Lunes, 21 de octubre de 2019

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Desde un principio dijo "Abrazos, no balazos"
Pablo Jair Ortega

Buenos Días Veracruz

La gota que derramo el vaso
David Varona Fuentes

Informe Rojo

Destino de Yunes: la cárcel
Mussio Cárdenas Arellano

@suntos de poder

México en manos de delincuencia organizada
Manuel Carvallo Carvallo

Columna Invitada

"Servir o servirse"
Columna Invitada

Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

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Mente vil la de Rocío Nahle, que marea a López Obrador con la refinería de Dos Bocas, desplaza a compañías de renombre, violenta leyes ambientales y maniobra con una licitación a modo que aterriza en los dominios del clan empresarial de su compadre nomber uan, Arturo Quintanilla Hayek.

Se deshace de firmas líderes en el ámbito petrolero con un ardid ad hoc, aduciendo que en la Cuarta Transformación no hay acceso a empresas vinculadas a la corrupción.

Dirige luego una licitación por invitación restringida. Y convoca a cuatro consorcios sin mancha —según presumía—, los más prestigiados en construcción de refinerías, mínimo 100 cada una, con altos estándares de calidad.

Limpias a medias, pues de inmediato se sabrían de acusaciones y juicios contra Bechtel, Worley Parson & Jacobs, Technip y KBR, subsidiaria ésta de Halliburton y con negocios con Odebrecht, por pago de sobornos para adjudicarse obras en varios países y para evitar fallos judiciales en contra tuvieron que indemnizar.

A los cuatro les exigía la secretaria de Energía de la 4T garantizar costos bajos y tiempo récord en la construcción: tres años y no más de 8 mil millones de dólares. Y ahí terminó el sueño.

Pretendían cláusulas en el contrato que permitiera ampliar el período de construcción y el ajuste en el presupuesto. Nahle se negó. Y las cuatro firmas dejaron el proyecto.

Y ahí se armó el negocio.

Va la refinería con un consorcio Grupo Huerta Madre creado al vapor, con una firma holandesa —Van Oord, experta en dragado—, otras dos del estado de Tabasco y una de Coatzacoalcos, Veracruz, la del clan del compadre de la secretaria de Energía, Arturo Quintanilla Hayek.

Sin experiencia en construcción de refinerías, Grupo Huerta Madre se constituyó el 17 de mayo de 2019. Una semana después, el 24 de mayo, se le adjudicó el proyecto cumbre del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Arrancó el 2 de junio. Inicia sin permisos ambientales que nadie le puede negar. Víctor Toledo, titular de la Secretaría de la Medio Ambiente y Recursos Naturales tras la salida de Josefa González Blanco, es servil al Dios Peje, obsequioso y casado a ciegas con la Cuarta Transformación.

Arranca Dos Bocas con una impugnación a cuestas, la de Boskalis Marine Contracting and Offshore Services, Boskalis International, Caba Servicios de Personal, Gama Ingeniería e Instalaciones y Mexicana de Dragados, el otro consorcio que demanda se expliquen los criterios para la asignación del contrato y la “suficiencia técnica”.

Los venció Huerta Madre, integrado por empresas dedicadas a la comercialización de productos lácteos, hortalizas, frutas, obra civil, yuna implicada en un fraude a Pemex por trabajos de remediación. Un consorcio creado al vapor y vinculado a la secretaria de Energía.

Una de las empresas que lo conforman, Construcciones y Reparaciones del Sur, S.A. de C.V., es el punto clave, con historial turbio y nexos con el círculo favorecido por Rocío Nahle.

Su propietario, Juan Carlos Fong Cortés, fue tema de escándalo en 2005 tras descubrirse que la remediación del río Coatzacoalcos, inundado en su parte baja de petróleo crudo, producto de la rotura del ducto Nuevo Teapa-Poza Rica, a la altura de Nanchital, Veracruz, ocurrido el 22 de diciembre de 2004, fue una farsa.

Junto con seis compañías, urdió un fraude en dos sentidos: embolsar el petróleo recuperado y sepultarlo en las playas de Villa Allende, congregación de Coatzacoalcos, y aplicar sobreprecios en facturas de dudosa autenticidad.

Todo iba bien hasta que la naturaleza irrumpió. Un norte severo provocó marejada y vientos sobre la playa de Villa Allende, y ahí se dio el hallazgo. Quedaron al descubierto miles de costalillas de plástico conteniendo el petróleo que debió ser reintegrado a Pemex.

Meses después la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal inició una investigación sobre las siete compañías: Saint Martín y Lico Ambiental, ambas de Juan de Dios Saint Martin y hermanos; ADT Petroservicios, del narco empresario Francisco Colorado Cessa, lavador de Los Zetas, condenado a 20 años de prisión y supuestamente muerto a causa de un infarto mientras apelaba la sentencia; Aquapress, Garner Servicios Ambientales, Grupo Preservare y Construcciones y Reparaciones del Sur, y las sancionó (Ver revista Contralínea).

Pemex las contrató por un monto de 558 millones de pesos y al final les pagó mil 623 millones. Sin embargo, la aseguradora GNP Charles Taylor Energy “sostiene que el costo real de los trabajos es de 293 millones 275 mil pesos, por lo que el quebranto asciende a 1 mil 330 millones de pesos, y le notificó a la petrolera que sólo cubrirá el costo real del accidente”, según reportaje de Ana Lilia Pérez.

Siete compañías remediadoras y siete funcionarios de Pemex fueron sancionados, ellas inhabilitadas. Y aún así Pemex no dejó de asignarles contratos.

Eran los privilegios del Pemex de la mafia del poder, que de la mano de Rocío Nahle vuelven por su rebanada de corrupción.

Construcciones y Reparaciones del Sur —agrega Ana Lilia Pérez— cobró 259 millones 529 mil 249 pesos “pero le correspondían sólo 23 millones 997 mil 23 pesos; es decir, cobró 1 mil veces lo que le correspondía. Según la SFP, defraudó a Pemex por 235 millones 552 mil 249 pesos. El 10 de diciembre de 2009, la inhabilitó por un año seis meses para contratarse con el gobierno federal a partir del 19 de diciembre, pero los funcionarios de Pemex contravinieron la normatividad al permitirle concursar la licitación 18575062-027-09, convocada por PEP en enero pasado, para construir un gasoducto del tramo Batería Luna- Batería Pijije”.

En marzo de 2010 obtuvo un tribunal federal de justicia fiscal le concedió una suspensión provisional para continuar recibiendo contratos de Pemex, refiere Ana Lilia Pérez.

Sin experiencia en temas petroleros, la Semarnat le concedió en 2005 un permiso para tratar suelos contaminados con vigencia de cinco años.
A partir de ahí le llovió la fortuna: rehabilitación de una red de contraincencio en el puerto de abastecimiento y almacenamiento, modificación del trazo del poliducto Poza Rica-Azcapotzalco, rehabilitar anomalías en los ductos del activo Macuspac, sustituir y ordenar infraestructura de transporte de hidrocarburos (Ana Lilia Pérez).

