Lunes, 21 de octubre de 2019

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Destino de Yunes: la cárcel
Mussio Cárdenas Arellano

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México en manos de delincuencia organizada
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"Servir o servirse"
Columna Invitada

Mussio Cárdenas Arellano

Mussio Cárdenas Arellano

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

mussioc2@gmail.com

 

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Caso Winckler: Morena baila al son que le toca Duarte

Miércoles, 25 Septiembre 2019 04:00

 

 

Duarte y Cuitláhuac van de la mano. Alineados, arrollan al yunismo azul, cercan al fiscal Winckler, lo tumban. Juntos lo persiguen. Y tejen la red legaloide —los hedores del Congreso, el asalto a la Fiscalía, la orden de aprehensión— con la que, si pueden, lo van a atrapar.

Es un idilio político. Javier Duarte y Cuitláhuac García, uno por su libertad y la venganza, otro por cumplir el acuerdo, pagar los votos, llevar a Yunes, sus hijos, su equipo cercano, a prisión.

Al fiscal Jorge Winckler lo asedian desde el primer día. Primero los juicios políticos que no cuajaron, hoy la persecución por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, y a su brazo derecho en el área de desapariciones forzadas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, por tortura.

Tras las rejas, el Guasón —mitad bufón, mitad delincuente— festina las piruetas del gobernador de Veracruz, su encomienda por desmantelar el aparato yunista, el golpe al fiscal; la infiltración, vía Joaquín Guzmán, atizando el conflicto por el control del PAN, provocando fracturas, el divorcio del panismo con un sector de la sociedad que ante la ausencia de oposición volverá la mirada al PRI.

A Winckler lo cercan con una denuncia frágil: Francisco Zárate Aviña, ex escolta de Luis Ángel Bravo Contreras, el fiscal del duartismo, acusó un interrogatorio incisivo, la insistencia a que revelara el paradero de su ex patrón, la negativa a dejarlo ir y las horas retenido.

Esa patraña usada para enfocarle a Winckler un juicio político en el Congreso de Veracruz que reventó por la incapacidad del líder de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, a reunir 34 de 50 votos de los legisladores y así acreditar mayoría calificada.

Winckler acreditó lo insustentable de la acusación. En diligencia instruida por el juez federal, Jesús Arturo, Cuéllar Díaz, se estableció que el secuestro nunca existió. La sentencia del juez —juicio de amparo 421/2018— así lo plantea:

“... toda vez que en la primera, realizada a las cero horas con cincuenta y nueve minutos, la actuaria judicial adscrita, asentó las manifestaciones del quejoso en el sentido que no había sido objeto de tortura ni maltrato, asimismo, hizo constar que se encontraba en buen estado físico, sin golpes y en una oficina de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad”.

Más adelante señala:

“En la segunda, llevada a cabo a las once horas con cinco minutos del mismo día, se advierte que el quejoso no se encontraba privado de su libertad, pues dicha diligencia se atendió con el directo quejoso en su domicilio”.

El mismo abogado de Francisco Zárate confirmó que su cliente se había presentado a declarar y no había sido ni detenido. Por ello, el 3 de julio de 2018, el juicio de amparo fue sobreseído.

Winckler mismo, en carta difundida en redes, ya en calidad de prófugo, rechaza la imputación:

“La noche en que supuestamente se encontraba ‘secuestrado’ el denunciante, un actuario logró certificar en un documento que incluso tiene la firma de la supuesta víctima, que no se encontraba detenido, ni privado de su libertad, y que señaló no haber sido objeto de tortura ni de maltrato”.

En tal situación —agrega Winckler Ortiz— se determinó “un no ejercicio de la acción penal con relación a los hechos”. La orden de aprehensión no sería legal.

Al fiscal para Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, le imputan la tortura con música del cantante Maluma, aplicada al ex director de Servicios Periciales del duartismo, Gilberto “A” mientras estuvo recluido en el penal de Pacho Viejo. Presuntamente ingresó una noche sin que los sistemas de seguridad lo hubieran registrado.

Esa y otras patrañas les son imputadas al ex maestro de Winckler y aún fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, así como a dos elementos de la Policía Ministerial.

Quien gira la orden de aprehensión es el juez Luis Roberto Juárez, mano laxa con duartistas, siervo de la pandilla del ex gobernador, a varios de los cuales les concedió libertad.

Tácitamente la orden de aprehensión contra Winckler no sería legal, pero ahí entra al lodo el mismo fiscal general de la República, Alejandro Gertz, con dos órdenes de captura gestionadas ante jueces federales, según delación del círculo cercano al gobernador Cuitláhuac García. 

¿Qué llevó a darle el golpe final a Winckler?

Tarde o temprano, el fiscal volvería al cargo. Un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 17 diputados —13 panistas, la fracción de Gonzalo Guízar y el priista, hoy independiente, Juan Carlos Molina— motivaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera que la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz carecía de facultades para la destitución.

Dice la Constitución que el Congreso —no la Comisión Permanente— tiene atribuciones para designar o relevar del cargo al fiscal en turno. El mecanismo es el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. O sea, 34 votos. Morena no los tiene (Ver columna de Marco Antonio Aguirre: https://bit.ly/2kTzdtA).

Y seguir la ruta de los juicios políticos contra Winckler es de entrada un fracaso anunciado. Tampoco ahí Morena y sus satélites tienen mayoría calificada, los referidos 34 votos.

Si el PAN viene de un proceso interno convulso, atropellado y tenso, el caso Winckler marcó una tregua. Con los votos de los cuatro aliados de Joaquín Guzmán alineados al bloque yunista, la suerte de Cuitláhuac luce adversa. Ninguno de los recursos legales permitiría deponer a Winckler. 

No quedó más que soltar la maquinaria como en tiempos del viejo PRI.

Y volvió al ruedo la nueva mafia del poder: Andrés Manuel, el agitador; Cuitláhuac, el inútil; Gertz, el puro; Cazarín, Pozos y el Congreso de Veracruz, los que atropellan la ley que debieran defender.

Winckler tiene un problema serio. La prueba clave para acreditar que Javier Duarte, vía su secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, desvió 200 millones de pesos destinados a la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, no existe. 

