Lunes, 21 de octubre de 2019

Columna Sin Nombre

Desde un principio dijo "Abrazos, no balazos"
Pablo Jair Ortega

Buenos Días Veracruz

La gota que derramo el vaso
David Varona Fuentes

Informe Rojo

Destino de Yunes: la cárcel
Mussio Cárdenas Arellano

@suntos de poder

México en manos de delincuencia organizada
Manuel Carvallo Carvallo

Columna Invitada

"Servir o servirse"
Columna Invitada

Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

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Negligente, potencialmente criminal, la Secretaría de Seguridad dejó solo, inerme, vul-ne-ra-ble a Celestino Ruiz, el periodista de Actopan, sin escoltas, nueve días sin medidas de protección, al alcance de la mano asesina. Y hoy está muerto.

Abatido por siete disparos, Jorge Celestino dejó la vida ahí, en la tienda de abarrotes que le servía para allegarse el sustento de su familia, su cuerpo entre un charco de sangre, sacudiendo al gremio y al aparato de poder y situando a La Bocanita, congregación de Actopan, municipio del centro de Veracruz, en la estadística de la violencia contra el periodismo.

De espaldas a sus verdugos, el corresponsal de Gráfico de Xalapa observaba la televisión a eso las 9 de la noche cuando los sicarios lanzaron los primeros disparos a cierta distancia. No los vio. Recibió las descargas iniciales, cuatro balas expelidas por un arma larga calibre 232. Luego irrumpieron en el negocio. Vendría el segundo tirador y con una pistola calibre 45 lo remató.

Ahí comenzó el infierno del secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado, y el del gobernador Cuitláhuac García.

Amenazado de muerte, Jorge Celestino Ruiz Vázquez debió tener vigilancia permanente, escoltas día y noche, operativos de apoyo, ser monitoreado cada paso, cada movimiento, las horas en casa, los lugares a los que debía trasladarse, los desplazamientos del “principal”, como se cataloga a quienes están sujetos a esos protocolos de seguridad, todo bajo registro en el sistema de radiocomunicación policíaco. Pero lo dejaron solo.

Una fecha, el 2 de agosto, marca ya al sexenio de Cuitláhuac García. En el noveno mes de su fallido reinado, ocurre el crimen y Jorge Celestino Ruiz se constituye en el primer comunicador asesinado en los días de Morena en el poder en Veracruz.

Meses atrás comenzó el asedio. Había publicado presuntos desvíos de dinero en el ayuntamiento de Actopan, que provocaron una reacción del alcalde Paulino Domínguez, intentando cooptarlo con 40 mil pesos, cantidad que Celestino Ruiz rechazó, según investigación del reportero Ignacio Carvajal.

Sobre Celestino Ruiz pesaban amenazas desde octubre y noviembre de 2018. Y denunció.

Su caso lo acompañó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, instando a aplicar protocolos de seguridad que garantizaran la integridad de Celestino y su familia.

Celestino fue víctima de los sicarios y de la negligencia criminal, el desdén, la omisión oficial.

Pesaban sobre él amenazas graves, su confrontación con el presidente municipal de Actopan, el intento de soborno que él rechazó, una investigación ministerial que fluía a paso lento y la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuya presidenta, Namiko Matsumoto Benítez, siendo secretaria ejecutiva de la CEAPP fue cómplice silenciosa, perversa, ante las agresiones de la policía de Arturo Bermúdez, ex secretario de Seguridad, el rufián de Javier Duarte, a la prensa.

Alertó de las amenazas, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Delitos que Involucren a Periodistas y/o Comunicadores, el 23 de abril, vía el oficio 182/2019, carpeta de investigación 114/2018, dirigido a Gutiérrez Maldonado, instando a aplicar los protocolos de protección.

El documento fue recibido por la Dirección Jurídica de la SSP, a cargo de Aliet García, media hermana del gobernador Cuitláhuac García, y por la Subsecretaría de Operaciones, cuyo titular era el capitán Eugenio Palma Bernal, cesado tras diversos señalamientos de lucrar con las permutas de los elementos de la SSP y sus constantes visitas a bares y antros en Puebla.

En dicho documento se hace referencia a los oficios 384/2018, de fecha 24 de octubre de 2018, y el 450/2018, de 4 de diciembre de 2018. En él se enfatiza en las “medidas de protección solicitadas en favor del periodista Celestino Ruiz Vázquez” y solicita continuar “proporcionando las medidas de protección y auxilio en favor suyo y de sus familiares por otros seis meses”. O sea, del 23 de abril al 23 de octubre de 2019.

Enumera el oficio tres puntos para dar cumplimiento a la protección: nombre de los elementos policíacos asignados, evidencia gráfica que acredite el cumplimiento de los “rondines” solicitados y bitácora de “visitas” con la firma del agraviado.

Sin embargo, la última ocasión que Celestino Ruiz tuvo contacto con los elementos de la Policía Estatal fue 24 de julio, nueve día antes del atentado.

“Como dato relevante —apunta el boletín de la SSP—, en la última visita no se había reportado alguna situación de riesgo, excepto que en encuentros con los escoltas del Alcalde de Actopan, ya fuera en la calle u otro lugar, éstos le dirigían miradas agresivas o de provocación pero sin llegar a intercambiar palabra alguna”.

Y aún con ese ambiente hostil no se incrementó la protección.

Celestino Ruiz murió acribillado por la omisión criminal de la Secretaría de Seguridad Pública, al frente de ella el shérif de papel, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Sobre Celestino Ruiz debió establecerse un cerco de protección, escoltas de tiempo completo, 24-7, que inhibieran las amenazas contra su vida.

Pero lo dejaron solo.

No había vigilancia. Efectivos de la SSP lo “visitaban”, realizaban “rondines”, lo dejaron a su suerte.

Su familia hoy alerta que está sola. Horas después del crimen, la vigilancia establecida por la SSP cesó. Los elementos policíacos se marcharon. Y el riesgo de muerte crece.

Con Cuitláhuac se reedita el desprecio a la prensa que marcó y desfondó a Javier Duarte. Eric Patrocinio Cisneros, secretario de Gobierno, es el azote, el ariete, el gatillero verbal.

Duarte le decía a periodistas “pórtense bien”, que sacudiría el árbol y caerían manzanas podridas, que algunos periodistas sirven al crimen organizado. Pero no los identificó ni los denunció.

Patrocinio retoma el ataque. Los punza. Los implica en su conflicto con el fiscal general, Jorge Winckler, y les da calidad criminal.

“Va para todos los compañeros que son periodistas —expresa Patrocinio—, va para todos los veracruzanos… con esto que está pasando en Veracruz, aquí vamos a saber quién está de lado de los veracruzanos y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo.

“Los que hoy defienden al Fiscal (evidenciarán) si estás con el crimen organizado o en beneficio de todos los veracruzanos”.

