César Augusto Del Ángel Fuentes, líder de Los 400 Pueblos, este lunes presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para el Combate de la Corrupción contra la abogada, Blanca Flor Ramón Peralta y la columnista, Claudia Guerrero Martínez, por haber presuntamente cometido actos que se consideran constitutivos de ilícito penal.
En la denuncia, señaló que el 2 de febrero de 2012, la columnista, Claudia Guerrero Martínez lo denunció por el delito de daños, según cometidos en su agravio, lo que dio lugar a que la Fiscalía General del Estado solicitara orden de aprehensión en su contra y que se originara la causa penal 1/2017 en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Pacho Viejo, Veracruz.
Tras el juicio, la juez Primera de Primera Instancia dictó sentencia condenatoria, misma que fue apelada tanto por la Fiscalía General del Estado, como por Claudia Guerrero, como por el suscrito.
Para los efectos, se radicó el toca 12/2019-S de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tras dictar la sentencia correspondiente revocó la condena, ya que, determinó que los delitos de los que se dolía Claudia Guerrero no existían, en consecuencia, se dictó sentencia absolutoria a mi favor.
El 28 de agosto de 2019, Claudia Guerrero Martínez presentó demanda de amparo directo, designando en ésta como “autorizada” a Blanca Flor Ramón Peralta, quien fungió en este caso como abogada particular de la columnista.
En su denuncia, César del Ángel indica que Blanca Flor Ramón Peralta fungió como fiscal coordinadora de fiscales Auxiliares del entonces fiscal General del Estado, Jorge Winkcler Ortiz lo que significa que entonces disponía de personal de dicha Fiscalía para que fungieran como abogados particulares de sus aliados, y que en franca violación al régimen del servicio público y cometiendo delitos por hechos de corrupción, Blanca Flor Ramón Peralta fungió como abogada particular de Claudia Guerrero.
"El entonces fiscal general, Jorge Winckler disponía de PERSONAL de dicha Fiscalía, para que fungieran como abogados particulares de sus aliados, y que en franca violación al régimen del servicio público y cometiendo delitos por hechos de corrupción".
En la denuncia, César del Ángel, indica que se considera que se actualiza el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público dado que la servidora pública denunciada Blanca Flor Ramón Peralta, según consta en el expediente del amparo indirecto promovido por la Claudia Guerrero Martínez fungió como defensora privada, es decir, ejerció atribuciones que corresponden a un empleo distinto para el que fue designada (Coordinadora de Fiscales Auxiliares de la Fiscalía General del Estado).
La denuncia, se estima que se actualiza el delito de Abuso de Autoridad dado que la servidora pública denunciada ejecutó actos en beneficio de Claudia Guerrero y, además, a sabiendas, utilizó fondos públicos para un fin distinto al que estaban destinados.
“Es decir, los fondos públicos estaban destinados para que se desempeñara como Coordinadora de Fiscales Auxiliares de la Fiscalía General del Estado y no como abogada particular. Además, esa Autoridad investigadora, deberá tomar en cuenta que este delito se agrava cuando el sujeto pasivo se trata de personas de la tercera edad, y en el presente caso, el suscrito tiene 75 años de edad”, se indica en la denuncia.
Se estima que se actualiza el delito de Incumplimiento del Deber Legal, refiere el denunciante, dado que la servidora pública denunciada dejó de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de los ciudadanos, toda vez que en lugar de desempeñar su cargo y cumplir con diligencia sus obligaciones al servicio de la ciudadanía, Blanca Flor Ramón Peralta deliberadamente decidió fungir como abogada particular de Claudia Guerrero.
“Estimamos que se actualiza el delito de Coalición, dado que la denunciada se unió con el entonces fiscal general del Estado, Jorge Winckler, para -contrario a la ley- litigar un asunto de naturaleza privada, abandonando sus puestos como servidores públicos. Además, consideramos que se actualiza el delito de tráfico de influencia, toda vez que Claudia Guerrero Martínez promovió la conducta ilícita de la servidora pública denunciada, quien tiene prohibido litigar asuntos privados”.
César del Ángel pide ordenar que se practiquen tantas y cuantas diligencias sean necesarias a fin de determinar la verdad histórica de los hechos denunciados y que en su oportunidad y previos los tramites de ley, solicitar el ejercicio de la acción penal y reparadora del daño en contra de las ahora denuncias por el grado de participación o responsabilidad que tengan en la comisión de los hechos denunciados, y que se desprenda de las investigaciones que al efecto se lleven a cabo por parte de ese órgano investigador.
