Al interior del Poder Judicial se ignora el destino del presupuesto de este año, ya que en siete meses se gastaron mil 700 millones de pesos y, además, cerca de 700 millones de pesos de los fondos de Mejoramiento para la Impartición de Justicia y de Retiro de magistrados.

Nadie, hasta ahora, ha explicado cómo se utilizaron los recursos y tan sólo propusieron una serie de medidas que de ninguna forma servirían para recuperar los recursos.

Tan sólo se supo que la presidente del Poder judicial, Isabel Inés Romero Cruz, ascendida a presidente para sustituir a Sofía Martínez Huerta por actos de corrupción durante su breve gestión de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, ordenó descuentos hasta de un 30 por ciento a los magistrados, todo ello por órdenes del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que ha tomado decisiones en un poder que no le corresponde, ya que el Poder Judicial es autónomo.

La reducción de salarios y otras prestaciones a magistrados, violentan el artículo 116 Constitucional.

Ahora, hay dificultades para cubrir las nóminas de los trabajadores y se estima que todo aquel magistrado que vaya a retirarse, no contará con los recursos del Fondo para el Retiro, pues ese dinero también desapareció.

Desde que ingresó Isabel Inés Romero Cruz no se efectuó ninguna auditoría.

Hace muchos años, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien trabajó al lado de Julio Patiño casi 20 horas diarias, fue comisionada para dialogar con dos secretarios de gobernación en períodos distintos, entre ellos Emilio Chuayfett, para que se instituyeran los Fondos de Mejoramiento para la Impartición de Justicia y el de Retiro de los magistrados.

Se trabajó para ello pues la Secretaría de Finanzas no quería que el Poder Judicial manejara los recursos de las Fianzas, Conmutaciones, Derechos de Certificación.

Fueron años de lucha y se obtuvieron los recursos. Hoy, en el Poder Judicial, bajo el mando de Isabel Inés Romero Cruz, que fue sacada del retiro pos instrucciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, no tiene dinero, pues en siete meses desaparecieron mil 604 millones de pesos y poco más de 700 millones de pesos del Fondo de Mejoramiento. Tampoco se sabe en dónde quedó el Fondo de Retiro.

Hasta el momento no hay una auditoría y poco se espera del ORFIS, también controlado por Morena.

Lo que es peor, cada vez se debilita la justicia en la entidad, pues desde 2019 ingresaron 22 magistrados (hombres y mujeres) cuyo mayor mérito fue tener amistad con el gobernador Cuitláhuac García, entre ellas Sofía Martínez Huerta, la primera presidente en la historia del Poder Judicial e Isabel Inés Romero Cruz. Ninguna de ellas en su vida, logró siquiera una especialidad, ya fuera maestría o doctorado. Si acaso, Isabel Inés Romero Cruz logró convencer a unos abogados porteños para que le entregasen un honoris causa.

Sometida al gobernador de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz dispuso que se descontara el treinta por ciento del salario a magistrados locales, para reponer el faltante para terminar el año, violentando el artículo 116 Constitucional.

Además, ha sido omisa ante el gasto excesivo de recursos en las Ciudades Judiciales y permitió que un grueso grupo de trabajadores que desconocen la labor del Poder Judicial y que cobran millones de pesos en nómina.

De igual modo, no se opuso a que le redujeran casi 600 millones de pesos al Poder Judicial en el presupuesto de 2021, pues bien pudo recurrir a una controversia constitucional, pero prefirió guardar silencio.

Hoy, los recursos del Poder Judicial son faltantes y será el Gobierno del Estado el que imponga condiciones para entregar recursos, siendo que tanto el gobernador Cuitláhuac García y sus empleados, Eric Cisneros Burgos y Juan Gómez Cazarín, se entrometieron en el Poder Judicial, violentando su autonomía.

Quieren forzar al retiro a magistrada inamovible

El pasado lunes, desde la presidencia del Poder Judicial le enviaron un oficio a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, para que el martes 17 de agosto dejara su oficina, pues de acuerdo a Isabel Inés Romero Cruz, dejaría de ser magistrada por ministerio de Ley.

Lo que ignoraba la presidente Romero Cruz, es que fue electa por un grupo de magistrados a finales de 2020, es que la magistrada Palmeros es por decreto, magistrada numeraria inamovible, ratificada en 1997 por la Legislatura local.

De hecho, Isabel Inés Romero Cruz violentó el artículo 14 de la Constitución Política del país al forzar al retiro a la magistrada mediante una reforma que impulsó Miguel Yunes Linares, olvidando que ninguna ley puede actuar de manera retroactiva.

Obligada al retiro forzoso sin merecerlo, la magistrada Castañeda Palmeros sacó sus pertenencias, libros, diplomas, menciones honoríficas y sus constancias recibidas en su carrera: Título universitario con el mejor promedio en la Universidad Veracruzana; los títulos de sus dos maestrías y sus dos doctorados y hasta su diploma tras obtener el Premio Nacional al Mérito Judicial, obtenido en 2011 tras superar a magistrados de todo el país.

El Premio Nacional al Mérito Judicial se lo entregó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral.

Cabe señalar que, durante el proceso del Premio Nacional al Mérito Judicial, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombraron a una comisión para investigar la actuación de la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, entre ellos estuvo Olga Sánchez Cordero, ministro de la SCJN y actual secretaria de Gobernación.

A la vez, Castañeda Palmeros siempre se distinguió por ser la mejor, ya que en la carrera de Derecho obtuvo el mejor promedio de su generación. Del mismo modo en sus maestrías y doctorados obtuvo el Magna Cum Laudae.

Con su partida del Tribunal Superior de Justicia se cierra la última etapa ilustrada, dando paso al más nefasto y oscuro ejercicio del poder.

 Miguel Ángel Gómez Ruiz/RCK Noticias/Veracruz, Ver.

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