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“El 5 de junio de 2017, se convirtió en día de cambio para Quintana Roo; es tiempo de resultados contra la impunidad y la corrupción”, dijo Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, al enterarse de la captura de su antecesor, Roberto Borge Angulo, durante la madrugada del pasado lunes, en uno de los aeropuertos de Panamá.

Como lo informamos oportunamente, pese a la negativa oficial de la Procuraduría General de la República de que hubiera orden de aprehensión contra el exmandatario, así como la alerta migratoria y la emisión de la ficha roja por parte de la Interpol, la existencia de todo ello se confirmó los primeros minutos del pasado lunes, al darse a conocer su detención en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, cuando pretendía tomar un vuelo rumbo a París, Francia.

En torno a Borge Angulo, quien desfalcó a su estado con más de 30 mil millones de pesos, pesan no una, sino seis peticiones de órdenes de aprehensión a jueces federales, por parte de la PGR, por lavado de dinero, uso indebido de recursos públicos, desvío de fondos, venta del patrimonio del Estado, enriquecimiento ilícito y despojo, entre otros.

LA CAPTURA

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, en coordinación con Interpol, establecieron que Borge Angulo llegó a Panamá el 25 de mayo y se hospedaba en un departamento de la Torre Trump.

Asimismo, identificaron a diversos colaboradores, que lo apoyaban en la logística de traslados, mediante la compra de boletos de avión y la renta de departamentos y habitaciones de hotel en ciudades como Miami, Florida; La Habana, Cuba; Nassau, Bahamas; Panamá, Panamá, y recientemente en Barcelona, España, a donde pensaba viajar.

Tras su aprehensión, corresponderá a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales realizar la solicitud formal de detención con fines de extradición al gobierno de Panamá, para lo cual cuenta con un plazo de 60 días.

CÚMULO DE ILÍCITOS DE BORGE, FAMILIA Y AMIGOS

De acuerdo a la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, a fin de recabar los elementos necesarios y fincar presunta responsabilidad a Borge Angulo, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, datos financieros de una decena de personas y de nueve empresas.

También se investigaron las cuentas bancarias de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador; de Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) y de Santiago Samuel Jiménez, empresario gasolinero y representante de inmobiliarias.

Lo mismo de Édgar Manuel Méndez Montoya, Jorge Luis Cárdenas Bazán, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador.

Algunas de las empresas investigadas por la compra de terrenos a precios de ganga son: Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch S.A.P.I. de C.V., Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V., Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga.

La indagatoria dio inicio luego de la denuncia que interpuso el actual gobernador Carlos Joaquín González, en la que se detallan 24 contratos de enajenación de terrenos entre 2011 y 2014, a cargo del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

Las propiedades, que en conjunto tienen una extensión de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados y un valor comercial de 5 mil millones de pesos (todas subvaluadas y rematadas a familiares y miembros del círculo cercano de Borge), fueron aseguradas por la PGR el 24 de febrero y al menos 10 de los inmuebles no eran susceptibles de venta.

De las 25 propiedades que aseguró la PGR, cuatro pertenecen a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Roberto Borge Angulo, cuyos terrenos fueron comprados en 137.50 y 200 pesos el metro cuadrado en el municipio de Cozumel.

En total por los cuatro predios, dos de los cuales compró el mismo día, la madre del ex mandatario pagó 28 millones 547 mil 184 pesos, sin embargo, el costo real a la fecha del total de las ventas realizadas suman 149 millones 798 mil 852 pesos.

El 29 de abril de 2015, la señora Angulo realizó la compra de superficie de la reserva territorial del estado más grande, ya que tiene una extensión de 111 mil 763 mil metros cuadrados, por el que pagó 15 millones 367 mil 523 pesos, aunque el precio real a la fecha de venta es de 73 millones 577 mil 873 pesos.

De manera general, los terrenos están ubicados en zonas costeras o con vista directa al mar, en los municipios de Tulum, Cozumel, Othón Blanco, Cancún, Solidaridad e Isla Mujeres y fueron vendidos a un 6 por ciento de su valor real.

Uno de esos terrenos, está en Tulum situado en el Santuario de la Tortuga Marina, conocido a nivel nacional por ser el principal sitio de anidación de quelonios de la especie caguama y blanca, frente a la bahía de Xcacelito y colinda con el parque Xel-Ha.

La situación de inconformidad llegó a tal grado, que el niño Ángel Jacinto Noh Tun, al participar en el Séptimo Parlamento Infantil de Quintana Roo, originario del municipio maya de José María Morelos de Quintana Roo, lanzó un fuerte reclamo por la corrupción de los políticos y los cuestionó:

“La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra, ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borge. Tu diputado y diputada, por qué no legislas para ponerlo tras las rejas, tienes miedo o ya te llegó al precio”, cuestionó el diputado infantil, de quinto año de Primaria, exclamación que se ganó el aplauso de los asistentes.

