El presidente López Obrador es seguramente el presidente que más poder ha concentrado en la historia contemporánea del país. Su forma de gobernar a través de decretos o utilizando a su mayoría legislativa para pasar leyes que no siempre son constitucionales, pero mientras la Suprema Corte no se pronuncie siguen vigentes, han resultado en que el presidente haya logrado hacer casi todo lo que se ha propuesto. Ello no implica buenos resultados en los objetivos que se había planteado al inicio de su gobierno, como erradicar la pobreza, la inseguridad y la corrupción, o crecer 4.5 por ciento en promedio cada año, o combatir el cambio climático. Más bien ha sido lo contrario. Los pésimos resultados contrastan con su acumulación de poder.
Un aliado indiscutible de este gobierno han sido las Fuerzas Armadas. López Obrador les ha otorgado un manto de legalidad a sus labores de seguridad pública, les ha dado más presupuesto, responsabilidades y garantizado sus ingresos, les ha dado trabajo a decenas de militares de alto rango, ya en retiro, en actividades antes reservadas al mundo civil (lo que implica que duplican sus ingresos), e incluso ha invitado/permitido/alentado a sus líderes involucrarse en actividades político-electorales.
Las Fuerzas Armadas le han respondido de la misma forma al presidente: han seguido sus instrucciones al pie de la letra y sin importar que ello implique violar leyes federales y hasta la Constitución. Le han dado resultados como la construcción del AIFA (aunque sea violando la ley y con instalaciones incompletas, pero lo suficiente para presumir que ya ‘funciona’), están construyendo tramos del Tren Maya que prometen estará a tiempo, a pesar del ecocidio, y han respaldado al presidente y su proyecto político. Incluso han estado dispuestos a la humillación por grupos criminales y de autodefensas que han mostrado su superioridad y mando, incluso en zonas ‘resguardadas’ por la Guardia Nacional, la Sedena o la Marina, supuestamente al seguir la orden presidencial de no enfrentarse a los grupos criminales. No hay la menor duda que el presidente tiene a las Fuerzas Armadas a su servicio y que éstas probablemente le guarden más lealtad a él que a la misma Constitución. Por lo menos así ha sido hasta ahora.
El tercer factor que entra a escena es el crimen organizado. Cada vez aparece más evidencia de que existe una relación no convencional, y que en ocasiones pareciera casi amistosa, entre este gobierno y ciertos grupos del crimen organizado. Empezando por la política de no enfrentar a los grupos criminales por parte de la fuerza pública y la desintegración de los grupos de inteligencia con la DEA; las muestras de ‘humanismo’ y ‘cortesía’ al liberar a Ovidio Guzmán, saludar a la mamá de El Chapo e incluso interceder para que se le pueda visitar, así como su declarada obligación de defender a los criminales por ser también seres humanos (y olvidarse de las víctimas). La relación parece también evidente por el presunto financiamiento de campañas políticas de Morena (y seguramente también a otros partidos), la selección de candidatos vinculados al crimen organizado (algunos de los cuales ya han sido electos como en el gobierno de San Luis Potosí), y la selectividad de unos grupos por encima de otros (el Cártel de Sinaloa por encima del Cártel Jalisco Nueva Generación). Finalmente, el ‘abandono’ (aparente) de territorios enteros a merced de grupos criminales, en los que se ganan a sus clientelas y a quienes recurren los ciudadanos por protección o justicia, dejan ver el avance territorial del crimen organizado sin que la fuerza pública intente siquiera detenerlo. Todos estos elementos apuntan a una relación entre el gobierno y grupos criminales que dista mucho de la que debiera ser, una en la que los ciudadanos son protegidos por las instituciones del Estado y donde las Fuerzas Armadas son las últimas garantes de la soberanía territorial.
Parece claro entonces que el gobierno está apuntalado por las Fuerzas Armadas y que tiene algún tipo de relación no convencional con el crimen organizado. Si ese fuera el caso, ¿existe una interrelación entre los tres componentes que conforman esta triada? Dado el enorme poder que tiene cada uno de ellos, y a pesar de sus objetivos divergentes, ¿hay posibilidad de que se unan en un proyecto común?, ¿bajo qué condiciones podría ocurrir? Si ese fuera el caso, ¿cuál podría ser ese proyecto común y qué objetivo tendría?, ¿sería presumiblemente para beneficio de los ciudadanos?, ¿qué implicaciones tendría para la República y para la democracia?
Son más preguntas que respuestas, pero si las premisas para su formulación fueran ciertas, tendríamos que enfocarnos en su respuesta. Hay demasiado en juego para obviarlas.