El presidente del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Vázquez Jiménez calificó como lamentable la actuación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información a través de su comisionada presidenta Yolli García Álvarez, ante el rechazo constante para la aplicación de las encuestas que permitirán obtener información sobre el nivel de corrupción que impera en las dependencias de gobierno y organismos autónomos estatales.
“La información que se pide en las encuestas no vulnera la identidad de las personas (…) La aprobación de la aplicación de la encuesta se realizó en una sesión del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción del cual forma parte la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, quien de manera oportuna debería haber manifestado lo que se tenía que hacer en materia de transparencia y protección de datos, siendo omisa y muestra en una actuación dolosa y con el ánimo de perjudicar las acciones del Comité de Participación Ciudadana”.
Cabe recordar que en días pasado, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información mediante sus redes sociales informó sobre la existencia de dos supuestas denuncias de personas que participaron en la encuesta, información que no ha sido notificada formalmente al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Señaló que el hecho de haber difundido a través de un comunicado de prensa del IVAI las supuestas denuncias, antes de haberlo notificado al Comité, hace nugatorio el derecho de audiencia de este órgano, y al haber dado publicidad y validez a las presuntas denuncias sin el debido análisis del pleno, señalando por su nombre a personas, deja constancia clara de violaciones a la legalidad y a la protección de identidad que tan celosamente dice proteger.
“La actitud de la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información tal parece que obedece a los intereses del gobierno estatal actual, ante la obstrucción férrea hacia el trabajo del Comité de Participación Ciudadana, cuando su premisa debiera ser garante de la transparencia y rendición de cuentas para evitar suspicacia hacia conductas ilegales”.