Sábado, 30 de May de 2020

Fuera de Foco

La espuria “Fiscala”
Silvia Núñez Hernández

Columna Sin Nombre

El puerto se saturó de muertos
Pablo Jair Ortega

Buenos Días Veracruz

La gota que derramo el vaso
David Varona Fuentes

Informe Rojo

Libertad Bajo Palabra: la censura del gobernador
Mussio Cárdenas Arellano

@suntos de poder

México en manos de delincuencia organizada
Manuel Carvallo Carvallo

Columna Invitada

"Servir o servirse"
Columna Invitada

Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

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Puntilloso y agudo, irreverente y cáustico, Libertad Bajo Palabra desnudó la mentira y el nepotismo de Cuitláhuac, las trapacerías de Zenyazen, el sobreprecio en las patrullas de Seguridad y dimensionó las empresas fantasma conque hoy Morena atraca el erario, o al funcionario que distribuye droga, o la corrupción en la asignación de contratos… hasta que la 4T lo censuró.

Congelada, la fan page de Libertad Bajo Palabra en Facebook sólo tiene hoy una nota de Guadalupe —Lu-pilla— Porras David, la ex alcaldesa de Minatitlán que sirviera de operadora extra legal del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, en su incursión como delegada del PRI nacional. Esa información data de junio de 2019.

De sus mayores campanazos periodísticos, ni rastro.

De los trinquetes marca Cuarta Transformación, ni un titular.

De las huellas de la corrupción, la transa legislativa, la imposición de una fiscal con prima Zeta, ni una línea. 

Sus mayores hallazgos, su crítica punzante, decenas de informaciones en torno al saqueo y abuso de poder, los excesos y atropellos de la banda que circunda al maltrecho gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, fueron retirados de la cuenta por decisión de Facebook.

Todo fue borrado.

A eso de las 8:30 PM, el lunes 18, comenzó el ataque. En forma orquestada, llegaban a Facebook quejas por un presunto “uso inapropiado” de las normas comunitarias y la red social procedió al retiro de las informaciones periodísticas.

Su director, Armando Ortiz, recibía una a una las notificaciones de Facebook. Y comenzó a percibir la intención. Minuto a minuto se abultaban los reportes y desaparecían las notas de la fan page.

Armando Ortiz asumió el hecho como un acto de represión, un ataque a la libertad de expresión. Frente a su equipo de cómputo, fue detallando en video el modus operandi de los esbirros del gobernador, la queja de presuntos usuarios empleada como instrumento para retirar los contenidos de Libertad Bajo Palabra.

Días antes —denunció—, recibió alertas de empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz que le deslizaron que su portal sufriría el embate por las revelaciones sobre los escarceos del titular, Zenyazen Escobar García, las triquiñuelas de nuevo rico, los desfases familiares, sus días de juventud entregado al baile y el desnudo como parte de un show —El Tarzan Boy de los Chipandale—, el ignorante y ruin que llega a ser potentado en la aldea de la mediocridad.

¿Qué detonó la embestida y ataque contra Libertad Bajo Palabra? La dimensión que Armando Ortiz dio al hallazgo del senador panista, Julen Rementería del Puerto, en torno a la corrupción, simulación, engaño y saqueo en la Dirección de Espacios Educativos. Y el hilo que conduce hacia las empresas fantasma de la Cuarta Trastornación.

Julen Rementería asestó horas antes un golpe brutal. Libertad Bajo Palabra describió el nivel de corrupción, estilo Javier Duarte.

Acreditó el legislador la discrepancia entre las obras reportadas y las que en realidad se ejecutaron; planteles escolares en que no se pegó ni un ladrillo; obras que provienen del gobierno yunista, enlistadas como inversiones de la 4T.

De todo, el culmen son tres compañías cuyos domicilios fiscales corresponden a lugares que nada tienen que ver con su giro comercial. Una de ellas una casa particular; otra, un presunta cantina, ya sin funcionar, y una más, que es un expendio donde se vende mole.

Herida, la 4T reaccionó. Zenyazen Escobar confrontó los datos del senador. Arguyó que las obras correspondientes al bienio yunista se hallaban inconclusas. Precisó que en los planteles escolares se estaban realizando las obras señaladas en el reporte oficial. Pero tuvo un desliz.

Una de las empresas fantasma señaladas por Julen Rementería —indicó Zenyazen— también recibió contratos de obra en el yunismo azul.

Algo así como “si ellos tienen empresas fantasma, ¿por qué la Cuarta Transformación no?”.

Libertad Bajo Palabra es, por decir lo menos, un radar de la 4T. Vigila, observa, mide cada paso del gobernador. Recrea los traspiés de Cuitláhuac, sus pifias verbales, su inagotable ignorancia, su irrefrenable simulación.

Su golpe magistral fue hallar la identidad, vida y correrías de la abuela Manuela, el secreto (hasta entonces) mejor guardado del gobernador.

Armando Ortiz hurgó en Puebla la pista, el origen, la evidencia documental, el testimonio de la mujer que dio origen a la dinastía de los García y de los Guerrero. Y Libertad Bajo palabra acreditó la proclividad de Cuitláhuac a mentir.

Frente a todos, los veracruzanos y los que no, frente a Andrés Manuel López Obrador, el gobernador había negado que Eleazar Guerrero fuera su primo. Negó el nepotismo. Negó relación alguna. Negó todo. Descaradamente mintió. Le mintió al presidente, su mentor.

Y Armando Ortiz lo desenmascaró.

Actas de nacimiento en mano, actas de defunción, entrevistas con familiares, evidencia contundente establecieron que la abuela Manuela Durán tuvo dos relaciones de amor. Y de sus dos hombres proceden dos medios hermanos, Atanasio García Durán y Julio Guerrero Durán, los padres de Cuitláhuac García y Eleazar Guerrero.

Y el embustero de palacio ya no pudo mentir más.

Punzante, el portal de Armando Ortiz retrata la realidad brutal de Morena en el poder; las tretas de la familia Ferráez con los contratos y los eventos del gobierno estatal; el rol de Ana Miriam Ferráez, la diputada que sugiere un toque de queda para preservar la integridad de la mujer.

Sacude a Veracruz con textos que describen el sobreprecio de las patrullas para la Policía Estatal con el aval del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, el cancerbero de la corrupción.

Le zumba de a tiro por viaje al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, un morenista de ínfimo nivel e inteligencia estatus cero, burócrata sin ética que gusta de la amenaza al enemigo, a la prensa crítica, que apalea manifestantes como parte de la inauguración de la Cumbre Tajín.

