Tras celebrar 20 asambleas estatales, Redes Sociales Progresistas (RSP) agrupación afín a Elba Esther Gordillo, comienza la etapa final para cumplir ante el Instituto Nacional Electoral los requisitos necesarios para obtener el registro como partido nacional.
De lograrlo, la agrupación afín a Elba Esther Gordillo recibirá 41 millones 573 millones de pesos para los últimos cinco meses del año.
La primera prueba que deberá de superar RSP es la certificación de las asambleas estatales por parte del INE, ya que de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos, para alcanzar el registro deberá de demostrar que realizó al menos 20 estatales.
El segundo requisito que deberá de cumplir con la autoridad electoral es el de una afiliación mínima, un número que ronda en los 266 mil mexicanos registrados en la Lista Nominal de electores.
Para ambos requisitos, RSP tiene hasta el 31 de enero para entregar tanto las actas de las asambleas como los registros de afiliación ante el INE, que una vez que los haya recibido deberá de revisarlos.
En el caso de las afiliaciones, el Instituto revisará uno por uno para comprobar que en realidad se alcanzaron los 266 mil afiliados y el partido en formación no entregó simulaciones de registros, como ocurrió con algunos aspirantes a candidaturas independientes durante el proceso electoral de 2018.
A la par de esta revisión, el INE también tendrá que realizar la fiscalización de los gastos de Redes Sociales Progresistas, así como de sus documentos principales (estatutos y plataforma electoral).
En el caso de la fiscalización, la autoridad electoral tendrá que revisar que los ingresos y egresos durante el periodo de afiliación y de celebración de asambleas estén apegados a la ley, es decir, que sean de origen lícito y de personas autorizadas.
El INE tendrá todo el primer semestre para hacer esta certificación, ya que en junio tendrá lugar la sesión del Consejo General para otorgar los registros a los nuevos partidos políticos. En caso de que le den visto bueno al partido de Elba Esther, tendrá vigencia a partir de julio, y su primera prerrogativa económica le será dada en agosto.
