* Les otorga su representación cuando en diciembre de 2018 dejó sin efecto el nombramiento

* Pluvial del Golfo exhibe en juicio de amparo las maniobras de Yazmín Martínez Irigoyen

* Tras negociar en el Congreso, la síndica vuelve al redil del alcalde Carranza

Ya reconvertida al carrancismo, la síndica Yazmín Martínez Irigoyen hace migas con el equipo jurídico del alcalde Victor Carranza, acreditándolos ante un juzgado federal, pese a que 10 meses atrás les revocó el poder notarial para representar al ayuntamiento de Coatzacoalcos por ignorar su autoridad e incluso por transgredir la ley.

Hoy les da estatus de “delegados” a Agustín Jiménez Hernández, a quien acusó ante la Fiscalía Anticorrupción por incumplimiento de un deber legal, así como a Martha Patricia Barrientos Aguirre, Rodolfo Díaz Silva, José Luis Torres Madrigal, Abraham Martínez Hernández y Gregorio Meléndez Martínez.

El nombramiento, consignado en su escrito de respuesta como tercer interesado, de fecha 26 de septiembre de 2019, tiene efectos para representarla como síndica municipal en el juicio de amparo indirecto 779/2019, interpuesto por la empresa Pluvial del Golfo ante el Juzgado Segundo de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz.

Diez meses atrás, el 4 de diciembre de 2018, ante el notario número 7 de Coatzacoalcos, Erick Madrazo Lara, Yazmín Martínez Irigoyen había dejado sin efecto el poder con el que se ostentan como abogados del ayuntamiento, según consta en el instrumento 33,008 suscrito por el fedatario.

A partir de esa fecha y contra la irritación del alcalde y sus aliados en el cabildo, Yazmín Martínez se sostuvo en su decisión y categorizó las acciones asumidas por Agustín Jiménez y sus subalternos como carentes de validez legal e incluso violatorias de la ley.

Ahora, la síndica municipal les otorga calidad de delegados suyos ante el juzgado federal para combatir el juicio de amparo interpuesto por la empresa constructora Pluvial del Golfo, intentando que sea sobreseído para evitar multas a los ediles y destitución del tesorero municipal por incumplimiento de pago, según sentencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz y una solicitud para que la misma destituya al tesorero del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Mario Humberto Pintos Guillén.

Pluvial del Golfo acudió a la vía federal ante la reiterada negativa del alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el ala morenista del cabildo, los regidores priistas Oliver Damas y Felipe Rodríguez Gallegos, y el equipo financiero municipal, a saldar más de 3 millones de pesos por la construcción de los dos últimos tramos del malecón costero.

Pluvial del Golfo interpuso un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy TEJAV, en 2015, cuando el alcalde de Coatzacoalcos era el priista Joaquín Caballero Rosiñol. Acreditó ser titular del contrato y haber dado cumplimiento sin observaciones en cuanto a la calidad de la obra. Sin embargo, mediante triquiñuelas legales, tácticas dilatorias y promesas de pago en especie, no en dinero líquido como estipulaba la asignación de los trabajos, el ex presidente municipal postergó la solución.

“TRIBUNAL DE QUINTA”, LE DICE EL ALCALDE AL TEJAV

Carranza Rosaldo llegó a la alcaldía en 2018 y repitió la fórmula de su antecesor. Inicialmente, a sugerencia del director Jurídico, Agustín Jiménez, advirtió que pelearía en los tribunales para dejar sin efecto el contrato y su consecuente pago. Fue su primer acto de rebeldía contra el TEJAV, al que definió como “tribunal de quinta”.

Posteriormente, según consta en video de sesión de cabildo, Carranza Rosaldo expresó que se podía negociar el pago en parcialidades y una reducción del mismo. O sea, suscribir un convenio con Pluvial del Golfo.

Con las atribuciones que le confiere su calidad de síndica y conminada a dar cumplimiento a una sentencia, Yazmín Martínez Irigoyen procedió a suscribir el convenio, el cual fue ignorado por el alcalde Carranza al grado de instruir al tesorero Mario Pintos a no entregar los cheques a favor de la empresa constructora.