Senadores como Carlos Sotelo, del Partido de la Revolución Democrática, planteó investigar a empresas defraudadoras de Pemex, el 12 de mayo de 2010. Nada ocurrió.

Otros reportes citan, por ejemplo, la licitación TLC 18575106-529-13 para construir infraestructura en obras del sur. Por ese contrato Construcciones y Reparaciones del Sur se adjudicó 329 millones 350 mil pesos. El fallo fue otorgado el 20 de enero de 2014.

Ahora construirá la refinería de Dos Bocas, junto con una empresa con giro de frutas, hortalizas y lácteos, y otras de obra civil. Y se embolsarán 5 mil millones de pesos de los 8 mil millones a invertir.

Sobre la empresa de Juan Carlos Fong pesan diversas inhabilitaciones. Según reportes del gobierno federal, en 2011 tenía esa condición y el 15 de julio de 2015 igual.

El 16 de noviembre de 2017, la Agencia de Seguridad, Energía yAmbiente le concedió un permiso para manejo de recursos peligrosos modalidad Suelos Contaminados (SEMARNAT 07-033-G).

Su nexo con el clan de Arturo Quintanilla Hayek se establece con la compra de un terreno de 39 hectáreas en Coatzacoalcos, producto del remate de bienes de Banco Unión, que se había declarado en quiebra.

Según reporte del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el 16 de junio de 2006, Quintanilla y Fong participaron en la puja por el predio. Y junto a ellos, Construcciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V.

Ganó Quintanilla, quien ofreció 6 millones 250 mil pesos, mientras que Fong propuso 5 millones 545 mil. Toda una treta.

En 2016, la invasión del predio dejó al descubierto que la mancuerna Quintanilla-Fong existe. Juntos se ostentaron con dueños y denunciaron al secretario de Gobierno municipal, Oliver Damas de los Santos, hoy regidor del ayuntamiento, a quien le libraron una orden de aprehensión y tuvo que ampararse.

Arturo Quintanilla es un acaudalado empresario y proveedor de Pemex, abastecedor de herramienta especializada, distribuidor de la marca HyTorc, con contratos que se cuentan en cientos de millones de pesos.

Con Arturo Quintanilla, Rocío Nahle es sumamente generosa. Es su compadre. Y al compadre lo que pida.

Así le concedió la instalación de una planta procesadora de basura en un predio en litigio en el municipio de Chinameca, que provocó el rechazo social y un ultimátum al gobernador Cuitláhuac García. “La basura de Coatzacoalcos, a Coatzacoalcos”, le sentenciaron. Y se tuvo que marchar.

Hoy, Rocío Nahle maniobra, excluye empresas especialistas en construcción de refinerías, declara desierta la licitación, convoca a compañías nuevas y le asigna el contrato al consorcio donde milita el socio de su compadre nomber uan, Arturo Quintanilla Hayek.
Mente vil la de Rocío Nahle y Andrés Manuel hablando de honestidad.

Archivo muerto

Su abuela, cuenta Cuitláhuac García, podría explicar el origen del nepotismo en el gobierno de Veracruz, pero ya está muerta. Y él no la va a juzgar, menos entrometerse en su vida privada. Estilo Cri-Cri —¡¡di por qué, dime abuelita!!—, el gobernador suelta una insólita excusa.

Peor: una infame excusa. Vapuleado por el nepotismo descarado que se practica entre los suyos —su parentela y la de su pandilla—, la prensa lo cercó con un par de preguntas en el World Trade Center de Boca del Río. Y lo que surgió de sus labios dibuja, no a un gobernador en apuros sino a un remedo de aprendiz de gobernador que invoca a la abuelita incómoda para justificar que hijos, hermanos, primos, sobrinos, yernos, esposos, cuñados hayan realizado el asalto a la nómina del gobierno de Veracruz al más puro estilo de la mafia del poder. Aduce Cuitláhuac que ni él ni su pareja —¿cuál?—, ni alguien con los apellidos García y Jiménez de su familia, trabaja en el gobierno.

“Nepotismo de mi parte, no (…) Mi hermano mayor es neumólogo, mi cuñada también trabaja de manera privada, mi hermano trabaja en la Sinfónica de Xalapa, ejecuta la viola y tiene muchos años ahí”. De Eleazar Guerrero, el de los moches en la Secretaría de Finanzas y Planeación, se rehusa a explicar si en efecto es su primo o no. Todos saben que el papá de Cuitláhuac y el papá de Eleazar son primos; los García Durán y los Guerrero Durán . Que muchos de los descendientes de su célebre abuela se dicen primos. Eso “tendrán que averiguarlo” porque “tiene que ver con mi abuela”.

Vaya galimatías verbal que acrecentó el escándalo. Por supuesto, hay mal pensados que imaginaron que la abuelita le daba vuelo a la hilachita. Y a tanta insistencia, Cuitláhuac García terminó por mancillar la memoria de la abuela desconocida: “Estoy diciendo que mi abuela, ya dije que mi abuela, cómo me voy a meter en la vida privada de mi abuela”.

Pues que se meta porque el tema no sólo es de cinismo político sino de violación a la ley, rayando en la inmoralidad y el abuso de poder. Y al final el nepotismo sigue ahí. Secretarios, subsecretarios, diputadas, directores, jefes de oficina, la élite de Morena, se llevan el pastel y las migajas, saqueando el erario, incrustando a las rémoras familiares en cargos públicos como tanto se le criticó a los del PRI-AN…

Sea la encrucijada política, el desasosiego económico, las penurias sociales o los excesos políticos, la corrupción que domina y avanza, nada escapa al análisis profundo y puntual de José Emilio Cárdenas Escobosa. Ve lo que otros dejan pasar. Alerta y sacude.

Va diseccionando el fenómeno del ejercicio del poder y sus alcances y consecuencias. De su vasto conocimiento emerge el diagnóstico certero y soberbia reflexión. Forjado en las aulas, promedio de excelencia, curtido en la vida, posee el don de la amistad, el trato amable, la firmeza de las acciones y un compromiso ineludible con la sociedad de la que es actor central. Egresado de la Universidad Veracruzana, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, Emilio Cárdenas conoce las entrañas del sistema a fondo, desde las instituciones y desde la oposición.