Y días después a Marcos Miranda lo levantaron tras recibir una amenaza del secretario Cisneros.

Y a Celestino Ruiz lo ultimaron por carecer de medidas de protección.

Y si algo faltara, el gobernador Cuitláhuac García sentencia que “no podemos ponerle un policía a cada periodista”. No, pero a los que están bajo amenaza, sí.

Su desprecio a la prensa es suicida. A Javier Duarte lo hundió.

Celestino murió porque lo dejaron solo. Y facilitaron el crimen.

Archivo muerto

Quince bolsas, cuatro cuerpos desmembrados y el Veracruz violento no cesa. En La Estancia, municipio de Maltrata, autopista Córdoba-Puebla, son hallados los restos humanos que describen la crisis de seguridad que sacude, indigna, convulsiona a la sociedad.

Al sur, en Minatitlán, de un pozo son extraídos dos cuerpos, uno de los cuales corresponde a Cristian R, levantado por policías estatales el 4 de junio de 2018 y por el que familiares y amigos habrían de protestar en la sede de la Unidad Integral de la Fiscalía de Coatzacoalcos, y hoy vuelven a exigir justicia.

Coatzacoalcos figura en cuarto lugar a nivel nacional en feminicidios. En este municipio, una mujer fue hallada sin vida, maniatada con un cable eléctrico en la colonia Popular Morelos. Otros cinco cuerpos fueron aparecieron en Vega de Alatorre este viernes 9. Así el nivel de violencia, mostrando el rostro del poder de la delincuencia y el sometimiento de las instituciones.

Peor aún, la estampa de esa violencia, propia de cárteles, en Uruapan, Michoacán. De un puente colgaban nueve cuerpos; bajo otro puente, siete víctimas más, y en un tercer punto, otros tres cadáveres. Y en San Miguel de Allende, Guanajuato, cantinas y bares cierran sus puertas por la amenaza del narco que les dejó paquetes con droga y el mensaje de que los vendan y volverán por el dinero. Y si no, ya saben. Así el caos de seguridad, el cáncer de México, el escenario que revela que los efectos de la narcopolítica no tienen final…

Sergio Gutiérrez Luna opera en el sur. A ras de piso, sondea el andar de Morena, el impacto de sus gobiernos, la cohesión, sus divisiones, los liderazgos, el potencial con y sin el efecto López Obrador. Nativo de Minatitlán, formado en la capital del país, con asesorías en el Senado, trabajo en la Cámara Baja, sobrino del priista Norberto Luna, hoy es diputado federal. De viva voz palpó este fin de semana las fortalezas y debilidades del partido de Andrés Manuel, reunido con militantes de diversos grupos.

Cercano a Mario Delgado Carrillo, líder hoy de la fracción parlamentaria morenista y futuro líder nacional de Morena, conoció lo que de alcaldes, diputados y el gobernador Cuitláhuac García y su fallido equipo no se conoce a fondo en el altiplano. 2021 no será un 2018; AMLO no estará en la boleta electoral; el desgaste del presidente por tanta exposición pública —y sus “otros datos”— en sus conferencias mañaneras; la falta de comunicación política que impide aterrizar mensajes en las masas; el alcalde de Coatzacoalcos Víctor Manuel Carranza que atropella el derecho de todos y su equipo de prensa golpeando y descalificando, provocando críticas más hirientes en contra; el tema crucial, la seguridad, y su consecuencia política y social.

De todo eso, y más, hablaba Gutiérrez Luna en corto, en una mesa de cuatro, de la que pocos saben, la noche del martes 6. Como para un informe a Mario Delgado… Estratégicamente situado, Jorge Franco Álvarez tiene una misión precisa: controlar los dineros del Tribunal de Conciliación. Lo que dice, se hace; lo que no, no. Lo pusieron donde hay. Y nada es casual.

Es el sobrino preferido —diríase que el tercer hijo— de Edel Álvarez Peña, presidente del Poder Judicial en Veracruz. Orgullo de su nepotismo, Jorge Franco es el Señor de los Billetes en el tribunal que preside —o que supuestamente preside— Fernando Charleston Salinas. Al sobrino “cómodo” de Edel lo intentan ocultar en el directorio del PJE, citando su nombre sólo como Jorge Alonso Franco, omitiendo el apellido de su mamá, la bien recordada Mery Álvarez Peña.

Otro abuso del presidente del Poder Judicial es el espacio ocupado por Jesús Obeso Martínez, subdirector de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura, donde se administran los 2 mil 585 millones de pesos para el ejercicio 2019. Obeso es, por si el dato andaba perdido, apoderado legal de la empresa Inmobiliaria Kabator, S.A. de C.V., propiedad del clan de Edel, con obras en Pemex y SCT de Tabasco e inscrita en los padrones de contratistas de los ayuntamientos de Coatzacoalcos y Villahermosa. Y por si quedara duda de su relación, Kabator tiene su domicilio social en Lázaro Cárdenas 801, colonia Centro, en Coatza, sede del periódico Liberal del Sur, cuyos dueños son los Álvarez-Delong.

Así que nepotismo, el abuso y tráfico de influencias sobran, don Edel… Y el que ya trae solicitud de juicio político es Víctor Carranza. Por abusivo, por transgredir la ley, por desacato a un tribunal, el de Justicia Administrativa de Veracruz, el alcalde de Veracruz enfrenta el riesgo de perder el cargo y enfrentar, sin fuero, denuncias de carácter penal.

Su caso, promovido por la compañía Pluvial del Golfo, a la que se resiste a pagarle la obra del último tramo del malecón de Coatzacoalcos, vencido en juicio y con apercibimiento de saldar el adeudo, ya se encuentra en el Congreso de Veracruz. Y el desgaste lo sufrirá Morena con vistas al proceso electoral de 2019. Sí mentir, sí robar, sí traicionar…

Elección nacional en el PRI. Su padrón en el distrito 29, el Coatzacoalcos Urbano, refleja el desplome de la militancia, los pocos que refrendaron su afiliación. Marcelo Montiel y Carlos Brito con domicilios que hace tiempo no habitan; Joaquín Caballero, su hermana y sobrina con el mismo hogar; de los Hillman, sólo Iván sigue siendo priista; ex regidores, ex diputados, ex alcaldes, ex síndicos no podrán votar por no tener militancia efectiva.

Habrá mascarada el domingo 11. Los dados están cargados a favor del ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, con el visto bueno de Andrés Manuel López Obrador. El naufragio del PRI continúa…

¿Quién es ese cercano a Carranza, tiempo atrás encerrado en un penal, por quien clama un tal Mata Viejitas, un cholo marihuano de San Andrés llamado Hernán, que pasaran una noche en confinamiento total, en zona de castigo, solos y su desnudez?

