Miércoles, 24 de octubre de 2018
Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

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Sobre un embuste teje Tania Cruz la impunidad de su hermano Jonathan “N”, acusado de pederastia, de obligar a una relación sexual a una joven hondureña —16 años, refugiada— en días de campaña, cuando Morena iba por la diputación federal y lo mismo pedía el voto que hacer justicia, cuando en el discurso se denuncia la violación a los derechos de los olvidados y el atropello de los que detentan el poder.

Aprehendido, enfrentado a la ley, Jonathan fue remitido este sábado 6 ante una juez venal que apenas lo vio le varió el delito por el de estupro y lo dejó ir.

Fue detenido pero Tania Cruz dice que no. Cuenta que se apersonó.

Fue intervenido por agentes ministeriales, revisado por un médico, leídos sus derechos y puesto en las bondadosa manos de la juez Ludivina García Rosas, de acre fama y pésimo historial.

Pero Tania Cruz sostiene que no.

“Acudió por su propia voluntad”, cuenta la diputada federal por Coatzacoalcos, resguardando el nombre y el parentesco, aludiéndolo sólo como “la persona que se señala como familiar”.

Hará cuatro meses, y unos días más, Tania Cruz instaba a votar para Morena, darle el voto a López Obrador, retener la diputación federal en el distrito 11 de Veracruz, ganarse una curul en San Lázaro, así terminara siendo, por su bajo perfil, una diputada del montón.

Hará cuatro meses comenzó la pesadilla de la que puede despertar.

Andaba en calles de tierra, en colonias y congregaciones. Pregonaba el cambio, el nuevo destino de México en manos de Andrés Manuel López Obrador. Tocaba puertas, estrechaba manos, recibía cumplidos, sonreía y escuchaba el reclamo de los pobres, la voz de los que demandan otro rumbo para Coatzacoalcos, para Veracruz y para la nación.

Y entre su porra y sus huestes, en la avanzada y la reta, un grupo singular: la juventud morenista.

Y ahí uno de ellos, el más preciado, su hermano Jonathan.

Jonathan, instructor de pesas, ganador de preseas, laureado deportista, comandaba al equipo juvenil de campaña. Y entre ellos una joven nativa de Honduras, menor de edad, de identidad reservada, con la que trabó amistad… y algo más.

Un día, 30 de abril, la contactó vía mensaje en la red social WhatsApp. Le pedía salir. Le dijo la joven que sus padres se oponían y a cierta hora le retiraban en teléfono celular. Le expresó, sin embargo, que ya tarde podría escapar.

A eso de la 1:30, Jonathan pasó por ella. Y fueron a “platicar” mientras circulaban en el vehículo azul, con logo de Morena, el partido de López Obrador, según consta en un documento del juicio que enfrenta el hermano de Tania Cruz.

Enfilado hacia el centro de la ciudad, Jonathan decidió entrar al motel Secreto, ubicado sobre avenida Universidad. Ahí, según dijo a la joven, platicarían y verían televisión. Ya en el interior de la habitación la chica entró al baño y al salir observó las luces estaban apagadas aunque la oscuridad no era total. Se sentó en la orilla de la cama y Jonathan la tomo de la mano.

“Él agarró mi mano derecha y se la puso en el pecho. Sentí que estaba desnudo. Mi reacción fue quitar la mano y le dije ‘qué te pasa si íbamos a platicar nada más’. Y agarró y me empezó a jalar mi pantalón de mezclilla. Yo lo empujaba pero él como que me abrazaba pero muy fuerte y me lastimaba mi piel. Me quitó mi ropa tanto interior como mi brazier y blusa (…) En eso me hizo un movimiento muy rudo y me jaló hacia él y me rasguñó la espalda. Me lastimó la entrepierna. Me abrazó mi mano. La tenía hacia abajo y él me tenía abrazada. Y su miembro me lo metió en mi vagina. No recuerdo cuánto tiempo pasó esto. Una vez terminado esto, (él) se metió a bañar”.

De ahí, según el relato contenido en la indagatoria, Jonathan “N” llevó a la joven hondureña a una Farmacia Iza y le compró un anticonceptivo. Eran ya las 5 de la mañana del 1 de mayo. Ahí los ubicó la familia que entonces se movía con una patrulla de la policía.

En su denuncia, la chica revela el nombre de un antiguo novio. Seis meses antes —dijo— sostuvo relaciones pero no sangró. “Con Jonathan sí sangré poco”, expresó.

Según exámenes practicados por el área forense, hubo ruptura de himen y desgarro vaginal.

Aquel día Jonathan estuvo detenido. La chica formalizó su declaración asistida por su papá, Franklin   Edgardo Cabrera Silva. El asesor jurídico del padre era Eddy Iván González Santiago.

Era la versión de la víctima y el padre y su familia la avalaron. Se le apercibió de las penas que le resultan a quienes emiten declaraciones falsas a la autoridad. Y dijeron que esa era la verdad.

Horas después, según versiones periodísticas, la familia de Tania Cruz abogaba por Jonathan. Invocaban la condición migratoria de los padres de la víctima, su origen hondureño. Argüían que aquello no era ni violación ni pederastia. Se ofrecía —según las notas de prensa— un auto y dinero a cambio de desistirse. Pero el caso siguió.

Enfrentaba el proceso penal 143/2018 por su presunta responsabilidad por el delito de pederastia agravada en agravio de la joven menor de edad de identidad reservada a la que se le identifica como 87A, a la que conoció en campaña, en las filas de la juventud morenista de Coatzacoalcos.

Y Jonathan se mantuvo en libertad.

Así, libre, hasta el sábado 6. Cuatro meses después le fue ejecutada la orden de aprehensión 933/2018 de fecha 8 de mayo de 2018. Lo abordaron agentes ministeriales sobre la avenida Universidad en el estacionamiento de Plaza Cristal.

Esa noche del 6 de octubre trascendió la detención de Jonathan. Al día siguiente —domingo 7— se realizó la audiencia en el juzgado de Control y Ludivina García Rosas, su titular, le varió el delito de pederastia a estupro, ignorando que la chica declaró haber sido forzada, otorgándole al imputado beneficios para enfrentar el juicio en libertad.

Ahí se vio a la diputada Tania Cruz, según relatan periodistas y personal del juzgado, cabildeando para lograr que la justicia se aplique en la milpa ajena y no en la familia de la diputada federal.

Horas después, Tania Cruz negó la realidad.