El próximo jueves 13 asumirá la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, relevando a Sergio Vázquez, quien cumple su ciclo, y fiel a su esencia y a vínculo con la sociedad, será garante de la lucha contra la corrupción que corroe, daña y frena el desarrollo de nuestro Veracruz. Enhorabuena…

 Atos Tecnología no es el único accidente de corrupción en la vida de Víctor Manuel Carranza. ¿Le suena Aceros y Metales Villarreal? ¿Le suena Macario Vázquez? ¿Le suena Fernando del Castillo Ávila, el abogado representante de Grupo Vasilopoulos que denunció las tretas del hoy alcalde para batear empresas y echarlas de licitaciones en que participaban y favorecer a Aceros y Metales Villarreal, y finalmente ganarse una sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública que encubrió el trafique de favores? No sólo es esa. Hay más…

Allá, en el limbo de la Cuarta Transformación, el país de los sueños de Andrés Manuel, no hay influyentismo ni amiguismo ni nepotismo. En Veracruz y en Coatzacoalcos, sí.

Con cara de iluso, en los albores de su mandato, solía pregonar la gracia del voto, la sabiduría del pueblo, el poder convertido en virtud que habría de desterrar los vicios del PRI-AN, negando su reedición en los tiempos de López Obrador.

“No se va a permitir —expresó el 15 de febrero, segundo mes de su atropellado mandato— el influyentismo, amiguismo y nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”.

Ni el dispendio, ni el abuso, ni el atropello, ni la embestida de las mafias, ni la corrupción, ni el régimen de privilegios que conducen a la desigualdad.

Allá, en la otra dimensión, quizá.

Acá, en la realidad, los vicios siguen. Son signos de la Cuarta Decepción.

Cuitláhuac García, desgobernador de Veracruz, tiene a un primo en la Secretaría de Finanzas y Planeación, a una presunta media hermana en la Secretaría de Seguridad, y a los compañeros de juerga, amigos de la infancia, striper de juventud —Tarzan Boy o Zenyazen Escobar, secretario de Educación— e improvisados leales, leales pero torpes, torpes pero vivos.

Su diputada favorita, Rosalinda Galindo Silva —la más vil expresión de ignorancia hecha persona—, infestó la nómina del gobierno de Veracruz con tres hermanos: Esperanza en Radio y Televisión de Veracruz, Héctor en la Secretaría de Trabajo y Rafael como director de Fiscalización de Fondos Federales en la Contraloría estatal, junto a Leslie Mónica Garibo Puga, el adorno dark; sus hijas Nadia y Katia Alvarado Galindo —las paseadoras por estar en la nómina de la Secretaria de Turismo; un cuñado, José Ignacio Aguilar, como asesor en el Congreso estatal; el hermano de su cuñado, José de la Cruz, en Invivienda, así como amigos y recomendados. Su esposo, Juan de Dios Alvarado, es regidor en el ayuntamiento de Xalapa.

Su secretaria de Trabajo, Guadalupe Argüelles, una ex juez que se precia de violar la ley, no sólo desoyó el rollo del presidente López Obrador sino que le dio cargo ejecutivo a su hija, Quetzalli Cárdenas, aduciendo que le preguntó al gobernador y Cuitláhuac lo consintió. Y de paso incrustó al yerno, Antonio Martínez Zamora, y al sobrino, Nahúm Argüelles Lozano.

Su fiel confidente, Esteban Ramírez Zepeta, ya es jefe de la Oficina de Gobierno. Qué importa que sea un neófito, ignorante puro, con un desencajado perfil para quién debe ser tácitamente la voz y el poder del gobernador cuando se ausenta. Lo suyo, su prioridad, fue imponer a su hermano Guadalupe en la dirección de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, sede Las Choapas, y a su cuñado, Francisco Córdoba Montero, en el Tecnológico de Las Choapas.

Moisés Pérez Domínguez, subsecretario de Educación, practica su nepotismo con tres cartas: su hermano Nicolás en la Secretaría de Gobierno; su hermano Juan en la SEV, y su sobrina Diana Lizet Pérez, en la delegación de la SEV en Tantoyuca.

Al titular de Salud, Roberto Ramos Alor le atribuyen siete nombramientos de familiares, que él, como en el caso de las fotos ardientes, ha negado.

Y ahí permanecen. Hable en contra Andrés Manuel López Obrador o no, condene el nepotismo, sea una lacra política, nadie deja la nómina.

A todos los bendice Andrés Manuel. Y todos, por añadidura, son hijos de la virtud.

“Nepotismo no hay”, dice increpado y azuzado a definir y explicar qué ocurre en Veracruz.

“Nepotismo no hay”, expresa como autómata, este sábado 1, escuchando que Cuitláhuac tiene un primo, Eleazar Guerrero, y es el mandamás de la Secretaría de Finanzas y Planeación, acusado de agilizar pagos, liberar deuda duartista, a cambio de moches.

Pues nepotismo sí hay y en Coatzacoalcos Morena lo estimula.

Lo solapa y auspicia Víctor Carranza, alcalde funesto, político improvisado, hechura de la hoy secretaria de Energía, Rocío Nahle, que un día se equivoca y al otro viola la ley.

A su lado lleva a Agustín Jiménez Hernández, coordinador jurídico municipal, extraído de Petróleos Mexicanos, ingeniero de profesión, con carrera de abogado cursada en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, protagonista de yerros, de atropellos, de omisiones, de abusos a granel.

Su esposa Eva Ruth González Aguilar es parte de la Coordinación Jurídica y su representante en juicios civiles, como el número 1018/2018, en el que Eduardo Sánchez Macías, accionista en el consorcio de periódicos El Heraldo, en Veracruz, demandó a Agustín Jiménez por un adeudo.

Una solicitud de información, suscrita por Larissa Ocampo Aguirre bajo el número de folio 00257619, evidencia la cerrazón para explicar el nepotismo en el ayuntamiento de Coatzacoalcos.

“¿Es permitido —cuestiona— que en la coordinación jurídica del ayuntamiento de Coatzacoalcos Veracruz trabaje como titular Agustín Jiménez Hernández y su esposa Eva Ruth González Aguilar? ¿Quien realizo la contratación de estas dos personas como servidores públicos y autorizó la asignación de ambos a la misma Coordinación Jurídica? ¿Cuál es el salario de estos servidores públicos? ¿El Presidente Municipal, la Dirección de Recursos Humanos, y Contraloría del municipio tienen conocimiento de el estado civil existente entre estos dos matrimonios? Cuál es el curriculum vitae presentado por estas cuatro personas para su contratación ante la Dirección de Recursos Humanos del ayuntamiento de Coatzacoalcos?”.

La respuesta es evasiva. Nada le dicen de la relación matrimonial entre Agustín Jiménez y Eva Ruth González, pese a ser pública y difundida en redes sociales. Parcialmente lo hace respecto a otra pareja, integrada por el titular de la Unidad de Transparencia, Israel Roque Mena, y Karla Robles Valdés, desestimando oficialmente que se trate de su esposa formal.

