De que Emilio Lozoya es un sinvergüenza, no cabe duda alguna. Un traidor, dispuesto a empeñar a sus amigos —y a su propia madre— con tal de salvar su pellejo. Un hombre sin honor, nacido entre pañales de seda y que no supo aprovechar su preparación —y las posiciones a las que tuvo acceso— para hacer algo de provecho, sino que se perdió en la frivolidad del poder, y en la corrupción necesaria para obtenerlo —y conservarlo— sin mayores méritos.
Un poder que, por lo visto, todavía cree tener. Las fotografías publicadas en los últimos días, en las que aparece departiendo —sin mayor preocupación— en uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México, a una hora en la que era más que probable que alguno de los comensales habría de reconocerle, son una muestra del cinismo de quien confía en la impunidad que le brinda un acuerdo inconfesable, pero ahora, más que nunca, evidente.
Emilio Lozoya es un sinvergüenza que, sin embargo —y sin quererlo, sobre todo—, bien podría haberle rendido un gran servicio a la patria, mientras degustaba su pato laqueado. Las imágenes son indignantes, en tanto retratan en su plenitud la impunidad acordada por el régimen en funciones con un delincuente confeso, el mismo acuerdo de impunidad que se sospecha existente con personajes del gobierno anterior y algunas figuras relacionadas con el crimen organizado. El gobierno, ahora, tendrá que actuar.
Lozoya, en su soberbia, cavó su propia tumba y la de su partido. La administración en funciones se verá obligada a reaccionar, y proseguir una causa que le pone en una cuerda floja: por un lado, la sociedad indignada, que exige resultados; por el otro, los resultados que se le exigen harían tambalear un presunto acuerdo que —por cualesquiera que fueran las razones— ha permitido la impunidad de personajes como el de marras. Una impunidad que se exhibe sin desparpajo. La investigación —y la exigencia ciudadana— terminará por tocar al PRI, que se verá —por fin— obligado no sólo a deslindarse del pasado, sino a definirse en el presente, justo antes de la votación sobre la contrarreforma energética planteada por el gobierno actual.
Vaya disyuntiva. El PRI se enfrenta a un momento crucial en su historia, con tres opciones en puerta. En la primera, el repudio total de la presidencia del partido hacia Lozoya —y en consecuencia, a la administración anterior— salvaría su relación actual con el gobierno, pero daría el primer paso no sólo a la desintegración total con la alianza opositora, sino a la pérdida de credibilidad absoluta entre la ciudadanía. En la segunda, un dejar hacer y dejar pasar —como si el problema no les correspondiera, y como en los hechos están operando, con los supuestos foros sobre la contrarreforma energética— les colocaría en una indefinición que favorecería a los intereses de la dirigencia, pero que terminaría por cobrarle facturas al partido en poco tiempo. En el tercero, si se definieran en contra de la impunidad del personaje —y de sus aliados intocables—, pero también lo hicieran en contra de la iniciativa presidencial, sin mayor recaudo, terminarían por rescatar un poco de la credibilidad que han perdido en los últimos años. La pregunta inexorable es sólo una, ¿a qué le tira el PRI?
A qué le tira el PRI, la gran pregunta. En este momento, el partido parece nadar entre dos aguas: por un lado, quienes miran a futuro y buscan recuperar la confianza de la ciudadanía; por el otro, quienes sólo piensan en su propio pasado —reciente— y buscan asegurar, si no otra embajada, al menos la seguridad jurídica hasta que cambie la marea. Los últimos posicionamientos, tanto desde el Senado como desde la presidencia del partido, han dejado claras las diferentes posturas al interior del instituto.
¿Cuál prevalecerá? Abramos los ojos, y escuchemos con atención: el prisionero del Palacio se juega su última carta, con el partido al que —en realidad— nunca dejó de pertenecer. Lo que venga, a partir de ahora, definirá el verdadero papel del PRI en nuestra historia.