“Logramos saber —expresó en un comunicado— que en ningún momento se ejecutó orden de aprehensión alguna, por lo que es preciso aclarar que la persona que se señala como familiar, acudió por su propia voluntad ante la instancia procuradora de justicia a hacer valer su derecho a defenderse ante los señalamientos que se le imputan. De igual forma, el antes citado en ningún momento estuvo eludiendo la acción de la justicia, toda vez que jamás fue requerido por la autoridad competente para aclarar tales señalamientos.

“La persona señalada como mi familiar, obtuvo su libertad bajo las reservas de ley, ya que la autoridad no encontró elementos suficientes para solicitar su retención”.

Su engaño es frágil. Y una patraña. Hay evidencia de la aprehensión, ejecutada a las 18:50 del sábado 6 en el estacionamiento de Plaza Cristal. Jonathan no se entregó. Y no obtuvo su libertad bajo las reservas de ley. Está sujeto a juicio y la Fiscalía de Veracruz de inmediato apeló a la variación del delito concedido por la juez de control de pederastia a estupro.

Invoca la fracción IV del artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que incurre en pederastia agravada “quien contacta a su víctima mediante el uso de internet, telefonía o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación hubiese contactado y propuesto a la víctima un encuentro”.

Pero a la juez le valió.

Ludivina García, la juez que le suavizó el cargo, enfrenta denuncias públicas por facilitar la liberación de acusados de pederastia y de aplicar sentencias mínimas a agresores de mujeres.

Su esposo o ex, Marco Antonio Lozada Moo, subprocurador fidelista y duartista, es el director de Capacitación de Jueces en el Poder Judicial de Veracruz. Fue señalado en el caso que consigna declaraciones de integrantes de Los Zetas como parte de una red de protección, en Córdoba, detonados por la revista Proceso.

Una auxiliar de Ludivina García Rosas sufrió, hará un par de meses, un atentado en Coatzacoalcos, rafagueado su automóvil, ella en su interior, incrustándose algunos cristales en su cuerpo, uno de ellos en su ojo. Luego pidió su cambio a Xalapa.

Es Ludivina la tabla de salvación de Jonathan, el hermano incómodo de la diputada federal Tania Cruz. Andará libre a menos que la Fiscalía logre que prospere la apelación y se le juzgue por pederastia agravada con una pena de 40 años de prisión.

Primero fue Aarón Azahel Ayuso Collins, asesinado junto con su esposa, en la colonia 24 de Octubre, al poniente de Coatzacoalcos. Se halló en su vivienda marihuana y crack. Aarón era hijo de María Sandra Collins Coronel, operadora de la senadora Rocío Nahle y actual directora de Programas Sociales del ayuntamiento de Morena.

Luego Jairo Jafet Dzib Lara, inscrito en la nómina municipal, adscrito a la presidencia municipal, acusado de ser el autor intelectual del secuestro de la estudiante de Medicina, Lesly Bucio Palma, en Boca del Río.

Ahora Jonathan “N”, hermano de la diputada federal Tania Cruz Santos, imputado de pederastia agravada contra una joven de 16 años de origen hondureño.

Los tres de Morena, los tres del círculo de plata de Rocío Nahle.

¿Cómo era? Ah, sí: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo.

Y mientras, la diputada, hermana de Jonathan, maniobra y miente.

Con un embuste tiende un puente hacia la impunidad.

Archivo muerto

Por algo, a Víctor Carranza le da por jugar con el juez federal. Juega al desacato, a la soberbia, a la violación de un amparo. Vapuleado, tiene ya dos suspensiones en contra, una provisional y otra definitiva, en el juicio 1132/2018 que impiden la construcción del Parque Central Miguel Hidalgo, proyecto del Clan de la Succión de los Robles y los Hillman, y sus rémoras, la Nahle y el presidente municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo, o los Pintos y los Fosados, trepados todos en la inversión de Pemex, vía el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), de 60 millones de pesos.

Y cuando debió acatar y mantener todo “en el estado en que se encuentra”, según la resolución del juzgador federal, Carranza prosigue las obras como si lo suyo fuera —y sí que lo es— violar la ley.

Por si alguien no se lo contó, la suspensión definitiva surte efectos sobre la totalidad del inmueble, los 96 mil 101 metros cuadrados, casi 10 hectáreas, contenidos en la “Unidad Deportiva Miguel Hidalgo”, como se denomina a ese predio y como especifica la escritura 47,057, de fecha 3 de diciembre de 2014, pasada por la fe del notario público Francisco Montes de Oca Zárate, con la que se desincorporó ese bien del fundo legal para incorporarlo al patrimonio municipal del ayuntamiento pero que no concluyó su trámite en el Congreso de Veracruz. O sea, el alcalde Carranza tiene, no uno sino dos problemas: por una cuestión de trámite y legalidad, el ayuntamiento de Coatzacoalcos no es propietario del predio y oficialmente el uso de suelo es “deportivo”.

Alguien en su equipo legal, por error o con dolo, le ocultó qué tan profundo es el pantano en que anda metido.

Alguien lo engaña con el cuento de que la suspensión definitiva otorgada por el juez Juan José Contreras Moreno a la Liga Municipal de Futbol no surte efecto sobre toda el área deportiva y por ello, fuera de los espacios que ocupan las canchas de las diversas ligas, se puede construir. Vil patraña. La suspensión definitiva aplica sobre las 10 hectáreas que ocupan el inmueble en disputa. Mientras, el alcalde Carranza ya violó el amparo, que es violar una resolución del Poder Judicial Federal, que implica sanción, y si persiste, multa, destitución del cargo y cárcel…

A las puertas de catedral, se solicita el exorcismo del alcalde. Que Víctor Carranza deje los golpes de pecho y se humanice, que no construya tesoros en la tierra sino en el cielo, que ya no despida personal.

Que cese el atropello laboral —rueguen por él—. Que vuelva sus ojos misericordiosos al trabajador de a 2 o 3 mil pesos al mes —rueguen por él—. Que reinstale al empleado que tiene familiares enfermos, unos inválidos, otros con esquizofrenia, los que sufren accidentes de trabajo y el IMSS se resiste a reconocerlos como tal —rueguen por él—. Y al padre Nicasio le dicen, lo conminan: “Sólo le pido que lo exorcice y le saque el chamuco”.

Y que el alcalde de Coatzacoalcos no sea “come santo y caga diablo”. Y que Víctor Carranza Rosaldo cese en su afán de dejar sin empleo a trabajadores de carne y hueso, no aviadores, los que perciben una miseria frente a los de la élite de Morena, los que llegaron con el alcalde y ganan una fortuna por hacerlo todo mal. Así sea…

Javier Duarte: premio al ladrón

Martes, 02 Octubre 2018 09:33

Nueve años, quizá menos, y Javier Duarte volverá a robar. Una sentencia impúdica —un tercio del tiempo que debió purgar en prisión— lo exime de resarcir el daño real causado a Veracruz, pagando por la quiebra financiera, por los miles de millones hurtados y por el estrago social, describiendo que el régimen de impunidad para eso está. Nueve años de cárcel es, la verdad, un premio al ladrón.