Un peritaje determinó que los oficios remitidos por Audirac a Francisco Valencia, ex titular de la CAEV, no constan en el libro de registros de la dependencia. Sus números son SFP/1347/2014 y SFP/1750/2014, con los que se daría orden de transferir fondos federales a cuentas diversas y su retorno. Sin embargo, el libro de registros de ese año sólo llega al número SFP/1634/2014.

Ambos oficios “son falsos”, dice el abogado de Duarte, Ricardo Reyes Retana, según reportaje de Arturo Ángel en Animal Político (https://bit.ly/2mxApDv).

Duarte ya se siente impune. Es el reo privilegiado de la Cuarteada Transformación. Habla desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, emite mensajes en Twitter, concede entrevistas a medios de comunicación. Es un representante moral de Andrés Manuel López Obrador tras las rejas.

Duarte tiene un problema aún más grave. Si esos recursos salieron de las cuentas de CAEV, no ingresaron a las cuentas que determinó el secretario de Finanzas, no regresaron y no se sabe su destino, entonces hay peculado. Y el gordobés debe pagar. Con recibo o sin recibo, hay delito.

Sirve el caso Winckler para arrancar caretas. Cuitláhuac García, pese a llamar “recluso” a Javier Duarte, es su mascota. Le sirve al ex gobernador y propicia el regreso del duartismo.

Apenas puso un pie en palacio de gobierno, en Xalapa, la escoria duartista salió de prisión. César del Ángel, el que apedreó a Miguel Ángel Yunes siendo gobernador electo, y con él al entonces líder nacional del PAN, luego candidato presidencial, Ricardo Anaya, y a quien era senador, Santiago Creel; Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas; Francisco Valencia, ex director de CAEV; Arturo Bermúdez Zurita, alias Capitán Tormenta, el siniestro ex secretario de Seguridad Pública; Gina Domínguez, la perversa vocera que ejercía la censura vía convenios de publicidad a medios de comunicación, y el ex fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, el célebre Fisculín.

Apoderado de la Fiscalía, una vez que la pandilla morenista usó a la Comisión Permanente para destituir a Winckler, Cuitláhuac García colocó a Verónica Hernández Giadáns, alias Juana Gallo, como fiscal carnala. Con ella llegan Marcela Aguilera, Enoc Maldonado, Manuel Fernández Olivares, alias “El Pampanito”, señalado en expedientes con los que juzga a narcos zetas y protegido del presidente del Poder Judicial de Veracruz, Edel Álvarez Peña, y otros más. Así, el duartismo regresa a procurar impunidad. Que los de Morena, pues, busquen hueso en otro rincón.

Locuaz, como es, Javier Duarte también amenaza. Apenas supo de la orden de aprehensión contra Jorge Winckler, desbloqueó en Twitter a la periodista Gabriela Rasgado, amiga personal del fiscal, y le soltó un siniestro “saludos cordiales”.

Así habló frente a la prensa, en Poza Rica, en junio de 2015. “Pórtense bien”, les dijo. “Se sacudirá el árbol y caer manzanas podridas”, agregó. Y apuntó que algunos servían al crimen organizado.

Un mes después, Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, Cuartoscuro y AVC, fue asesinado en la ciudad de México donde se exilió por los amagos y el asedio de los esbirros de Javier Duarte.

Sabiendo cómo es, Gaby Rasgado está en riesgo grave. Cuando Duarte ríe, el periodista muere.

Duarte y Cuitláhuac viven un idilio político. Los flechó el caso Winckler, la embestida a Yunes, el asedio al fiscal, la persecución, la red legaloide con órdenes de aprehensión que surgen de denuncias ya juzgadas y desechadas.

Duarte delira por venganza. Cuitláhuac acata y cumple el acuerdo, el amasiato con Duarte, el pago de votos, la operación electoral, el duartismo convertido en pieza de Obrador, el asalto a la ley.

El móvil no es la justicia; el móvil es político. El reto es cumplirle a Javier Duarte.

Y Cuitláhuac está a los pies del Guasón.

Archivo muerto

Entre la jauja y el jolgorio, dilapidando dinero, va el alcalde Sergio Guzmán, mientras Agua Dulce se tiñe de rojo, se multiplica el crimen, gobierna la delincuencia, impera la extorsión, se cimbra la sociedad.

Cruento, el fin de semana arrojó tres ejecutados, un taxista y dos personas más, en el último municipio de Veracruz. Al taxista lo hallaron en su unidad, el viernes 20, en la carretera a La Granja, colonia Díaz Ordaz, con un balazo en la cabeza. A los otros sujetos, en el interior de un domicilio en la colonia El Muelle.

Suman ya siete taxistas ultimados en lo que va de 2019. Tres semanas antes, el 28 de agosto, el propietario de una tornillería y su empleada fueron abatidos por hombres armados en El Muelle, sumando con ello cuatro decesos. Son ya 29 homicidios dolosos en el curso del año en aquel municipio.

Vive Agua Dulce una oleada de violencia, el poder de la delincuencia, la sumisión de Sergio Guzmán Ricárdez, un improvisado y torpe alcalde, de filiación morenista, que derrocha el erario en banalidades y calles mal construidas, una nómina abultada donde mantiene, pese a lo que pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador, un insultante nepotismo, la parentela cobrando simulando trabajar, una funcionaria que escandaliza con poses nudistas en la red social Facebook, personal usado en construcciones particulares del alcalde y su séquito, y viajes a Xalapa donde la secretaria no puede faltar.

Un día, sin confirmar el origen de la llamada, funcionarios del ámbito rural proporcionaron los números telefónicos de agentes y subagentes municipales presuntamente para recibir apoyos de programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, antes Sagarpa; horas después todos eran objeto de extorsión.

Alardea Sergio Guzmán de ir a domicilios de los hidrómilos, pese al programa de audiencias públicas, a escuchar a la sociedad. Convoca a pastores cristianos y les sugiere su apoyo para colmar sus ínfulas de ser legislador. O sea, campaña adelantada con cargo al erario, con empleados municipales, pues es sabida su obsesión de ser candidato a la diputación federal.