En un extenso documento, Larissa Ocampo cuestiona la información amañada y parcial. Refiere un caso más, el de Ingrid Coral Torres Pérez, encargada del manejo de la caja chica de la Coordinación Jurídica, quien se ostentara como “licenciada” desde el inicio de la administración sin serlo.

Según Larissa Ocampo, Ingrid Coral Torres ingresó al ayuntamiento “por su relación de concubinato con el secretario particular del alcalde, el Lic. Ángel Echavarria”.

Coral Torres se ostentaba como licenciada desde que Morena llegó al ayuntamiento de Coatzacoalcos, en enero de 2018. Así lo muestra un gafete que se exhibe como evidencia. Sin embargo, en ese entonces no aparecía en el Registro Nacional de Profesionistas. Vino a acreditarse su condición de abogada el 24 de agosto de 2018. Obvio, hubo usurpación de profesión.

Enumera otros detalles: el uso de viáticos en la Coordinación Jurídica, asumir funciones de la extinta Dirección de Alcoholes, que sirven para extorsionar a antros, bares, cantinas y depósitos de licor y cerveza pero que no corresponden al área jurídica; ocultar información sobre viajes de Agustín Jiménez durante 2018 y 2019.

Otros casos de nepotismo son protagonizados por el alcalde Carranza, la síndica Yazmín Martínez Irigoyen, la regidora Fabiani Cueto Salinas, las tres hermanas Ortiz Carrillo, los hermanos Hansel y Gretel Torea, los Pulido, los Opazo, los Chesty, los Echavarría.

Hijos del nepotismo, si ven que Cuitláhuac García lo solapa, en los ayuntamientos de Morena se auspicia la designación de familiares de funcionarios en diversos cargos.

Azorado, Andrés Manuel toca Veracruz y escucha voces que reclaman el nepotismo del gobernador, diputados y alcaldes de Morena. Y azorado alcanza a decir que “nepotismo no hay”.

Ofrece un memorándum que aplaque el abuso, las lacras de la política, el amiguismo, el influyentismo, los vicios que vienen de atrás y repiten los de la Cuarta Transformación.

Olvida algo: un memorándum de AMLO tiene peso sobre el gobierno federal. No vincula a los poderes de los estados.

Así es el rollo del Peje.

Archivo muerto

“Miente, miente, miente el presidente”, gritan los antorchistas increpando a López Obrador. “Miente”, le dicen en Coatepec por alusiones personales.

“Miente”, le vuelven a decir en Yanga, usando las arengas que tanto empleó en su discurso incendiario de los tiempos en que Andrés Manuel era feroz opositor. Les imputa que siempre fueron los líderes de organizaciones los beneficiarios de los apoyos y eso terminó.

“Nada que son de la organización Emiliano Zapata o de Antorcha Mundial, no habrá apoyos por intermediarios”, les suelta el presidente y prende la chispa.

“Miente, miente”, le vuelven a corear mientras López Obrador insiste en los apoyos a cañeros y cafeticultores, pero de manera individual. Dos días en Veracruz y la gallera se enciende. Samuel Aguirre y Minerva Baca, esposos y dueños de Antorcha Campesina, envían a sus huestes a increpar y enlodar la gira presidencial. Y el Dios Peje vuelve a la treta de la consulta popular. Que los dirigentes de las organizaciones reciban los apoyos, pregunta. Y la respuesta es “no”.

Nefastos, serviles al PRI y a sus caciques, Samuel Aguirre y Minerva Baca usaron el ataque, la invasión de predios, el asedio a los rivales de sus patrones, la agresión a quien los enfrentara. Y esta vez le tocó a AMLO. “Miente, miente, miente el presidente”, le corearon por dos días y nadie, ni Cuitláhuac García, el gober bufón, ni Eric Patrocinio Cisneros, el secretario de desgobierno, lo pudo impedir. Imperdonable que un gobernador permita semejante afrenta al presidente que dice respetar. Así de jodido el control…

Muy 4T, Roberto Ramos Alor ve impoluto y puro el trafique de contratos en el sector salud. Es “circo montado” —dice— la asignación directa, la compra de medicamentos a Abisalud por 36 millones de pesos, al morenista Carlos Lomelí, superdelegado del gobierno federal en Jalisco.

Y asume ser quien decidió la adquisición bajo el argumento de la entrega inmediata del producto cuando que otras empresas sólo se comprometían a realizarlo en un plazo de dos meses.

Circo montado el de su patriarca, Andrés Manuel López Obrador, que por años denostara a la runfla neoliberal por otorgar contratos a proveedores, constructores y prestadores de servicios, burlando licitaciones, entregándolas a cómplices, y el Dios Peje incurre en lo mismo que antes condenó. Con el ADN priista, Morena y AMLO repite los vicios y transas que dimensionaron la corrupción en los tiempos de su —¿odiado?— PRI-AN. Montaje no.

El secretario de Salud de Veracruz soslaya el tráfico de influencias y el conflicto de interés. Carlos Lomelí fue candidato de Morena —perdedor— en Jalisco, y ahora es superdelegado del gobierno federal. O sea, la voz y la mano de López Obrador en aquella entidad donde también vende insumos para la salud. O sea, juez y parte. O sea, corrupción por donde se le quiera ver. Y Ramos Alor ve la transa como un acto de fe… Hervidero de bribones, la Policía Municipal de Coatzacoalcos ya acusa signos de pudrición. Primero, que un elemento rebelde encabece un motín y luego sea encargado de la corporación.

Luego la detención de dos jóvenes, no en la vía pública sino en el estacionamiento de un Oxxo, sean detenidos por falsa violación al Bando de Policía, golpeados, encarcelados y multados sin culpa alguna. Y ahora las quejas y denuncias de mujeres policías que acusan hostigamiento y maltrato, producto de la misoginia de sus superiores. Mujeres policías que son sobajadas hasta el límite porque su plaza tiene precio y alguien más lo puede pagar.

Aquel motín a las puertas del ex penal de Palma Sola no fue un acto casual. Lo encabezó Omar Berdón Arrés y sirvió para golpear al director, almirante Víctor Colorado, hasta forzar su salida de la corporación. Un rufián que se rebela, que increpa a superiores, que desoye instrucciones, y es la pieza del alcalde Víctor Manuel Carranza para dirigir la Policía Municipal. Cualquier parecido con la delincuencia no es mera coincidencia, es la realidad… Miguel Ángel Chaires Coria se inscribe en el próximo gobierno de Puebla.

Irá al área de seguridad, muy cercano al futuro gobernador Luis Miguel Barbosa y a quienes serán los enlaces con el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Chaires Coria, ex perredista, amigo cercano del hoy presidente de México, con raíces en tierra poblana, realizó una intensa labor en los días previos a la elección extraordinaria y el día de jornada electoral. Sábese que bajo su responsabilidad estará la seguridad en la zona de Puebla que colina con el estado de Veracruz…

Que el bono a los ediles se plantea en dos categorías: los que se portan bien, sumisos y cómplices, 500 mil; los que increpan, se rebelan y cuestionan las arbitrariedades y torpezas del presidente municipal de Coatzacoalcos, 250 mil.