Acogido a un procedimiento abreviado, el rufián tácitamente preñó a la ley. No llegó al juicio oral. Se ciñó a las barbaridades del nuevo —y ruin— sistema penal acusatorio que permite a los pillos canjear una condena corta, simulada, vilmente tejida a cambio del disfrute de los bienes sustraídos y el dinero del erario. Y la promesa de sí volver a pecar.

Por la vía fast track, el ex gobernador de Veracruz abrevió un juicio que de antemano sabía perdido. Lo hundía el monto descomunal de dinero desviado, mansiones aquí y allá, las de Ixtapa y Cancún, ranchos en Valle de Bravo y Fortín, las de Woodlands y Maricopa, las de Miami y Maryland, o el hotel en España, o los terrenos en Campeche, o las casas de Las Lomas y Santa Fe, o los departamentos de lujo en Torre Pelícano, Boca del Río, Veracruz.

Y qué decir del dispendio. Toda una novela puede plasmarse con tinta y papel, retratando a Javier Duarte y la runfla de cómplices, la mujer, doña Karime Macías Tubilla, suegro incómodo que responde al nombre de Tony Macías —Jesús Antonio Macías Yazegey— y doña Yazmín Tubilla Leatyf, la cuñada Mónica Ghihan y el concuño José Armando Rodríguez Ayache, y los Mansur, los Janeiro, los Ortega, los Bandín, unos de estirpe y otros convertidos en nuevos ricos, todos, sin embargo, transpirando el tufo a delito, el robo tatuado en la piel, la corrupción y el atraco como carnet de identidad.

Huellas y rastros hubo y de sobra. Así suene trillado, habrá de decirse que Javier Duarte robaba con tal impudicia que no se cuidó de desviar la atención. Ahí, las empresas fantasma, pasadas por la fe de notarios a modo que sin más plasmaron en sus libros haber tenido ante sí a supuestos inversionistas, potentados que no lo eran, cuando se trataba de pobres y hasta miserables que apenas tienen para comer.

Con esa fe notarial se conformó la red de negocios que sirvió para ir extrayendo, vía pagos por servicios no prestados, por obra no construida, por producto no vendido, varios miles de millones de pesos del erario del gobierno de Veracruz.

De las empresas fantasma, bajo la guía de Karime Macías, se dispersó el dinero robado hacia empresas de papel, inmobiliarias dentro y fuera de México, inmobiliarias fantasma, que no construyen, que no venden, que no compran, que sólo servían para recibir la millonada para su consabido lavado en el sistema financiero.

Otro miles de millones no se canalizaron a empresas fantasma. Salió el efectivo, contenido en cajas de cartón, trasladados en helicóptero desde Xalapa o Veracruz a la Ciudad de México. Ahí descendía en un helipuerto de un edificio privado y de ahí a las cuentas de cómplices mayores, y al PRI.

Cuatro testimonios hundieron a Javier Duarte: el de Antonio Tarek Abdala Saad, tesorero en sus primeros años de administración; el del contador del clan, Alfonso Ortega; el de Moisés Mansur Cisneros, el que entregó una tarjeta adicional a Karime Macías para comprar de todo, queriendo no dejar huella, en tiendas de lujo, y el de José Juan Janeiro Rodríguez, operador de la trama, cerebro del robo descomunal.

Y aún así, la PGR lo salvó.

Lleva año y medio en prisión. Debiera purgar 7.5 años más. O tramitar en cosa de tres años su libertad anticipada. Sobre eso alardea el ex gobernador, a través de abogados que mienten y siembran la duda, que ocultan lo que dice la ley, sabiendo que mientras haya otros juicios —el de peculado y el de desaparición forzada, vigentes y movidos por la Fiscalía de Veracruz—, órdenes de aprehensión, una denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya por las aguas destiladas que suplantaron a los medicamentos para quimioterapia en niños con cáncer, Javier Duarte no puede reducir sus días de cárcel.

Javier Duarte es engendro del nuevo PRI. Destaca entre la generación de sátrapas llevados al poder, hábil en el asalto a las arcas públicas, por el desdén a la ley, por la sangre fría para robar.

Ladrón confeso, adquirió tal status cuando admitió ser responsable en los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Negoció culpabilidad. Aceptó condición de rufián.

Sentencia a modo, tramada por la PGR no ayer ni en las últimas semanas sino desde los días en que se mantenía a salto de mata en Guatemala, urdida para venderlo como el ladrón que por supuesto es, y mostrar al gobierno de Enrique Peña Nieto ajeno a la corrupción.

Pudo entonces ser deportado por su ingreso ilegal a Guatemala pero EPN siguió la ruta de la extradición, limitando al gobierno yunista y su cúmulo de información sobre las trapacerías del ex gobernador de Veracruz.

Miguel Ángel Yunes Linares lo sigue y persigue desde antes de ser gobernador. Ha recolectado dentro y fuera de México  datos y cifras hasta elaborar el mapa del fraude, la red de prestanombres, la ruta de las operaciones financieras, el destino del dinero robado.

Sobre Duarte pesan las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de recursos federales; las que lo vinculaban con peculado, abuso de autoridad, o las que implicaban a sus peones.

A Karime Macías, su esposa, le resulta responsabilidad por el desvío de 150 millones de pesos en el DIF estatal.

Dice el abogado Gabriel Regino, aquel que fuera jefe policíaco en tiempos de Marcelo Ebrard al frente del gobierno del Distrito Federal, que en la PGR tuvo Javier Duarte su mejor defensa. Y que pudo ser acusado por peculado para obligarlo a devolver lo robado, pero no lo hizo. Y que el lavado de dinero no fuerza al acusado a resarcir el daño. Y que la variación del delito de delincuencia organizada a asociación delictuosa tuvo la intención de concederle los beneficios de una libertad anticipada. “Si la PGR hubiera mantenido la acusación en contra de Javier Duarte por delincuencia organizada —precisa—, él no podría obtener ningún beneficio preliberacional. Es decir, se tendría que chutar los nueve años (de cárcel) completitos”.

Pero la PGR actuó a medias. Fue cómplice. La Fiscalía de Veracruz fue tibia. La PGR le suavizó la pinza. La Fiscalía de Veracruz enmudeció cuando debió hablar. Viendo la maniobra, la variación del delito, debió advertir la treta del gobierno peñista. Pero prefirió callar.