Y mientras, los cárteles mandan. Y los del CJNG presumen que en Agua Dulce tienen un aliado sin par. Se ve que sí… Victorias pírricas —se gana la batalla y se pierde el ejército— las de Edel Álvarez.

Acota y margina a sus rivales por la presidencia del Poder Judicial al tiempo que sus trapacerías le pasan factura. Christian Mauricio Mendoza, juez enviado a Pánuco, municipio donde riñen los cárteles del Golfo, del Noreste y Los Zetas, logró el amparo para revertir su designación. Es el enésimo revés al magistrado voraz, luego que uno de sus pares, Jorge Espinosa, y el juez Guillermo Vargas fueran reinstalados tras haber sido pasados a retiro por edad.

Edel es así, obsesivo y obcecado, tirano con los de abajo y servil con los de arriba, desfondado por la edad, empantanado en el tiempo, suponiendo que las villanías se perpetran con alevosía y las víctimas las acatan sin chistar. A Raúl Pimentel Murrieta lo envió a una sala que le impide aspirar a ser presidente del Poder Judicial y colocó a sus marionetas, la Ribón, la Montelongo, la Maldonado, donde asegura los votos para su reelección. Todo inventando la ley.

Pero olvida que la memoria es terca. Edel Álvarez imagina que al Dios Peje olvidó su compadrazgo con Roberto Madrazo Pintado y que un día siendo alcalde de Coatzacoalcos, impidió que los petroleros tabasqueños, encabezados por López Obrador, ingresaran a Coatzacoalcos.

Una cordón de policías se apostó a la entrada de la ciudad y los envió a Minatitlán. Un chivo loco en cristalería es reposado frente a Edel Álvarez en el tribunal… Y otra más del sacrosanto alcalde Carranza: adquirió el ayuntamiento de Coatzacoalcos 280 computadoras. Su proveedor fue Foto Contino, cuyo contrato ARB-LS-031/2019 ampara una operación con un costo de 5 millones 212 mil 320 pesos.

Fue suscrito el 24 de junio de 2018 entre el gobierno local y la representante legal de Foto Contino, Bertha Amalia Gómez León. Los 280 equipos de cómputo serían destinados a áreas administrativas y el tiempo de entrega se fijó en 45 días naturales a parte del 24 de junio de 2019. Teóricamente la operación se realizó. Sumar es algo sencillo, pero más que los empleados suman, no hayan dónde están las 280 computadoras… 

 

 

Arreando peones, sembrando cuentos, Marcela Aguilera dejó el campo y se hizo útil a Duarte aplaudiendo los desvaríos del gran ladrón, el endeudamiento de Veracruz, simulando que hacía justicia a periodistas asesinados e imponiendo a la escoria en el Tribunal Superior de Justicia. Y vuelve para encubrir al ex gobernador.

Su parcela es hoy la Dirección de Investigaciones Ministeriales, impuesta por otra impuesta, Verónica Hernández Giadáns, fiscal carnala del gobernador Cuitláhuac García, empleada de Eric Cisneros, el remedo de secretario de gobierno, tras el asalto a la Fiscalía General del Estado y la violación al orden constitucional.

Su encomienda es el caso Javier Duarte, las denuncias en curso, las carpetas con miles de fojas que dejó en tránsito Jorge Winckler Ortiz hasta que fue tumbado de la Fiscalía por la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz, que carece de facultades ni tiene asidero legal.

Su reto, neutralizar la debacle duartista, deja impune el robo del erario con empresas fantasma, la imputación por desaparición forzada y la denuncia y extradición de Karime Macías Tubilla, la esposa de Duarte que en los hechos fue gobernadora, jefa del gabinete formal.

Lo sucio es lo de Marcela Aguilera Landeta, la del mote genial, “Diputada Cochambre”, de la autoría de Gabriel García Esquivel, bautizada así el 23 de junio de 2014 en la columna Se Dice que, publicada en Crónica de Tierra Blanca, reseñando la inquina y la insidia con que actuaba, la polarización del priismo y su pulverización.

Aludía García Esquivel a la “mente cochambrosa” de Marcela Aguilera que sembraba odio e inoculaba veneno entre aspirantes a la diputación federal, generando fracturas y resentimiento, y que devino en su humillante derrota cuando intentó ser alcaldesa, en 2017. En aquella jornada electoral le cobraron todas.

Operadora a ras de piso, se movió siempre entre organizaciones campesinas, los de la UGOCEP de Margarito Gómez Parra, de final trágico, emboscado en Chihuahua, muriendo él y otros 12, familiares y amigos; o en las huestes de la CNC —Confederación Nacional Campesina—, la central priista que mantiene a los pobres más pobres y a sus líderes los vuelve fifí.

Con Fidel Herrera Beltrán, doña Marcela Aguilera tuvo su plenitud del pinche poder. Llegó a ser directora de la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria y titular del Consejo para el Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan.

Ya con Javier Duarte entró a la élite del poder. Fue subprocuradora regional de Justicia en Cosamaloapan y un cargo que definiría que lo suyo es encubrir: fiscal especial para Delitos Cometidos Contra Periodistas.

Por sus manos pasaron los crímenes de Milo Vela, columnista de Notiver; su hijo Misael, reportero gráfico del mismo diario, y su esposa Agustina, y la desaparición de Gabriel Manuel Fonseca Hernández, “Cuco”, en Acayucan. Nada aclaró, nada hizo, nada explicó.

Era el inicio del señorío Zeta. Y el fidelato lo dejó pasar. Del rinconcito donde hacen su nido las olas del mar, Veracruz se tornó tierra de cárteles, sus campos en territorio narco, su sociedad bajo el terror, la zozobra, el dolor, y las mayores fosas clandestinas del país, y el levantón, y la trata de blancas, y el secuestro y venta de migrantes, algunos reclutados por el crimen organizado para el sicariato o el trasiego, y algunos más ejecutados para calentar la plaza.

Y en un escenario de muerte, la oleada violenta contra la prensa, atizada por los odios de Javier Duarte que deslizaba amenazas y operando su vocera, Gina Domínguez, presiones con los convenios de publicidad —plata o veto—, la fiscal Aguilera pasó de la intrascendencia a la ineptitud.