Y todo saldrá de los 100 millones de pesos rescatados, participaciones federales que Javier Duarte retuvo, se robó y que finalmente la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación entregó. De esa partida, nada dice el alcalde Carranza. Juvenal Patiño, regidor del PAN, sostiene que no se ha determinado en qué se usará.

Trasciende en Tesorería que el dinero es como los atletas de alto rendimiento: suda que suda y genera intereses, la mitad en la cuenta bancaria de una irrespetable dama, persignada, católica, farsante, que conoce de sobra al edil… ¿Quién es ese funcionario del ayuntamiento de Coatzacoalcos que hace algunos años secuestró a una dama, esposa de un médico, la desnudó, la ató a una silla y la fotografió? Una pista: hará un par de meses viajó con el alcalde Víctor Carranza y su esposa en el mismo avión…

Fino truhán, Víctor Carranza recibió 100 millones de pesos, parte del robo de Javier Duarte a Coatzacoalcos, y fuera del bono prometido a ediles y corifeos, nada se sabe de su destino.

Oficialmente no hay obra programada ni inversión con el producto de dinero liberado por la Procuraduría Fiscal del gobierno de Veracruz, tras dos años y medio de litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Oficialmente sólo alardes de mejora en escuelas, remiendos y parches, “sistema de drenaje y también para el rubro de Seguridad Pública”, según el comunicado emitido por el ayuntamiento, el pasado 29 de abril. Pero del verbo no trasciende a más.

De 160 millones de pesos retenidos por Javier Duarte de Ochoa, robo de participaciones federales preparado a mansalva, y una retención de recursos a manos de Flavino Ríos Alvarado, quien lo sucedió en el cargo y le facilitó la huida de Veracruz, sólo se rescató una fracción.

Omiso y cómplice, Joaquín Caballero Rosiñol solía ser dócil y sumiso ante la rapacidad de Javier Duarte. Y así dejó pasar la retención de recursos de origen federal.

A inicios de 2016, definiendo el PRI las listas de candidatos a diputados locales, un episodio marcó la suerte de Caballero. Le llaman “El Pingüino”.

Atraído con engaños, el entonces alcalde arribó a Boca del Río. Se dirigió a un departamento de lujo y ahí aguardó. Duarte lo vio unos segundos e instruyó trasladarlo a una pieza especial.

Una hora después, frío y amoratado, Joaquín Caballero escuchaba una andanada verbal. Que si cómo se fraguó su candidatura, el financiamiento, su origen ilegal. Que si sus tiempos en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, negocios desde el primer día, la mano de sus amigos en contratos de obra, venta de productos y servicios. Una oda a la corrupción.

Alineado, sometido, advertido que con sólo chasquear los dedos Javier Duarte lo enviaría a prisión, Caballero optó por callar y aguantar.

Dejó “El Pingüino” el departamento de lujo y volvió al redil, permitiendo a Duarte robar las participaciones federales de Coatzacoalcos con toda impunidad.

Vino a resollar en los días en que la desgracia política alcanzó a Javier Duarte, y que Veracruz entero lo festejó.

Huyendo de la justicia, Javier Duarte abdicó el 12 de octubre de 2016. Lo sucedió en el cargo Flavino Ríos y el saqueó siguió.

Retenidas las últimas participaciones de aquel sexenio, insurrectos los alcaldes del PRD y PAN, que tomaron el palacio de gobierno de Veracruz, la manada priista tomó la vía suave midiendo los alcances de la persecución a Duarte y el riesgo de conocerse qué nivel de complicidad los unía.

Hacia los últimos días de noviembre de 2016, Joaquín Caballero interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No denunció a Javier Duarte en la vía penal. Sabía “El Pingüino” lo que podía detonar.

Dos años y medio después, la Procuraduría Fiscal el gobierno de Cuitláhuac García reintegra a Coatzacoalcos 100 de los 160 millones retenidos ilegalmente por Javier Duarte a Veracruz.

A su paso por el gobierno estatal, Miguel Ángel Yunes Linares no resarció los recursos y los litigios continuaron hasta cumplir sus dos años de gestión.

Ante la procuradora Delia González Cobos, el 29 de abril, Víctor Carranza suscribió el documento que culminaba las gestiones de la síndica Yazmín Martínez Irigoyen, recuperando los 100 millones correspondientes a parte de los Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Así se dio cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, derivada de la controversia constitucional 122/2016.

Pero un mes después, reina la opacidad en las finanzas municipales. No se transparenta su uso. No explica a detalle el alcalde cómo lo aplica, en qué rubros, con qué alcances. Peor: no esclarece en qué cuentas bancarias del ayuntamiento se hallan.

A cambio, se cocina el pago de un bono extraordinario para ediles y funcionarios de alto nivel. La cifra: 500 mil pesos a cada uno de los 15 integrantes del cabildo de Coatzacoalcos y una cantidad menor para la pandilla de Carranza. Algo así como 10 millones de pesos.

Bajo la mesa, en corto, integrantes del cabildo, confían la versión, expresan sus reservas y evalúan lo inviable de repartir un bono cuando Coatzacoalcos se halla estancado, tras un primer año de gobierno perdido y el impacto que tendría en la población que se postergue el desarrollo del municipio mientras se premia a los ediles por callar.

“Es para tenerlos controlados”, revela otra fuente allegada al cabildo de Coatzacoalcos.

No es nueva la asignación de bonos en los ayuntamientos de Veracruz. Anteriormente los había trimestrales y anuales. Y cumplían con la función de control político.

De los más escandalosos, los que repartía el ex alcalde priista Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— y que sirvieron de nada cuando trascendió un sobregiro de 204 millones de pesos en 2012 —aquí revelado en exclusiva—, producto de los gastos demenciales de promoción de imagen de la entonces primera dama, Guadalupe Félix Porras, alias Lu-pilla.

Su mentor, Marcelo Montiel Montiel, ejercía el poder sin ediles de su grupo político. Los priistas eran propuestos por organizaciones y sectores del tricolor. A ellos y a los regidores de oposición los premiaba con suculentos bonos. Y los hacía suyos.

Con Joaquín Caballero, el bono fue sustituido por dádivas, préstamos personales con cargo al erario, cubiertos no con dinero sino con facturas que ingresaban a la contabilidad. O viajes o negocios al amparo del poder.

Lo de Carranza es grotesco.

Vapuleado por todos, con un cabildo dividido, con una obra pública infame, su programa de alumbrado con proveedores con sello de López Obrador, o paisanos del presidente de México, desliza el resurgimiento del bono de medio año, el bono de verano. Y el rechazo es parcial. Hay ediles que lo quieren, hay ediles que no.