Cuentan hoy Yunes y el fiscal Jorge Winckler que así reduzca su condena Duarte, lo esperan otras denuncias. Y así seguirán. Sólo que aquello de la desaparición forzada, el peculado, otros delitos, ya no será tarea suya. Habrá que ver qué dice y qué hace Morena cuando llegue al poder.

Cuitláhuac García Jiménez, el futuro gobernador, no es enemigo de Javier Duarte. Tibio, terso, sólo imita las respuestas evasivas de su dueño, Andrés Manuel López Obrador. Si uno lo ve “chivo expiatorio”, el otro también. Si el Dios Peje categoriza el caso Duarte como un show, Cuitláhuac dice que es show. Si el Mesías de Morena acusa que todo es PRI-AN, Cuitláhuac sostiene que es un engaño del PRI-AN. ¿Dónde habrá extraviado el cerebro este señor?

Uno y otro, don AMLO y don Cui, se nutren en el duartismo. Sus votos, el 1 de julio, vienen de la operación de las rémoras de Fidel Herrera y Javier Duarte, los Héctor Yunes, los Cisne Silva, los Mota, las Tavas, las Porras.

Y en el centro del complicidad, la PGR y Peña Nieto.

Nueve años es nada. Y si no hay otros juicios, si AMLO lo deja pasar, en tres años volverá a reír.

Es el premio al ladrón.

Archivo muerto

Metidos en el fango, el alcalde Carranza y sus patrones del Clan de la Succión no dan una en su ambición desmedida de hacer realidad el Central Park Miguel Hidalgo.

En lo legal los jaqueó José Ribón Zárate al obtener para la Liga Municipal de Futbol la suspensión provisional en el juicio de amparo entablado para preservar sus derechos —incluida la posesión del estadio Revolución— y que obliga al ayuntamiento de Coatzacoalcos a demostrar, acreditar, sustentar con documentos —escritura pública más allá del ambiguo fundo legal— que es propietario de la extensa franja en que intenta desarrollar el espacio ecológico con recursos de Petróleos Mexicanos.

En lo moral, la debacle es demoledora, atizada por una carta abierta publicada en el periódico El Universal en que 14 dirigentes de ligas de futbol —Ribón, Rocher, Ember, Márquez, Vidal, entre otros— le explican al futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, la trastada demencial de Carranza, los Robles, los Quintanilla —Arturo, compadre de la senadora energética Rocío Nahle—, el constructor Oscar Fosado, el inefable secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos, y el resto de la caterva morenista, y hasta de los funcionarios que representan a Pemex, Enrique Rendón Burgos y Jorge Martínez Contreras, que con la careta de un proyecto ecológico se frotan las manos por un negociazo de tres bandas: disponer del terreno como si fuera suyo; arrancarle un moche de seis ceros a los 60 millones aportados por Pemex, vía el programa PACMA y vía la constructora Fosmon, y construir las áreas comerciales aledañas al Central Park, que es transa marca Quintanilla, y que una vez que las renten serán un plus.

Obvio, el Presidente Peje los va a proteger, pues viniendo de la pandilla de Nahle y José Pablo, Roselia y Mónica Robles, los atracos merecen impunidad y disimulo. Y como del lado de los deportistas tampoco se dejan, el caso seguirá en los tribunales federales donde se irán multiplicando los amparos, cronológicamente planeados, hasta que se le agoten sus días de poder al manejable Víctor Carranza, que por cierto lleva ya nueve meses sin saber para dónde queda el norte y hacia adónde apunta el sur, con la brújula severamente averiada. Hay en curso tres amparos, los 1123, 1124 y 1132/2108, y vienen muchos más…

Asesoraba a Ramón Ferrari Pardiño en la Sedarpa y era duartista. Hoy va al cuadro grande de Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, próximo gobernador de Veracruz. Con Víctor Hugo Chagra Guerrero se va cumpliendo la promesa de incorporar a mandos medios del duartismo una vez que Cuitláhuac asuma el poder. Chagra Guerrero procede del PRI.

En 2000 se soltó la lengua ante el entonces candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa, diciendo que no sólo creía fielmente en su compromiso con México sino que había que cifrar toda esperanza en el Nuevo PRI. Tiempo después, Ramón Ferrari lo hizo su asesor en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesquero, justo cuando el duartismo tenía el poder, y hoy Cuitláhuac lo hace subsecretario de Agricultura de Veracruz. O sea, Morena reclutando piezas del PRI.

Y luego la comunidad chaira se irrita cuando se les embarra aquello de que si antes hubo PRI-AN, hoy hay PRI-MOR. ¿O no?… Muchas felpas soportó Lupe, pero esta no. Esta vez denunció. Un número, el 580/38/2018, corresponde al expediente que concentra la denuncia por agresión.

Cita los hechos, la golpiza del 12 de febrero, en Coatepec. Marco exigía la devolución de una residencia que registró a nombre de su mujer, mansión con río incluido, con un arroyo, con cafetales.

Fue nido de amor, pero ya separados, en proceso de divorcio, Lupe la pretende retener. Algo así como una indemnización por las palizas recibidas. Y peor cuando a Marco ya le late el corazón por otro amor. Mientras, el juicio va…

Vestido de junior, con aires de rey, Jairo Jafet fue del negocio publicitario al cargo de gobierno, al círculo de poder, al equipo del alcalde Víctor Carranza, hasta detonar el enésimo escándalo de nota roja sobre Morena, el de un secuestrador que cobra en la nómina municipal de Coatzacoalcos.

Le imputan la autoría intelectual de un plagio y un noviazgo con su víctima que ni la Fiscalía General de Veracruz ha podido acreditar.

Habría urdido, según la trama oficial, el levantón de Lesly Jared Bucio Palma, estudiante de Medicina en la Universidad Cristóbal Colón, ejecutado al llegar al hogar que habita en Boca del Río, atacada y sometida, arrastrada y subida al automóvil de sus captores, cuatro delincuentes de poca monta, y llevada a Xalapa, como se ve en un video que se hizo viral. Era el miércoles 12.

Habría vuelto a Coatzacoalcos Jairo Jafet Dzib Lara, según la verdad de la Fiscalía General de Veracruz. Volvía a su vida normal. Sus movimientos precisos servían para despistar. O eso creyó.

Tres cómplices —Jonathán de Jesús Vera Castro, José Armando Marcial Ocampo y Maura Trujillo Ocampo— retenían mientras a la víctima en una casa de seguridad, en Xalapa. Y pedían 7 millones de pesos para dejarla vivir.

