Querido padre José Crisanto, los que te queremos te extrañaremos siempre

Proteger a los periodistas se ha convertido en una necesidad fundamental para la salvaguarda de la libertad de expresión de todas las personas del mundo. Para los colegas de profesión que arrastran la pluma, analizan datos, investigan y persiguen las noticias, su trabajo es muy incomprendido.

Por un lado, no tienen horarios que les permitan tener una vida ordenada y, por el otro, no es buena la remuneración que reciben; es más, la pasión y compromiso que le imprimen para escudriñar y denunciar los abusos del poder, esto, no da para hacer fortuna.

Existen excepciones de quienes usan sus plumas para servir a los que “pagan bien por sus servicios”. Más allá de estas consideraciones, ciertamente es una profesión de alto riesgo, pues cuando se practica con honestidad intelectual, se desnuda a personas y grupos que gustan de seguir protegiendo “intereses creados”.

Libertad de prensa y libertad de expresión son los dos rieles por los que transita el ferrocarril de los derechos humanos universales.

El derecho a informar y a estar informado requiere de medios de comunicación plurales e independientes de los poderes fácticos, que en la búsqueda y protección de sus privilegios recurren a todo tipo de prácticas para seducir a los líderes de opinión.

Tener y desarrollar la capacidad de enfoques y puntos de vista críticos, son fundamentales para el sano y positivo debate democrático del país. La Unesco sostiene que más de 1,200 periodistas, entre 2006 y 2020, han sido asesinados por cumplir y realizar su labor informativa, donde sólo se penaliza uno de cada diez casos, los nueve restantes siguen impunes, pues es el asesinato la forma más recurrente de censura de los periodistas incomodos; también existen prácticas para su sometimiento como las amenazas, que van desde la extorsión, el acoso digital, el secuestro, la tortura, la mutilación de órganos del cuerpo humano, todo esto para crear climas de incertidumbre, miedo e inseguridad en los círculos profesionales de los medios de comunicación y para inhibir e impedir la libre circulación de la diversidad de opiniones e ideas entre los ciudadanos; sabedores los criminales, que las noticias silenciadas son las que la sociedad necesita conocer.

Ciertamente, el Estado mexicano está obligado a ser garante del derecho a la información mediante el acceso a las tecnologías de  la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha e internet y, con el propósito fundamental de que las ideas no sean objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en los casos de ataques a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, se provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica está garantizado en los términos dispuestos por el artículo 6° constitucional, sin embargo, en México han sido asesinados 143 periodistas del 2000 a la fecha, sobresaliendo este delito en los estados de Veracruz (30), Tamaulipas (14), Guerrero (14), Sonora (13) y Estado de México (6); consecuencia del relajamiento y dispersión del poder de algunos gobernadores y presidentes municipales y su muy probable colusión con los grupos criminales del narcotráfico. 

La ley que se creó en 2012 para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos pareciera ser “letra muerta,” por ello, son los mecanismos de protección a periodistas de todos los países del mundo los que deben presionar a los fiscales de justicia las investigaciones de los delitos cometidos en agravio de los comunicadores y la consecuente judicialización ante los tribunales federales y estatales.

La seguridad y tranquilidad de las familias dependen de esta imperiosa necesidad, ¿o no, estimado lector?