Este miércoles se dio a conocer que Sofía Martínez Huerta, quien el pasado viernes 23 fue removida como presidenta del Poder Judicial de Veracruz, tramitó un juicio de amparo indirecto contra su destitución.
El amparo gestionado por la magistrada en el Juzgado Décimo Octavo del Séptimo Circuito en Turno, habilita como su defensa legal a Luis Antonio Fuentes Quiroz y Víctor Alfonso Loya Olivares.
Sofía Martínez Huerta, mencionó que había recibido amenazas del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, precisamente quien la impulsó como presidenta del Poder Judicial, para que le entregara con antelación su renuncia, y lo responsabilizó de cualquier cosa que pudiera ocurrirle.
En la sesión privada del pasado viernes 23, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia acordaron solicitar al Consejo de la Judicatura un informe detallado de las inasistencias de la ahora expresidenta del Poder Judicial, dado que durante seis meses ese organismo no sesionó.
De acuerdo con la magistrada Concepción Flores Saviaga, Sofía Martínez incurrió en un probable delito al haber transferido 60 millones de pesos del presupuesto del Poder Judicial del estado a una cuenta bancaria del Consejo de la Judicatura, sin tener autorización del pleno.
Además, aseguró que en las cuentas bancarias del Consejo de la Judicatura se actuó con discrecionalidad en el año que la magistrada destituida estuvo al frente.
En el Edificio “C” del PJ era vox populi que Martínez Huerta había incrustado en la nómina a varios familiares, entre ellos su nuera y su hijo, así como a varios amigos de éstos.
Y ante los reclamos de nepotismo por parte de varios compañeros, la magistrada solía contestar de forma altiva: “Es mi Tribunal, mi Tribunal, entiéndalo”.