Un mes después de recuperar los 100 millones robados por Javier Duarte, integrantes del cabildo reprueban la opacidad, no saber cómo se emplean los recursos de origen federal, ni en qué cuenta bancaria del ayuntamiento se encuentran.

¿Cómo era? No mentir, no robar.

Archivo muerto

Practicante del trapecio, Enrique Nachón salta del duartismo al yunismo y a Morena. Y del servicio público al reclamo social y de la omisión a la corrupción. Llega a la Secretaría de Desarrollo Económico y Pesquero de rebote. Ricardo Ahued deja la senaduría y se va a la Dirección de Aduanas en el gobierno federal. Su escaño lo ocupará Pérez Astorga, quedando acéfala la SEDECOP. A ella arriba como encargado Enrique de Jesús Nachón García, hasta entonces subsecretario de Promoción y Apoyo a la Industria, y finalmente es confirmado en el cargo.

A las órdenes de Javier Duarte, ocupó la gerencia de Invivienda desde donde cubrió las trapacerías de Manuel Barclay Galindo, incluido el despojo de la reserva territorial de Coatzacoalcos que Fidel Herrera entregara a Jesús Antonio Macías Yazegey, alias “El suegro incómodo” de Duarte. Con Miguel Ángel Yunes Linares continuó en Invivienda, impidiendo que la reserva robada volviera a poder del gobierno y que se cumpliera la palabra de MAYL de aplicársela a Tony Macías. Con Yunes como jefe, Nachón cuidó los intereses de Fidel y Duarte y el yunismo se lo permitió y solapó. Hoy vuelve al primer plano. Hoy, desde la SEDECOP, se cumple el pacto de impunidad del PRI y Morena. Vitacilina para los duartichairos…

A falta de brújula, Cuitláhuac García brinda un show nuevo, el de las denuncias y la estridencia, el fraude y el desvío de recursos públicos que le imputa a Duarte y a Yunes, en lo educativo, y a Yunes y a su equipo cercano en el tema del sistema de videocámaras del área de Seguridad Pública.

De 2010 a 2018, refiere la denuncia, Espacios Educativos destinó recursos a la construcción de escuelas que no se concluyeron o se sospecha se inflaron los costos.

Del sistema de videocámaras, el gobierno de Veracruz imputa a Miguel Ángel Yunes Linares un fraude de mil millones de pesos, derivado de una interconexión de señal a medias, sólo una parte de los equipos funcionando y tiempos rebasados por parte de la empresa contratista. Sabe Cuitláhuac que a la contratista el área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública le bloqueó el acceso en enero pasado y eso impide proseguir con los trabajos, y eso le genera responsabilidad.

Ambas denuncias corren en la Fiscalía General de la República por su naturaleza obradorista. No da una en su encargo, inactivo, sin una acción medianamente digna, y a cambio dilapida sus tiempos entre el pretexto infame, su espíritu de payaso y la mímica ante preguntas incómodas, y la fijación obsesiva de que el caos de la inseguridad y violencia no pasan por la responsabilidad de Seguridad Pública sino el fiscal Jorge Winckler.

A falta de brújula, Veracruz al garete, que venga el show de las denuncias. Si con eso se frenara tanto levantón, secuestros, extorsión, feminicidios, linchamientos, violencia de los cárteles, Veracruz vería la luz.

Pero la miseria mental sólo atrae miseria moral… Vapuleado el yunismo azul, desarticulado, ve menguar su influencia en el panismo. Lo rebasa sutilmente Julen Rementería, senador que se trenza con Morena, que lidera las batallas cruciales, que roba cámara en las audiencias del Senado con aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía, que denuncia la compra fraudulenta de patrullas de policía, que le augura a Andrés Manuel López Obrador que no estará en la boleta en 2021 con su proyecto de revocación de mandato, que noquea a Cuitláhuac García con la adquisición de medicamentos por 36 millones al proveedor favorito del Dios Peje sin licitación.

Cosecha Julen los descuidos del yunismo azul, la inacción de sus operadores, alcaldes como el de Boca del Río, Alonso Moreli, que seduce al gobernador Cuitláhuac García y se comienza a cuartear, los escándalos judiciales que pronto los Van a envolver. Y los Yunes azules en el letargo, creyendo que los sueños de poder son eternos, sin advertir que la pesadilla está por comenzar.

Julen Rementería, por lo pronto, es la figura del PAN… “A mí no me doblega un tribunal de quinta”, decía el alcalde y horas después se hincó. Apercibido por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), Víctor Manuel Carranza Rosaldo sabe que es la cabeza del tesorero municipal o la suya.

Le ordena el TEJAV la destitución de Mario Humberto Pintos Guillén por desacato, por incumplir con el pago a la empresa Servicios Industriales EMA, por su rebeldía y altivez, y el edil, muy ufano, decía que el tribunal se la iba a… Pues fue al revés. Desatado el escándalo —que aquí surgió—, hasta sus más conspicuos secuaces lo conminaron a pagar. Eusebia Cortés, la regidora de las sandeces, prefirió callar. Benito Soriano, que sistemáticamente bloqueaba todo intento de pago a proveedores, ahora cuenta que los juicios serán saldados. Funcionarios de Tesorería municipal de Coatzacoalcos pugnan por el cumplimiento de las sentencias. Y al final, aquel “tribunal de quinta”, como pregonaba el infame alcalde, lo reventó. Un ayuntamiento no es Pemex. Un ayuntamiento es un aparador.

En Pemex la corrupción se ejerce y se encubre. En el ayuntamiento, lo que se hace, se paga. Y un desacato a un tribunal se persigue aún cuando haya concluido la gestión. Si Víctor Carranza desafía, como pregona que lo volverá a hacer, tarde o temprano lo recordará desde una fría y olvidada prisión. Y en cosa de horas llegará la segunda sentencia, ordenando el TEJAV la destitución del tesorero municipal.

Hasta que la destitución sea la del presidente municipal de Coatzacoalcos… Ninguneado, Pulgoso Lagunes se encrespa porque Marlon Ramírez llegó a Coatzacoalcos y no lo fumó. Con lenguaje soez, muy suyo, reclamaba vía Whatsapp al priista José Luis Utrera el desaire de tratarlo como lo que es, Don Nadie. “Mira José Luis Utrera —refería Federico Lagunes Peña, director de municipiossur.com—.

Tú y Marlon vayanse a la v… Que sus boletines y fotitos que se los publiquen los medios que hoy visitaron, medios que nunca los han apoyado. Si a municipiosur.com no lo agendaron en sus visitas de hoy a varios medios, pues no tengo porqué ayudarlos. Hoy les publique su jodida rueda de prensa en el ‘Colonial’ y no tuvieron la humildad para decir ‘gracias’, si así son de cule…os, pues vayanse a la v…

Tú José Luis y Nereida, coordinaron la gira, ¿Porque no tomaron en cuenta a la editorial más influyente en Coatza que es la mía?. Son buenos para todo, menos para ser humildes. Es por eso que siempre se los lleva la verga. A mí ya no me manden sus culeros boletines”.