Al siguiente día, el Mata Viejitas seguía preguntando a quién más había que “picar”. Dos pistas: una, no es pariente de don Venustiano, y dos, se libró de aquel fraude pero ha venido perpetrando otros más. Cuentan que Hernán lo dejó en éxtasis…

Edel y Spinoso: complicidad que repugna

Martes, 06 Agosto 2019 18:02

Corrosiva, la mano de Edel lo que toca lo pudre. Así fue la alcaldía, el PRI, Montano y Alemán, el periodismo servil y hoy el Poder Judicial de Veracruz, llegando al clímax con la impunidad al clan de los Spinoso, al secuestro que perpetran y a la amenaza de muerte. Y los deja ir.

Un juez venal, invento suyo, Juan Mario Vivanco Gastélum, se arroga un atropello descomunal a la ley, maniobrando para variar un delito de secuestro agravado, imputables al ex diputado duartista Edgar Spinoso, su hermano César y su sobrino Rodrigo, a cambio de un señalamiento menor, privación ilegal de la libertad.

Ese juez, apenas investido como tal el 23 de abril, llegó con la venia de su mentor, Edel Álvarez Peña, a hacerse cargo del Juzgado de Control de Martínez de la Torre y a exhibir que su misión es que los delincuentes tengan la ley a su favor.

Edgar Spinoso había cimbrado las redes sociales, la fauna política, el mundo pestilente del duartismo, las estructuras de Morena en el poder —pasmado el gobernador Cuitláhuac García y su recua afín al nepotismo— y a la sociedad veracruzana que lo vieron fuera de sí y lo oyeron insultar y proferir amenazas de muerte al empleado de la constructora Mota Engil México.

Irascible decía —y así lo captó el video, difundido el 4 de junio— que habían llegado a un acuerdo para no afectar su propiedad y fue traicionado. Y gritaba. Y manoteaba. Y la maldecía, como si fuera la histeria fuera su estado mental. ¿O sí lo es?

Policías y empleados de la empresa —y todo aquel que observó el video en internet— lo vieron como es, prepotente y fanfarrón. Veían la del que se siente capo sentenciando a muerte. Veían al hombre trasluciendo que matar le es afín. ¿Serán traumas gestados en el multihomicidio que segó las vidas de su padre, Edgar Spinoso Corral, y sus tíos Roque y Sergio Espinoso Foglia?

Spinoso llora por la afectación de un rancho de su propiedad en Vega de Alatorre. Pierde parte del predio por la construcción de la carretera que va de La Mancha a Totomoxtle. De ahí su ira.

“Salte ahorita o vienes mañana, cabrón —le gritaba al empleado de la constructora Mota Engil—. Órele, es una puta porquería lo que me estás haciendo y me la vas a pagar tú personalmente, cabrón, ¿eh? Te amparas, hijo de puta, porque te voy a partir la madre yo, cabrón. Y hay Seguridad Pública, me vale verga. Te voy a partir tu madre, poco hombre, cabrón”.

Y siguió:

“Esos no son huevos, hijo de la chingada. Órale, salte, cabrón. Salte, yo te voy a partir tu madre y sé dónde vives, sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar, hijo de la chingada. Y así me traigas a quien me traigas. Eres un puerco, hijo de puta, porque me pediste un tiempo, me pediste negociar. Te voy a partir la madre, cabrón”. 

Y los elementos de la Fuerza Civil que atestiguaban las amenazas, ni se inmutaban.

Otro video muestra a Edgar Spinoso perpetrando el secuestro de dos empleados de la constructora Mota Engil México. Llega a las oficinas de la constructora. Exhibe un arma que porta en la mano. Lo acompañan por lo menos cuatro sujetos.

Horas después se produjo la aprehensión de su hermano César y su sobrino Rodrigo. Edgar Spinoso, como buen rajón, huyó.

Esos tampoco son huevos, como vociferaba el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación, donde se perpetró parte del saqueo duartista a las arcas de Veracruz.

Se comportó como un puerco, como profería el ex subsecretario de Finanzas de Javier Duarte, aquel que, según testimonios judiciales, tenía el encargo de justificar contablemente los recursos extraídos del erario, sin poder cumplir su misión.

Es descaro el del juez Mario Vivanco, el protegido de Edel Álvarez Peña, que teniendo evidencia del secuestro agravado de dos empleados de la constructora Mota Engil, les varió el delito por el de privación ilegal de la libertad, con menos penalidad, favoreciendo que César y Rodrigo Spinoso puedan quedar libres bajo fianza y así enfrentar su conflicto legal.

Y Edgar Spinoso huyendo, sin huevos, como presumía tener.

Un breve análisis formulado por personal del Poder Judicial de Veracruz establece que el delito de secuestro agravado, imputado por la Fiscalía General de Veracruz, sí se acredita.

“Alrededor de las 13:30 horas los investigados se trasladaron hasta las oficinas de la empresa constructora a cargo de las obras en los predios expropiados, en donde con uso de armas de fuego tipo, cortas; privaron de la libertad a las víctimas… contra de su voluntad a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet, tipo Suburban, color blanco, trasladándose hasta un rancho, en donde maniataron, interrogaron, golpearon y amenazaron de muerte a las víctimas. Posteriormente, durante la tarde del día 31 de mayo del 2019, obligaron a las víctimas a firmar hojas en blanco a cambio de su libertad.

“En la continuación de la audiencia, se presentaron los datos de pruebas consistentes en las entrevistas de los testigos presenciales, videos de cámaras de videovigilancia, dictámenes periciales e informes de investigación, que constituyen datos de prueba idóneo, pertinentes y suficientes para acreditar la existencia del Hechos que la ley considera constitutivo del delito de SECUESTRO AGRAVADO y la probabilidad de que los imputados CESAR N Y RODRIGO N participaron en su comisión. 

“La Ley General Para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro; artículos 9 y 10 de la mencionada ley, cometen el delito de SECUESTRO AGRAVADO el que privé de la libertad a otro, que la privación se efectué con el propósito de obtener para si o para otro, cualquier beneficio; que se realice por un grupo de dos o mas personas, que se realice con violencia y que se allane el inmueble en donde se encuentre la(s) víctima(s).

“Por lo que, en consecuencia como lo considero el Juez de Control que girara la orden de Aprehensión y que hiciera el análisis los hoy imputados CESAR N Y RODRIGO N en compañía de otro sujeto aun prófugo EGDAR N, de fecha treinta de mayo del año 2019; llevaron la privación de la libertad de las víctimas directas de identidad resguardada; misma que fuera realizada por 3 sujetos, que se empleó la violencia al utilizar armas de fuego y que allanaron el inmueble en donde se encontraban las víctimas; con la finalidad de obtener un beneficio, al haber exigido a las personas privadas de su libertad la firma de documentos en blanco, así como que continuaran los trabajos de la empresa y la SCT para la construcción de la autopista Cardel-Poza Rica”.

