En un contexto marcado por la violación flagrante de la legalidad y la ética, se han destapado prácticas altamente cuestionables en el proceso de asignación de plazas sindicalizadas dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 32 en el estado de Veracruz y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Estas acciones, perpetradas por individuos dentro de la esfera de confianza y funcionarios sindicales, han generado una oleada de preocupación y descontento entre los trabajadores. 

Contexto Legal 

Leyes y regulaciones ignoradas 

En contravención directa a la ley laboral mexicana, se ha evidenciado que ciertos funcionarios sindicales y autoridades de la Secretaría de Educación han otorgado plazas sindicalizadas a personal de confianza. Este acto transgrede el Artículo 123, Apartado A, Fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíben expresamente a individuos en cargos de confianza acceder a plazas sindicalizadas. Además, el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública excluye específicamente a personas ocupando puestos de confianza. 

Las irregularidades examinadas entre los involucrados en este vergonzoso entramado, se destacan: 

1. Diana Santiago Huesca, delegada regional de la Región Veracruz (DRV). Esta última, la más representativa en este entramado de ventas de plazas y además moches salariales al interior de la base laboral de dicha dependencia. Firma y beneficia a quienes le lleguen al precio. Otro constante delito que ha sido denunciado por lo mismos trabajadores, es que la mujer desde llegada, ha contratado a un gran número de personal adjudicándoles salarios elevados y el convenio es que le devuelvan el 60 por ciento del mismo en efectivo y se queden con el resto. Y si incumplen, únicamente los corre.  
2. Jonathan Andrade Hernández, director de Recursos Humanos de la SEV
3. Daniel Covarrubias López, secretario general del SNTE sección 32
4. Óscar Raúl Argüelles Loyola, secretario de Trabajos y Conflictos del personal de Apoyo del SNTE 32.
5. Jorge Manuel Larrainza King, Secretario General de la Delegación D-III-04 del SNTE que se encuentra insertado dentro de la base laboral de la Delegación Regional de Veracruz. 

Hay muchos casos evidencias sobre el gran negocio que este grupo ha ejecutado al interior de la Delegación Regional de la SEV. Pero se los iremos contando uno a uno. En este momento nos concentraremos expresamente en evidenciar el caso de una trabajadora de confianza de nombre Yolanda Aguirre Zamudio. 

Un fraude al ISSSTE 

Uno de los casos más descarados y reveladores es el de la señora Yolanda Aguirre Zamudio, a quien se le ha conferido una plaza sindicalizada de “Asistente de Servicios” (intendencia) sin ser siquiera sindicalizada y mucho menos pertenecer al SNTE sección 32. Pero derivado del entramado que ejecutaron, una de las primeras jugadas es que  la señora Aguirre Zamudio ya está afiliada al sindicato; pero también ocupa un cargo de confianza como Técnico Superior, lo cual constituye una violación evidente de las normativas vigentes y potencialmente da lugar a un fraude al ISSSTE mediante la percepción de una doble pensión. 

Ahí radica el dilema, la mujer pese a ser de confianza, el ISSSTE la pensiona por sus años de cotizar en dicha institución pero como tiene un salario bajo, pagando una fuerte de cantidad de dinero (que debe de ser muchísimo para que todos los involucrados se interesaran en llevar su tema), deciden otorgarle una plaza de otro trabajador que ya se jubiló de intendencia para que la “trabaje” un año y así eleve su salario y consiga que el ISSSTE en el momento de su jubilación le conceda el salario devengado por esos 365 días a una pensión. Todo un fraude consumado y en confabulación de servidores públicos de la SEV (antes mencionados) y los líderes sindicales tanto de Xalapa como en la DRV.

Además, los propios trabajadores han denunciado que la señora Aguirre Zamudio no cumple con las responsabilidades inherentes a su puesto de intendencia. En lugar de desempeñarse en dicha área, se le encuentra rutinariamente sentada en el departamento de planeación, sin llevar a cabo tareas relacionadas con su plaza. Asimismo, es común observarla abandonar su lugar de trabajo mucho antes del horario oficial establecido. 

Conclusiones y llamado a la acción 

Estas acciones ilegales y moralmente censurables impactan directamente en los trabajadores sindicalizados y erosionan la confianza en las instituciones pertinentes. Es de vital importancia que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre esta situación y que se tomen medidas contundentes para asegurar la transparencia y la justicia en el proceso de asignación de plazas. Los derechos de los trabajadores deben ser resguardados celosamente, y aquellos individuos que han traicionado la confianza depositada en ellos deben ser llevados ante la justicia y sobre todo, a la cárcel. 

Esperamos, con fervor, que las autoridades competentes asuman la responsabilidad que les incumbe y emprendan acciones inmediatas para restaurar la integridad en el proceso de asignación de plazas. La lucha incansable por la justicia y la equidad continúa y debe ser abrazada con determinación y sin vacilación.