Libertad Bajo Palabra siguió la pista de un dealer, distribuidor de droga entre funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz, a partir de un dato aportado por empleados de la dependencia. Días después, el funcionario fue apresado. Horas más tarde quedó libre al no habérsele encontrado responsabilidad. Le sembraron el narcótico. Lo hizo la policía estatal. Y entonces denunció penalmente a Zenyazen Escobar como el auto intelectual de la infamia.

Su tema es la denuncia de corrupción. Armando Ortiz y Libertad Bajo Palabra son un referente periodístico, una hemeroteca que consigna desvíos y atropellos.

Por sus espacios corren las tropelías de los cuatroteros, el robo en el DIF de Veracruz; las andanzas del hijo de la ex secretaria del Trabajo a quien la policía de Chicontepec le halló droga en el vehículo, precipitando la renuncia de la mamá; las maromas de la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz, imponiendo a la fiscal espuria, Verónica Hernández Giádans, y un rosario de violaciones a la ley que la bancada morenista ejecuta para complacer el infame de palacio.

Inquebrantable, Libertad Bajo Palabra lleva una semana sin su fan page. Facebook es veloz para bloquear información pero lento para dictaminar que ahí, en las informaciones de Armando Ortiz, sólo hay periodismo documentado.

Morena, en el poder, tiene ínfulas tiránicas. Golpea, infama, y exhibida su esencia, revelada su corrupción, sus tretas y trapacerías, las mentiras y los engaños del gobernador, busca el silencio como forma de sumisión.

Irreverente y cáustico, Libertad Bajo Palabra halló la verdadera historia de Cuitláhuac y su chispeante abuela, las triquiñuelas de Zenyazen, el sobreprecio de las patrullas de Seguridad y dimensionó las empresas fantasma conque hoy Morena atraca el erario.

Y la 4T lo censuró.

Archivo muerto

Cifras devastadoras al 26 de mayo: México registra 74 mil 560 contagios y 8 mil 134 fallecimientos, lo que lo sitúa en el lugar 9 a nivel mundial en decesos, superando a Irán, Holanda y Canadá, y en en breve superará a Alemania.

Y Veracruz, con sus 3 mil 258 contagios ya es cuarto lugar nacional. Por encima de Veracruz, sólo la Ciudad de México, Estado de México y Baja California. Hay 428 fallecidos en suelo jarocho, dejando atrás a Tabasco y Sinaloa. Pero dicen Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario Hugo López Gatell que se está domando la pandemia y que la sana distancia concluye, y que se retoma la dinámica social, a riesgo del contagio, de un rebrote, de más muertes, lo cual suena a irresponsabilidad demencial.

Día a día la curva de contagios crece y el número de muertos en el país rebasará, con mucho, los 9 mil. Y Andrés Manuel y López Gatell atizando el regreso a la “nueva normalidad” hasta lograr —pregonan— que la inmunidad de rebaño se dé, todos desafiando al Covid 19, exponiendo al pueblo a contraerlo, pero sin medicamento ni vacuna aún, sin saber quién lo podrá superar y quién transitará a la muerte por la terrible agonía de la falta de oxígeno, siendo intubados, siendo cremados.

Pero López Obrador y López Gatell ya decidieron que la movibilidad debe volver… De los hornos crematorios de Coatzacoalcos emergen columnas de humo. A diario, la incineración de restos humanos, los muertos por Covid 19 y los que fueron diagnosticados como “sospechoso” de coronavirus, y los de neumonía aguda, y los de insuficiencia respiratoria. Van al crematorio hasta los que mueren por otras causas.

Un final forzado, pues la directora de Panteones del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Elda Gordillo Silva, aduce instrucciones de la Secretaría de Salud. De ahí el amparo del doctor en Derecho, Marco Antonio Madrazo Carrión, implicando a la regidora morenista Eusebia Cortés, invocando el acuerdo del 17 de abril pasado, suscrito por los secretarios de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero Villegas y Jorge Alcocer, que establece que la cremación no es norma obligatoria, que los cuerpos de fallecidos no identificados o identificados pero no reclamados, o cuando sus familiares decidan no cremarlos, deben permanecer en el estado, no ir a la fosa común pero sí a una fosa cavada exprofeso.

Y refuerza el juicio de amparo con el contenido de tratados internacionales y normas sanitarias que obligan al Estado mexicano al respeto a los derechos humanos de las víctimas. Y aquí, en Coatzacoalcos, el ayuntamiento haciendo obligatoria la cremación de muertos por Covid 19.

Ahí está lo expresado por Elda Gordillo Silva. Y ahí la cremación de la empleada municipal, Hermelinda “R”, porque así lo decidió el ayuntamiento, operado por el secretario, Miguel Pintos Guillén. Gravísimo caso de violación de derechos humanos de la víctima y sus familiares. Como para terminar en prisión… Y pese al escándalo sexual, Fernando Quirarte sigue ahí.

Su cese fue un engaño, un enroque cargado de vileza, dejando la Dirección de Gobernación del Gobierno de Veracruz y siendo incrustado en la Junta Estatal de Mejoras. Un incidente ocurrido en Poza Rica, forzó la remoción de Quirarte, según fuente del gobierno estatal. Viajó a la ciudad del norte de Veracruz y entre su equipo una joven becaria. Una noche, fuera de sí —precisa la fuente por escrito—, tocó a la puerta de la habitación del hotel en que se hospedaban.

La joven lo ignoró. Quirarte insistía. La joven resistió. El flamantísimo director de Gobernación del gobierno de Morena la emprendió entonces a patadas contra la puerta de la habitación. Sabido el show, quejándose la agraviada y la administración del hotel, se urdió el “cese” de Quirarte. Fue una simulación. Pasó a ser director de la Junta Estatal de Mejoras.

Disfruta de la complicidad del secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, que lo mantiene en su burbuja de impunidad. Esa y una decena de anécdotas de Fernando Quirarte, se cuentan en palacio de gobierno, llegan a los correos, se filtran en las redes. Es la Cuarta Degradación… Apretón desde Xalapa a la fiscal Yamileth Karina Hernández Franyutti por usurpar funciones de juez.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas la conmina a presentar un informe pormenorizado en que dé cuenta de las razones por las que entregó la custodia de dos menores al padre, Roberto Celaya Origel, acusado de lesiones, violencia familiar e incumplimiento de la obligación de dar alimentos, según la carpeta de investigación 1053/2019.

La queja proviene de la denunciante, Nadia Georgina Franco Torres, a quien la fiscal Yamileth Hernández Franyutti le conculca el derecho a tener consigo a sus hijos, pese a la sentencia de un juez civil que determinó el divorcio y, tras ello, la custodia de los menores a la madre. La fiscal auxiliar en Xalapa, Heidi Margarita Vargas, indaga el caso, según consta en el oficio FGE/FCEIDVCFMNNYTP/1242/2020, de fecha 17 de marzo de 2020. Y lo que aún viene con la Comisión Estatal de Derechos Humanos… Evidencia pura, corrupción manifiesta, contratos, tráfico de influencia.