Y el juez Vivanco les facilita la fuga.

Se regodea en el atropello a la ley —y en la impunidad cínica— por tener padrino de peso mayor y madrina de poder tras el trono, Esmeralda Ixtla Domínguez, su impulsora en turno, que desde su cargo como secretaria de acuerdos del Consejo de la Judicatura, nombra jueces y los remueve, sembrando una red de intereses y el terror entre quienes ni se someten ni se dejan amedrentar.

Un poder, el Judicial, que Edel Álvarez Peña degrada y enloda con abuso de autoridad y que es rafagueado con acusaciones de corrupción, que politiza al extremo, ordenando purgas de magistrados no afines, jubilados por edad mientras convierte en jueces a desconocidos sin trayectoria o con historial sucio, y proyectando a juezas y magistradas de buen ver.

Así se pudre el Poder Judicial de Veracruz y todo lo que toca la mano rapaz de Cara de Muela, como bautizara al magistrado presidente uno de sus peones, Rolando Quevedo, director entonces de su periódico Liberal del Sur, cuando Edel Álvarez era el enemigo del Clan de la Succión, la familia Robles que lo mismo le chupa al PRI que al PRD, a Fidel Herrera, Javier Duarte y ahora a Morena.

Una fama, la de Edel Álvarez, digna de un filibustero judicial, sin carrera en las cortes, sin hazañas en los juzgados sin nadie que lo haya visto litigar, convertido en presidente magistrado del Poder Judicial por designio del panista Miguel Ángel Yunes Linares en su arribo al poder. Y hoy intentando la reelección, servil al gobernador Cuitláhuac García, protegiendo a sus aliados en el duartismo.

Y ahora facilitando la huida —y la impunidad— de Edgar Spinoso y otros secuestradores más.

Archivo muerto

¿Namiko Matsumoto, defensora de derechos humanos? ¿Y las decenas de malosos preliberados con el disimulo, silencio o complicidad de la CEDH? Decenas de malosos con condenas a 30 y 40 años, a la vista del equipo cercano a la duartista Namiko Matzumoto Benítez. Sabe todo, cada caso, Arturo Ramírez Cruz, director de Asuntos Penitenciarios de la CEDH, el personero de Namiko que pudiendo evitarlo, no lo hizo.

O lo supo y accedió. ¿Qué dirá de ello, del uso de la CEDH para liberar malosos, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, defensor a ciegas de doña Namiko? Derechos Humanos en Veracruz, aliada de criminales. Ya hasta parecen colectivos. Brutal… Zenyazen en Babilonia y el Itesco es la podrida Sodoma. Hay desde acoso sexual de catedráticos a alumnas hasta catedráticas sin perfil, impreparadas, del LBGT que también incurren en desenfreno sexual. Y todos bajo la sombra del cacique sindical, Ricardo Orozco Alor. Un video muestra el hostigamiento del catedrático en los corredores del campus.

Hay una fecha, la del video. Y su contenido, por aquello de los robos, anda bien custodiado en la nube. El rufián que acosa tiene nombre y rostro, y es uno de los favoritos de Orozco. De la catedrática —uff— hay fotografías y videos que dan muestra clara de su estatura moral y nadie la quiere al frente de un salón de clases. Oficios van y vienen y el alto mando de la SEV y del área de tecnológicos del gobierno de Veracruz no resuelven. Y el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, en la babia. Vuelve el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos a los tiempos priistas del uso electorero de alumnos y maestros, muchos de ellos hostigados sexualmente, una catedrática con preferencia hacia las chicas, usando el poder de la calificación. ¡CA-ÑÓN! Y el secretario Roberto Zenyazen Escobar García en el limbo. ¿Sabrá que significa la expresión “como una bola de nieve”?…

Desbocado, contra lo que suele ser, Víctor Rodríguez Gallegos alborota la sucesión. A dos años del proceso electoral, suelta la frase que agita: “nos vemos en el 2021 en una boleta electoral”. En una boleta electoral. No dice si va por la alcaldía o una diputación federal o local, o un sitio en la lista plurinominal. Ni si es por el PRI o Morena. Habla el ex operador del ex alcalde Marcelo Montiel luego que un rumor infundado corriera en redes sociales afirmando de un altercado con este columnista, que nunca existió y sólo nos dio rating mutuo.

Todo lo contrario, una charla cortés y respetuosa que irritó a sus enemigos políticos. Le siguió una declaración del también ex marcelista, Jesús Moreno Delgado, ex delegado de Tránsito, que se apunta para operar en la próxima contienda, con o sin color, con o sin partido. Ya fue candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos por el PAN y no se cierra a la posibilidad de trabajar para Morena. Y Morena responde con una charada fenomenal: la regidora Eusebia Cortés y su rollo de que merece ser diputada federal. Cheba con mil esfuerzos articula si acaso un par de ideas y en la memoria de medio pueblo está presente aquel día en que orquestó un caos vehicular por los gasolinazos y la amenaza de cerrar los accesos a Coatzacoalcos. Nada de esto ocurriría si hubiera alcalde o si Rocío Nahle tuviera control político.

 Hay vacío de poder y con dos años anticipación ya inició la sucesión… Inerme, sin protección, Jorge Celestino Cruz Vázquez entró a la estadística como el primer periodista asesinado en el gobierno de Cuitláhuac García. De un disparo fue ultimado en La Bocanita, municipio de Actopan, Veracruz, la noche del viernes 2, luego de una serie de amenazas contra su persona, denuncias en el área judicial y una fallida y maquillada vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno morenista de Cuitláhuac García. Mal lo cuidó la SSP.

 No tenía protección permanente, sólo visitas y rondines, violentando así los protocolos de protección a periodistas que son norma obligatoria para cualquier autoridad. Indigna el artero ataque y la muerte del corresponsal del periódico Gráfico de Xalapa. Y más el enredo de la Secretaría de Seguridad intentando justificar su negligencia criminal. Y peor la aberrante declaración del gobernador de Veracruz: “no se le puede asignar un policía a cada periodista”. No, por supuesto. Pero sí a quienes denuncian alguna amenaza o se detecta que por su actividad profesional hay riesgo de vida. Qué bazofia de gobernador…

Y Fabián, el zar de las tiendas escolares, tiene pasado. Cuenta que entre ellos está Bartolomé Carrera, ligado al diesel marino, negocio que algunos derivaron en el huachicol —gasolina legal que tras ser mezclada con otros químicos, producía combustible adulterado— promovido por juniors y ad láteres, un Petróleo Ruiz, sirviendo por años a los Quintanilla incluido el juicio por las sentencias clonadas con las que se defraudaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal por una afectación de un predio que no pudieron acreditar su ubicación y que en realidad está medio río.

