*Incongruencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal en beneficio de la delincuencia

*En 3 años saldrá libre para gastar los millones que robó y que Yunes no le quitó

 “Una burla para la sociedad y una muestra fehaciente de la incongruencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, fue el desenlace del caso del más grande ladrón que ha padecido Veracruz: Javier Duarte de Ochoa, que en tan sólo tres años y con el pago de una multa ridícula, sin reparar daño alguno, quedará libre para disfrutar de los miles de millones de pesos que birló a los veracruzanos”,

Así lo señaló el abogado Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, quien añadió: “ahora ya sabemos de qué se reía y porque sigue carcajeándose Duarte de Ochoa, con socarronería insultante; se mofa de la fragilidad de las leyes mexicanas; se burla del NSJP y se pitorrea de laporpulticia de la Procuraduría General de la República, que fue el parapeto para simular que actuaban en contra del ex mandatario, cuando en realidad lo beneficiaban”.

La disfrazada protección que le brindó todo el sistema, no sólo la PGR, resaltó el prestigiado penalista, comenzó con la suspensión provisional que un juez le otorgara por los delitos d abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado tráfico de influencia y coalición, delitos no graves conforme al NSJP, con lo que de facto quedaron “congeladas” varias órdenes de aprehensión que había en su contra.

“Todo fue un circo mediático del Estado de Derecho, mediante el NSJP, que pareciera haber sido creado para juzgar convenientemente a pillos de la política, pues no deja de ser un absurdo, una incoherencia, que se otorgue el perdón sin la reparación total del daño, como lo señalaba el Código Penal Federal, al precisar que bajo ningún concepto se permitían componendas con delincuentes, porque era incentivarlos para que volvieran a delinquir”, apuntó el también ex catedrático de Derecho Penal en la UNAM.

En opinión del doctor en Derecho, HECTOR SEGOVIA TAVERA, catedrático de la Universidad La Salle; una señal inequívoca del resultadi que tendría el proceso contra Duarte de Ochoa, fue el deplorable desempeño que tuvieron los fiscales de la PGR en la primera audiencia ante el juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, “había sido enviados para perder”, remató.

Las inconsistencias de los MPF Martha Ramos Castillo, Nelly Magal Alvarado y Pedro Guevara Pérez, que no habían intervenido en el caso, fueron tan evidentes, que el mismo juez los reconvino por exponer datos incongruentes, al dar cifras contradictorias respecto a las que ofreció la PGR cuando solicitó la orden de aprehensión.

La PGR imputó a Duarte el delito de lavado de dinero por más de 438 millones de pesos, provenientes de recursos públicos, pero los MPF sólo pudieron comprobar 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz, es decir, ni el 10 por ciento de los recursos que habían sido desviados por el ex gobernador de Veracruz.

Cabe acotar que Duarte sumó en total 145 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría General del estado de Veracruz, encabezado por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, pero ninguna, de acuerdo al NSJP, tuvo el peso suficiente para aplicarle la ley con todo rigor.

La auditoría presentó 49 denuncias, el Órgano de Fiscalización, 14 querellas y el gobierno de Yunes linares Linares 82 acusaciones contra Duarte y compinches.

Asimismo, la acusación inicial contra Duarte era por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), que pese a su cuantía, de acuerdo al NSJP no es delito grave y por el de deincuencia organizada, ilícito que sí es considerao como grave y que hubiera impedido que el político veracruzano recibiera sentencia tan ridícula.

Empero, la jugada maestra que vino a beneficiar por completo a Duarte fue la inexplicabe decisión de la Procuraduría General de la

República, que a un mes de que el juez l dictara sentencia, resolvió reclasificar el delito de delincuencia organizada (si grave) por el de asociación delictuosa (no grave) que prácticamente puso a Duarte con un  pie en la calle.

Ello no fue sino resultado de la negociación que sostuvo Duarte con la PGR para confesarce culpable y de esa manera acceder a los beneicios de una sentencia mínima, como aconteció.

A manera de justificación y pese a la ridícula sentencia, la Procuraduría General de la República, en voz del subprocurador Felipe de Jesús Muñóz Vázquez, dijo no estar satisfecha con la resolución del juez, “pero la ley manda y no puede ser a tono, la procuraduría se tiene que apegar a lo que la ley ordena y acogerse a la misma” y todavía tuvo el descaro de emitir un comunicado en el que la PGR “hace patente su compromiso para evitar la impunidad y procurar justicia, acorde a lo establecido en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio”.