Dijo que es una incongruencia que mientras una familia lucha por tener una vivienda -de 15 por 20 metros-, que será el patrimonio de su familia, “Borge invade y vende terrenos a familiares y amigos”.

Ocho meses después de haber finalizado su gobierno (2011-2016), en el que saqueó al Estado, desvió recursos federales, estatales y se apoderó de infinidad de tierras y bienes muebles e inmuebles, ayudado por Juan Pablo Guillermo Molina, Eliézer Villanueva Lanz, Claudia Romanillos, Mauricio Rodríguez –actualmente preso-, Fabián Vallado, Fernando Escamilla, entre otros, Borge huyó de Quintana Roo.

Siguió los pasos de su padre, Roberto Borge Marín, quien en 1994 fue detenido y procesado, acusado de evasión fiscal por 3.5 millones de pesos, durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien le negó su apoyo político y lo hundió en la cárcel, al igual que a Mario Ernesto Villanueva Madrid.

Ahora, Borge tendrá que demostrar de dónde obtuvo tanto dinero para comprar cientos de negocios, propiedades –entre ellas un diario de circulación estatal y una radiodifusora-, efectivo en bancos, y sobre todo, la Naviera Barcos Caribe, que mal integro su papá, motivo por el cual está en proceso de litigio.

Atrás quedó la ostentación, como cuando envió a Belice, a la isla de San Pedro, a sus operadores jurídicos a comprar una Isla en 10 millones de dólares que pagaría en efectivo, aunque la operación no se concretó porque no le gustó que la isla estuviera enmontada. Esa isla es ahora un complejo hotelero de lujo.

Asimismo, operaba una red delincuencial conocida como “Los Piratas De Borge” en la cual supuestos trabajadores iniciaban una demanda laboral contra empresas, reclamando indemnizaciones millonarias, la Junta de Conciliación y Arbitraje fallaba a favor del trabajador, vaciaba las cuentas bancarias del empresario y se adueñaba de los inmuebles, que eran rematados a familiares y amigos muy por debajo de su valor real.

Existe otra denuncia por parte de la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, por el desvío de mil 800 millones de pesos, que fueron transferidos de manera extraordinaria desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural durante el ejercicio fiscal del 2016, en los últimos días de Borge Angulo como gobernador.

Ahora, tras la captura del más grande saqueador del Estado, el reclamo de los quintanarroenses no es tan sólo que se le encarcele, sino que se le obligue a devolver todo lo que se llevó y lo que dejó robar a familiares, compadres, colaboradores y amigos

En la pesca no todos los pescadores son pobres, hay algunos que cobran por tres conceptos, como funcionario público, como falso dirigente de los pescadores y como activista social, mientras los auténticos trabajadores del mar siguen en la miseria, así es Joaquín Sosa Herrera, según pescadores inconformes con sus actividades.

"El Flamante director de Pesca del Gobierno del Estado, Joaquín Sosa no se conforma con su salario como funcionario público en el nuevo gobierno, sino que sigue explotando a los trabajadores del mar ostentándose como líder de los trabajadores de la pesca", señalan los pescadores que pidieron el anonimato.

Sosa Herrera ha hecho de los pescadores su manera de vivir en playa norte,  a los pescadores les cobra cuotas prometiéndoles que les va a conseguir lanchas, redes, motores y no ha dejado de cobrarles ese dinero, cuando los pescadores preguntas solo les dice que se encuentra en una cuenta bancaria ganando intereses, pero el tiempo pasa y ese dinero no llega.

Escudado en la organización " triunfo unido ", se mantiene él y su familia a costa de la esperanza que los pescadores tienen en mejorar su nivel de vida, pero eso a Sosa Herrera no le importa, porque cobra por todos lados.

Aunque no da la cara, Joaquín Sosa es juez y parte, porque por un lado funciona como funcionario Público siendo director de pesca del gobierno del estado y, por otra parte, está detrás de las movilizaciones de los pescadores, uno de ellos de apellido Suazo, que utiliza para presionar a las autoridades por presuntos daños ambientales de lo cual sale negociando y beneficiándose.

 Entre “El Suazo”, “La china” Felipe valencia Hernández, Enrique Martínez y Joaquín Sosa Herrera, están detrás de los paros de pescadores para contar a las instituciones y para ello utilizan al abogado Wilbert Mota Montoya para justificarles jurídicamente sus ilegales movimientos.

Pero algo debe estar pasando porque bastaría con que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares procediera a una auditoría a Joaquín sosa herrera, para darse cuenta que para este vividor el cambio si llegó, pero no para los trabajadores del mar.