Así que Dos Ríos es un fraude con el sello de estos rufianes. O sea, el zar de las tiendas escolares, un yunista al que protege el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, tiene parientes con tufo a huachicol…

Tozudo e ignorante, Cuitláhuac juega ahora con los cárteles. El de Jalisco Nueva Generación, dice el gobernador, pactó con Yunes. Y los Zetas con Fidel y Duarte. Y entre todos, menos él, construyeron el infierno de droga, muerte, desaparecidos y fosas clandestinas, la violencia que abraza a Veracruz y se siente en la piel.

Sólo Cuitláhuac sería impoluto, inmaculado y recto. Sería Cuitláhuac sería inmune a los pactos.

Así lo pregona suponiendo que alguien le ha de creer.

“Se acabaron estos pactos —pregona el gobernador—. O se van hacia atrás o vamos por ellos. Y nosotros hemos hecho detenciones importantísimas. Hemos ido por los peces gordos”.

Casi un sheriff región 4, el “rookie” de Andrés Manuel no termina de entender que los capos son desechables y las organizaciones delictivas siguen su marcha, así caigan sus líderes y sus sicarios, infiltrando al aparato de poder.

Y se enreda balconeando a los cárteles que lo golpean y lo repliegan, le zarandean a la Fuerza Civil, la corretean y la humillan, levantando y ejecutando a hombres y mujeres por igual, extorsionando e incendiando antros y comercios, detonando una espiral de violencia descomunal.

Y el gobernador los combate a salivazos, con rollos y bravatas. O da palos de ciego con una Secretaría de Seguridad que no previene ni mantiene la paz.

Miguel Ángel Yunes Linares, punza Cuitláhuac García Jiménez, trabó un acuerdo con el Cártel Jalisco y así gobernó.

“Yunes pactaba con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los dejó actuar y el fiscal está encubriendo a personajes como El Lagarto, que pertenece a ese cartel”, reseña E-Veracruz.

Es la perorata diaria del “rookie” de López Obrador. El novato de la 4T vive en la fijación perenne de un yunismo fantasmal al que ve meterle zancadillas cuando el ex gobernador ni lo voltea a ver.

Morena, vía Cuitláhuac, gobierna a punta de destellos psiquiátricos, la compulsión obsesiva que lo hace ver a Yunes de mañana, tarde, noche y hasta en sueños.

Ha visto su fantasma de cabecera desde los días de campaña. Y los externa con actuación teatral.

Recuérdese aquel sublime video en que con el rostro descompuesto ubicaba a Yunes Linares, no en el ánimo del Cártel Jalisco sino en alianza con Los Zetas.

Azorada lo escuchaba una veintena de periodistas, soberbias las plumas de algunos, duartistas otros, serios sus rostros, petrificados sus gestos, mientras el aspirante a gobernador sentenciaba que Miguel Ángel Yunes había pactado.

“Yunes se asoció e hizo trato con delincuentes —expresó Cuitláhuac—. Tengo los datos que le di a Proceso y Proceso publicó una parte. Él estaba al mando de una banda de delincuentes que secuestran, que extorsionan, que roban ganado. Está en una carpeta de investigación que tiene la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales)”.

Y arremetía contra los candidatos en el sur: en Las Choapas, Renato Tronco y familia, zares de Las Choapas, a quienes les imputaba un amplio catálogo delictivo: robo de ganado —“y lo sostengo”—, trata de blanca, tráfico de migrantes, asaltos, extorsión.

“Yunes a quién planta y vean el hijo con quién está”.

Circularían entonces las fotografías de Fernando Yunes, hoy alcalde de Veracruz, en esos días senador, habiendo acudido a un evento en Cosoleacaque, sentado a la mesa con un invitado sin par: Hernán Martínez Zavaleta, el Comandante H, líder de la célula zeta en e sur.

No fue su invitado pero sí del cacique de Acayucan y San Juan Evangelista, Erasmo Vázquez Gonzalez, hermano del extinto Cirilo Vázquez Lagunes, ejecutado en noviembre de 2006, cuando Fidel Herrera gobernaba Veracruz.

Con él se sentó a la mesa y Fernando Yunes enfrentó el escándalo.

Invocaba por igual a Erick Lagos, ex secretario de Fidel Herrera, diputado local, líder del PRI estatal y luego operador de Yunes Linares en la zona de Acayucan.

Diría Cuit que podría citar 30 municipios en que “Yunes pactó con esos delincuentes”. O sea, zetas.

Y remató:

“A cambio de qué Los Zetas le dan información a Téllez (Marié, ex secretario de Seguridad Pública)”.

Lo que es la ignorancia. No dijo que se trató de una operación de la estuvo al tanto la Agencia de Investigación Criminal de la hoy Fiscalía General de la República.

Prometía que una vez en el gobierno de Veracruz aplicaría su plan integral. ¿Cuál? Ocho meses después los cárteles lo destrozan, le incendian los antros, lanzan bombas molotov, toman carreteras, rafaguean los cuarteles policíacos.

Y ahora cambia el guión. No son Los Zetas con los que habría pactado Yunes sino el Cártel Jalisco.

Qué fiasco de tejedor. Trenza los hilos de una trama criminal sobre dos hipótesis diametralmente opuestas.

Siendo gobernador, Yunes tuvo por lo menos tres momentos explosivos con el Cártel Jalisco:

Uno, cuando dispuso colocar anuncios espectaculares con los rostros de los capos, entre ellos Ricardo Pacheco Tello, alias El Quino, jefe máximo del CJNG en el sur del país, y los jóvenes que los instalaban en Boca del Río apenas si libraron los balazos.

Otro, cuando El Quino ordenó la ejecución del comisionado de la Policía Federal en Veracruz, Juan Camilo Castagné Velasco, y en respuesta fueron por él a Puebla, se enfrentó a elementos de la Marina y lo ultimaron.

Y uno más, al aparecer cuatro cuerpos desmembrados a las puertas del domicilio del ex secretario de Seguridad yunista, Jaime Téllez Marié, con una amenaza directa, proclamando la paz.

Y ahora dice Cuitláhuac que Yunes es del CJNG.

La clave está en sus aliados de la última elección. Fidel Herrera convirtió a Veracruz en el santuario de Los Zetas y Javier Duarte fue complaciente con el CJNG en su gobierno: los cinco jóvenes levantados en Tierra Blanca, el crimen del periodista Moisés Sánchez Cerezo, el posicionamiento de ese cártel replegando a Los Z.

Fidel y Duarte, aliados de Morena para echar a los Yunes del poder.

Ahí no hurga Cuitláhuac. Fidel y Duarte sentaron las bases del caos de inseguridad, el avance del crimen organizado, el aparato policíaco permeado, cooptado, entregado a la delincuencia.

Y si a Cuitláhuac García le constara que Yunes pactó, ¿por qué no denuncia ante la FGR?