Utrera respondía: “Te pido mil disculpas con todo respeto, Marlon vendrá una próxima ves y cerca y me comprometo contigo de corregir mi error, dame la oportunidad de hacerlo te lo pido respetuosamente por la amistad y el respeto que tengo. Mil disculpas amigo”. Pulgoso remató: “No mi estimado. A la v… No cuenten conmigo. Seré su peor pesadilla”. Cuidado con los ataques de risa…

Sean jueces o magistrados, el alcalde los desprecia por igual, ignorando sentencias, el derecho de otros, el pago de servicios y obras, incurriendo en desacato, desdeñando la instrucción que lo obliga a destituir al tesorero municipal. Así torea al Tribunal de Justicia Administrativa.

Apenas balbucea Víctor Carranza y lo que profiere es tirria a la ley.

Como el Rey Sol, la justicia soy yo.

Egresado de Pemex, donde tuvo que sortear imputaciones de defraudador triple A, especialista en tubos con sobreprecio, concibe a los importadores de justicia como peleles sin causa, parias sociales de la subclase del poder que tarde o temprano habrá de hincarse ante la Cuarta Transformación.

Por eso los batea y los patea.

Hará un par de semanas sintió que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) no era —ni es— tan fácil de domar. Una sentencia lo obliga a destituir al tesorero municipal, Mario Humberto Pintos Guillén, por incumplir el pago a una empresa proveedora del ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Se le notificó del contenido del ordenamiento del tribunal. Ahí consta la destitución y un plazo de tres días para informar el nombre de quién habrá de sucederlo en el cargo. Pero Carranza no acata.

Servicios Industriales EMA, S.A. de C.V. venía demandando el pago de 291 mil 161.56 pesos, que el ayuntamiento del priista Joaquín Caballero Rosiñol había conculcado. El 13 de junio de 2016, el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy TEJAV, sentenció a cubrir el pago requerido pero el edil se negó, interpuso recursos legales y empantanó el caso.

Un año después, vía sentencia dentro del juicio 6/2017, se confirmó el derecho del proveedor a cobrar los servicios prestados.

Así encontró el caso el alcalde de Morena y así ha continuado.

Su coordinador jurídico, Agustín Jiménez Hernández, supone que la negligencia es virtud. Tinterillo marrullero, interpone recursos en los que omite información al cabildo y realiza promociones en las que le miente al tribunal.

Va una.

Al TEJAV le hizo saber que en la sesión del 31 de enero pasado el cabildo de Coatzacoalcos propondría incluir el pago del adeudo a Servicios Industriales EMA en el presupuesto 2020, o sea un año después. Obvio, el tribunal lo paró.

Le respondió el TEJAV con un argumento elemental: la propuesta violentaba la instrucción de determinar el monto a liquidar y realizarlo “de la manera más expedita”.

Y luego, en el auto del 14 de marzo pasado, señaló:

“Han transcurrido cerca de tres años sin que se haya efectuado siquiera un pago parcial (…) a pesar de que se le ha requerido en múltiples ocasiones”.

El TEJAV detectó otra treta de Agustín Jiménez:

No existe constancia de que el acuerdo de la sesión de cabildo del 31 de enero incluyera el pago en el presupuesto 2020 y que esto se hubiera hecho del conocimiento del Congreso de Veracruz donde tendría que ser validado.

Y una más:

La defensa jurídica del ayuntamiento de Coatzacoalcos señaló que existían “pláticas conciliatorias” con la empresa Servicios Industriales EMA, pero no presentó evidencia que lo demostrara.

Carranza y Agustín son como Pinky y Cerebro, o como Cuitláhuac y Patrocinio. Queriendo arreglar sus dilemas, no ordenan ni sus mentiras.

Categórico, el TEJAV categoriza la negativa del ayuntamiento de Coatzacoalcos a pagar como “omisión injustificada” de la “autoridad condenada”. Y aduce: “ha transcurrido tiempo que se considera más que suficiente para que las demandadas hayan realizado las gestiones necesarias y así allegarse de la cuantía a las que fueron condenadas”.

Y refiere:

“Hágase efectivo el apercibimiento a la autoridad demandada y procédase a destituir al tesorero del ayuntamiento de Coatzacoalcos, decretado por auto del 18 de noviembre de 2018.  (…) lo anterior por el hecho de que persiste un incumplimiento injustificado”.

A espaldas del cabildo, Agustín Jiménez ha maniobrado y fracasado. El 7 de mayo interpuso un recurso de revisión contra la destitución del tesorero, Mario Pintos. El TEJAV lo rechazó. Y lo notificó al ayuntamiento el 16 de mayo.

Agustín Jiménez dirigió el oficio CJ-06442019 al alcalde Víctor Carranza, señalando que el tribunal impuso multa de 20 mil 150 pesos por desacato. Y omitió mencionar que en el cuaderno de ejecución de la sentencia 06/2017 se apercibe la destitución del tesorero municipal.

Las tretas y omisiones no paran ahí. Agustín Jiménez omitió advertir que se abrió la carpeta de investigación FGE/FECCEV05/2019 por parte de la Fiscalía Anticorrupción en contra del presidente municipal, Víctor Carranza; síndico, Yazmín Martínez Irigoyen, así como del director de Adquisiciones y del tesorero municipal, Mario Pintos.

Enterado el cabildo, ve al alcalde hundirse en un conflicto legal que, en sí, es de menor cuantía. Hay tres juicios más, con montos superiores a los 6 millones de pesos, que el TEJAV fallará en breve contra el ayuntamiento de Coatzacoalcos. Con el efecto de una bomba de tiempo.

Pero Carranza no ve, ni oye, ni siente.

Su defensa del tesorero es apasionada y frenética. Rechaza el fallo del TEJAV. Se niega a removerlo, pese a que tuvo tres días para informar el nombre de quien lo sustituiría en el cargo.

Acusa al gobierno del priista Joaquín Caballero —sin mencionarlo por su nombre— por su herencia, juicios perdidos, omisiones de pago.

“No hicieron lo respectivo y ese es el costo de lo que se está haciendo porque son resoluciones por negligencia de esas autoridades, llámese jurídico, llámese recursos materiales o llámese quien haya tenido la responsabilidad, porque no se vale que hagan ese tipo de acciones”.

E irá a otras instancias para evitar la destitución del tesorero municipal.

Carranza no lee su realidad. Su rebeldía brota del parloteo en el oído, las intrigas de su empinador jurídico, Agustín Jiménez, el alfil que le miente y le miente al cabildo.

