De acuerdo a una publicación de Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns/ Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida, en Aristegui noticias, dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su Informe de los Primeros 100 Días se comprometió nuevamente con la no privatización del agua.
Los funcionarios de la Conagua que prepararon los 10 decretos levantando vedas en 300 cuencas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en junio del año pasado, no solo han logrado que el presidente, Andrés Manuel López Obrador incumpla con su compromiso de revertirlos, sino que han preparado una nueva tanda de decretos para su firma este 22 marzo, Día Mundial del Agua.
La privatización del agua no se refiere a la propiedad privada del agua, de la cual nuestra Carta Magna nos protege, sino al control privado sobre este bien común, favorecido por nuestro marco legal actual.
Las trasnacionales mineras, petroleras, energéticas, cerveceras y del agua exigen acceso a nuestras aguas, sin estorbos.
Además existe un rotundo consenso nacional a favor de asegurar que el agua esté en manos públicas, libre de dinámicas de corrupción e impunidad.
La actual Ley de Aguas Nacionales, promulgada por Carlos Salinas de Gortari en 1992 como precondición para la entrada al TLCAN, impuso sobre nuestras aguas un sistema único de concesiones, objetos de dinámicas de compra y venta.
La Conagua otorgó 330 mil concesiones en los primeros 10 años, cuando en 2003 finalmente se publicaron los primeros dictámenes de disponibilidad, 102 cuencas y 104 acuíferos estaban sobre concesionados, y el 70 por ciento de las aguas concesionadas estaban en manos del siete por ciento de los concesionarios, además, ahora hay 500 mil concesiones, y sus dinámicas de compra-venta son facilitadas por “Bancos del Agua” que operan en las zonas de mayor demanda.