Torpe, bruto, el gobernador se viene enredando en el tema de la inseguridad. Dice que a Veracruz lo permean seis cárteles que van desde los Zetas, Golfo y CJNG hasta células menores: Sombra, Sangre Nueva Zetas y huachicoleros. Y se suma El Cártel del Siglo, que se niega a reconocer.

Y ante ellos admite que carecer de “capacidad operativa”.

Juega, pues, Cuitláhuac García con el fuego que representan los cárteles.

Y el que juega con fuego se quema.

Archivo muerto

Cero y van ocho. Y el Peje en las mismas, llegando a Veracruz a recetar el trillado discurso de los buenos contra los malos, los liberales contra los fifís, la sobada retórica que ya duerme, vendiendo una Cuarta Transformación que no tiene para cuando arrancar. Ocho veces en Veracruz y el presidente sigue en campaña, denostando a un director del Coneval al que le imputa salario de 200 mi pesos al mes y horas después recibe la respuesta: ganaba 92 mil al mes y Hernández Licona envía a Andrés Manuel López Obrador a checar la nómina para salir de su error.

Por fin se acuerda el Dios Peje que existe Javier Duarte y lo usa para vaciarle el hígado al ex gobernador Miguel Ángel Yunes —el que lo llamaba “Loco” López Obrador en campaña— y expresar que había un corrupto en el gobierno estatal y fue sustituido por otro corrupto. ¿Y por qué sabiéndolo y estando obligado a enterar a la autoridad, no ha presentado denuncia alguna? AMLO se vuelve a dar un tiro en el pie.

A su lado tuvo a otro insigne de la corrupción: Cuitláhuac García, el novato no-doy-una que practica el nepotismo abusivo, las compras fraudulentas, el ocultamiento de información, la asignación de contratos sin licitación, y hasta una operación macro de adquisición de patrullas de policía en la que suena —y fuerte— un coyote de apellidos López Beltrán. ¿O no don Andrés?…

Muy callado, sigiloso, el caso Palacios Ortiz. Una semana a la sombra, tras las rejas, en el penal Duport Ostión, y los best-seller del periodismo local nada dicen del encarcelamiento de Armando Palacios Ortiz, ex director jurídico del ayuntamiento de Coatzacoalcos y ex delegado de Tránsito, acusado de usura y extorsión, según el expediente 788/2019, ya vinculado a proceso en el Juzgado Primero de Primera Instancia.

Lo acusa el abogado Héctor Ricárdez y difícilmente la librará. ¿Por qué la prensa bien enterada no publica una línea? ¿Por qué los columnistas compenetrados de los negocios de zetas y de otros malos en Duport, guardan silencio? Porque el billete cuenta y manda. Y así, del encarcelamiento de La Muñeca Palacios nadie quiere escribir una palabra. Pero el hecho ahí está…

Sobre los muertos, los levantados, el robo y el cobro de piso, se teje una campaña, la de Indira Rosales San Román. Incisiva, la senadora panista usa el tema crucial, la inseguridad, para hurgar en la herida del gobierno de Veracruz, el desdén de Cuitláhuac García al Senado, su negativa a informar en torno a la estrategia contra el crimen organizado, de la que nadie sabe si existe o que tenga algo de efectividad. Indira presiona desde el Senado, habla en las redes sociales y diserta. Y reclama seguridad para una sociedad que merece vivir en paz. Y detrás del video, la insana intención, el lucro, el balconeo, Indira al frente, Veracruz al fondo.

Sirve los miedos y la oleada de sangre para posicionar a Indira en el proyecto de la continuidad yunista, la alcaldía de Veracruz que hoy detenta Fernando Yunes Márquez y que el yunismo azul supone suya y de nadie más. Y por eso Morena va con todo, entablando alianzas con el panismo desplazado, con el fidelismo apaleado y con el duartismo que operó en 2018 para allegarle votos a Andrés Manuel López Obrador. Algo infame lo de Indira Rosales al proyectar su imagen sobre las cruces de los muertos y el dolor de los desaparecidos, la ira del que paga piso y la frustración del que vive en estado de terror…

Soñaba con las letras, vivía con la información y sentía la tinta correr por sus venas, retratando el suceso, el tema de interés, con redacción impecable, prosa puntillosa, aguda intención, ritmo y contundencia, construyendo historias y relatos que plasmó en incontables cuartillas para ser leídas, primero en papel periódico y luego en textos de internet. Fecunda su vida profesional, Natalio Bernal Amador pasó por los talleres del Sotavento, sufriendo con creces el aprendizaje hasta hacerse acreedor a un sitio en la redacción de La Extra.

Brincó tiempo después a Noticias de Oaxaca, en su filial de Coatzacoalcos, y pronto llegó a la corresponsalía de El Universal donde brilló. Ahí reflejaba los aconteceres del sur de Veracruz, las hazañas de los petroleros, la industria como generadora de progreso y trabajo, y también de contaminación; las disputas políticas entre el PRI y una incipiente oposición que soñaba con el poder, o la agresión a la sede priista que volvió loco a Edel Álvarez Peña, o la campanada del Frente Democrático Nacional en 1988, las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas, el discurso de Heberto Castillo, la impactante imagen de Manuel Clouthier, candidatos a los que entrevistó, gobernadores, alcaldes, diputados, líderes obreros, empresarios, todos descritos en notas y reportajes con estilo propio, muy suyo, de Natalio Bernal.

 Convivimos en Contacto y Diario 21, bajo la dirección de mi padre, Mussio Cárdenas Cruz, y en Contralínea, donde junto con Vicky Mejía realizamos realizamos amplios reportajes en la edición Veracruz. Luego habría de escribir Criterio Universal, su columna, su criterio personal, su título ideado como una evocación al periódico en que se proyectó y creció hasta alcanzar el espectro nacional bajo las órdenes de Roberto Rock y Juan Arvizu, en el ánimo y afecto de Francisco Cárdenas Cruz, autor de la columna Pulso Político, al que siempre admiró. Con ese nombre, Criterio Universal, fundó posteriormente el portal del mismo nombre.

Aquejado por una enfermedad que lo fue diezmando, su vista menguada, sus órganos afectados, incasable su lucha por sobrevivir, Natalio se nos adelantó el 12 de julio pasado. Se le recuerda como un periodista único, sin par, profundo conocedor del oficio, reconocido por la precisión de sus entradas y la contundencia en cada párrafo. A sus familiares, nuestra solidaridad.

Al amigo, la seguridad de que siempre permanecerá el recuerdo de tantas y tantas charlas en torno a sus dos pasiones: la política y el periodismo… Ocurrió en exclusiva residencia de Xalapa. Tres tragos adentro y la diputada sacó el demonio sexual que traía oculto.

