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Por qué dicen que lo prometido es deuda, el empresario Arturo Castagné Couturier publicó en las redes sociales copia facsimilar de la escritura del terreno en la que está asentada la mansión en la que vive Rocío Nahle.

De acuerdo al documento, Maribel Hoyos Peña, sobrina de José Luis Peña Peña, esposo de la zacatecana, pagó al contado 4,970,000.00 pesos.

“Falta que nos diga de dónde sacó los otros 45 millones más para construir la residencia. Maribel es una joven de 35 años a la que están involucrando en un hecho muy grave de corrupción”, comentó el empresario. Una comerciante, que presta su nombre para los Nahle-Peña comentan un delito.

Agregó que Nahle “debiera actuar con honestidad y reconocer que la mansión es suya y de esa manera liberar de un riesgo penal a su sobrina política”.

“Usted deberá mostrar el contrato de arrendamiento, el CFDI emitido por su sobrina con la cuenta predial, la tarjeta predial a nombre de su sobrina y los estados de cuenta bancarios de ambas para verificar los depósitos y retiros, más la declaración ante el SAT”, le dice.

El empresario anuncia que habrá más información, “por lo pronto ofrezco presentar en los próximos días la escritura de compra del terreno a nombre de José Luis Peña Peña esposo de la señora de Zacatecas. Es otro terreno en la misma isla de este lujoso fraccionamiento”.

Sí vive ahí, confirma; renta, declara, pero no ofrece pruebas

Finalmente, casi una semana después, Nahle confirmó que vive en la mansión del fraccionamiento El Dorado, municipio de Alvarado, como lo hizo público Castagné Couturier, aunque declaró ayer que renta el inmueble.

Sin embargo, su confesión la hizo prácticamente de soslayo al responder a las críticas que le hizo un día antes su adversario José Yunes Zorrilla.

“Todo lo que los tiene enojados es porque renté, sí, renté una casa de 380 metros cuadrados en un fraccionamiento de Boca del Río (es del municipio de Alvarado); tengo rentada ahí una casa… y es lo único que yo voy a decir de este tema”, se limitó a comentar sin dar detalles ni ofrecer que presentará pruebas para zanjar la polémica que causó la revelación de su presunta propiedad.

En una entrevista a un noticiero de radio de la ciudad de Xalapa, la zacatecana confirmó la denuncia que hizo el miércoles pasado el empresario, de que si habita la mansión, que valúan entre 40 y 50 millones de pesos, cuya propiedad y origen siguen siendo un misterio, pero que Castagné asegura que es suya.

La candidata de Morena nuevamente quiso desviar la atención del meollo del asunto al descalificar a Pepe Yunes y redujo el caso a “chismes de vecino”, calificando a su opositor de “intrigoso y difamador”, dijo que va a quedar “como un mentiroso” porque no tiene “una sola prueba”, aunque tampoco ella ofreció mostrarlas para sustentar su dicho. “No me enredo en sus intrigas y disparates”, insistió.

Pepe no respondió, pero Castagné hizo pública una fotografía de una residencia del fraccionamiento Costa de Oro, municipio de Boca del Río, donde dijo que realmente vive Maribel Hoyos Peña, sobrina de José Peña, esposo de Rocío, a quien atribuyen la propiedad de la mansión donde vive Nahle, lo que pone en duda. “¿Usted les cree?”, preguntó y ofreció publicar más documentos.

Lo más crítico del tema, es que la zacatecana no cuenta con absolutamente nadie profesional que en verdad logre asesorar y emprender una inteligente estrategia para sacarla de este escandaloso tema de malversación y enriquecimiento ilícito. El empresario insistió en que se trata de actos de corrupción, dijo que la compra de bienes inmuebles por cientos de millones de pesos “no es un asunto menor”, exhortó al presidente, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT, al INE y al OPLE a “atender este delicado asunto” e inhabilitar a la zacatecana como candidata.

Comentó que ha dedicado varias horas a revisar sus declaraciones patrimoniales y no declaró los bienes y propiedades en mención.

Y las patadas de ahogado de la señora zacatecana, son patéticas y al estilo de su grupúsculo político, intentó desestimar el acto de corrupción en la que está inmersa, ofendiendo y descalificando a José Yunes Zorrilla.

Y tal es lo grave de su situación política, que la abanderada política de su partido, la humilló en sus terrenos y prefirió mantenerla muy lejos de ella. Como si fuera una apestada. Y otro punto, es que su mesías y mentor, no la ha mencionado ni de broma en sus mañaneras.

Indudablemente la dejó sola, pese que el dinero de Dos Bocas, a ella le tocó solo un porcentaje de todo el presupuesto asignado. Seguramente ya ese dinero está en su ranchito “La Chingada” y quien tendrá que dar la cara será la zacatecana. A comer sapos sin hacer muecas.