ALGUNAS DE LAS TRASTADAS DE JAVIDÚ

Dar a conocer a detalle todas las trapacerías de Duarte nos llevaría varias ediciones, por lo que solamente nos referiremos a unas cuantas que pintan de cuerpo entero al individuo que, en su momento, fue considerado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como “la sangre nueva del PRI”, junto con Roberto Borge Angulo, otro gobernante corrupto, detenido en el extranjero y, para variar, también favorecido por el NSJP.

En el caso que nos ocupa, las cifras de lo robado por Duarte y camarilla, resultan alucinantes como lo señala la Auditoría Superior de la Federación que promovió 47 denuncias al detectar en las cuentas públicas del gobierno de Veracruz (2011-2014), un daño patrimonial por 12 mil millones de pesos, en tanto que la deuda pública del estado es de 45 mil millones de pesos, pero aunada a “otros adeudos”, suman más de 100 mil millones de pesos, una cifra fácil de decir pero inimaginable siquiera de contar.

Duarte contaba con una verdadera red  de servidores públicos corruptos, perfectamente organizados para el desfalco, el fraude y el desvío de recursos, a través de empresas fantasma”, de las cuales fueron identificadas al menos 33, a las que el gobierno veracruzano otorgó contratos por 3 mil 300 millones de pesos.

Figura también la falta de pagos a proveedores de la Universidad Veracruzana por 2 mil 470 millones de pesos y el negro episodio cuando fue secretario de Finanzas en el gobierno de su amigo, guía y protector, Fidel Herrera Beltrán, su antecesor,  por la compra de medicamentos falsos (agua bidestilada) para el tratamiento de cáncer en niños.

Esa fue una acción a todas luces criminal, pues independientemente de los millones que se llevaron a la bolsa, está el terrible daño causado a los pequeños a los que les fueron aplicados los falsos medicamentos; hay reportes de decesos por dicha causa.

Se le llegó a señalar también como el responsable de más de dos mil desapariciones y el incremento del crimen organizado con presencia en distintos municipios del norte del estado, donde la delincuencia organizada mantenian un control económico y político, en contubernio con Herrera Beltrán al que en su momento se le llegó a llamar “El Z-1” de Veracruz.

Según información de inteligencia recabada por la PGR y por declaraciones del licenciado Alfonso Ortega López, primero amigo, luego socio y por último testigo en contra de Duarte, éste lo instruyó a constituir en febrero de 2011 la Inmobiliaria Roor y en mayo del mismo año, esa sociedad adquirió dos propiedades en la calle de Sierra Fría #715 en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, con un valor de 47 millones de pesos, que le servirían como “casa de retiro".

Antes en marzo de 2011, durante el festival veracruzano de Cumbre Tajín, por órdenes de Duarte, compró una lancha de lujo Aquariva con un valor de 790 mil dólares, a la que le puso el nombre de “Candelaria” para poder participar, con categoría, en la procesión acuática de la Virgen de la Candelaria, en las fiestas de Tlacotalpan, mismos que hoy la misma PGR ya hizo perdediza.

El mismo Ortega López, le sugirió comprar parcelas ubicadas en un ejido en Lerma, Campeche, sugerencia que aceptó de inmediato por lo que adquirió 21 parcelas: cuatro a nombre del propio Ortega, tres al de Juan Janeiro Rodríguez; cinco al de Rafael Gerardo Rosas Bocardo, ambos cómplices y luego delatores, y nueve al de Moisés Manzur Cysneiros, con un costo aproximado a los 20 millones de pesos.

Para poder comprarlas, tuvieron que hacer uso de documentación falsa a fin de que se les reconociera como avecindados, pues tenían que demostrar que al menos tenían un año de vivir en el ejido.

Duarte dispone de más propiedades que están a nombre de otras personas como una hacienda en Córdoba, Veracruz, conocida como El Faunito, adquirida en marzo de 2014 por Juan Janeiro, testaferro de Duarte y un departamento de lujo en la Torre Pelícano en Boca del Río, Veracruz.

