• Cuitláhuac García, el retrato barato del dictador Pinochet
• No cesa la persecución y represión contra Rogelio Franco  

En el estado de Veracruz los detractores de la 4T y quienes se atreven a desafiar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez son obligados a caminar sobre una delgada línea que apenas separa la libertad, del encierro o de la muerte.

Lo que sucedió ayer en un Juzgado del Distrito de Xalapa, en contra del perredista Rogelio Franco Castán, es la última llamada de alerta para los veracruzanos, porque lo siguiente que veremos serán detenciones arbitrarias de ciudadanos cuyo único crimen será no estar de acuerdo en la forma de gobernar de Morena.

Rogelio Franco estaba a días de obtener su libertad, gracias a que el Juez Federal Ricardo Mercado Oaxaca lo amparó al considerar ilegal su vinculación a proceso y la medida cautelar de 8 meses de prisión que le había impuesto la jueza Alejandra Barrientos Castellanos, por instrucciones del régimen morenista.

Sin embargo, le giraron una orden de aprehensión por los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de la justicia, en agravio de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública con Javier Duarte, que estuvo preso por desaparición forzada.

Esta aberración legal llegó a tal extremo que el juez Gregorio Esteban Noruega Velasco, fiel devoto de la Cuarta Transformación, le dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva.

La defensa solicitó fundadamente la revisión de la medida, exponiendo pruebas para que se le siguiera el proceso en libertad. Sin embargo, el juez de forma tajante y categórica interrumpió la exposición de la defensa, y señaló que, para él, la prisión debía seguir vigente.

Esta es la mayor prueba de que aquí se ha instaurado un régimen basado en la represión, en las persecuciones políticas y en la negación de derechos humanos y civiles. Es por esto por lo que los gritos de justicia se pierden ente las paredes de las prisiones y en la indolencia del oficialismo.

La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible, y las dictaduras saben que la mejor manera de doblegar a sus adversarios es infundiendo miedo y robándoles su libertad. Al menos Rogelio Franco está vivo, no así otros líderes opositores.

Cómo olvidar al diputado Juan Carlos Molina Palacios, líder de la CNC, quien fue asesinado en noviembre del 2019. Él era un contrapeso de Morena en el Congreso y por nada del mundo se iba a doblegar ante la 4T.

También se tiene muy presente el recuerdo de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, a quien el gobierno de Cuitláhuac y el secretario de gobierno, Eric Cisneros, le hicieron la vida imposible.

“Yo no conozco eso de los derechos humanos. ¿Qué es eso?”, decía el dictador chileno Augusto Pinochet. Esto nos da una idea clara de que cuando se trata de perpetuarse en el poder, poco les importan los derechos humanos y la dignidad humana.

Lo más grave es que en Veracruz el gobernador tiene el control total del congreso y del poder judicial. Los diputados aprueban leyes a modo y los jueces se encargan de mantener presos a los opositores.

La última línea de defensa de los veracruzanos era el poder judicial, pero desde el 11 de octubre del 2019 el Gobernador tiene el control mayoritario de ellos, pues los 13 que propuso fueron aprobados por los legisladores.

En la lista están Bertha Inés Chávez Méndez, Claudia Reséndiz Aguilar, Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, Florencia Cruz Fernández, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández Cadena, Rosalba Hernández Hernández, Sofía Martínez Huerta, Adolfo Cortés Veneroso, Cándido Nicanor Rivera, Esteban Martínez Vázquez y Sergio Jiménez Maraboto.

En estos momentos se estima que 21 de los 33 magistrados son leales al gobernador y esto quedó demostrado hace unas semanas, cuando aceptaron bajarse salarios y prestaciones, a sugerencia de Cuitláhuac.

Dentro del mismo poder judicial se llevan a cabo persecuciones y venganzas. La mayor prueba es el retiro forzoso de Yolanda Cecilia Castañeda, Magistrada de la Sexta Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia.

Un día antes de su cumpleaños número 70, Cecilia Castañeda recibió un oficio de la magistrada presidenta Isabel Inés Romero, palera de Cuitláhuac García Jiménez, quien le notificaba que ya estaba en la hipótesis normativa del retiro forzoso y que de inmediato debía hacer entrega de su oficina.

Si esto le sucedió a una magistrada, imagínese lo que le puede pasar a ciudadanos y políticos opositores.

Todos se preguntan por qué lo hace Cuitláhuac. La respuesta es más que obvia, sigue el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. A la pobre Rosario Robles la mantiene presa, acusada de delitos que no cometió.

A ella la mantienen presa aun cuando se le acusa de delitos que no merecen prisión. En cambio, hay delincuentes de cuello blanco, como el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, quien no ha pisado el reclusorio.

Con tal de meter a la cárcel a los hombres de confianza del expresidente Felipe Calderón, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, AMLO echó mano de denuncias de supuestas torturas contra integrantes de la banda de secuestradores “Los Zodiacos”, que encabezaba Israel Vallarta Cisneros, capturada en 2005.

Los mandos de la Policía Federal que llevaron a cabo las detenciones están presos y los presuntos secuestradores están libres, y otros, incluyendo su líder, están a punto de ser liberados. ¿Qué pensarán las víctimas y sus familiares del actuar del presidente López Obrador?

Las venganzas políticas están en su apogeo y es parte de una estrategia para mantenerse en el poder, porque saben que el descontento social va en aumento.

Mañana que se le pregunte al gobernador Cuitláhuac del porqué de la persecución política contra Rogelio Franco, seguramente responderá como el dictador Augusto Pinochet: “No me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto y si fue cierto, no me acuerdo”.