Andrés Manuel López Obrador durante los diálogos sostenidos con víctimas de la violencia en México, primero como candidato a la presidencia y luego como candidato electo, el hoy presidente de la República se comprometió a crear seis instancias autónomas, para instrumentar la política de “justicia transicional” anunciada para su gobierno.
De entre ellas, destaca el “Mecanismo internacional contra la impunidad”, que se encargará de perseguir penalmente las graves violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en las décadas pasadas, y que permanecen sin castigo hasta la fecha, pero, ¿qué será y cómo funcionará este organismo?
Mecanismo internacional, ¿para qué?: En México, el Ministerio Público ostenta la facultad exclusiva de perseguir e investigar los delitos que se cometen en contra de la ciudadanía. No obstante, destaca la propuesta civil, está “demostrada la falta de capacidad del sistema de justicia (nacional) para investigar a los máximos responsables” de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Por esta razón, se destaca, es necesario crear un ente que, de forma independiente a las instituciones actuales, investigue hechos tales como desapariciones forzadas, casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, y otras violaciones graves a derechos humanos cometidos desde 1968, así como las estructuras criminales y redes de corrupción que les han dado cobijo, para enfrentar a esas personas a proceso penal.
La propuesta elaborada por los colectivos civiles destaca que, además de la demanda de conocer la “verdad” histórica en torno a graves hechos de violencia ocurridos en México desde 1968 (que será atendida por la Comisión de la Verdad, otro de los órganos a cuya creación se comprometió el gobierno de López Obrador), también es necesario que el proceso nacional de pacificación incluya el esclarecimiento legal de estos hechos, mediante la identificación y consignación penal de los responsables, así como de los vínculos específicos entre graves violaciones a derechos humanos con intereses políticos y económicos.
Este “Mecanismo internacional contra la impunidad”, pues, debe esclarecer los casos que el Ministerio Público ha dejado sin investigar y sin procesar, en los últimos 50 años.