Dirigió el ataque al colega pispireto, heredero del imperio Chedraui, vaciando eso que llaman pasión contenida en todititita su humanidad, asediándolo con besos y caricias, arrebatos y algo más. Pista 1: sucedió siendo diputada “por primera vez”. Pista 2: representó al sur sin ser nativa del sur. Pista 3: su adicción es brutal… A los de la APEC los tocamos en la próxima…

Su “amigo” Bermúdez cantó de más. Por algo, o cambio de algo, retrató a un Javier Duarte alterado, fuera de sí, grotesco, acorralado; un Javier Duarte instruyendo un acto criminal, ocultando evidencia, desapareciendo cuerpos, violando la ley.

Su “amigo” Bermúdez hizo, quizá con filo, quizá no, algo más. Acreditó el nexo entre el ex gobernador y la desaparición forzada, el vínculo de Duarte con un delito lesa humanidad.

Aquel 6 de junio de 2018, Arturo Bermúdez Zurita, el siniestro Capitán Tormenta, pecó de hablador. Y hundió a Duarte. Y hundió a todos.

Mostraba el rostro criminal del ex gobernador de Veracruz, el poder usado para revictimizar, el aparato oficial moviéndose en el lado oscuro, borrando las huellas del crimen perpetrado por el aparato de Seguridad Pública.

Bermúdez, el “amigo”, cantó ante la autoridad judicial y su canto fue letal.

Su declaración es elemento demoledor. Es testimonio y misil que implica a Javier Duarte con los muertos de La Aurora, 19 cuerpos hallados en la barranca aledaña a la Academia de Policía El Lencero, molidos a golpes, torturados, víctimas de la policía estatal. Y su orden fue sólo reconocer seis muertes. Y la instrucción expresa, precisa, de desaparecer los cuerpos de otros 13.

Típico caso de desaparición forzada en que la tortura ablanda a cualquiera y con la felpa descomunal se exprime información, o simplemente para callar al traidor.

Bermúdez, el siniestro secretario de Seguridad Pública del duartismo, habló en el curso de la indagatoria y su confesión fue grabada en video. Es el elemento sustantivo, letal, que acredita que Javier Duarte ordenó desaparecer los cuerpos.

Detalles de la declaración constan en la revista Proceso que el sábado 20 cimbró a Veracruz.

Duarte convoca, refiere Proceso. Asiste el secretario de Seguridad Pública, Bermúdez, y el entonces fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras. Escuchan  y acatan. Y se implican.

Cita el semanario de los Scherer:

La noche del 19 de enero de 2016, Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue convocado a Casa Veracruz. “Tenemos un pedo”, le dijo por teléfono su jefe, casi a gritos.

Llegó en menos de 15 minutos y con él arribó Luis Ángel Bravo Contreras, entonces fiscal general del estado. La reunión tenía el propósito de hacer un control de daños por los casos de desapariciones de personas.

“A ver, ¿cómo está el pedo ese de los cuerpos encontrados?”, preguntó Duarte en referencia al hallazgo de 19 cadáveres en la barranca La Aurora, dentro de la pequeña comunidad de Emiliano Zapata, justo frente a la Academia Estatal de Policía El Lencero.

Según Bermúdez Zurita, quien colaboró en la investigación, el gobernador ya estaba nervioso a causa de la desaparición de cinco jóvenes del municipio de Tierra Blanca, un caso en el que salió a relucir la participación de policías estatales.

De acuerdo con las indagatorias que años después realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por Jorge Winckler Ortiz, sucesor de Bravo Contreras, se trataba de una fosa clandestina que policías de la SSP utilizaban para ocultar cuerpos de víctimas de crímenes que ellos les atribuían a “miembros de la delincuencia organizada”.

Con base en esta información, consignada en el expediente 498/2018, el pasado 13 de mayo el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México determinó negar las medidas cautelares que promovió Javier Duarte contra una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los casos de desaparición forzada.

“¿Son los de Tierra Blanca?”, volvió a preguntar el gobernador, aquella noche de enero de 2016. Bravo Contreras negó con la cabeza y dijo: “No considero que sea viable que sean ellos; no tiene sentido que los hayan movido tan lejos”. Lo dedujo por los 200 kilómetros que separan a la comunidad de La Tinaja, municipio de Emiliano Zapata, de Tierra Blanca, en el sur del estado.

El gobernador de Veracruz estalló: “¡No se puede filtrar” esa información! ¿Por qué no se puede filtrar esa información? ¡Porque se haría un pedote! Ya traemos encima el tema de Tierra Blanca, con el que me están dando una madriza en los medios nacionales. ¡No puedo darme el lujo de un hallazgo masivo de cuerpos porque me van a partir la madre!”.

Cuando el fiscal Bravo le preguntó al gobernador cuál era su instrucción, recibió esta respuesta: “Ya hay una foto en los medios de comunicación, pero en ella sólo se ven cinco o seis cuerpos. A huevo que se tiene que reportar el hallazgo, pero no reportar los 15 y mucho menos los 30 cuerpos o todos los que estén en el lugar. Única y exclusivamente debemos reportar los que salen en la foto”.

Con esa orden, Bermúdez Zurita y Bravo Contreras ordenaron a cuatro funcionarios a su cargo que reportaran sólo seis cuerpos encontrados inicialmente en el vertedero. El resto fueron exhumados de manera clandestina, ocultados físicamente y borrados de los registros oficiales.

Al menos 15 colectivos que buscan a las personas desaparecidas en Veracruz consideran crucial el testimonio de Bermúdez. Sus declaraciones son parte de una lista de evidencias que el citado Juzgado Decimoprimero de Distrito, encabezado por el juez José Antonio Medina Gaona, juzgó válida para sobreseer la protección de la justicia que Duarte solicitó el 6 de junio del año pasado, en el juicio 498/2018.

Proceso cita los nombres de quienes operaron la desaparición: María del Rosario Zamora, fiscal de Investigaciones Ministeriales; Gilberto Aguirre Garza, director de Servicios Periciales; Carlota Zamudio Parroquín, delegada de la Policía Ministerial, y Eva Aquino Tamayo, fiscal de distrito.Y con ellos, elementos de la Fiscalía y de Seguridad Pública, encargados de desaparecer los cuerpos.

María del Rosario Zamora, alias La Chacala, fue la encargada de dirigir la operación. Se trenzó en una discusión con militares, a quienes les ordenó dejar de grabar cuando se recuperaron los cuerpos. También confiscó todos los teléfonos de quienes acudieron la barranca La Aurora.

Carlota Parroquín y Eva Aquino ordenaron la alteración de los registros y “por instrucción de arriba”, instruyeron la modificación de los informes iniciales. Eva Aquino coordinó las acciones de la Fuerza Civil, cuyos elementos retiraron y se llevaron los cadáveres.