Hacia la tarde del lunes 17, el destino de Jairo Jafet se precipitó.

Y a Morena le impactó el misil. Uno más.

Conducía esa tarde su auto, un flamante Renault del año, cuando advirtió que era seguido. Lo asediaron, lo amagaron. Hubo disparos. Se escuchaban las detonaciones provocando alarma. Algo inquietaba, una vez más, a los vecinos de la colonia Benito Juárez —feudo de capos y matones en Coatzacoalcos—, esparciéndose en redes sociales que un “empresario” había sido levantado.

Pero el empresario no era tal sino un empleado de la firma Publicidad Vial, del ex alcalde Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— y su hermana Alejandra, ex síndica municipal—. Jairo Jafet Dzib cayó así en manos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Y en Xalapa sus cómplices también.

Al amanecer —martes 18—, el periódico Notiver destaca la trama oficial. Jairo y sus amigos implicados en el secuestro de Lesly Bucio. Jairo y sus amigos saboreando millones de pesos por un rescate que nunca llegó.

Aprendices de truhanes, serían la nota central de Notiver. Se llevaron “la de ocho”, con sus rostros íntegros, sin difuminar, y sus nombres tal cual, polarizando al respetable, unos aplaudiendo a la Fiscalía, otros advirtiendo que eso es violación al debido proceso. Y que pueden salir.

Sin daño alguno, Lesly Bucio fue rescatada por la UECS. Se hallaba retenida en la “casa de seguridad” de Xalapa. Los tres cómplices fueron sorprendidos ahí. Jairo fue trasladado desde Coatzacoalcos para enfrentar los cargos.

Detalle a detalle, Notiver contó la trama winckleriana. Jairo es empleado del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Jairo es allegado a síndica, Yazmín Martínez Irigoyen. Jairo fue novio de Lesly Jared Bucio. ¿Realmente lo fue? Jairo es de Morena.

Sábese que Jairo Jafet Dzib es allegado a la ex síndica priista, Alejandra Theurel Cotero, su jefa en Publicidad Vial, pero no hay evidencia pública del nexo con la síndica actual, Martínez Irigoyen.

Sábese de su trabajo en la Dirección Municipal del Deporte en el ayuntamiento de Coatzacoalcos y de sus andanzas en antros, su estampa de aspirante a junior, su doble vida, su vida de oropel.

Una pregunta formulada a la Fiscalía de Veracruz, el martes 18, cuestiona si es real el vínculo amoroso que supuestamente hubo entre el secuestrador y su víctima. ¿Se acredita que Jairo Jafet Dzib haya sido novio de Lesly Bucio? Hubo silencio. ¿Fue su novio? La Fiscalía sigue callada. 

Jairo Jafet Dzib es empleado municipal. En Al Día, programa de análisis de Jorge Luis Torres y este reportero, a partir de una investigación exhaustiva sobre tres nóminas, se estableció su estatus laboral: está adscrito a la Presidencia Municipal con nivel A4817, categoría de auxiliar administrativo, salario de 8 mil 143 pesos bruto y 7 mil 500 neto.

Ahí, este reportero citó que junto al nombre de Jairo Jafet Dzib en el listado de nómina, una línea arriba, aparece el de Axel Alberto Borrego Burguette, yerno de la síndica Yazmín Martínez Irigoyen. O sea, vecinos de nómina aunque Axel enmascara su ingreso con la fachada de “beca”.

Claudia Guerrero, autora de la columna Entre lo Utópico y lo Verdadero, retoma algo de ello. Y lanza una aseveración:

“Además, Jairo Jafet es amigo de la pareja sentimental de la hija de la síndica Yazmín Martínez, de nombre Axel Alberto Burguette (es Borrego Burguette), quien también está como empleado en la Presidencia Municipal”.

Demoledor, el misil detona en el centro de mando de Morena en Coatzacoalcos, en el alcalde Víctor Manuel Carranza, en el grupo jefaturado por la senadora Rocío Nahle García, artífice del desbarajuste municipal.

Un juez determinó prisión preventiva de dos años a Jairo y sus cómplices y este lunes 24 se realizará la audiencia en que se les vinculará a proceso. Mientras, permanecen en el penal de Pacho Viejo, a unos kilómetros de Xalapa. Podrían enfrentar hasta 50 años de prisión. 

Su caso se inscribe en el catálogo de episodios ligados a delitos, narcomenudeo, levantones, malas compañías y hasta una imputación de tortura sexual en el entorno del alcalde de Morena, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, su síndica y Rocío Nahle.

Uno es el de Aarón Azahel Ayusso Collins, abatido por el ataque de sicarios poco después de las 6 de la mañana del miércoles 5. Se hallaba en su vehículo cuando los matones fueron por él, asestándole varios impactos, letales todos.

Su esposa o pareja, Kristell Marín Domínguez, profesora en la escuela Artículo 123 de Agua Dulce, quedó casi a las puertas de la vivienda marcada con el número 102 de la calle Aurelio Martínez Burgos, colonia 24 de Octubre, al poniente de Coatzacoalcos.

Pero lo que se halló en la vivienda sacudió a Morena, a la operadora de Rocío Nahle, María Sandra Collins Coronel, madre de Aarón Ayuso Collins, que llegó al lugar, que permaneció expectante, conocedora de temas violentos pues hará cierto tiempo trabajó en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, siendo allegada del entonces titular, Miguel Ángel Piña Lara, y al policía judicial Frank Munguía, asesinado en San Andrés Tuxtla, el 30 de junio pasado.

Había ahí yerba verde semejante a marihuana, bolsas de plástico con piedra con características de crack. Y algunas sumas de dinero de las que nadie volvió a hablar. Hay fotos devastadoras.

Otro caso: Verónica Bringas, abogada, cercana a la dirigente de Amedea —Asociación Mexicana por la Defensa de los Animales—, Miriam Hernández, increpó el 1 de marzo a la síndica Yazmín Martínez Irigoyen, recriminando que arrebatara el Centro de Control Animal. Dos días después —marzo 3— recibió amenazas en su teléfono celular. Y lo que vendría fue brutal.

Días más tarde abría la puerta de su hogar cuando sintió la presencia de un sujeto. Le habló con tono que intimida. La conminó a entrar. Advirtió que andaba armado con un filoso cuchillo.

Sometida, tirada en el piso, su ropa le fue arrancada. Con su teléfono celular, desnudo su cuerpo, fue captada, amenazada que las fotografías irían a dar a sus amigos y luego a las redes sociales.