Sus días en el duartismo son de náusea. Una vez soltó aquello de que con Duarte se había superado la herencia de inseguridad de los tiempos del fidelismo.

“A mí que me tocó ser Subprocuradora —expresó—. Recuerdo cómo estaban los ayuntamientos totalmente cooptados por la delincuencia. Hoy puedo decir que esto ya no sucede en muchas partes del estado”.

Pues sucedía y terminó peor. Sucedía y sigue sucediendo. Proliferó la narcopolítica, los narcos conviviendo con alcaldes, diputados, policías, propiciando el cambio de mando, la entrega del poder a la delincuencia. Y los crímenes de periodistas, hasta hoy impunes.

Ya diputada local, fue cómplice del saqueo, omisa en la revisión de cuentas, levantadedos a la hora de votar, sin cuestionar si las cifras cuadraban, si los recursos federales se aplicaban, si había respuesta del gobierno duartista a las inconsistencias detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Servil a Duarte, la Diputada Cochambre cumplía su misión de tejer una red de impunidad. Presidía la Comisión de Procuración de Justicia y ahí orquestó la designación del fiscal anticorrupción que cubriría la huida del entonces gobernador y lo que vendría si el panista Miguel Ángel Yunes Linares ganaba la elección, en 2016, como finalmente ocurrió.

Debía imponer a un lacayo de Duarte, Francisco Portilla Bonilla, y fracasó. Nunca alcanzó los votos en el Congreso. Nunca construyó la mayoría calificada —el PRI y sus aliados— ni supo operar la infamia. A lo máximo que llegó fue a ver a Portilla investido como magistrado integrante de la Sala Anticorrupción. Y a Flavino Ríos le confeccionó el escenario para ser impuesto como gobernador sustituto en cuanto Duarte huyó.

Hoy vuelve a la plenitud del pinche poder. Y lo hace por los caños del drenaje, impuesta por una fiscal que no es fiscal. Verónica Hernández, la de las ínfulas tipo Juana Gallo —“todos están a mi disposición”—, es encargada de la Fiscalía de Veracruz tras el golpe de estado de la banda morenista en el Congreso, y sitúa a Marcela Aguilera en la Dirección de Investigaciones Ministeriales.

Ahí se concentran las denuncias del ministerio público del fuero común contra el ex gobernador Duarte, las trastadas en secretarías de su administración con empresas fantasma, cobrando facturas por servicios inexistentes, el saqueo del que se acusa a Javier y su esposa Karime, por el que serían denunciados también Tarek Abdala, Fernando Charleston, Tomás Ruiz, El Cisne Silva.

Manchada por ese régimen, la Diputada Cochambre va al rescate de su viejo patrón, limpiando las huellas del atraco, torciendo las denuncias, omitiendo acusaciones, allanando el camino de Duarte a la libertad.

Por las manos de Marcela Aguilera pasa la denuncia por desaparición forzada, los cuerpos de las víctimas, producto de la tortura de los grupos de élite de la Secretaría de Seguridad Pública, Los Fieles y otros asesinos, que Javier Duarte, según testimonios, habría ordenado desaparecer.

Morena, Cuitláhuac, López Obrador le cumplen así a Javier Duarte, con un golpe al orden legal, apropiándose de la Fiscalía de Veracruz, imponiendo a Juana Gallo en condición de fiscal carnala y a la Diputada Cochambre en el rol de celadora de la suerte judicial del ex gobernador. Así de infame el pacto de impunidad.

Tiempo atrás, Marcela Aguilera arreaba ilusos y sembraba cuentos, usaba al campesino y polarizaba al priista, pasaba de una diputación a las esferas de poder, tejiendo redes a modo, los serviles en los espacios anticorrupción.

Hoy va por el rescate de Duarte.

Archivo muerto

Camina Javier Duarte hacia la libertad mientras Veracruz fija su mirada en la banda La Adictiva, en las sandeces de Gloria Sánchez y el cuento de la fuga de los Yunes y Winckler, en la obsesión del gobernador Cuitláhuac García por el fiscal depuesto cada vez que se le cuestiona por la violencia sin control.

Asesta el Congreso un golpe de estado y se apodera Morena de la Fiscalía y Veracruz se distrae con las bobadas del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, o en el papel picado que trasluce el nombre de AMLO en el fiestión patrio de la Cuarteada Transformación, a espaldas de la comunidad pejista, o en la piloto que sugiere lanzar una bomba en el Zócalo en pleno Grito de Andrés Manuel, suscitando condenas y hasta la exigencia de despido de Internet por parte de aquellos que proponían lo mismo cuando el presidente era Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Y mientras el distractor funciona, el aparato judicial se alinea generando las condiciones para que Javier Duarte pueda eludir a la justicia. Política de albañal, de drenaje, de aldea, y un pueblo que sucumbe a las cajas chinas…

Desgranándose, el PAN quema la pólvora en infiernos menores, en guerras contra molinos de viento, en fuegos fatuos. Así Cuitláhuac García sea una nulidad, gobernador por accidente, un lastre para Morena y una desgracia para Veracruz, la proclama de desaparición de poderes es una superchería descomunal. Sin mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, la propuesta panista no pasa. Gobierno fallido sí lo es, pero sin las condiciones políticas el proyecto no tiene futuro. Se trata de un ardid, una treta, un albazo, pero ni soñando lograrían, desde su minoría, tumbar a Cuitláhuac del gobierno estatal.

Así sea un gobierno sin rumbo, Cuitláhuac permanecerá en el cargo hasta cumplir sus dos años de gobierno. Luego se irá. O lo echarán. Tras el ataque al bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, el 27 de agosto, con saldo de 30 muertos, tuvo Andrés Manuel López Obrador las condiciones para mandar a García Jiménez a su finca y lo aguantó. Luego lo respaldó, le alzó la mano, lo abrazó, le confirmó su complicidad. Un cero a la izquierda al frente del gobierno de Veracruz y el presidente prefiere tenerlo ahí antes que reconocer su terrible error.

