones de pesos que se arrastra de déficit.

La reunión convocada por María Isabel Romero Cruz, filtrada por un chaneque, sólo sirvió para activar el protocolo de manejo de crisis en Palacio de Gobierno, donde se maquiló la especie que los magistrados son manirrotos y, efectivamente, no saben nada de matemáticas aplicadas a las finanzas públicas.

Mientras son peras o manzanas, doña María Isabel Romero Cruz seguirá percibiendo sus 142 mil 362 pesos al mes, 82 mil 996 pesos más de lo que devenga el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Y con esa bandera de víctima, la magistrada presidenta del TSJ seguirá tejiendo su historia trágica, novelada, contenida en la triste historia de la cándida María Isabel y los magistrados desalmados.

… de otro costal.

Santiago Nieto Castillo, zar anticorrupción en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, teje una red con servidores públicos honestos, que abonen al proyecto presidencial en el combate a la corrupción, como tarea fundamental al principal reclamo de la población.

En el estado de Veracruz, Aarón Ojeda Jimeno presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, en reunión con Nieto Castillo, recibió la encomienda de transparentar el desempeño de los servidores cuya obligación es moverse en casa de cristal.

Ojeda Jimeno se ha especializado en la capacitación sobre la prevención del lavado de dinero y su relación con delitos de corrupción, el diseño de protocolos que permita detectar en que puntos se pueda dar lavado de dinero, además de generar grupos de trabajo con cada estado a fin de evaluar riesgos de corrupción.
El recién nombrado presidente del SEA es un joven funcionario producto de la cultura del esfuerzo, sabe a la perfección la tesis de servir, más no servirse de una posición del servicio público.
Esta sinergia con la UIF servirá para apuntalar el discurso de intolerancia a la corrupción, esgrimido por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.