Condenada a un tormento sexual, escuchó decir al sujeto que “le baje de huevos” o la próxima sería peor. Y horas después se largó.

Verónica Bringas acudió a denunciar ante la Fiscalía Regional. Y a la prensa le dijo que su sospecha se centra entre la sindica Yazmín Martínez Irigoyen y el secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos. 

O el caso de José Alfredo Toledo Ramírez, subdirector municipal del Deporte, cuyas amistades cercanas no son malas, son peores. Una de ellas, Marco Antonio González Martínez, alias “Tony”.

Dedicado al negocio de grúas, el 20 de enero de 2016 acudió al sepelio de José Gertrudis Guízar Valladades, hermano del diputado local y líder estatal del Partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar. Saludó, abrazó, ofreció condolencias y se marchó. Y se marchó para siempre.

Horas después su cuerpo apareció en el basurero de Las Matas, el predio ubicado entre Coatzacoalcos y Minatitlán donde se depositaban desechos y restos humanos. “Tony” era maloso.

Y así el catálogo de hechos de sangre, nota roja, roces con el narcomenudeo, amigos de capos y un caso de tortura sexual. Y ahí Morena. Ahí, en el centro del show.

Y el (presunto) secuestrador en la nómina municipal.

Archivo muerto

Si son “famosos”, que respiren tranquilos. Si son políticos y empresarios, igual. Don AMLO les garantiza su estado ideal, el de la impunidad, porque “nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente, de que habían actos espectaculares, de que se agarraba a uno, dos, tres, cuatro, cinco como chivos expiatorios, y luego le seguían con la misma corrupción”. 

Y así Andrés Manuel López Obrador, alias el Dios Peje, categoriza a Rosario Robles, cuyas manos no se tiñen de sangre pero sí de dinero sucio, de estafas maestras y de dinero robado a la nación, de ser un “chivo expiatorio” mientras una minoría rapaz, la mafia del poder —con la que el dueño de Morena pactó su llegada a la Presidencia— se han venido comiendo a México desde hace treinta años, quizá más.

Y recrimina el Dios Peje a la prensa que lo cuestiona, que le pide su opinión sobre el último pecado de la ex lideresa del PRD, el tema de los 700 millones de pesos en efectivo desviados en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. “Sí, como otros, porque los de la mafia del poder y algunos medios de información les gusta mucho ofrecer circo a la gente, y nosotros ya no queremos eso”, dice AMLO.

Es “circo”, dice el futuro presidente de México, “porque no fueron al fondo. Nunca cuestionaron a los responsables, a los jefes del saqueo desde tiempo atrás. Llevan 30 años saqueando el país, y los medios de comunicación calladitos”.

Y arremete contra la prensa: “Algunos medios de comunicación han callado durante muchos años sobre el saqueo que ha habido en el periodo neoliberal, y los principales saqueadores de México, los que permitieron el saqueo, gozan de impunidad y ni siquiera se les menciona en los periódicos, a los de mero arriba. Entonces ya chole, como dicen los jóvenes, ya hay que ser más objetivos, más serios”. 

Y entonces le sueltan la pregunta clave: ¿él sí irá por los jefes de jefes de la mafia del poder? Y el Dios Peje recula. “Ya no va a haber corrupción ni va a haber impunidad”. El Mesías es bipolar. O deliberadamente esquivo.

Debiendo hablar de Rosario Robles y su historial de corrupción, prefiere recriminar a la prensa que por años guardó silencio o eludió tocar a los pillos de la mafia del poder. Pero llamarle “chivo expiatorio” —o sea, víctima sacrificada— y que lo que se le imputa es circo, y tampoco tocar a los capos políticos, retrata al futuro presidente en su faceta de encubridor profesional.Cómplice su respuesta, mereció la condena general.

Hasta Proceso, que es su medio-fan, le dedica la caricatura de Hernández, titulada “No te preocupes, Rosario”, como al inicio del sexenio le dijo Peña Nieto a su ya desde entonces cuestionada secretaria de Desarrollo Social. “No te preocupes, Rosario”, queda mejor en voz de López Obrador. Otro que lo fustiga es Jenaro Villamil, reportero de Proceso, escritor, titular del portal Homozzaping.

“Pésima declaración de López Obrador. En todo caso, no le corresponde a él sino a la PGR o a la fiscalía determinar si hay o no algún tipo de responsabilidad de Rosario Robles”. ¿Qué obliga al Peje a encubrir a la mafia del poder? Sólo un pacto de impunidad…

Tarde o temprano el Central Park del Clan de la Succión se va a esfumar. Y ellos lo saben. Se esfumarán los 60 millones de pesos aportados por Pemex, vía los Programas de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), una vez que sepa que hay derechosos sobre los terrenos que conforman la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo de Coatzacoalcos.

Tres particulares esgrimirán en los próximos días el contenido de escrituras que le dan, a uno de ellos, carácter de propietario del predio, y a los otros, categoría de concesionarios. Y de inmediato aparece la instancia legal.

Se amparó ya la Liga Municipal y obtuvo la suspensión provisional, garantizada con el pago de 10 mil pesos, según el expediente 1132/2018 ante el Juzgado Décimo Cuarto de Coatzacoalcos. El próximo 28 se realizará la audiencia incidental tratando de que les sea otorgada la suspensión definitiva.

Hasta ahí llegará el Parque Central Miguel Hidalgo, ideado por los Carranza, las Nahle, los Hillman y demás dueños de Morena en el sur de Veracruz, edificado sobre un atropello descomunal al deporte y en concreto al futbol. Algo así como la reedición del Parque Quetzalli, otra faramalla ecológica y capricho obsesivo de Mónica Robles de Hillman, cuya máscara ambiental no oculta las satrapías cometidas en el fidelismo y el duartismo, que le dieron al Clan de la Succión varias decenas de millones y otros beneficios a través de eso que en la jerga legal se denomina tráfico de influencias y corrupción.

Que disfruten del sueño del Central Park porque pronto habrán de despertar… Quiere todas Lucila Aguilar, lo que atañe al DIF y lo que no también. Intratable como es, la esposa del alcalde Víctor Carranza Rosaldo tiene otra faceta: la organización de eventos, el salón y el menú. Y se cotiza como si fuera master-chef. Al colegio John Sparks, donde su hijo se habrá de graduar como parte de la generación 2018-2019 de bachillerato, le ofrece el banquete a razón de mil pesos por platillo, provocando desde ya dimes y diretes, suspicacias y malestar.