Más adelante, la directora de Contabilidad de la Tesorería Municipal, Yolanda Sagrero Vargas, señaló que en sus archivos no tenía contemplado el pago y que no lo realizaría. El abogado de Pluvial del Golfo, Marco Antonio Madrazo Carrión, le expresó que el juicio estaba concluido y que el ayuntamiento de Coatzacoalcos había sido sentenciado a pagar. Entonces repuso y ofreció que aconsejaría el pago en el ejercicio 2020.

En ese sentido, los regidores de Morena, los priistas Oliver Damas y Felipe Rodríguez y el alcalde decidieron burlar nuevamente la sentencia del TEJAV que los condenó a realizar el pago de manera inmediata. El acuerdo fue cubrir el pago con recursos del Fondo Metropolitano correspondiente a 2020.

Ante la negativa a cumplir con la sentencia, Pluvial del Golfo interpuso el juicio de amparo indirecto 779/2019, el cual ahora es combatido por la síndica Yazmín Martínez Irigoyen, pese a ir contra diversas acciones legales suscritas por ella misma para dar por concluido el conflicto y cumplir con el pago.

Y acredita a seis abogados del área jurídica a los que 11 meses antes, el 4 de diciembre de 2018, les había revocado el poder notarial que les dio representación legal.

PLUVIAL RESPONDE Y EXHIBE A LA SÍNDICA

No tardó en obtener respuesta. Pluvial del Golfo emitió apreciaciones dirigidas al Juzgado Segundo de Distrito que son auténticos obuses contra la sindica municipal y su selecto grupo de abogados “delegados”.

Vía su representante legal, Marco Antonio Madrazo Carrión, de inicio expone que los delegados carecen de representatividad pues la misma síndica les revocó el poder notarial, el 4 de diciembre de 2018, lo que le impide actuar a nombre del ayuntamiento de Coatzacoalcos.

De entonces a la fecha, todo acto jurídico realizado por los abogados espurios, encabezados por Agustín Jiménez Hernández, va contra la ley.

Madrazo Carrión anexó copia del instrumento de revocación emitido por el notario Erick Madrazo Lara.

Sobre las supuestas gestiones para cumplir con la sentencia, Madrazo Carrión responde:

“La hoy tercera interesada, síndica o representante legal del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos Ver, solamente se concreta en señalar que ‘se están haciendo las Gestiones pertinentes para dar cumplimento’, pero nunca demuestra con documento alguno qué tipo de gestiones se están haciendo, y sobre todo, no se trata de gestionar, sino de dar cumplimiento a un mandato judicial”.

Señala que el 30 de mayo de 2017 indicó la existencia de una partida para pago de pasivos del orden de 175 millones 753 mil 310 pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Existiendo recursos, el entonces alcalde, Joaquín Caballero, se aferró a no pagar.

Madrazo Carrión acusa:

“Como lo he reiterado en diversas ocasiones, tanto el cuerpo edilicio, así como el presidente municipal y el tesorero, solamente se encuentran realizado actos dilatorios, con la finalidad de no dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 330 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz”.

Y exhibe a la síndica Yazmín Martínez Irigoyen al citar que fue ella quien suscribió el convenio de pago con Pluvial del Golfo, el 18 de febrero pasado, en el cual se establecieron las fechas en que se realizarían los pagos para saldar el adeudo: 19 de marzo, 17 de abril y 17 de mayo “y que no da cumplimento toda vez que el tesorero del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos no le otorgó el cheque por indicaciones del C. Presidente Municipal”.

Y concluye:

“Luego entonces, dicha funcionaria falsea con la verdad histórica de lo que dice en los acuerdos del cuaderno de ejecución 04/2017, con lo que hoy pretende argumentar en su escrito de apersonamiento en su calidad de tercera interesada”.

Tras negociar un arreglo en el Congreso de Veracruz que se desestimara el juicio político en su contra, Yazmín Martínez Irigoyen volvió al redil carrancista. Hasta entonces, acusaba al alcalde Carranza de solapar actos de corrupción: un acta de cabildo falsa; obras asignadas sin estar contenidas en el Programa de Obras Anual; pagos a empresas e instituciones a espaldas del cabildo, incluida la Universidad Tecnológica de Coatzacoalcos, que es negocio de la directora de Contabilidad, Yolanda Sagrero; contratos asignados sin su firma o sin la firma de funcionarios municipales, abuso de autoridad, usurpación de funciones y en el caso del director jurídico, Agustín Jiménez, incumplimiento de un deber legal.

Ahora, ya reconvertida, es su aval.