Jueves, 28 de marzo de 2024

  • El pasado 23 de diciembre del 2015

MAYL y FGE obstaculizaron labor de CNDH en investigación por desalojo de pensionados

  • Se desprende luego del análisis de 128 hojas que consta el expediente
Viernes, 12 Octubre 2018
  • Por:  Redacción

El abogado de los jubilados y pensionados integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), Juan José Llanes Gil, dijo que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y la Fiscalía General del Estado (FGE) obstaculizaron la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante la investigación del desalojo que el pasado 23 de diciembre del 2015 efectuaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por instrucciones del entonces secretario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado.

Señaló que esto se desprende luego del análisis de 128 hojas que consta el expediente que derivó de las 37 recomendaciones emitidas la semana pasada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre el caso de “violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia en agravio”.

Indicó que en relación con los hechos acaecidos el 23 de diciembre de 2018, el gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares (con base en lo expuesto en la recomendación), obstaculizó el trabajo de la CNDH.

“La Fiscalía General del Estado de Veracruz obstaculizó el ejercicio de las facultades de investigación de este organismo nacional, así como su limitada colaboración no han permitido conocer con precisión si se efectuaron las diligencias necesarias para conocer la verdad de los hechos”.

Mediante el oficio FGE/FCEAIDH/CDH/4551/2017­V del 21 de noviembre de 2017, se informó que no se contaba en ese momento con registro de otra investigación respecto de servidores públicos distintos al personal operativo que participó en los hechos investigados, y tampoco se tenía registro de acta circunstanciada o inicio de carpeta de investigación en relación con la emisión de cheques sin fondos por parte del Instituto de Pensiones, o en contra de algún servidor público que haya pertenecido o perteneciera a dicho instituto.

(Con información de Imagen del Golfo)

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