Tres nombres: Rocío Nahle, Jose Luis Peña Peña, su esposo, y Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el alcalde, alias el Comediante Supremo. Pronto, un escándalo para la prensa nacional…

Sin estridencia, Rocío Nahle no sería Rocío Nahle, la pólvora y el fuego de la 4T, la que escandaliza por sainetes de tráfico de influencias o por inducir a Andrés Manuel a embestir al sector de las energías limpias. Y ahí vuelve a resbalar.

Nahle es chispa y explosión, la que hace trizas al presidente moviéndolo a sabotear el desarrollo de las energías solar y eólica, entre otras, y mandar al diablo mínimo 7 mil millones de dólares en inversión extranjera y darse un tiro con Canadá y la Unión Europea por el albazo demencial.

Y al sexto día le tiene que bajar.

Mayo 15. Nahle impone un acuerdo que de entrada es violatorio de la ley. No tiene el aval de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, cuyo presidente, César Hernández, mejor renunció. No se aplicaron consultas públicas previas, como reza la normatividad. Intenta tumbar contratos suscritos bajo un marco legal.

México, en manos de Andrés Manuel y Nahle, es único: cualquier inversión se persigue de oficio.

Su argumento hoy es el abasto seguro de energía eléctrica en tiempos de Covid 19. Primer engaño.

Su pretexto es la intermitencia del suministro realizado por las empresas comercializadoras de energías limpias al conectarse al Sistema Eléctrico Nacional. Segundo engaño. 

Si no cumplieran con los parámetros dictados por la Comisión Nacional de Control de Energía, no podrían venir suministrando el servicio.

Y el Dios Peje atizando desde el púlpito de las mañaneras, aduciendo contratos ventajosos y leoninos, avizorando que habría nuevas reglas. Freno total a las energías renovables.

Y al final tuvo que recular.

Una veintena de amparos, varias suspensiones provisionales, el amago de entramparse en litigios internacionales, pago de daños y perjuicios, sanciones por violación a tratados pero, sobre todo, el reclamo de Canadá y la Unión Europea, mostraron que López Obrador es un tigre de papel.

Y la tigresa maulló. Olvidó que había que rugir.

Con Rocío Nahle, México gira al revés. La tendencia mundial son las energías limpias y la Cuarta Trastornación, en cambio, impulsa el uso de combustóleo, altamente contaminante, para mover la industria eléctrica.

Atrás del acuerdo anti energías limpias hay mano sucia. Petróleos Mexicanos pierde clientes, se aferra al mal negocio de las gasolinas y no alcanzará las metas de producción. Y alguien le debe comprar el combustóleo de mala calidad. Y ese alguien es Comisión Federal de Electricidad. Y para eso hay que cerrarle el paso a las energías renovables.

De ello habla el periodista Carlos Loret de Mola, en Historias de Reportero, en El Universal:

“Pemex se las está viendo negras para vender el combustóleo que obtiene al refinar petróleo. Resulta que el crudo pesado mexicano refinado en nuestras muy ineficientes refinerías genera un combustóleo de pésima calidad. Nadie lo quiere. Y mientras más se refina petróleo, más de este producto se obtiene. Imagino la conversación entre Energía, Pemex y CFE: ¿Qué hacemos con todo este combustóleo, ya nadie lo quiere? Pues que lo queme CFE en hacer luz. Pero contamina mucho. No importa”.

Ana Paula Ordorica, en su columna Brújula, en El Universal, advirtió del impacto de los tres strikes lanzados por López Obrador para ponchar a las empresas dedicadas a las energías limpias.

“Al presidente no le gustan ni las energías limpias ni las inversiones privadas. Las primeras quizás porque no las entiende, las segundas porque ve cualquier inversión privada como la mano del cerdo capitalista que abusa del pueblo y se enriquece a su costado.

Y agregó:

“El gobierno quizás no se ha dado cuenta (o no le importa) que se está dando un balazo en el pie porque varias de las empresas que han invertido en energías renovables tienen créditos con la Banca de Desarrollo. Si estas empresas quiebran, no le van a pagar a Banobras; Nafin, etc.”.

Al quinto día, el jueves 21, Nahle varió el discurso. Ya con los juicios de amparo encima, matizó:

“Sobre los privados, ya explicamos que se hicieron tres subastas realizadas en el gobierno anterior, las cuales se están respetando, ya casi el 70 por ciento de la infraestructura está instalada y debería de entrar en funcionamiento el 2020 o 2021, se están respetando los programas”.

Y le entró el sospechosismo:

“He hablado con algunos empresarios, pero hay una campaña de ciertos grupos, están en todo su derecho, nada más que no pueden difamar ni calumniar, porque calumnian y difaman y ahí ya es otra cosa”.

De pronto, otra Rocío Nahle, menos visceral. Ya no dice que CFE recibía energía intermitente. Ya no aludió a la cancelación de certificaciones para el suministro de energías renovables.

La 4T se instaló en el limbo.

Nahle no sale de una cuando entra en otra. Arrancó el sexenio con una charada de antología: la cruzada contra el huachicol, provocando desabasto de gasolina, la compra de centenares de pipas de manera irregular, la tragedia de Tlahuelilpan en que las víctimas se calcinaron por el flamazo justo cuando practicaban la ordeña ilegal. Y a final el huachicol no tienen para cuando parar.

Una más: Dos Bocas, un proyecto refinero condenado al fracaso, inoculado en el ego de Andrés Manuel. Teniendo seis refinerías a medio andar, Nahle impulsa la construcción de un proyecto locuaz. A nivel mundial la tendencia son los automóviles eléctricos. Las gasolinas no tienen futuro.

Y mientras el destino la alcanza, le suelta a Juan Carlos Fong Cortés, socio del compadre incómodo de Rocío Nahle, Arturo Quintanilla Hayek, una fracción de los contratos para erigir la refinería.

Fong Cortés, su empresa, Construcciones y Reparaciones del Sur, fue sancionado por una remediación fraudulenta derivada de un derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos.

Marca a Rocío Nahle otro escándalo: el contrato de 114 millones de pesos a los sobrinos de su compadre Arturo Quintanilla Hayek, dos juniors de Coatzacoalcos, Josué y Jaime Quintanilla Ayache, propietarios de la empresa Bidcom Energy, a la que el IMSS le asignó un contrato para el suministro de 100 ventiladores respiratorios.