Cumplidos los dos años, Cuitláhuac se irá sin necesidad de convocar a nuevas elecciones, que Morena obviamente perdería. Sólo si AMLO estuviera harto del desgobierno de su pupilo y los errores se multiplicaran, aprovecharía la solicitud de desaparición de poderes en Veracruz, pero hoy prefiere no arriesgar.

Y mucho menos le concedería ese triunfo a sus adversarios del PAN… Voraz como es, Edel Álvarez Peña tiene una sensible debilidad por las tierras ajenas. Hay interminables juicios civiles trabados por el presidente del Poder Judicial de Veracruz contra inmobiliarios que reclamaban su derecho sobre predios enormes. Uno de ellos, el de José González, ganado en algunas instancias por el ex alcalde de Coatzacoalcos y perdido en otras, usando la polémica escritura de la sucesión Bringas a la que Fidel Herrera y Javier Duarte nunca le confirieron autenticidad pero que sirvió al gobierno de Veracruz para regularizar terrenos invadidos. Otros predios, atribuidos a Edel Álvarez en el seno del Poder Judicial, estarían destinados a instalaciones de Ciudades Judiciales, lo que despide tufo a corrupción. Y así la cadena de trapacerías…

De octubre de 2018 a la fecha, Publicidad e Imagen del Sureste facturó en 14 ocasiones al ayuntamiento de Coatzacoalcos. Por sus servicios de arrendamiento de anuncios espectaculares, organizar y acondicionar el primer informe del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo y por el suministro de alimentos, tramitó pagos por más de un millón 300 mil pesos. Todo bien si no fuera porque es empresa fantasma.

O por lo menos, empresa que factura operaciones simuladas (EFOS), según la terminología de Hacienda. Oficialmente, está boletinada por el SAT —Servicio de Administración Tributaria— desde el 30 de marzo de 2019. Ya en 2017, en Mérida, donde tiene su asiento social, se le imputó ser “empresa fantasma”, facturando servicios al ayuntamiento del panista Mauricio Vila Dosal, hoy gobernador de Yucatán. Y aquí el alcalde Carranza y sus corifeos, el tesorero Mario Pintos Guillén, y la directora de Contabilidad, Yolanda Sagrero Vargas, le otorgan contratos y le tramitan pagos. ¿Sabrán lo que es el delito fiscal y cuándo éste lleva a la figura de delincuencia organizada? Los detalles en https://bit.ly/2ks1jw3… Hipólito, el arzobispo, coquetea con Cuitláhuac, el gobernador. Le ve virtudes el prelado: que aprende rápido, dice. Y lo disculpa: que hay que darle tiempo, que nueve meses no bastan para ver resultados. Anda encantado el líder de la iglesia católica —y caótica— en Veracruz con el gober de Morena. Seguro lo va a secundar cuando Cuitláhuac García eleve, vía el Congreso estatal, a rango constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización del aborto, eso a lo que el catolicismo llama cultura del escándalo y cultura de muerte.

Hipólito Reyes Larios verá entonces qué tan rápido aprende el gobernador… ¿Quién es ese morenista de medio pelo, vil ejemplo de la Cuarteada Transformación, empleado de Bienestar, que engaña y engatusa a ingenuos empresarios con el señuelo de allegarles jugosos contratos una vez que sea designado alto funcionario de la Secretaría de Educación en la delegación de Coatzacoalcos? Pista 1: estuvo confinado en Las Choapas. Pista 2: se dice doctor (en ciencias ocultas). Pista 3: su hermano es funcionario del ayuntamiento de Coatzacoalcos…

 

 

* Publicidad e Imagen del Sureste factura por renta de espectaculares

* También suministra alimentos en el malecón; organizó el informe de Carranza

* La detectaron desde que el hoy gobernador de Yucatán era alcalde de Mérida

* Edil de Coatzacoalcos viola disposición de la Secretaría de Hacienda

—Primera de dos partes—

Hay folios consecutivos y una historia sórdida: fechas, claves y cifras, códigos y cadenas fiscales, y conceptos a detalle en 14 facturas que amparan servicios suministrados al ayuntamiento de Coatzacoalcos por un millón 300 mil pesos, incluida la organización del primer informe del alcalde Víctor Carranza. Sólo que la empresa es fantasma, simuladora, boletinada por el SAT.

Son por lo menos 14 facturas de Publicidad e Imagen del Sureste.

Y hay un caos financiero aún mayor por pagos a otras empresas muy superiores al importe de los comprobantes fiscales, que tienen al presidente municipal, su tesorero y su directora de Contabilidad en la mira del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz.

De diciembre de 2018 a la fecha, Publicidad e Imagen el Sureste, S. de R.L. de C.V. es proveedor permanente del ayuntamiento de Coatzacoalcos, pese a las notificaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), vía Diario Oficial de la Federación, que la ubican como “Empresa que Factura Operaciones Simuladas” (EFOS).

Con registro federal de contribuyentes PIS51223861, Publicidad e Imagen del Sureste aparece en el oficio 500-05-2019-7302, de fecha 30 de marzo de 2019, emitido por el SAT, que consigna la relación de 156 empresas irregulares, fantasma, que simulan operaciones fiscales.

EL INFORME DE CARRANZA Y OTROS PECADOS

Temido por muchos, el SAT, sin embargo, se le resbala al alcalde de Coatzacoalcos.

A Publicidad e Imagen del Sureste, por ejemplo, le asignó pagos por 256 mil pesos en 2018 y más de un millón en lo que va de 2019 y lo que se incremente cada mes.

Por la impresión de lonas, su colocación y el arrendamiento de estructuras para anuncios espectaculares, durante octubre de 2018, facturó 36 mil 656 pesos, según el folio 4069, expedido el día 23 de ese mes.

Dos meses después, el alcalde morenista Víctor Manuel Carranza Rosaldo le adjudicó el contrato para “organizar, decorar, ambientar y suministrar” el mobiliario del evento del 15 de diciembre de 2018, día en que rendía su primer informe de labores.

Según la factura expedida, con número de folio 4663, de fecha 21 de diciembre, se le habrían pagado 220 mil pesos mediante transferencia electrónica.