Hay casos de verdaderos pescadores que por más de 20 años han permanecido en playa norte y la zona de san juan de Ulúa  comentan  que más del 90 por ciento de los que se manifiestan ahora en tiempos electorales son mandados por Joaquín Sosa Herrera.

Las federaciones de pescadores como la de Isabel pastrana y Bernardo Hernández  con más de 1000 pescadores de la zona se preguntan,  que como le hizo este personaje venido a menos para ponerlo como su autoridad en la SEDARPA  en pesca y acuacultura,  sin tener los conocimiento básicos  de la administración pública habrá que ver  hacia donde canaliza los apoyos.

Esa institución debe ser representada por alguien que tenga amor a la camiseta y sienta la necesidad de  los verdaderos pescadores y con conocimientos  y no llegue nada más a servirse como este tipo que brinca de partido en partido para meterse a seguir medrando de los pescadores de esta zona sino pregunten a quienes los representa de playa norte  como los ha madreado.

Aunque las autoridades estatales y federales lo nieguen el estado de Veracruz y el país entero están en manos de la delincuencia organizada o común.

La violencia ahoga a los gobernados y nadie, desde el jefe del Ejecutivo Federal, hasta el edil más modesto, son capaces de admitir que fracasaron y que el crimen los rebasó, el problema es que aún no queda claro una cosa.

¿Por qué lo niegan?... Por miedo, pena o por simple pendejismo, la respuesta la tiene usted querido lector. 

Usted que vive con miedo, encerrado en su casa entre protecciones de acero, usted que no duerme mientras sus hijos andan en la calle, usted, solo usted.

Y si no fuera verdad que la delincuencia ya rebasó a las instituciones entonces ¿por qué el Ejército está en las calles?

El mismo jefe de las Fuerzas Armadas, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, en abierto reclamo a MIguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y le dejó bien claro que no están a gusto, que los primeros en querer regresar a sus cuarteles son ellos, ya que los obligan a hacer tareas que no les corresponden,  porque los responsables no cumplen.

Y ¿A quién se refirió cuando dijo los responsables. Pues claro a los gobernadores, entre ellos Miguel Ángel Yunes Linares y a los secretarios de seguridad pública estatales, incluido Jaime Téllez Marie.

Los violentos hechos, pese a la presencia de los soldados, refrendan la caótica situación, mientras los miopes funcionarios se empeñan en negar la realidad y ya cuando la ven muy dura piden ayuda, pero sin aceptar su incapacidad para solucionar sus propios problemas.

En el estado de Veracruz, en los últimos días hubo cabezas cabezas humanas en hieleras, alcaldes asesinados, jefes policíacos ejecutados, mujeres muertas en narcoajustes, embolsados, descuartizados y enfrentamientos entre narcos, policías y militares, lo que ha dejado buen número de víctimas.

Sn embargo, bajo la perspectiva de las autoridades encargadas de la seguridad, la situación no es alarmante e incluso afirman que  “ha habido una significativa disminución en delitos de alto impacto”. A otro perro con ese hueso.

La realidad es otra y es clara.

La semana pasada fueron arrojados dos cuerpos sin manos en la zona norte de la ciudad de Veracruz y uno más dos días después, en la puerta de la narco-disco Capezzio, se han registrado ejecuciones en Las regiones de Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán, Córdoba-Orizaba, Veracruz-Boca del Río e incluso en la mismita capital del estado, Xalapa.

A pesar de ser violencia, el comandante de la Primera Región Naval, Fernando Arturo Castañón Zamacona, nos dio el consuelo de que se trata de ajustes de cuentas entre dos grupos antagónicos de la delincuencia organizada, o sea, algo así como el re acomodo de quienes vienen a sacar a los que ya estaban. Y me pregunto.

¿A caso las muertes de delincuentes a manos de otros delincuentes no son violencia?

Sería el colmo que don Castañón se atreva a aceptar que otros h.agan su trabajo con una oleada de violencia y con con la ley y la justicia.

Otro ejemplo de violencia que rebasa a las instituciones fue la balacera registrada esta Navidad a plena luz del día en Xalapa, donde la Policia estatal, como siempre, llego tarde y solo para recoger los cuerpos y los casquillos.

Pese a todo esto, las autoridades estatales y federales, encabezadas por el representante del ejecutivo estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, salen a dar la cara para decirnos que todo está bajo control y que la delincuencia ha bajado considerablemente a tan solo 13 días de haber implementado el Operativo de seguridad en Veracruz, como si tuvieran una varita mágica o como si los ciudadanos fueran ciegos.

A propósito de lo que no han hecho las policías:

¿Qué ha sido de “El Mencho”, “El Mayo”, “El Tequilero”, “El Azul”, "El Javidú" y "La Karime", entre otros temibles capos?... NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER.