A 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Othón Cortés Vázquez, secuestrado, torturado y preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Almoloya de Juárez durante dos años, demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado Mexicano le pida perdón públicamente, le pague la reparación del daño causados a él y su familia y le condone los 18 millones de pesos que según una resolución judicial debe entregar él al Estado.
Recuerda con exactitud que, un año después del crimen de Lomas Taurinas, lo secuestraron y llevaron a una casa se seguridad en Tijuana, y por la noche lo trasladaron a la Ciudad de México, donde lo torturaron a lo largo de día y medio. "Me metieron alfileres en las uñas, Tehuacán por la nariz, me aplicaron toques eléctricos, me dislocaron la pelvis, lesionaron un oído. Fue mucha la tortura física. Es triste que en ese México se practicaran ese tipo de delitos."
Pablo Chapa Bezanilla, entonces fiscal especial a quien el ex procurador Antonio Lozano Gracia encargó la investigación, asevera, le exigió, bajo tortura, que "yo incriminara al entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones y al general Domiro García Reyes, responsable de seguridad de Colosio".
A Jorge Almaraz Muñoz, Jorge Romero Romero, María Belén Macriz, viuda de Romero, el ex fiscal especial, apunta Othón, "les pagó 30 mil dólares para que nos incriminaran, para que dijeran que yo había disparado con la mano derecha. Esa acusación se les cayó, porque era la mano que yo tenía sobre el hombro del general Domiro García, y se ve en el video".
Este hombre, sometido a diálisis, enfermo, con 18 años privado de su derecho al voto, conserva en la memoria la "estancia" del penal en la que lo recluyeron, la número 20. Al lado de su estancia, "estaba el ingeniero Raúl Salinas, después don Joaquín el Chapo Guzmán Loera (le da el tratamiento de don), Ernesto Fonseca Carrillo don Neto, Rafael Caro Quintero y en la última, la 10, Mario Aburto Martínez. Ahora, con el caso juzgado, le debemos 18 millones de pesos al Estado Mexicano, por pedir justicia." (Cuando demandó reparación del daño el Estado lo contra demandó y el juez lo condenó a realizar un pago por dicha suma por gastos del juicio, entre otras cosas).
Afirma, desde la colonia popular de Tijuana, donde ha vivido siempre, que a muchos de los inculpados se les adeuda justicia, como a Tranquilino Sánchez, Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Esquer y Rodolfo Riva Palacio. Mayoral Valenzuela murió en la miseria.
Ahora, a 25 años del caso Colosio; "mi abogado, José de Jesús Naveja Macías, va a llevar mi demanda a Washington, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en México no nos hicieron justicia. En México este caso ya no se puede abrir. Por medio de esta instancia internacional vamos a pedir que nos pidan perdón público y nos paguen la reparación del daño."
Tiene esperanza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque "vemos que está acatando la responsabilidades, las recomendaciones, y está haciendo justicia. Por eso estamos contentos. Cuando la CIDH ordene tanto el perdón público como la reparación del daño, se va a hacer justicia, como no hicieron Ernesto Zedillo, Felipe Calderón ni Vicente Fox, que se escondieron, nunca asumieron la responsabilidad".
Rememora aquel "atentado contra un gran hombre, con cuya sangre fuimos salpicados muchos individuos, no nada más yo. Fuimos secuestrados, agraviados, torturados, encarcelados".
Othón indica que conocía a Colosio desde mucho antes de que fuera candidato presidencial. "Tuve el gran privilegio del ser chofer del PRI. Comencé en el Comité Municipal, cuando era el partido en el poder y conocí a Colosio cuando vino por primera vez, como diputado federal; posteriormente senador, secretario de Desarrollo Social y presidente del partido.
"Tuve la gran oportunidad de manejar para él muchas veces, llevarlo a Mexicali, Ensenada, San Luis Río Colorado… a donde me indicara la contadora Teresa Pulido Torres, quien era la secretaria de Finanzas del PRI En Baja California. Fueron muchas veces. De ahí nació una bonita amistad con el jefe, como yo le decía; él me decía el Oaxaquita".
El 23 de marzo de 1994 no estaba trabajando, "porque Colosio traía equipo de seguridad. Yo fui como simpatizante, convencido de que iba a ser el próximo Presidente, y por estar al lado de él, para tomarme la foto, y para el día de mañana tener un mejor trabajo. Fui para estar con el que había sido mi jefe, y con el regocijo, la alegría de que había resultado candidato del PRI. Ese día fui convencido de que iba a ser un gran Presidente".
Sus recuerdos son muy vivos: "Se escuchan dos cuetitos, él cae al piso. Vine como mucha gente al Hospital General, para apoyarlo. Ahí estuve atendiendo, ayudando, hasta que lo declararon muerto y manejé el carro guía en el que llevaron el cuerpo al aeropuerto, para enviarlo a la Ciudad de México".
En la cadena de mando, cuando quedó como presidente Ernesto Zedillo- describe-, estaba como procurador Antonio Lozano Gracia, quien nombró al fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla, quien tuvo a su cargo las investigaciones de los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, José Francisco Ruiz Massieu y Colosio.
"El pueblo mexicano –cita a Colosio– tiene hambre y sed de justicia por conocer la verdad". Esta es la lucha, de 25 años, emprendida por él y su familia.
Pide justicia ante lo que le hizo una Procuraduría General de la República "podrida, que torturó y fabricó pruebas para inculpara a gente inocente, es necesario que se acaben la impunidad y la corrupción, para que vivamos en un país en donde se juzgue de acuerdo con la ley".