Lo menos que se les imputó fue tráfico de influencias y el contrato se canceló por incumplimiento del proveedor al entregar producto que no reunía los requisitos. Abogados consultados presumen que se podría configurar homicidio imprudencial, como en el caso del hijo de Manuel Bartlett, también con el IMSS.

Nahle es una contradicción. Su hija se titula como ingeniera en desarrollo sustentable y la secretaria de Energía opera el parón a las empresas e inversiones en energías renovables.

Así es Rocío Nahle. La estridencia, lo sórdido, la ventaja y el privilegio, es lo suyo. 

Y embaucar a Andrés Manuel.


Archivo muerto

Serían decenas de puntuales, descarnadas, agudas, demoledoras denuncias, pero la de las empresas fantasma en la SEV de Zenyazen Escobar fue la gota que derramó el vaso. Hacia las 8:30 de la noche, el lunes 18, inició el ataque.

Notificaciones a granel llegaban a Armando Ortiz, director del portal Libertad Bajo Palabra (LBP), y en ellas la red social Facebook reportaba quejas por el contenido de las notas de su fan page que supuestamente violaban las normas comunitarias.

A lo largo de casi una hora, Armando Ortiz elevó la voz en un video en su cuenta personal de Facebook, detallando el ataque, la acción concertada, imputando la autoría a empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz, pues días antes había sido alertado por insiders de la SEV que habría una embestida cibernética contra Libertad Bajo Palabra.

Horas antes, LBP había logrado altísima repercusión al difundir la denuncia del senador panista Julen Rementería del Puerto, quien realizó un hallazgo fenomenal, la incongruencia de cifras en la Dirección de Espacios Educativos, obras no realizadas, obras que no corresponden al gobierno del morenista Cuitláhuac García sino al de su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, obras inconclusas, empresas contratistas que cobraron pero no concluyeron los trabajos, cuyos domicilios fiscales son casas abandonadas, ex cantinas y hasta una tienda donde se expende mole. Dicho en breve, empresas fantasma; empresas de papel al estilo Javier Duarte con el esquema usado para saquear el erario de Veracruz. Un atraco con sabor a Morena.

Antes, LBP había exhibido el nepotismo de Cuitláhuac García, la operación burda de los dineros y contratos a manos de su primo Eleazar Guerrero, subsecretario de Finanzas; acreditó con actas de nacimiento y defunción, el parentesco vía la abuela común, quien tuvo dos esposos y dio vida a dos familias, que el gobernador niega; las tretas de la familia Ferráez con eventos del gobierno de Veracruz; el sobreprecio en la adquisición de patrullas para la Policia Estatal, y así un sinnúmero de trapacerías más.

El ataque en Facebook muestra la vena infame de Cuitláhuac García, un gobernador de pacotilla sin un gramo de talento para el cargo al que no llegó por méritos propios sino por el efecto López Obrador. El episodio es un ataque a la libertad de expresión, al periodismo crítico, a la labor de un gran comunicador, Armando Ortiz, al que ni remotamente habrán de doblegar. Así de infame —y torpe— es la 4T… Una causa penal, la 34/973, contiene un caso delictivo y una orden de aprehensión.

En ella se consigna la agresión y amenazas a Edmundo López Velarde, catedrático de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Miguel Alemán González, en enero de 1973, y entre sus victimarios un nombre que hoy es clave: Carlos Manuel Vasconcelos Guevara. A tres columnas, destacando la nota, Diario de Sotavento, el emblemático periódico de don Alfonso Grajales que diera cuenta de la vida pública de Coatzacoalcos y el sur a mediados y finales del siglo pasado, reseñó las piruetas delictivas del actual líder de la CTM —que dice que pronto dejará— y autopostulado y adelantado candidato —independiente, pues también afirma que se va del PRI (hay audio como evidencia)— a la presidencia municipal. Con Vasconcelos estuvieron implicados el ya fallecido Moisés Garduza y Ángel Athié, amigo entrañable de “La Amenaza” Vasconcelos y luego agente judicial. La orden de aprehensión les fue girada por el juez Salvador Torres Ferman.

La investigación ministerial la integró Celestino Zamora López, entonces agente del Ministerio Público del Fuero Común. Vasconcelos y sus compañeros terminaron gozando de cabal impunidad. Hubo orden de aprehensión y siguieron libres. Y hoy quiere ser alcalde de Coatzacoalcos. Alguien dijo que el expediente de “La Amenaza” es voluminoso y de escándalo. Tiene razón… Bajo sospecha, el poder notarial con el que Carlos de la Rosa López representó y aún representa al ex tesorero municipal, Alfonso Morales Bustamante. Emitido el 11 de marzo pasado, el documento está viciado de origen. Es impugnable. Y es, insisto, sospechoso. Afectado por una cirrosis devastadora, Alfonso Morales murió este 10 de mayo.

Para esas fechas, cuando suscribió el poder notarial —número 32,137— su salud se hallaba diezmada, tácitamente su enfermedad se hallaba en grado terminal. ¿Tenía o no capacidad para otorgar el poder? La pregunta bulle entre los cercanos al ex tesorero municipal de Coatzacoalcos. ¿Qué movió a Carlos de la Rosa, ex director jurídico municipal y amigo del ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol a aceptar el poder, sabiendo que el documento es impugnable? ¿O eso no lo aprendió en la universidad? Caballero y Morales Bustamante habían sido citados a comparecer ante la Auditoría Superior de la Federación para solventar por última vez inconsistencias en el ejercicio 2015, poco más de 8 millones de pesos, provenientes de recursos federales. Caballero aún tendrá lidiar con la presión de la ASF; Morales Bustamante ya no. Según versión de integrantes del círculo cercano al ex tesorero, éste firmó documentos “de cuando estábamos en la presidencia” mientras se hallaba muy mermada su salud.

Ellos, como ya se ha expuesto —tengo los testimonios—, mantienen el dilema sobre si Morales Bustamante firmó libremente o se sintió obligado o fue obligado. Hay por lo menos dos aseveraciones a este reportero en ese sentido. Carlos de la Rosa sostiene que él no obligó a nadie y que se le difama. Que denuncie y que pruebe en qué línea de texto se le imputó que él obligó a Morales Bustamante a suscribir documentos. ¿Por qué aceptó el poder notarial a sabiendas que por el estado de salud del ex tesorero cualquier acto que realice carecerá de validez? Lo de la ASF es, a fin de cuentas, pecatta minuta. Falta aún ver cómo enfrentarán Caballero y su tropa el enorme peso de las inconsistencias por 142 millones de pesos en el ejercicio 2017. Y hay más: si apareciera algún mandato de Caballero a Morales Bustamante en ese año, que no fue acatado, para corregir las irregularidades financieras, ¿qué reportó el contralor Ignacio Alejandro Montero Álvarez? ¿O no advirtió nada? ¿O lo hizo y Caballero lo desoyó? ¿Y cuál es la responsabilidad del regidor de Hacienda, Felipe Hernández Pulido, hijo del líder moral de la Sección 11 del sindicato petrolero, Ramón Hernández Toledo? Son 142 millones de pesos y no terminan de cuadrar. Y un poder notarial envuelto en la sospecha.