En otro rubro, Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad de Duarte, declaró que a mediados de 2014, el actual diputado federal Antonio Tarek Abdala, entonces tesorero de Veracruz, le dijo que por instrucciones de Duarte, a partir de ese momento, todos los recursos federales en materia de seguridad ya no los iba a recibir la Secretaría de Finanzas, sino que debían ser recibidos directamente por la Secretaría de Seguridad Pública que los enviaría a la tesorería estatal y a otras empresas.

Otro latrocinio más: Juan José Janeiro fue llamado por Duarte, a inicios de diciembre de 2015, para que gestionara un crédito bancario,pues necesitaba dinero para cubrir compromisos del gobierno de Veracruz. No consiguió ningún préstamo, pero el ex gobernador sí, por lo que le dijo que necesitaba una lista de empresas que recibirían recursos del gobierno de Veracruz.

Todo lo relacionado con la facturación de las transferencias de recursos públicos hacia las empresas, se trataría con el entonces subsecretario de Administración y Finanzas, Juan Manuel del Castillo. De esa manera, las empresas, sin justificación alguna, comenzaron a captar recursos del gobierno de Veracruz por más de 350 millones de pesos.

DUARTE Y SU PECULIAR LIBERTAD DE PRENSA

Dutante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa la libertad de expresión fue letra muerta, toda vez que fueron asesinados 19 periodistas y tres más desaparecieron.

Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan,  desapareció el 8 de marzo de 2011. Su cuerpo fue encontrado el 1 de junio  en el municipio de Chinameca, al sur de Veracruz. El caso sigue sin resolver, se acusó a un supuesto sicario de su asesinato.

Miguel Ángel López Velasco, reportero y columnista de Notiver. Fue asesinado junto con su esposa y su hijo menor en su domicilio, ubicado en el puerto de Veracruz, el martes 20 de junio del 2011. Era conocido como Milo Vega.

Misael López Solana, fotógrafo de Notiver e hijo de Miguel Ángel López Velasco. Se culpó a un supuesto narcotraficante de su asesinato. A la fecha no se ha resuelto el caso.

Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de Notiver. Desaparecida el 24 de julio de 2011. Su cuerpo, decapitado, fue encontrado el 26 de julio del mismo año, dos días después.

Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso. Fue estrangulada en su casa el 28 de abril del 2012. Las autoridades determinaron que fue víctima de robo o de un crimen pasional.  Fue conocida por su crítica a la corrupción del gobierno de Duarte.

Guillermo Luna Varela y Gabriel Huge Córdova, ambos fotógrafos de Notiver y Esteban Rodríguez, reportero del periódico AZ, fueron asesinados en el canal de la Zamorana, en el puerto de Veracruz, el 3 de mayo del 2012. Junto a ellos se encontró el cuerpo de Ana Irasema Becerra Jiménez, empleada administrativa de El Dictamen.

Víctor Manuel Báez Chino, periódico Milenio el Portal de Veracruz, fue asesinado el jueves 14 de junio del 2012, su cuerpo fue encontrado a una cuadra del Palacio de Gobierno.

Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero del diario Notisur. Desapareció el 6 de febrero de 2014. Su cuerpo fue encontrado el 12 de febrero Duarte de Ochoa aseguró que fue asesinado por “problemas personales”; sus familiares aseguraron que fue por publicar un reportaje crítico del gobernador.

Octavio Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono Asesinado en su casa en el municipio Cosolapa, Oaxaca, en la frontera con Veracruz.

Moisés Sánchez Cerezo, director de La Unión. Secuestrado el 2 de enero de 2015. Su cuerpo apareció el 24 de enero, decapitado. Duarte dijo que no era periodista, sino “un taxista”.

Armando Saldaña Morales, de la estación La Ke Buena. Fue asesinado el 4 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado con cuatro balazos y señales de tortura en la frontera entre Oaxaca y Veracruz.

Juan Mendoza Delgado, director del portal Escribiendo la verdad Reportado como desaparecido el 1 de junio de 2015. Su cuerpo, atropellado, fue hallado al día siguiente.

Rubén Espinosa Becerril, corresponsal de Proceso y Cuarto Oscuro en Veracruz. Asesinado el 31 de julio de 2015 en México. Se había ido del estado semanas antes tras denunciar que había sido amenazado.