Violenta y arbitraria, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Atención de Grupos Vulnerables, Anilú Ingram Vallines en el Congreso del Estado de Veracruz, no tiene empacho en incurrir en un delito federal por incumplimiento de un deber legal como tampoco, en violentar a un ciudadano que le está pidiendo audiencia para atender un tema atribuible a su comisión y además, bloquearlo en las redes sociales, cerrando el canal de comunicación viable que tiene una ciudadana con un servidor público y que la ley, le prohíbe. 

Crónica de un incumplimiento legal 

Su asistente de nombre Sofía Villegas, fue contactada por una servidora el 26 de febrero del 2024 a través de la mensajería de WhatsApp quién amablemente atendió el llamado de audiencia. Derivado que en dicha reunión estaría presente la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), los abogados de dicho organismo y una servidora, se tendría que considerar y convenir la fecha de la audiencia y la hora. Se debería de concretar en un día dónde tanto la diputada y el organismo, cruzaran sus agendas por poder llevar a cabo dicha reunión. 

Es importante advertir que la legisladora pese a pertenecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que dicha corriente ideológica está apoyando la candidatura a la gubernatura del estado de Veracruz, José Yunes Zorrilla; ella, por decisión personal y por su fines políticos particulares, y porque el PRI no le quiso cumplir su capriocho de darle una diputación plurinominal a su pareja sentimental; se encuentra muy activa participando en la campaña de la señora Claudia Sheinbaum y la zacatecana, Rocío Nahle. Ambas de Morena. Pese a continuar gozando con la diputación plurinominal que el PRI le dio, los traiciona políticamente hablando. 

La cuestión de dicha precisión, es que la legisladora ha alegado a una servidora a través de su asistente, de estar muy pero muy ocupada y con esto incumpliendo con la función que el Congreso Local del Estado de Veracruz, le concedió y en dónde es presidenta de dicha comisión, pues en horario laboral, ella prefiere andar tras las candidatas de Morena para brincar al próximo puesto político. Pero dígame Ud., ¿Quién votaría con una mujer tan arbitraria como ella?

Hablé con el compañero y amigo, Guillermo Núñez, titular de la Comunicación Social del Congreso del Estado, y fue quién me orientó sobre quién era la titular de dicha comisión y me proporcionó la información sobre su asistente. Cómo directora de un medio de comunicación y columnista, regularmente considero de vital importancia el tener los números celulares de los servidores públicos de cualquier partido político y el de los legisladores no son la excepción. Por lo que días después de haber hecho contacto con su asistente y no tener éxito para la audiencia, le envié un mensaje al WhatsApp a la legisladora (obvio presentándome previamente) para que expusiera el día y hora de la audiencia con ella. No le importó el mensaje y pese a que si lo leyó aunque tiene bloqueadas las palomitas de notificación, mi celular tiene la posibilidad de saber si el destinatario recibió en tiempo y forma el mensaje. Nunca quiso responderlo.

El día de hoy, luego de una plática con secretario ejecutivo de la CEAPP, Israel Hernández, a quién le pregunté si ya había recibido respuesta de la señora Ingram Vallines, su respuesta es que la señora no los había contactado y estaban esperando de su respuesta.

Revisando sus redes sociales, comprendí la causa por la que la diputada local priísta no le interesaba ponerse en contacto ni con la CEAPP ni con una servidora. Su única preocupación, es ver la forma de cómo brincar el próximo escaño político. Anda en literal campaña con Sheinbaum y la Zacatecana, sin importarle sus funciones. Desestimando y violentando los derechos humanos la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura de Veracruz. ¿Qué se puede esperar de un político cuando prefiere abonar a un incumplimiento legal o continuar pegado a la ubre?

Sus acciones arbitrarias no solo es no hacer su trabajo, sino que buscando la forma de que me diera de una vez por todas la audiencia, se la solicité a través de las redes sociales. Y su respuesta, fue bloquearme en las redes, que pese a que la Suprema Corte de Justicia determinó que dicha acción por parte de un servidor público, violaba sus derechos y además de interrumpir un importante canal de comunicación entre él y el ciudadano. 

Aquí la legisladora no sólo incumple un deber legal, no tan sólo me viola mis derechos humanos a negarme la audiencia que como legisladora tiene obligación de otorgar, sino también comete actos de discriminación y violencia al negarme la posibilidad de ser escuchada conforme la establece la ley a mi derecho de audiencia. El negado, viola constitucionalmente este derecho (valga la redudancia) y lo más crítico, es que es mancillado por una legisladora quienes son los que diseñan las leyes en nuestro país y estados.

Un llamado a Juan Javier Gómez Cazarín 

Esperemos que el diputado local, Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política que derivado de sus funciones y responsabilidades atienda lo     que establece ARTÍCULO 80.

1. 1.   La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara. Entre ellas, el cumplimiento de las comisiones a los legisladores que dicha junta impulsa y asigna entre los diputados locales.