¿Qué uso le dio, qué diligencias realizó Carlos de la Rosa López desde el 11 de marzo, cuando Morales Bustamante lo emitió? ¿Estaba lúcido el ex tesorero municipal al emitirlo? ¿Estaba capacitado para otorgarlo? De no ser así, entonces el documento es nulo. Y la sospecha crece. De la Rosa y Caballero son como el azúcar y el café, como el whisky y el hielo. Juntos en las buenas y en las malas, en el gozo y en la desventura, en la bondad y en la maldad. Otras historias, incluidos los episodios judiciales, los han mantenido unidos. Ya se verá.

Veracruzana postiza, Rocío Nahle requiere de argucias y tretas, un engendro legal que allane el camino al poder, la candidatura a la gubernatura a la que hoy no puede acceder. Una y mil veces no entiende. El problema no es su origen sino la ineptitud.

Nacida en Zacatecas, del mero Río Grande, Nahle cuenta las horas en que Morena en el Congreso local aplique el parche constitucional, urdido en palacio nacional, modificando el requisito de ser oriunda de Veracruz o hija de padre o madre veracruzano para aspirar al gobierno estatal.

A punto de ser votada, la reforma a la Constitución le daría condición de veracruzanos a quienes sea madre o padre de hijos nacidos en Veracruz. Rocío Nahle tiene dos hijas en esa situación. Un traje a la medida de la secretaria de Energía del gobierno federal.

Rocío Nahle es zacatecana pura, orgullosa de su tierra natal que presume por su rancio sabor colonial, de sus campos y su historia. Se ufana de su estirpe, de los Nahle, del norteño que labora de sol a sol. Y de Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena, amigo de la juventud.

Al gobierno de Veracruz, con la Constitución actual, no puede acceder. No cumple el requisito. Sus alardes de ser veracruzana adoptiva o que “Veracruz es mi segunda patria”, legalmente son basura.

No le sirve la residencia de 30 años. Llegó apenas egresara de su carrera de ingeniera química, ingresando a Petróleos Mexicanos en la zona industrial de Coatzacoalcos, laborando seis años en la entonces paraestatal, transitando a la privada Resistol. 

Para efectos de elegibilidad, la residencia no acredita la condición de veracruzano que señala la Constitución local. No le sirve la vecindad. No le cuajan las palabras, menos la ruindad.

Ya antes, Nahle sentó un precedente de su ambición por el gobierno de Veracruz. En 2016, apenas concluida la elección por la gubernatura, vencido Cuitláhuac García en las urnas, externó su deseo por contender bajo las siglas de Morena dos años después.

Tramitó un juicio para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y el Tribunal Electoral de Veracruz emitió un galimatías a su favor. En agosto de 2016, la Tremenda Corte resolvió que por ser ciudadana mexicana, tal como lo establece la Constitución General de la República, reunía las condiciones para aspirar a la candidatura. Así de profundo.

Pero el tema no pasó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a menudo corrige o derrumba las aberraciones y la insensatez del tribunal local. Y al final López Obrador se inclinó por Cuitláhuac García, que ganó para desgracia de Veracruz.

De ese alfiler se cuelga Rocío Nahle. Hoy se jacta de haber tramitado ese juicio y de la resolución a su favor. Como mexicana, dice la secretaria de Energía, tiene el derecho pleno de aspirar al gobierno de Veracruz. Así lo razona. Así su pequeñez.

¿Qué caso tiene, pues, que Morena reforme la Constitución de Veracruz si Nahle, y el senador morenista Ricardo Ahued Bardahuil, nacido en Pachuca, Hidalgo, pueden aspirar a la gubernatura con sólo aplicarse su condición de ciudadanos mexicanos?

Vía el diputado local por Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, Morena va por la reforma constitucional que coloque a dos morenistas, no nacidos en Veracruz, en la plataforma para contender en 2024 por la gubernatura… o para relevar en diciembre próximo a Cuitláhuac García.

Desastroso, el gobierno de Cuitláhuac tiene hoy a Morena en el abismo. Cunde la corrupción, el nepotismo, la violencia, el abuso de autoridad, el acoso laboral, el acoso sexual, el atropello a la ley. 

Su círculo es deplorable. Erick Cisneros, secretario de Gobierno, es la ignorancia en pleno; tipo soberbio, engreído, inútil en su función, detonando los fuegos desde el norte hasta el sur, insurrecta una parte de la sociedad, reclamante otra, y la masa del mal, el infumable Erick, disparando amenazas a enemigos y rivales, apaleando activistas y prometiendo a la prensa crítica que también se la pagará.

Financieramente, Cuitláhuac García es un truhán. Los dineros pasan por las manos familiares, Eleazar Guerrero, su primo, es el zar de los contratos y las adjudicaciones, la compra de patrullas con sobreprecio, los manejos de los recursos de todas las secretarías a su disposición. Como en los tiempos de Javier Duarte, Eleazar es la nueva Karime Macías, el nuevo Manzur, el nuevo Tarek.

Veracruz es literalmente tierra de narcos y otras pandillas. Y de las autodefensas. Y de la policía criminal. Unos trafican, roban, levantan, extorsionan, incendian negocios, asesinan y entregan a sus víctimas en fragmentos; otros se erigen como el poder alterno, el que patrulla los caminos y escoge a los nuevos muertos, el que aplica la ley del pueblo por encima de la institución. Y la policía levanta, tortura, siembra drogas y armas.

Electoralmente, Morena es un caos. Su gobierno estatal asquea. Su Congreso atropella la ley, violenta el orden constitucional. Salvo honrosas excepciones, sus alcaldes desgobiernan.

Veracruz, para Andrés Manuel López Obrador, pinta mal. Morena anda en el abismo. No hay sondeo de opinión que supere del 10 por ciento en la preferencia electoral. El efecto Peje caducó. Y peor, el desgobierno provoca repulsa y reclamo, decepción en quienes impulsaron a la Cuarta Degradación.

Tácitamente, la reforma constitucional allana el camino a Nahle y, más aún, a Ricardo Ahued, político forjado en el PRI, alcalde de Xalapa de brillante desempeño, diputado local por obra y gracia de Javier Duarte, al que primero le aprobaba todo y luego, ante el escándalo del saqueo y el caos del duartismo, se evadió.