Para la difusión del Festival Orígenes, elaboró lonas y rentó espacios por los que facturó 42 mil 667 pesos, según folio 5123, de fecha 18 de febrero de 2019. El pago se realizaría con cheque nominativo en una sola exhibición.

Una más, la factura registrada con el folio 5125, con fecha de ingreso 25 de febrero de 2019, que ampara el arrendamiento de estructuras para anuncios espectaculares, cuyo importe es de 63 mil 20 pesos.

Por servicio de alimentos a 243 personas, en un lapso de siete días, Publicidad e Imagen del Sureste ingresó a trámite la factura folio 5306, de fecha 14 de marzo de 2019. Su importe, 228 mil 322 pesos.

El concepto es insólito: reparto de alimentos “desde Playa Monoboya hasta Barrillas y puntos del malecón costero”.

Por servicio de desayuno (box lunch) a 320 personas durante siete días, cobraría 233 mil 856 pesos, según folio 5307 de fecha 14 de marzo de 2019. Y el mismo concepto.

Otra tanda de arrendamiento, esta vez de 30 carpas y 15 días de comida para 60 personas, según factura registrada con el folio 5308 de fecha 14 de marzo de 2019. El importe total es de 198 mil 360 pesos.

La factura menos costosa, por 580 pesos, fue registrada con el número de folio 5521, de fecha 16 de abril de 2019. Se trató de la impresión de lona con banner.

Por impresión, colocación de lonas y arrendamiento de estructuras para espectaculares en cinco puntos de la ciudad, se generó la factura con folio 5663 de fecha 2 de mayo de 2019. Su costo, 62 mil 448 pesos.

Nuevamente por servicio de desayuno, esta vez por 10 días, se facturó 59 mil 90 pesos, según folio 5664 de fecha 2 de mayo de 2019. El suministro de box lunch fue para personal de diversas áreas del ayuntamiento: Participación Ciudadana, Dirección Municipal del Deporte, Acción Social, Turismo y Limpia Pública.

Y tres facturas más:

Una por reimpresión de lonas, folio 5669 de fecha 7 de mayo de 2019, con un importe de 12 mil 806.40 pesos.

Otra por el arrendamiento de cuatro estructuras para espectaculares, en el período mayo-junio, según folio 5782 de fecha 27 de mayo de 2019. Su costo, 25 mil 520 pesos.

Una más por el arrendamiento de las cuatro estructuras, pero esta vez en el período abril-mayo, folio 5783 de fecha 27 de mayo de 2019. El mismo importe de 25 mil 520 pesos.

Por las fechas y los folios, se advierte que el ayuntamiento de Coatzacoalcos se convirtió en el cliente frecuente de Publicidad e Imagen del Sureste. Y el SAT puede esperar.

Y ahí donde debieran estar los anuncios espectaculares promoviendo la imagen del ayuntamiento de Carranza Rosaldo, hoy lo que hay son imágenes de Deportenis, autos Renault, Mr Jeff y de la Universidad Istmo Americana.

EN LA LISTA NEGRA 

Publicidad e Imagen del Sureste figura en el oficio 500-05-2019-7302, de fecha 30 de marzo de 2019, emitido por el SAT, en el cual consigna la relación de 156 empresas irregulares.

Tal oficio establece que incurre en el supuesto del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes por los que ha emitido comprobantes fiscales.

Publicidad e Imagen del Sureste está categorizado como “definitivo” en el último listado de contribuyentes irregulares o fantasma del SAT.

En dicho listado aparece con el número 115 de la Administración Desconcertada de Auditoría Fiscal de Yucatán, donde registró su domicilio fiscal, situado en Calle 46, número 239, Loc 205, Colonia San Antonio Cucul, el cual “es inexistente”, según investigación del ex aspirante a la alcaldía de Mérida, Santiago Alamilla Bazán, versión recogida por el portal La Silla Rota.

O sea, es empresa fantasma.

En noviembre de 2017, Publicidad e Imagen del Sureste se vio inmiscuida en un escándalo de empresas que en 2015 habían sido contratadas por el ayuntamiento de Mérida, entonces encabezado por el panista Mauricio Vila Dosal, hoy gobernador de Yucatán, para la realización de eventos populares.

Mientras otras empresas contrataban artistas y acondicionaban escenarios, Publicidad e Imagen del Sureste cobraba 400 mil 890 pesos por el suministro de “cafetería y alimentos”.

Una vez detectada, el SAT la incluyó en la lista de empresas irregulares, que facturan operaciones simuladas (EFOS).

Contratar a empresas boletinadas implica responsabilidad cuando menos para cinco personajes en la estructura del ayuntamiento de Coatzacoalcos: el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo; el tesorero, Mario Humberto Pintos Guillén; la directora de Contabilidad, Yolanda Sagrero Vargas; el contralor José Luis Ovando Murillo, y los integrantes de la Comisión de Hacienda municipal, la sindica Yazmín Martínez Irigoyen, quien a menudo reclama que no se le entera del manejo financiero, y el regidor Benito Soriano Aguilera, el ariete del presidente municipal para avalar los trastupijes financieros en el cabildo de Coatzacoalcos.

Un caso para el portal Coatza Abierto, premiado y laureado, del que tanto se jacta el alcalde Víctor Carranza.

Continuará.

Los Culpables

    

   

 

 

Ya hay PAN-Morena en Veracruz

Martes, 10 Septiembre 2019 13:37

Morenizado, Joaquín Guzmán ya pergeña las afinidades entre el nuevo PAN y Cuitláhuac, el gobernador que de la mano de López Obrador los echó del poder. “Si le va bien al gobierno —pregona ‘El Chapito’—, le va bien a los veracruzanos”. Y el panismo queda pasmado.

Terso y dócil, nada rijoso, su discurso es abyección y rendición.

“Queremos sobre todo ser esa oposición responsable —dice Joaquín Guzmán—, que vamos a trabajar fuerte, vamos a trabajar y vamos a decir qué es lo que está mal, pero también vamos a decir aquello que se esté haciendo bien”.

Y Cuitláhuac García feliz, feliz, feliz.