Otros proveedores cotizan mejor. Que proponga doña Lucy es lo de menos; lo cañón es que se le rindan a los pies. Y que de paso que pretenda influir en cuanto al sitio en que se celebrará la misa de acción de gracias. No le cuadra la iglesia de Guadalupe porque su marido, el títere-alcalde, no la lleva bien con el párroco. Y hace calor. Mejor la catedral de San José. Obvio, hay padres de alumnos irritados que observan cómo las ínfulas de poder la llevan a imaginar que también ahí puede enchinchar… 

Un pomo, una rola, bacanales de tres días y El Poffet fue haciendo suyo al jet-set, convocando a la casta de los juniors, picando aquí y allá, presumiendo empresas y negocios y millones, sus varias nacionalidades, siendo su destino manifiesto triunfar —¡qué mitómano tan genial!—. Hoy está preso.

Ya fuera en un yate, o sobre la arena blanca de Playa del Carmen, en los antros de Coatzacoalcos, a pie de malecón, Juan Ricardo Lerma Arana se vendía —y se vende— como un ganador, un simpático truhán que a fuerza de ocurrencias o sueños, o fantasías, o embustes, o auténtica generosidad, le dispensaban amistad.

Armaba cada fiestón. Lo orbitaban los hijos de adinerados, gozosos de ser llamados al evento en que se despedía al verano en las playas de Coatzacoalcos —las sucias y pestilentes aguas atascadas de descargas de drenaje—, el Beach Club que así decía adiós a la temporada vacacional.

Hoy está preso.

Al Poffet no se le veía en cualquier antro. Era dueño de antros. O frecuentaba a amigos con poder. O cercanos al poder.

Con Lerma Arana posaban la foto los Ruiz y los Carrasco, o los Basurto, o los Guerrero, o los Herrera, o los Peraza, o los Mendoza, o los Malpica, o los Palafox, o los García. Y tantos juniors más a los que se les vio en aquella beach party con sus atuendos de blanco y mucha alegría qué compartir.

Gente bien. Gente bonita. Y todos circundando al Poffet. Buenas estampas entre lo más granado del jet-set. Jóvenes, la mayoría, con un padre de empresa o una sólida posición social.

Sobrevivir era la premisa esencial de Juan Ricardo Lerma, luchón, según sus amigos y quienes lo veían organizar reuniones y festejos para pasarla bien —o hiperbien—, reservadas para un círculo muy especial.

Lenguaraz, a muchos se les presentaba como un empresario de la diversión y hasta llegó a decir que había nacido fuera de México.

Hoy está preso.

Empresario de antro, El Poffet un día paró. Asediado, dijo a muchos, no pudo con las cuotas que imponía el crimen organizado. Librando gastos, la utilidad de sus negocios se le iba en la paga por protección. Eso solía contar y eso sabían quienes se hallaban cerca de él.

Y decidió partir. Y se acoderó en Playa del Carmen.

Un tiempo, en esa faena por sobrevivir,   ofreció plazas en Pemex. Que por sus ligas con hijos de dirigentes petroleros. Que porque un día pudo ser el puente entre un aspirante a petrolero y el operador del líder sindical.

Pasó por la empresa petrolera y terminó con un interminable conflicto legal por el que justamente retornó a Coatzacoalcos y de ahí derivó su aprehensión.

Lo que desarrolló en Veracruz, lo aplicó en el Caribe. Allá se dedicó al antro, al evento de playa, al paseo en yate, al —diría el clásico— solaz y esparcimiento sirviendo al turista, cumpliéndole su afán por la diversión.

Eso allá. En Coatzacoalcos se tejía una historia policíaca, la suya, tocada por un hecho de sangre, su nombre en mantas, su fama en redes sociales, tácitamente imputándole ser el nuevo jefe de plaza, operando para Los Zetas, el grupo delincuencial.

A la altura del restaurant McCarthys, el 4 de febrero de 2018, fue ultimado Edgar Bumas, hijo del líder de la CTM en Nanchital, operador de contratos sindicales en el complejo petroquímico Cangrejera, Jorge Bumas.

Lo asediaron desde otro vehículo. Lo cercaron. Paró la marcha y pretendió refugiarse en el restaurant, pero apenas salió del automóvil, las descargas lanzadas por los sicarios le arrancaron la vida.

Edgar Bumas tripulaba un Jeep color blanco. No era suyo. Era del Poffet Lerma Arana y supuestamente lo tomó sin permiso y se movía en él.

Horas después del crimen, circularon en las redes las fotografías de Edgar Bumas posando con un par de amigos. En su mano se hallaba un arma. En su rostro, una sonrisa.

Al día siguiente, los mensajes corrían en las redes sociales. A nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación se reivindicaba la ejecución de Edgar Bumas y aludían al Poffet como el que habría de seguir.

Una investigación privada demostró que el asesinato no fue obra de “los de las cuatro letras”.

Dirían los portales y los medios en sus reseñas que El Poffet tenía relación con Edgar Bumas. Dirían que Bumas era “responsable de ejecuciones y secuestros”, vinculado a Ricardo Lerma, “socio y dueño del bar Acuyo”. Y al Poffet le atribuían el robo de trailers en las autopistas de la región.

Sabíase que El Acuyo es o fue en realidad propiedad del ex director jurídico de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento —o CAEV Coatzacoalcos—, Pedro Tiburcio Zaamario, protegido de Tony Macías, padre de Karime Macías, esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, ella actualmente refugiada en Londres, Inglaterra, burlándose de la ley, sin que la Procuraduría General de la República haya concretado la solicitud de extradición, derivada de una denuncia de la Fiscalía de Veracruz por desvío de recursos en el DIF estatal.

Por El Acuyo han pasado —y pasan— los juniors y los no tan juniors, empresarios adinerados y funcionarios públicos, petroleros y profesionistas, priistas y panistas, uno que otro del PRD y de Morena, todos carne de cañón para los que levantan y extorsionan.

Un tiempo cerró El Acuyo tras un incendio, atribuido a un aviso del crimen organizado que exigía su cuota. Reinició y volvió a cerrar por remodelación. Hoy funciona de nuevo. A menudo se realizaban operativos policíacos, apoyados por fuerzas navales o militares. Y lo más granado de la sociedad lo vuelve a frecuentar.

A la par de su faceta de empresario del jolgorio y el trago, otro historial se integra en el récord policial, no por lo que pudo hacer por su cuenta sino por lo que del Poffet soltaron aquellos malosos pesados.