Su alarde es tan demencial como suicida. Desafía al Tribunal de Justicia Administrativa, increpando una sentencia demoledora, inédita e histórica, consecuencia de un abuso de autoridad y una omisión, de la sinrazón y la ignorancia, la necedad y la infamia.

Y todo por un tesorero de sólida posición económica, hijo del empresario hotelero Pedro Pintos del Valle, dueño hará unos 40 años del legendario motel Vaiven, enclavado en los límites de Coatzacoalcos, lejos de miradas, escenario de escapadas diurnas y nocturnas, de pasiones ocultas.

Son los contrastes del tesorero, el antes y el ahora de Mario Pintos. Como los rastros sangrientos de los que emergen los cortes exquisitos. Como el que se forma y crece gracias a la fornicación de los infieles.

Culpa Víctor Carranza, el persignado, el hombre de fe, a otros gobiernos de la herencia legal, juicios perdidos y laudos a granel. Pero de sus nombres, nada. Los guarda, los oculta. Y eso es complicidad.

Son 17 meses en la alcaldía. Son 17 meses de encubrir a sus antecesor, Joaquín Caballero Rosiñol, implicado en el fraude de los pozos de agua, los cuartos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, las obras con prestanombres, la mano chueca del ex director de Infraestructura, Guillermo Ibarra.

Y hoy desafia al tribunal.

Archivo muerto

Fisculín sigue bajo proceso, en arresto domiciliario, imputado aún por desaparición forzada, entrampado en el thriller de los 13 muertos, torturados, asesinados y arrojados a la barranca de La Aurora a manos de la banda del capitán Bermúdez, el favorito de Javier Duarte. Saliendo de Pacho Viejo, el frío penal que fue su hogar, Luis Ángel Bravo Contreras alza la mano —“sí se pudo”, dice—, sonríe y finge ser inocente. Y no lo es. Fiscal de mala nota, engreído y patán, si algo sabe es mentir. Recuérdense sus peroratas desde el atril, historias que solía contar simulando efectividad, por ejemplo, en el caso de los levantados de Las Choapas a manos de grupos parapolicíacos que debieron soltar a sus víctimas con un montaje de enfrentamiento con elementos de la SSP en el municipio de Isla, en el que misteriosamente no detuvieron a nadie.

O el caso Moisés Sánchez Cerezo, director del periódico La Unión de Medellín, imputando cargos al ex alcalde Omar Cruz Reyes, un escolta y elementos policíacos, sin que se haya hecho justicia. Fantoche de marras, Fisculín presume libertad cuando no lo es.

Obtiene un amparo a su favor. Un juez federal ordena a la juez estatal que lleva el caso, Mónica Segovia, variar las medidas cautelares. De prisión preventiva pasa a arresto domiciliario. O sea, sigue sujeto a juicio, en casita, obligado a acudir cada semana a Pacho Viejo, el penal donde pasó dos años, a firmar el libro de reclusos. Y si le llueven otras denuncias, ahí se va a quedar… Otras rémoras del duartismo también van al arresto domiciliario.

Una es Aurora N, alias La Chacala, ex directora de Investigaciones Ministeriales; Gilberto A, ex director de Servicios Periciales, el que alega haber sido torturado con canciones de Maluma —vaya solidez de argumento— y Carlota P, ex delegada regional de la Policía Ministerial en la zona centro. Todos, Fisculín Bravo y Arturo Bermúdez incluidos, enfrentan proceso penal por la desaparición de 13 personas. De 19 levantados por los cuerpos de élite de la Secretaría de Seguridad Pública, seis aparecieron, el resto no. Testigos de los hechos, policías algunos de ellos, relataron la mecánica de la infamia, el levantón, la golpiza, el crimen, la desaparición.

Con sus relatos logró establecer la Fiscalía de Veracruz, vía tarjetas e informes por escrito, que la orden partía de arriba —Duarte y Bermúdez— y acataba el ex fiscal Luis Ángel Bravo y sus mandos en el área ministerial. De ahí la aprehensión, el juicio, ser confinados a Pacho Viejo, a kilómetros de Xalapa. Y ahora la justicia federal le ordena al Poder Judicial de Veracruz —mientras Edel Álvarez, cabeza del Tribunal Superior de Justicia, y el gobernador Cuitláhuac García coquetean— que varíe las medidas cautelares y se les aplique arresto domiciliario. Con Javier Duarte la desaparición de personas fue política de Estado. Y la mayoría de los colectivos, las madres que buscan a sus hijos, contribuyendo a que los imputados dejen la cárcel. Al rato le van a andar de romance con Fisculín…

Un negocio tipo Cuarta Transformación se teje en el sector salud de Coatzacoalcos. Es un servicio de supervisión, verificación y cumplimiento de normas sanitarias en el área portuaria, propuesto por una empresa particular. Una vez que lo supo Rocío Nahle, secretaria de Energía, mostró su vocación rapaz y se lo agandalló. Consentido por el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, el negocio ya comienza a fluir. En la próxima los detalles… Tres juniors —un Estrada, un Madrazo, un Vasconcelos— solían amedrentar y extorsionar simulando ser integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sorprendieron a muchos, acalambraron a otros, infundieron miedo y les bajaron una buena cantidad. De algo les servían las siglas CJNG, cártel sanguinario, el cártel del Mencho, rival de Los Zetas en el sur de Veracruz. Una pizca de sus hazañas circula en Facebook. Sábese que los tres juniors ya se pintaron de Coatzacoalcos.

Mejor eso a que el CJNG se los lleve por usurparle las siglas y los regrese en fragmentos o desechos en ácido… Se perfila Miguel Arturo Flores Contreras como líder nacional del sindicato petrolero. Relevaría en los próximos meses a Carlos Romero Deschamps, cuya salida del STPRM será negociada, con una jubilación y sin riesgo de cárcel. Pero de que se va, se va. Y con Romero Deschamps —al que Javier Duarte besaba y babeaba ya entrado en copas— se va toda la pandilla, por delante los dirigentes de la 36 secciones petroleras, los Wade, los Kidnie, los Hernández Toledo, Edith Carrillo.

Y al que se resista, persecución y cárcel. Aprieta la cuña desde tierra quinista, Ciudad Madero, sede de la Sección 1 y feudo del ya extinto Joaquín Hernández Galicia, con un historial de fraudes, negocios, abusos, corrupción hasta que Carlos Salinas de Gortari le fabricó el delito de posesión de armas de fuego y lo confinó a prisión de la que sólo salió para morir.

De Madero es Arturo Flores, quien documenta, indaga y acredita el enriquecimiento de los líderes actuales y los denuncia. De ahí que sea el elegido para sustituir a Romero Deschamps y desmantelar su imperio. Ocurrirá el relevo antes de la revisión del contrato colectivo de trabajo. O sea en unas cuantas semanas más…

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