Gilberto Aguirre reveló a funcionarios de la Fiscalía de Veracruz la instrucción de retirar los seis cuerpos que habían sido fotografiados un día antes. Entre ellos se hallaba el de un policía, David Lara Cruz, adscrito a la delegación de Acayucan, confrontado con el delegado. Fue remitido a la Academia de Policía a practicarse el examen de confianza y no se le volvió a ver.

Sus restos fueron sembrados en Santana, municipio de Alto Lucero, según el testimonio de Gilberto Aguirre. Sin embargo, el teléfono celular que usaba le fue entregado sin chip a un albañil que realizaba trabajos en la academia policial, y éste se lo dio a su esposa. Es esa una prueba demoledora contra Duarte y su pandilla.

Letal, el testimonio de Arturo Bermúdez electriza. Le pone el dedo a Duarte. Lo implica cono el autor intelectual del ocultamiento de cuerpos, la consumación de la desaparición forzada.

Duarte libra una batalla por anular la sentencia de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa, vía un juicio de amparo que derivó en la suspensión de la sentencia de manera temporal en tanto se verifica si las pruebas financieras de la Fiscalía General de la República tuvieron sustento legal.

Pero su dilema no está ahí. Su suerte está en manos del gobierno de Guatemala, que a solicitud de la FGR accedería a que en el proceso de extradición se adicione el delito de desaparición forzada.

Y a pasar el resto de su vida en prisión.

Y todo porque su “amigo” Bermúdez cantó.

Archivo muerto

¿Por qué a Rocío Nahle le apodan “la recaudadora”? Tiene que ver con sus acuerdos con priistas, con empresarios, los Quintanilla y un tal Guillermo Ibarra, socio del ex alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, y ex director de Infraestructura municipal, golpeador de ciudadanos que se acercaban a exigir sus derechos —caso Drago—, y uno más de apellido Cabrera, y con las “aportaciones” a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, una de ellas por 8 millones que se suponía redituaría un cargo en el IMSS que nunca llegó.

Los detalles, las trastadas de la “recaudadora del Dios Peje”, luego… Ni se extingue el secuestro ni amaina la violencia. Incontrolable, el crimen organizado vuelve por lo suyo, por las vidas a las que les fija precio. O se hacen sentir incendiando antros, lotes de autos, negocios y domicilios.

Si antes fue el Comandante H, alias Hernán Martínez Zavaleta, el zar del secuestro, el trasiego, el huachicol, y luego su cuñado Osiris, ya ejecutado, y El Pana y El Mamito, hoy la hegemonía mafiosa va cambiando de manos. Hay otros cárteles, los de Jalisco y Golfo. Hay delincuentes menores que se ostentan como cárteles. Y todos generan terror. Vive Coatzacoalcos días sombríos. Son arrojadas bombas molotov en el bar Mangos Beach.

Incendian el lote de autos de la avenida Independencia; estalla otra molotov en el negocio de cocinas integrales, vinculado al delegado de Tránsito, cuyo hermano sería director de la Policía Municipal y no aplicó justo cuando una ráfaga de ametralladora impactó cerca de la bodega de su empresa. Y también hay un objetivo específico: destruir aquello que huela a Hernán. No cambiaron el secuestro por el cobro de piso. Incendian negocios bajo control de las células zetas del Comandante H y eso presagia guerra a mayor escala. Coatzacoalcos es ahora el santuario de los ataques tipo Molotov…

Digno sátrapa, Sergio Guzmán quiere ser diputado y como alcalde es un caos. Digno acólito de Rocío Nahle, no pasa la prueba del ORFIS. De la cuenta pública de Agua Dulce en el ejercicio 2018, le señalan 72 inconsistencias y teniendo hasta el 17 de julio para solventarlas, no lo hizo.

No acreditó documentación de entrega de obras; recursos que fueron etiquetados para obras no se aplicaron ni regresaron a las arcas de la Federación; le hallaron irregularidades en depósitos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación por adeudos de la bursatilización de administraciones anteriores. Todo un fiasco el prospecto de Morena a diputado federal por Coatzacoalcos. Sergio Guzmán Ricárdez habrá de entender que no se gobierna con caprichos ni insania, ni soberbia, ni mañas, ni tretas.

Su gestión es la expresión más vil de la corrupción. Atestado de aviadores, el ayuntamiento soporta una carga financiera descomunal, agravada por la parentela en nómina, nepotismo en toda su expresión. Al Servicio de Administración Tributaria intentó burlarlo, reteniendo impuestos de trabajadores y haciéndolos humo en la declaración; adquirió uniformes de policía con sobreprecio; derrochó en fiestas y diversión, circo al pueblo, mientras construye calles de pésima calidad; oculta los estados financieros y los presenta a los ediles para firma cuando ya no hay tiempo para revisar su contenido. Se niega a realizar sesiones de cabildo.

Hoy enfrenta la realidad. ORFIS lo aprieta. Y no puede solventar las 72 inconsistencias. Y así Rocío Nahle pretende hacerlo diputado gangsteril… Un exceso verbal tiene a Roberto García Alonso en un dilema legal.

Lo denuncia el ex secretario de Gobierno del marcelismo, Víctor Rodríguez Gallegos, por señalamientos en torno a la empresa de grúas de los familiares del ex funcionario, ya cerrada, y afirmar que es un “negocio sucio como él”. Vía Facebook, García Alonso lanzó el señalamiento el 11 de abril pasado y apuntaba: “Lo que quieren es lana estos bandidos. Están cobrando lo que quieren”. El tema escaló y llegó al ámbito judicial.

Consigna la carpeta número UIPJ/DXXI/F7/1431/2019 tres citatorios a García Alonso, suscritos por el fiscal 7, Omar Pérez Hernández, para presentarse a declarar. Los tres los ha ignorado el ex funcionario yunista. Lo que sigue es el uso de la fuerza pública. García Alonso fue secretario de Gobierno del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Antes había sido director de Catastro en el gobierno de Guadalupe Porras David, en Minatitlán.

Su último cargo fue delegado de la Secretaría de Gobierno en el régimen yunista. A la par de ese caso, se realiza una investigación por parte de la Policía Cibernética de la Fiscalía General de la República, que ya ha identificado a los autores de portales y cuentas apócrifas en internet usados para enviar memes y lanzar ataques políticos. Algunos emplean apelativos como De la Cruz y Guerra, caretas de un operador del ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol al que en breve le resultará citatorio. Y van por otros más…

¿Quién ese integrante de la APEC, señalado —por ahora sólo señalado— de acoso sexual contra una joven dama emprendedora? Consta la evidencia en una conversación, vía red social, donde se describe el asedio, las propuestas, la insistencia, la presión del periodista a la empresaria, por cierto casada. En la reciente elección, ella sugirió un código de ética al que debieran sujetarse sus dirigentes. Su equipo lo sabe a detalle. Una pista: si no se llamara como se llama, se llamaría Ego…

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