2024 no será 2018. Aun con reforma constitucional, la derrota de Morena es previsible. Veracruz es un desastre, agravado por las torpezas y el atropello a la ley de Cuitláhuac García, donde se respira el miedo y reina la violencia, donde los recursos públicos cambian de ladrón.

Diciembre de 2020 es otro escenario, a modo para Ahued, relevando a Cuitláhuac sin requerir elección, y cuatro años para intentar recomponer el cochinero armado por el (des)gobernador con mentalidad porril.

Ahued tiene activos; Nahle no. Ahued es un político cuajado, sereno, cuidadoso de las formas y las palabras, experto en finanzas, con visión social.

Nahle es estridente, ignorante, aprendiz de política, atrabancada hasta conducir a Andrés Manuel al punto crítico, el caos de Pemex, con el sueño de repotenciar a México como productor y exportador de petróleo, líder en refinación, cuando el mundo vira hacia las energías limpias, a las que provocan menos polución.

Su paso por la Secretaría de Energía es la apoteosis del desastre. Inundó a la Sener de corruptos provenientes del viejo régimen, fichas del neoliberalismo, y de amigos, comadres, empleados y cómplices políticos, y hasta de hermanas de fallidos voceros. Los resultados ahí están.

Alcanzó la cumbre en la crisis del petróleo. Regateó el recorte de producción y se comprometió entregar 250 mil barriles de crudo diarios a Estados Unidos, que a su vez absorbió lo que Nahle en la mesa de la OPEP Plus negó. Desplomado el precio del barril de petróleo —el de Pemex apenas en sus costos de producción—, sin mercado para crecer y con clientes que se van, la teoría de la bonanza se esfumó.

Y ahora, con menos producción, ¿cómo pagar los 250 mil barriles diarios que le prometió a Trump?

Nadie para marear a López Obrador como Rocío Nahle. Lo encuerda. Le sigue el cuento. “Sí, sí, sí licenciado”. Lo hace soñar. Del petróleo como palanca de desarrollo no queda nada. Pemex no cumplirá siquiera con la meta de producción programada.

Rocío Nahle, por su parte, siembra minas en su camino. No cabe en el gabinete. Huele a fruta podrida. Sabe a rancio. Detona el plan maestro de Andrés Manuel, la refinería de Dos Bocas, un monumento a la necedad, proyecto sin futuro, que no costará 8 mil millones de dólares, ni se construirá en tres años, ni tendrá, a la postre, gasolinas qué refinar.

Y hoy quiere gobernar Veracruz.

El meollo no es, sin embargo, su origen, su oriundez, su calidad de zacatecana que aspira a un engendro legal para trasmutar a veracruzana.

El meollo es la ineptitud.

Archivo muerto

Y de pronto, López-Gatell mutó a vocero político, el que increpa a ex secretarios de Salud, el que se trenza en la discusión de las cifras de contagiados y muertos, de contagiados reales y de contagiados estimados, el que ve la teoría de la conspiración en la prensa internacional.

Desdibujado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, enfrenta el escepticismo y la duda, las preguntas de críticos y no críticos de la 4D (Cuarta Degradación), porque al paso de los días las contradicciones en la versión oficial, las mentiras, los bandazos sobre la pandemia, le erosionan la credibilidad. Habla López Gatell y trasluce el delirio pejista.

De la transparencia y la pluralidad que tanto elogió, pasa ahora a la teoría del complot. Si New York Times, Washington Post y El País coinciden en que las son cifras tramposas, en el subregistro de contagiados y muertos, en las muertes por Covid 19, enmascaradas como influenza, neumonía atípica e insuficiencia respiratoria aguda, López Gatell ve una “sincronía” que le inquieta.

Superchería pura pues los matemáticos dudan de la interpretación de comportamiento del coronavirus, los médicos igual, los científicos y los analistas también, y un sector de la sociedad que quisiera que el aplanamiento de la curva de contagios fuera real, como lo pregona el subsecretario de Salud, pero ve que los contagios aumentan hasta tocar los 35 mil y sumar 3 mil 465 muertes hasta el domingo 10.

López Gatell se ahorcó cuando, por decisión propia o instruido por el Dios Peje, le dio sesgo político al discurso diario con el que explicaba los pormenores la pandemia y le entró a la adulación a Andrés Manuel —representa una “fuerza moral, no una fuerza de contagio”— y ahora a confrontarse con la prensa internacional, lo que arreciará la embestida sobre López Obrador, evidenciando que no sólo la pandemia lo rebasó sino que instaba a la sociedad a salir a las calles, a ir restaurantes, abrazar a la familia. El costo, al final, lo tendrá que pagar… Al garete, el coronavirus en Coatzacoalcos exhibe el caos en el Hospital Regional. En redes sociales, corrían mensajes y reclamos. Médicos y trabajadores administrativos al pie del cañón y sus directivos en el limbo. Al tope, el nosocomio se satura con los pacientes contagiados, atendidos a cómo se puede. ¿Y el director, Juan Rodrigo Camacho Mondragón? Ausente, rebasado, agazapado.

Fluyeron los oficios en que los médicos evidenciaban las carencias y no hubo respuesta. Alzaron su voz y amagaron con irse. Persistió la indiferencia. Se ampararon los médicos para no laborar por falta de equipo de protección en plena pandemia, cuando el número de contagios se incrementa. Y es cuando Juan Rodrigo Camacho se va de permiso y lo sustituye el subdirector, Gerardo Bajonero. ¿Se va de permiso? Debió ser cesado por irresponsable, por abdicar a su obligación ética y moral, por dejar un tiradero en el Hospital Regional que exhibe al sistema de salud de Veracruz, balconeado en medios de comunicación nacionales y redes sociales, crucificado en la sociedad.

Ya antes, el subdirector administrativo también había pegado la huida. Queda saber ¿quién recomendó a Juan Rodrigo Camacho? Cuentan los insiders que es una tal Rocío Nahle, doña Barbarazo, la que todo lo que toca lo destruye… Dos priistas, Alfonso Morales Bustamante y Marco Antonio Ramírez Alfaro, se fueron en 10 de mayo. Dos priistas de diferente cuño, uno marcelista, el otro ivanista. Aquejado por un mal hepático —el diagnóstico fue cirrosis— Morales Bustamante encaró una batalla feroz por la vida, disminuido, buscando el alivio que nunca llegó.