Un tal José Giraldo, de apellido García Carmenate, nacido en Cuba que respondía justamente al apelativo El Cubano, lo habría señalado como el vínculo con el jet-set. El Poffet dice que no. Sus amigos juran que nunca lo conoció, que no cantó en Las Tortugas, un teiboldans donde operaba el segundo líder de Los Zetas en Coatzacoalcos, el tal Carmenate, según una ficha de Seguridad Pública de Veracruz.

Cuenta un insider del jet-set que a Ricardo Lerma lo cazaron por una diligencia legal. Llegó a Coatzacoalcos a fin de recoger un cheque por un litigio ganado a Pemex luego de ocho años de disputa en los tribunales, que incluía salarios caídos, una jugosa indemnización.

No se hospedó en casa alguna, temeroso de ser detenido. Acudió al hotel Xtended Suits, ubicado frente a Plaza Forum y ahí permaneció. No le fue entregado el cheque el día pactado. Decidió pues, permanecer en el lugar y quedó de verse con dos personas el sábado 8, con las que desayunaría.

A eso de las 11 horas, un operativo espectacular, incluidas fuerzas de seguridad estatal, motivaron su aprehensión. Habría ahí —cuenta el relato público— un cónclave de capos, líderes de células zetas. Lo extraño es que sólo El Poffet cayó.

Hallaron —según la versión oficial, esparcida primero en redes, luego en medios de comunicación— una subametralladora marca Mendoza, con dos cargadores y 35 cartuchos útiles, y una Bush Master con dos cargadores y 50 cartuchos útiles, al igual que yerba verde con las características a la marihuana. También le fue decomisado el automóvil BMW, color negro, vidrios polarizados, en que se desplazaba.

Oficialmente es el Poffet el sucesor del Comandante H, alias Hernán Martínez Zavaleta, o El Padrino, detenido el 29 de junio de 2017 y sujeto a juicio en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz, luego que ordenara ejecutar a una familia —cuatro niños, su mamá y su papá— en venganza por el crimen de su lugarteniente, Bernardo Cruz Mota. Oficialmente pero él dice que no.

Extraoficialmente, al Pofett lo vinculan con José Giraldo García Carmenate, alias El Cubano, detenido en Cancún, el 1 de marzo de 2018. Extraoficialmente, pero Ricardo Lerma lo vuelve a negar.

Sus allegados dicen que nada es real. Y que las armas le fueron sembradas.

Mientras, el jet-set ruega que no vaya a hablar.

Archivo muerto

Porfirio Muñoz Ledo le dijo a Noroña “golpeador”; Noroña tildó al presidente de la Cámara de Diputados de abusivo y transgresor del procedimiento legislativo. Se increparon. Se descalificaron. Y en cuanto Andrés Manuel López Obrador llamó a sus huestes en el Congreso federal a dejar las estridencias y las payasadas, la guerra cesó. Un senil político, cansada su voz, lenta su respuesta, evidencia a Porfirio Muñoz Ledo en su declive final. Un día protagoniza un vergonzoso episodio en un restaurant, ayudado a colocarse el saco, tomado de los brazos para no caer, perdido en el alcohol, que es su afición number uan.

Y en la Cámara, conduciendo las sesiones del Congreso morenista, Gerardo Fernández Noroña lo trapea, le grita. Noroña nació para eso, para la estridencia, ambos para ser payasos del sistema, uno radical, el otro profundamente maniqueo. Su conato de guerra comenzó el lunes 3, a las puertas de Palacio Nacional.

Noroña pretendía ingresar y sabotear el mensaje de Enrique Peña Nieto, la descripción del Sexto Año de Gobierno; o sea el México irreal, último repaso de su gestión presidencial. Retenido por elementos del Estado Mayor Presidencial, Noroña vio llegar a Porfirio Muñoz Ledo y a Martí Batres Guadarrama, presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, y observó cómo les franqueaban el paso.

Y se encendió. Y encendió a los suyos, soltando la lengua y desfogando la ira, gritando “ojete” a Martí y “traidor” a Porfirio. Cuando AMLO los alineó, diría Noroña que el pleito hizo que muchos los golpearan y golpearan al movimiento, o sea a Morena. Vergüenza que no ha de tener… Foto 1: un monedero con franjas de colores, del rosa al azul, del rojo al naranja. Monedero de dama. Y en su interior, siete bolsas de plástico. En una de las bolsas se ven las piedras, con “característica a crack”, diríase en lenguaje legal. Dos de las bolsas contienen sólo dos piedras; otras, hasta siete.

Es la evidencia más comprometedora de lo hallado en el domicilio marcado con el número 102 de la calle Aurelio Martínez Rincón, colonia 24 de Octubre, al poniente de Coatzacoalcos. Ahí quedó el cuerpo de Kristell Marín Domínguez, pareja o esposa de Aarón Ayuso Collins, hijo de María Sandra Collins Coronel, operadora de la senadora Rocío Nahle García, futura secretaria de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa fotografía es clave. Y hay más. ¿Qué sabía Rocío Nahle de Aarón Ayuso Collins? Porque —faltaba más— de que sabía, sabía. Insiders de Morena cuentan que se le alertó. Dicen que otros operadores advirtieron lo que veían venir. Y Rocío no escuchó. O escuchó y le valió. Hay evidencia gráfica a granel sobre la escena del crimen. Hay también un video de la profesora Kristell a las puertas de un hogar, donde capta a un grupo de amigos bailando, fumando, bebiendo la famosa cerveza Caguama. Y qué cosas se dicen ahí.

Sigue la Foto 2… Súmele, le dijeron a Esteban, y sólo supo restar. Así, el secretario particular de Cuitláhuac García Jiménez y futuro jefe de la Oficina de Gobierno, llama bajo el agua al tronquismo a integrarse a Morena y a reeditar su protagonismo político, a reverdecer viejos logros, sus días de gloria, los tiempos en que Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte llevaron a Renato Tronco a alcaldías y diputaciones, a ser el señor de horca y cuchillo que puso a Las Choapas a sus pies.

Atropella así Esteban Ramírez Cepeda a las bases de Morena, las que iban de casa en casas, de ejido en ejido, de congregación en congregación buscando el voto, mientras los Tronco eran parte del proyecto yunista azul, operando para que Cuitláhuac García perdiera el gobierno de Veracruz. Y ahora el flamante Esteban les da a los Tronco lo que a los morenistas les quita.

Si así despachará como jefe de la Oficina de Gobierno, dejará a Morena en la orfandad… ¿Quién es ese funcionario municipal que resuelve los temas de su encargo desde el conocido Italian Coffe del centro de Coatzacoalcos, a eso de la 1:46, este martes 11, acompañado de una divertida dama que no cesa de sonreír, noviando con ella, pues? Una pista: búsquense las iniciales AMM…

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