No punza, no hiere el Chapito Guzmán Avilés, cacique azul en Tantoyuca. No irrita al gobierno de Morena que envía en su ayuda a la Fuerza Civil a la elección interna del Partido Acción Nacional, irrumpiendo en el recinto que albergaba las mesas de votación, este domingo 8, vulnerando el principio de certeza.

Y ya en plena proclamación del triunfo, dice:

“Vamos a resaltar aquello que se está haciendo bien, porque simple y sencillamente, si le va bien al gobierno, les va bien a los veracruzanos; si le va mal al gobierno les va mal a los veracruzanos”.

Y Andrés Manuel también queda feliz, feliz, feliz.

Si su discurso no es suicida por lo menos es torpe, validando dichos y maledicencias de campaña, la voz que lo herían llamándole candidato de Morena, de Cuitláhuac y de Eric Cisneros, el secretario de Gobierno de las frases locas, financiado para entregarles el PAN.

Guzmán Avilés arrebata la elección panista en su feudo, Tantoyuca, cuando iba abajo en el recuento de votos. Ahí le dio la vuelta al marcador.

Guzmán Avilés perdía en por lo menos 150 sitios del estado de Veracruz cuando comenzó el recuento de Tantoyuca. Y ahí alcanzó a su contrincante, José de Jesús Mancha Alarcón, y lo rebasó. Y después tendió el puente de plata con el gobierno de Morena.

Con el 80 por ciento de las actas contabilizadas, El Chapito Guzmán acumulaba 9 mil 886 votos sobre José Mancha, que obtuvo 8 mil 824 votos.

Joaquín Guzmán no llega solo. Al yunismo le arrancó aliados, los Serralde, los Rementería, los Cambranis. Otros los perdió el yunismo por ceguera, por soberbia, por no tener palabra y por traición.

Uno de ellos, clave, es Víctor Serralde, magnate político de Córdoba cuya fortuna no le viene de la cultura del esfuerzo sino del esfuerzo del erario, los dineros que corrían en Sedesol, hoy Bienestar, bendecido por las cúpulas del poder panistas y priistas, el cabildeo de una madrina sin par y de uno de los Yunes azules al que no dudó en traicionar.

De la mano, la mano sudada de Silvia Monge, diputada local, federal, yunista y duartista, Serralde ha construido un emporio, un consorcio de empresas sobre las que llovían contratos de obra, que sirvieron para sí, para su bolsillo, para hacer política y hasta para increpar al PAN.

Silvia Monge tocaba la puerta y Josefina Vázquez Mota la abría. Fluían los recursos de Sedesol en el sexenio foxista a Veracruz, a enclaves precisos en los que Serralde crecía políticamente.

Y así siguió, pegado a Silvia y coordinando los programas sociales en la sierra de Zongolica con Fox y Felipe Calderón. Más tarde, diputado federal por Huatusco, el panista más votado del país con 90 mil sufragios, trepó después en la presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural donde derramó más recursos para los sindicatos cañeros.

Serralde se enchufó con Josefina Vázquez Mota y luego la desechó; con Ernesto Cordero, ex titular de Sedesol y aspirante presidencial en 2006, y luego lo desechó; con Gustavo Madero, ex líder nacional del PAN, y luego lo desechó.

A Serralde le llueven las obras, los contratos, los servicios. Una de sus oficinas, en Córdoba, concentra gran cantidad de personal dedicado a integrar documentación para participar en licitaciones. Unos le llegaban cuando el PAN gobernaba a México; otros cuando el PRI regresó. Y con los gobiernos priistas, en tiempos de Javier Duarte, aún más.

Hoy es aliado de Joaquín Guzmán Avilés; luego lo desechará.

Serralde y Silvia Monge pasaron del yunismo azul al duartismo. Ella, la que exhibió e increpó a Javier Duarte en la Cámara de Diputados en 2009 —la gesta de los Puerquitos Rojos—, acreditándole desvío de recursos y el uso del aparato de poder para construir su candidatura a gobernador, terminó negociando y defendiendo la causa del saqueador de Veracruz, pagada con una migaja en la Secretaría de Turismo estatal.

Gana Julen Rementería y su prole. Antiyunistas, luego yunistas, ahora enemigos de los Yunes azules, el senador y su hijo Bingen fueron clave para cambiarle el dueño al PAN. Sus votos en Veracruz, Soledad de Doblado, parte de Boca del Río, marcaron distancia entre el Chapo de Tantoyuca y José de Jesús Mancha Alarcón.

Su alianza con los Yunes tuvo dos puntos críticos: la candidatura de Marco Antonio Núñez López a diputado por Veracruz, que le fue negada, y un desliz verbal de uno de los hijos de Yunes Linares.

Marco Nuñez, hoy apoyador de Joaquín Guzmán Avilés, había sido su acérrimo crítico en 2008, advirtiendo cómo se perpetuaba en los cargos.

“Yo considero —decía Núñez— que si ya fue alcalde, luego diputado, volvió ser alcalde y ahora quiere ser diputado nuevamente, no es ético ni sano para Acción Nacional; es como la ley chapulín”.

Le faltó mencionar al hermano, la hermana, el hijo, todos acaparando alcaldías y diputaciones. Fuera de los Guzmán, nadie en el PAN tiene capacidad para gobernar el predio.

A Bingen Rementería le aseguró el yunismo que sería el sucesor de Fernando Yunes en la alcaldía de Veracruz, para él la candidatura y el respaldo del grupo. En corto, la verdad: “Hasta cree que va a ser candidato”, dijo uno de los juniors del ex gobernador. Y ahí acabó el pacto.

Así, los Rementería se llevaron sus votos, sus alianzas, su capacidad de operación.

Entre Chapo, Julen, Cambranis y Serralde, el candidato a la gubernatura en 2024 sería el protegido de Silvia Monge. Por su presencia mediática y el arrastre entre las bases panistas, Julen Rementería representa un riesgo para Morena y el obradorismo. Y en esos niveles se juega al rival más débil.

Así se fractura el PAN. Aquella unidad, la de 2004, 2010, 2016 y 2018 es historia. Concluido el gobierno de Yunes Linares, sueltos los grupos, volvió el encono. Los que ocuparon secretarías, subsecretarías, direcciones, los que dormitaron en la nómina y obtuvieron prebendas, hoy arremeten contra el yunismo azul.