Anabel Flores Salazar, reportera del periódico El Buen Tono y de El sol de Orizaba. Un grupo de hombres armados, vestidos de militares, la secuestró la madrugada del lunes 8 de febrero de 2016, cuando se encontraba en su domicilio. La reportera fue hallada muerta en un paraje del municipio de Tehuacán.

Manuel Torres, director del portal de noticias MT y ex reportero de TV Azteca Veracruz, asesinado el 14 de Mayo del 2016, de un balazo en la cabeza cuando salía de la Delegación de Tránsito Estatal, en Poza Rica.

Pedro Tamayo Rojas, asesinado el 20 de julio del 2016  de 11 disparos afuera de su domicilio, ubicado en la calle 5 de Mayo, entre Morelos y Matamoros, en la colonia Centro de Tierra Blanca.

Los reporteros desaparecidos fueron: Gabriel Fonseca ‘Cuco’, reportero de la sección policiaca de El Mañanero. Desapareció el 19 de septiembre de 2011 en Acayucan, Veracruz; Miguel Morales Estrada, fotógrafo del Diario de Poza Rica. Desapareció el 25 de julio de 2012 y Sergio Landa Rosales, periodista del Diario de Cardel. Secuestrado el 26 de noviembre de 2012.

En su momento, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa y otras organizaciones internacionales, señalaron que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y Veracruz es el estado más riesgoso de todo el país.

Pese a ese historial, Duarte de Ochoa se mantuvo no sólo tranquilo, sino hasta retador, confiado quizá en la torpeza, involuntaria o premeditada, de la PGR, que nunca mostró elementos ni argumentos convincentes de la culpabilidad del ex mandatario.

Entre corrillos se comenta que tanto Javier Duarte de Ochoa como Roberto Borge Angulo, fueron algunos de los principales financiadores de la campaña de Peña Nieto, rumbo a la Presidencia del 2012, de ahí la ponderación de ambos que hizo el Jefe del Ejecutivo, al referirse a ellos como: “La sangre nueva del PRI”.

LOS REOS DEL RECLUSORIO NORTE LO REPUDIAN

Cuando fue internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, un nutrido número de internos de dicho penal mostraron su inconformidad ante la estancia de Javier Duarte en ese lugar y amenazaron con ponerse en huelga de hambre si las autoridades carcelarias no lo cambiaban de prisión.

Dijeron que no podía haber comparación entre un delincuente común, queno se parapetaba en un cargo para delinquir y “una rata coluda que aprovechó su puesto para robar a sus paisanos”.

Las autoridades carcelarias capitalinas hicieron un llamado para que Duarte fuera trasladado a un penal de máxima seguridad, pero hasta ahora el gobierno federal se ha encargado de que el ex mandatario siga en esa cárcel, catalogada por los mismos presos como un “hotel de 5 esrtellas”, donde es posible gozar de todos los beneficios si se tiene con que pagarlos y dinero es lo que le sobra a Duarte.

Por lo que respecta a la señora Karime Macías Tubilla, esposa de Duarte de Ochoa, sobre quien pesa una orden de aprehensión girada por un juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalapa, Veracruz, por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos a empresas fantasma, cuando estuvo al frente del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), la PGR informó el miércoles 3 del presente que no existe ninguna averiguación previa o carpeta de investigación en contra de la señora Macías.

El subprocurador de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñóz Vázquez, señaló que hay una denuncia contra Karime Macías por defraudación fiscal, presentada por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de la que se dio vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero hasta el momento no ha sido ratificada.

Mientras tanto, Karime Macías, quien se dice perseguida política, reside en exclusivo barrio londinense, en Inglaterra, en Wilbraham,

Place, a un kilómetro de donde vive la Reyna Isabel, en el Palacio de Buckingham, donde la mujer tiene que gastar un millón 600 mil pesos mensuales, sin considerar compras, viajes y servicios, ni el gasto que ocasionan otros ocho familiares políticos de Duarte.

Ante tan absurdos resultados, ahora sí nos queda claro el por qué de esa permanente sonrisa sarcástica, trastocada en mueca burlona del llamado “Javidú”  hacia las leyes de nuestro país