Pido de antemano su intervención para solicitar a la legisladora priísta, Anilú Ingram Vallines, cumpla con veracidad su deber legal y escuche cuál es la causa por la que una servidora solicita su intervención, luego de que ha sido de manera normalizada, de violaciones a sus derechos humanos y por lo que necesitará su intervención inmediata expedita de acuerdo a lo que marca la ley.

Es cuanto señor legislador. Espero tanto una servidora y la CEAPP su oportuna intervención.

El eco del escándalo en Veracruz resuena con la reciente exposición de información sobre la opulenta mansión, apodada “La Casa Blanca de la Zacatecana”, en el selecto fraccionamiento "El Dorado" en el municipio de Alvarado, que supuestamente pertenece a Rocío Nahle, la misma funcionaria gubernamental que pregonaba los valores de honestidad y austeridad. Sin embargo, la disparidad entre sus palabras y sus acciones es abismal.

Según las revelaciones del empresario Arturo Castagné Couturier, la mansión, valuada en más de $50 millones de pesos, está a nombre de Maribel Hoyos Peña, sobrina política de Nahle, una joven sin recursos aparentes para afrontar semejante inversión. ¿Cómo es posible que una persona de origen modesto como Nahle y su familia accedan a tal riqueza repentinamente?

El proceso de adquisición de la propiedad parece estar envuelto en una maraña de trampas y artimañas: declaraciones de compra de terrenos a precios subvaluados, licencias de construcción que subestiman la verdadera magnitud de la edificación y compras de lotes adicionales a precios irrisorios, todo apuntando a un esquema de corrupción descarado.

Las acusaciones de enriquecimiento ilícito de Nahle y su esposo, José Luis Peña Peña, exigen una respuesta inmediata y contundente. Sin embargo, hasta ahora, su silencio solo alimenta las especulaciones y la indignación del pueblo veracruzano, que merece líderes que estén a la altura de su confianza y respeto.

En un estado marcado por la corrupción y la impunidad, la impunidad de la clase política solo sirve para profundizar la desconfianza y el escepticismo del pueblo. Veracruz necesita una rendición de cuentas total y una transparencia absoluta por parte de aquellos que juraron servir a su gente.

En los días venideros, estaremos vigilantes ante cualquier desarrollo en este escandaloso caso que ya se encuentra en el visor internacional, que deja en entredicho la integridad moral y ética de aquellos que ocupan las más altas esferas del poder en el estado. Porque, en última instancia, "Veracruz es de los Veracruzanos", y merecen un gobierno digno de su lealtad y apoyo.

Andrés Manuel López Obrador, su manto protector no podrá limpiar la imagen de la Zacatecana, quien actualmente goza del repudio de la sociedad, que en verdad, ofende su presencia en cualquier sector que ella pretenda pararse.

Todavía su campaña no inicia, y su deslealtad con la sociedad es más que evidente, y no comprendemos la incapacidad para pretender desviar tantos millones de pesos a la vista de todos, con el cinismo que a ella le caracteriza.

En medio de un panorama político convulso, donde la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas es una constante, surge un caso que ha captado la atención de muchos: la revelación de detalles sobre la propiedad de la señora de Zacatecas, Rocío Nahle.

Los datos proporcionados en la nota informativa revelan una realidad que no puede pasarse por alto. Una fecha de compra, una ubicación, un valor comercial significativo y un comprador, su esposo. Detalles que, aunque pueden parecer simples, encienden luces de alerta en una sociedad cada vez más exigente en cuanto a la honestidad y la integridad de sus representantes públicos.

Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio de transparencia se ve empañado por la reacción de algunos defensores de la señora de Zacatecas. Adriana Muñoz, delegada de RTV y enlace de prensa de la mencionada, opta por la defensa a ultranza, recurriendo a la acusación de misoginia y violencia como respuesta a las legítimas interrogantes sobre los actos de corrupción que rodean a esta figura pública.

Es comprensible que la denuncia de posibles actos de corrupción genere incomodidad y resistencia. Pero es imperdonable que se intente desviar la atención utilizando argumentos falaces en lugar de abordar de frente las preocupaciones legítimas de la ciudadanía.

Es cierto que todos tienen derecho a una defensa adecuada y a la presunción de inocencia, pero también es cierto que la confianza pública se gana con acciones transparentes y honestas, no con negaciones y acusaciones infundadas.

El caso de la señora de Zacatecas no debe ser solo un punto de controversia momentáneo. Debe ser un recordatorio constante de la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el ejercicio del poder. La sociedad exige y merece respuestas claras y acciones concretas, no evasivas y manipulaciones mediáticas.

Mientras continúen surgiendo detalles sobre este caso, es nuestro deber como ciudadanos mantenernos vigilantes, cuestionar cuando sea necesario y exigir la verdad y la justicia, sin importar cuán incómodas sean las respuestas.

La transparencia y la veracidad son los cimientos de una sociedad justa y equitativa. Y es nuestra responsabilidad defenderlos con firmeza y determinación, siempre.

Porque Veracruz es de los Veracruzanos, y merecemos representantes dignos de nuestra confianza.