Fue operador del ex alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel; delegado de la Secretaría de Educación en el sur de Veracruz; director del DIF municipal; síndico; presidente municipal sustituto al dejar el cargo Iván Hillman Chapoy, y tesorero en la gestión de Joaquín Caballero Rosiñol, donde tuvo cuñas que no le permitieron mandar. Ramírez Alfaro, de trato amable, cortés y educado, siempre discreto, se fue aquejado por un cáncer contra el que luchó hasta el final. Fue secretario particular del ex alcalde Iván Hillman Chapoy y por años siguió al lado del ex edil… Yamilet ha cometido, por lo menos, una violación a la ley. Siendo fiscal para delitos contra la familia, no podía otorgar la custodia de los hijos a uno de los cónyuges, y lo hizo. Yamileth Karina Hernández Franyutti, fiscal tercera especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, en Coatzacoalcos, se arrogó funciones que sólo le competen a un juez. Un día decidió que los hijos de Nadia Georgina Franco Torres quedaran bajo custodia del padre de los menores, Roberto Celaya Origel, pasando por alto que está denunciado por lesiones, violencia intrafamiliar e incumplimiento de dar alimentos.

Con sólo escucharlo, la fiscal tercera le entregó los hijos. Nadia Torres había denunciado a Roberto Celaya, según consta en la Carpeta de Investigación N°1153/2019/F3 —detalles que se divulgan con anuencia de la agraviada—, y ahora, de buenas a primeras, tiene una denuncia en su contra de la que se valió la fiscal para consumar la trastada. Hay un video donde consta el hostigamiento, la oposición de Celaya Origel a dejar que los menores descendieran del vehículo y a que la madre los introdujera a su hogar. Se observa cómo el tipo propicia un hecho de violencia.

Hay en el expediente facturas de servicios escolares, médicos, actividades culturales, pagados por la madre. Hay constancias de que uno de los menores no había sido llevado al colegio La Salle por decisión del padre, una vez que lo tuvo en su poder. Y pese a existir una resolución judicial que estableció el divorcio y la custodia de los pequeños a favor de Nadia Franco (Juicio Ordinario Civil N°350/2015), la fiscal Yamileth Hernández se erigió en juez, usurpó funciones y violó la ley. Del caso saben sus superiores y nada ocurrió. Otra bomba que le va a estallar a la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadans, que de leyes sabe menos que Yamileth Karina Hernández Franyutti…

Activar el sistema judicial de Veracruz—refiere la abogada Consuelo Valentín Jiménez—usando herramientas tecnológicas con las cuales realizar audiencias a distancia, vía internet, permitirá atenuar y revertir el estado de indefensión en que permanece la sociedad desde que se decretó la suspensión de actividades, propiciada por la pandemia por coronavirus.

Urge, por ello, a los congresos federal y de Veracruz a legislar y establecer los mecanismos informáticos que servirían para darle curso a los juicios pendientes e iniciar aquellos que sirvan para aplicar el estado de derecho a los ciudadanos que así demanden.

“Es una propuesta —agrega— a integrantes de los congresos federal y del estado de Veracruz para el uso de los medios electrónicos, su aplicación en materia procesal e impartición de justicia expedita en los ámbitos del derecho mercantil, fiscal, laboral, administrativo y civiles”.

Consuelo Valentín refiere que de las 32 entidades del país, sólo tres cuentan con códigos de procedimientos civiles en los que se consigna el uso de tribunales electrónicos, audiencias a distancia, participación colectiva, lo que permite dinamizar los juicios y no verse afectados por suspensión de actividades.

“Sólo tres entidades de México —Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas— han establecido en sus Códigos de Procedimientos Civiles la impartición de justicia mediante un tribunal electrónico”, apunta.

Sin embargo, señala Consuelo Valentín, en esas tres entidades, así como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, se ha legislado someramente sobre el uso de tecnologías digitales y su aplicación en los procedimientos o procesos judiciales.

Veracruz, junto con otras nueve entidades —Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas—, “no establecen o no contemplan ningún mecanismo electrónico en la impartición de justicia en materia mercantil, fiscal, laboral, administrativo ni civil”, refiere la abogada.

En una extensa carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, congresos federal y de Veracruz, poderes judiciales federal y de Veracruz, Comisión Nacional de Derechos Humanos y sociedad, Consuelo Valentín enfatiza que el uso de las herramientas electrónicas, incluidas las audiencias a distancia, evitaría a futuro el cierre del sistema judicial a causa de contigencias como la pandemia por coronavirus.

El documento a detalle es el siguiente:

C. LIC. ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
C. ING. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.
LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE MÉXICO.
LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
C. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ.
C. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.
JUSTICIABLES Y SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

Quien suscribe C. CONSUELO VALENTÍN, ABOGADA INDEPENDIENTE Y PROVEEDORA DE FAMILIA; al través del presente ocurso, manifiesto que hoy me asiste la necesidad de expresar que me encuentro preocupada y con mucha incertidumbre por esta aguda eventualidad, a causa del Covid-19, que prevalece en todo el país e incluso esta contingencia sanitaria puede detonar en una crisis social e ingobernabilidad en la nación mexicana; cabe indicar, que NO PUEDO SER OMISA NI INDIFERENTE FRENTE A ESTA GRAN FRAGILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL, HISTÓRICA, POLÍTICA, JURÍDICA Y DE SALUD que vivimos en México y en el mundo.

Con gran tristeza observo que como SOCIEDAD, HOY NOS ENCONTRAMOS VULNERABLES DEBIDO A MUCHAS RESTRICCIONES EN NUESTRAS ACTIVIDADES PERSONAL Y LABORALES, DONDE NO HAY SOLUCIONES O ESTRATEGIAS EN LOS TRES NIVELES DEL GOBIERNO PARA SOBRELLEVAR O SOBREVIVIR A ESTE GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA QUE MERMA NUESTRA ECONOMÍA, YA QUE VIVIMOS EN UN CONFINAMIENTO OBLIGADO POR LAS CIRCUNSTANCIAS; en muchos casos, hay sectores pobres que viven SIN PROVISIONES O DESPENSAS, AUNADO AL DESEMPLEO E INSEGURIDAD PÚBLICA que padecemos tod@s; otros tantos vivimos SIN SALARIOS, algunos más SIN QUE PODAMOS EJERCER LA PROFESIÓN U OFICIO, AMÉN DE NO PODER CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD, PRESENTES O QUIZÁ EN UN FUTURO; además, existe la FALTA DE SENSIBILIDAD DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL, LOCAL Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS AL NO CONSIDERAR LA CONDONACIÓN DE IMPUESTOS O ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS EN LOS SERVICIOS DE AGUA, LUZ ELÉCTRICA Y CANASTA BÁSICA; POR CONSIGUIENTE, NO HAY SUBSISTENCIA ELEMENTAL PARA QUIENES ATRAVESAMOS POR ESTA GRAVE CRISIS ECONÓMICA Y SANITARIA QUE VAN EN PERJUICIO DE LAS FAMILIAS MEXICANAS o quienes deseamos mitigar esta situación económica en la que vivimos tanto la clase media como los sectores más pobres de nuestro México querido…

