Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de la Secretaría del Bienestar dio a conocer que detectaron que las Estancias Infantiles no pudieron acreditar la existencia de 80 mil menores, de un total de 277 mil.
Montiel Reyes señaló que se logró identificar a uno de cada tres niños, 2Ssólo el 30 por ciento de las Estancias acreditaron contar con las condiciones necesarias para operar sin ningún riesgo”.
Indicó que entre otras irregularidades, se evidenció que 27 mil menores son hijos de padres derechohabientes del ISSSTE y 77 mil más del IMSS, por lo que cuentan con opciones de esas dependencias.
Mencionó que la renuncia de Clara Torres, exencargada del Programa de Estancias Infantiles, se dio dado que ocultó información sobre el abuso sexual de un sacerdote en una de las estancias infantiles instaladas en Ciudad Juárez, las cuales dirige ella.
“Recientemente en Juárez (una persona) parte de su organización, fue detenido un cura por abuso sexual, yo platiqué con ella para que se aclarara, no me lo aclaró… me parece que no era conveniente su participación (en el proyecto)… ella (Clara Torres) también tomó la decisión (de salir) y es algo me parece fue una decisión conjunta, nosotros la respetamos la forma de cómo atender el tema”.
Indicó que para justificar la eliminación de los subsidios a las estancias infantiles, funcionarias de la Secretaría del Bienestar insistieron en las irregularidades y las redes de corrupción en las que incurrían algunos de los nueve mil 582 centros que recibían apoyos de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
“Casi siete mil estancias fueron calificadas por el DIF como focos rojos, es decir, que deberían estar cerradas”.
Aseveró que existía una “red de prestanombres” que permitía a dueños de estancias infantiles administrar más de cinco centros a la vez, lo que era ilegal, y agregó que algunas estancias eran “fantasmas” y recordó que los reportes de supervisión del DIF muestran que, en 2018, no se pudieron localizar a 80 mil niños supuestamente beneficiarios del programa.
Mostró que las delegaciones de la Sedesol en los estados –que definían el pago de los subsidios– reportaban que las estancias funcionaban bien, mientras que la Dirección General de Política Social de la dependencia reportaba que ocho de cada diez estancias incumplían con las normas.
“Se fue generando una red de corrupción desde las delegaciones para pagar los subsidios por niño”.