El yunismo vive de la audacia y la métrica del poder. Ofrecen y prometen, pactan y cumplen al 100 y a veces a medias. O no cumplen. Ahí está su fragilidad.

Domina la soberbia al vástago del gobernador que despacha en el palacio municipal del histórico puerto. Veracruz municipio crece tanto como el ego de Fernando Yunes.

Hay operadores del yunismo que terminaron en el duartismo y otros, como Enrique Pérez, ex secretario de Educación, que optaron por mantenerse al margen.

Por segunda vez, la elección se judicializa. José Mancha esgrime violación al principio de certeza, la intromisión del gobierno de Veracruz y el ayuntamiento de Tantoyuca, la Fuerza Civil en el interior del recinto donde se realizaba la votación.

Y en medio del naufragio, Guzmán Avilés produce una declaración insólita:

“Vamos a resaltar aquello que se está haciendo bien, porque simple y sencillamente, si le va bien al gobierno, les va bien a los veracruzanos, si le va mal al gobierno les va mal a los veracruzanos”.

Más morenista no se podía ver.

Oposición que no critica, es oposición cómplice.

Descuartizado, el PAN está negado para la unidad. Políticamente es un rompecabezas en el que las piezas no encajan. Y así va hacia la elección constitucional de 2021.

Por lo pronto, de la mano del Chapito Guzmán son ya el PAN-Morena.

Archivo muerto

De la mano van la Policía Municipal y los malosos, los que deben procurar la paz y los que se regodean en la violencia. Así, penetrada, infiltrada, la corporación de Coatzacoalcos no es garante de seguridad, ni ve por la sociedad, ni puede aplicar la ley. Uno de sus mandos, Omar Berdón Arres, tiene bajo su encargo a la Policía Municipal desde que encabezó un motín —motín es delito, según el Código Penal—, fraguado por la pandilla del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo para deponer al entonces titular de la corporación, almirante Víctor Colorado. Pronto vendrían las arbitrariedades, ciudadanos levantados, encarcelados, obligados a pagar multa para recuperar su libertad. Luego se sabría de la misoginia hacia las mujeres policías, el maltrato, la presión que forzara renuncias y dejar espacios a nuevos elementos.

Por lo menos hay dos carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía de Veracruz, denuncias públicas y el alcalde no mueve un dedo para poner orden. Así hasta que el fuego se volvió volcán.

Hay puntos de conexión con el crimen organizado, la filtración de información a cárteles, el halconeo, el actuar en el lado oscuro de la ley. Mandos policíacos hablan de “presuntas ligas con el crimen organizado”, según publica el diario Reforma.

En Al Pie de la Letra, el columnista Raymundo Jiménez cita el testimonio de un agente estatal que refiere que muchos policías “son ‘aviadores’, y qué decir de complicidades con el narcotráfico”. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, donde haya penetración del narco, las corporaciones policíacas serán depuradas y asumirá el mando la Guardia Nacional. A su casa, liquidados, los no aptos, y los que sirvan serán vueltos a capacitar. Y acá, el alcalde Carranza en el limbo, o en el pantano.

El Comediante Supremo aún trae sus propios escándalos, el del narcomenudista ejecutado porque la esposa vendía por su cuenta y el del secuestrador que se halla sujeto a proceso, ambos en la nómina municipal; pronto noticia nacional…

Por delito grave, Carranza pasaría algunos años en prisión. Por asignar contratos, simular compra de servicios, renta de anuncios espectaculares, suministro de alimentos, sangrar al erario, el alcalde de Coatzacoalcos tendrá que enfrentar la ley. Va la pista: Víctor Manuel Carranza Rosaldo trata y beneficia a empresas fantasma, investigadas y boletinadas por el SAT —Servicio de Administración Tributaria—, el brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda. Implicada, Yolanda Sagrero Vargas, directora de Contabilidad municipal. Implicado, Mario Pintos Guillén, tesorero. Delito grave, según la Biblia de San Andrés Manuel. En horas, la historia a detalle… Se llama Elías Diez y Morena le ve perfil para alcalde.

Empresario automotriz, inmobiliario, concesionario de firmas como Dodge, Ford, Jeep, Mitsubishi y copropietario de Plaza y Torres Teatro, es el primer francotirador a la presidencia municipal de Coatzacoalcos, no porque él quiera sino porque así lo ve el equipo cercano a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, suponiendo que si su hermano Juan Manuel Diez transformó a Orizaba y se ganó la categorización del “mejor alcalde de Veracruz”, Elías tendría que ser su clon.

Que se sepa, al empresario le da por la política, pero en Morena lo conciben como una salvación, dado el desastre político que ha resultado Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Pésimos los sondeos, el rechazo social, las condenas a la inacción, el nepotismo, la violencia sin control, el morenismo sabe que con los diputados Juan Javier Gómez Cazarín y los fraudes en la Volkswagen; Mónica Robles Barajas, la que se clavó el Parque Quetzalli; Tania Cruz y el escándalo sexual de su hermano; Amado Cruz Malpica, conflictuado con el gobernador Cuitláhuac García, y el secretario del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Miguel Pintos Guillén, con denuncias penales encima, la derrota estaría cantada. Y Elías Diez no suena mal…

David Esponda está liquidado; Carranza, el alcalde, igual. Uno por permitir el funcionamiento de table dance Caballo Blanco sin medidas de seguridad; el otro por solapar la operación de ese y otros antros y tugurios bajo el cobijo del crimen organizado. David Esponda, director de Protección Civil municipal, por incumplir supervisiones en las que habría detectado que el Caballo Blanco tenía inadecuadas salidas de emergencia, falta de extintores, una verdadera trampa mortal que segó la vida de 30 personas, tras el ataque de cuatro malosos vestidos con ropa semejante a la de los policías. ¿Cuántos de estos negocios no pagan contribuciones?

¿Cuántas de sus bailarinas, cocineras, meseros, no contaban con tarjeta de salud? Es pregunta. Y mientras la responden, hay una certeza: el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, incurre en incumplimiento del deber legal…

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