En lo personal no me quejo; creo firmemente en Dios y en mí persona para salir avante. Asimismo reflexiono que de lo malo debemos obtener algo bueno; por ello, como profesional del litigio me inquieta sobremanera la situación jurídica que vivimos los ABOGAD@S INDEPENDIENTES, porque aún prevalece la INACTIVIDAD O INACCIÓN PROCESAL a casi dos meses en las diversas INSTITUCIONES DE IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO, CAUSANDO UNA GRAVE AFECTACIÓN LEGAL CON LOS/ LAS JUSTICIABLES EN LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA Y ECONÓMICAS PARA LOS LITIGANTES; por lo expuesto, se sugiere trabajar a distancia, de forma remota, usando las tecnologías electrónicas o internet PARA EVITAR A FUTURO LA SUSPENSIÓN DE LABORES EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES HAYA O NO MÁS CONTINGENCIAS. La humilde PROPUESTA puede ser una alternativa de solución que COADYUVE CON LOS ÓRGANOS DE JUSTICIA A VALERSE DE LA INFORMÁTICA Y USARLA EN LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANO, TIEMPO, ESPACIO, ECOLÓGICO Y ECONÓMICOS; LUEGO ENTONCES, SOLICITO ATENTAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO O AL CONGRESO FEDERAL ESTUDIAR, ANALIZAR, ASÍ COMO LEGISLAR SOBRE EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, SU APLICACIÓN EN MATERIA PROCESAL E IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA EXPEDITA EN LOS ÁMBITOS DEL DERECHO MERCANTIL, FISCAL, LABORAL, ADMINISTRATIVO Y CIVILES.

A continuación, menciono algunos Estados que NO ESTABLECEN O NO CONTEMPLAN NINGÚN MECANISMO ELECTRÓNICO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA MERCANTIL, FISCAL, LABORAL, ADMINISTRATIVO NI CIVIL, estos son: CAMPECHE, CHIAPAS, DURANGO, GUERRERO, MORELOS, SINALOA, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN y ZACATECAS.
¡ES URGENTE LEGISLAR! Hoy tenemos la necesidad de IMPLEMENTAR EL USO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LOS PROCEDIMIENTOS O PROCESOS JUDICIALES en beneficio de los tribunales, juzgados, abogados, abogadas, justiciables, de las propias acciones procesales y de la reactivación de las actividades económicas que en actualidad se colapsan afectando a todos los involucrados en la procuración de justicia, más aun al gremio de los abogad@s litigantes, quienes también tenemos familia y cuentas por cumplir.

Es menester mencionar, que únicamente en estos Estados DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR,  CHIHUAHUA, COAHUILA, COLIMA, EDO. DE MÉXICO, HIDALGO, JALISCO, GUANAJUATO, NAYARIT, NUEVO LEÓN, MICHOACÁN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, QUINTANA ROO, SAN LUIS POTOSÍ, SONORA, TABASCO Y TAMAULIPAS, SE HA LEGISLADO SOMERAMENTE SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES Y SU APLICACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS O PROCESOS JUDICIALES; por otro lado, solamente en el Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas, han regulado en sus CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE UN TRIBUNAL ELECTRÓNICO.

Ahora bien, se puede partir de la base que todos los juzgados y tribunales cuentan con el uso de computadoras que en su mayoría funcionan como procesador de texto; sin embargo, PUEDEN USAR MÁS HERRAMIENTAS DIGITALES Y PAQUETES ELECTRÓNICOS QUE PERMITAN AMPLIAR SUS FUNCIONES. Sé que en unos casos se utilizan también para el registro de todas las fases procesales, y el control de todos y cada uno de los expedientes; sin embargo, sólo tenemos un ejemplo de Tribunal Virtual, el cual funciona y se implementa en todas las entidades federativas que integran nuestra República Mexicana. Pues bien, ¡APROVECHÉMOSLO!

Que haya que contemplar AUDIENCIAS VIRTUALES AL TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIAS, CONTAR CON NOTIFICACIÓN Y FIRMAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE QUE EXHORTOS, DESPACHOS, REQUISITORIAS Y OFICIOS PUDIERAN REMITIRSE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, REGULAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y TRIBUNAL ELECTRÓNICO, REGULAR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE ACTUACIONES JUDICIALES Y LAS NOTIFICACIONES MEDIANTE “CORREO ELECTRÓNICO O, MEDIANTE CONSULTA REMOTA”, LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN UN PORTAL ELECTRÓNICO, AUTORIZAR EL USO DE FIRMA ELECTRÓNICA EN DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA DEMANDA Y EN LA CONTESTACIÓN, RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE Y DILIGENCIAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, LA FORMACIÓN DE CARPETAS, COMUNICACIONES PROCESALES, REGISTRO DE AUDIENCIAS Y NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, LA PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE PROMOCIONES (ESCRITOS) MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA y otras muchas acciones jurídicas digitales.

Cito a Einstein, quien expresó “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias”… POR ELLO EN TIEMPO DE CRISIS NACE LA IDEA… ¡¡ES MOMENTO DE LEGISLAR!!. SIN LUGAR A DUDAS, SE DEBEN APROVECHAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR Y DAR INICIO A LA MIGRACIÓN VIVENCIAL DE MANERA ORDENADA Y DICTAMINADA DEL EXPEDIENTE FÍSICO AL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Es renovar o morirse, es IR HACIA EL PROGRESO ELECTRÓNICO, PARA NO QUEDAR ATRÁS NI OBSOLETOS; mas no es tarea fácil, esto llevará a revisar a cada Estado de la República Mexicana para regular sobre medios electrónicos en la impartición de justicia en materia mercantil, fiscal, laboral, administrativo y civil.

NO A LA SUSPENSIÓN DE LABORES EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES HAYA O NO MÁS CONTINGENCIAS DE CUALQUIER ÍNDOLE. SÍ A LA MODERNIZACIÓN Y A LA VANGUARDIA DE LA ERA DIGITAL EN ARAS DE LA JUSTICIA.

PROTESTO LO NECESARIO
Coatzacoalcos, Ver., de Ignacio de la Llave, 30 de abril del 2020

C. CONSUELO VALENTÍN JIMÉNEZ
Abogada Litigante No. De Cédula Profesional 5482751, Consultora Electoral,
Docente De Nivel Medio Superior y Superior e Instructora de Capacitación empresarial

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