La diputada María de Jesús Martínez Díaz, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado, con la finalidad de otorgar atribuciones a la Contraloría General del Estado (CGE) y a los Órganos Internos de Control (OIC) para la supervisión del Padrón de proveedores de cada ente público.
Con esta reforma podría otorgarle a cada OIC la atribución para proceder a la cancelación del registro de algún proveedor, pues el objetivo de esta iniciativa es resolver el conflicto de intereses en el que pudiera encontrarse el servidor público al integrar el padrón de proveedores, y quien a su vez es el encargado de la unidad de realizar las compras o contrataciones.
Además se prevé que los proponentes de bienes o servicios que vayan a participar en algún procedimiento, proporcionen, no sólo el Domicilio Fiscal tal y como ya lo establece la Ley, sino que además de ello, el domicilio exacto de sus oficinas centrales, matrices, sucursales, establecimientos, bodegas, talleres o cualquier otra instalación inmobiliaria vinculada con la empresa o negocio, lo anterior, a fin de estar en condiciones de corroborar la veracidad de la información.
“La intención es que se incorpore a dicha Ley, Inspecciones Domiciliarias, mismas que estarán a cargo del Órgano Interno de Control del Ente Público y deberán constar por escrito, asentando la ubicación georeferenciada de los domicilios verificados, junto con un registro gráfico y fotográfico de estas”.
Se propone señalar que la Contraloría General u Órgano Interno de Control, tendrían la responsabilidad de verificar la existencia física de las empresas, contribuyendo a trabajar en una reforma a los Artículos 49, 56 y 59 para armonizar el texto vigente con dicha propuesta, no sólo incorporando nuevos requisitos a proveedores y candados en la Ley, sino perfeccionando la norma a través del incremento de las sanciones, ya establecidas en la misma.