A través de un comunicado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio a conocer el decreto con el que establecen las medidas de austeridad, que tendrán que observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el cual fue publicado el 23 de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
Debido a esto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento, la cual, no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado desde el origen de la institución de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing.
Además, heredados por administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.
La CEAV argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, además de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
Detallan los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por lo cual, resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos, refrenda su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo honrará hasta el límite de sus capacidades físicas y financieras, bajo los principios de dignidad, legalidad, máxima protección, transparencia y rendición de cuentas.
Entre los impactos que tendrá el recorte del 75 por ciento del presupuesto disponible en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales son: el déficit presupuestal generado por el recorte provocará un ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de las partidas 2000 y 3000, con la autorización de la SHCP.
Además de que no será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país, el incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el estado, perderán el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.
Mientras el área de traslados desaparece, por lo que será imposible tramitar nueve mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda, la reducción del 30 por ciento de asesores jurídicos impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año, no se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de cinco mil víctimas al mes, las siete mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica
Asimismo el área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo 154 de ellos están en etapa de cumplimiento y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV, además incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.
De igual forma no habrá los abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación, no existirán condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de derechos humanos, no será posible avanzar en el rezago de resoluciones por compensaciones y medidas de ayuda del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) que prevalece desde 2017.
Además quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros, la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humano, desaparecerá el área que administra el RENAVI y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales.
No será posible tener control y vigilancia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), debido al desmantelamiento del área, por lo que se incumplirán las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el fortalecimiento del control interno, asimismo no podrán atender los retrasos en la atención de solicitudes en materia de transparencia, a causa de la desarticulación del área responsable.
La Oficialía de Partes, que recibe entre 150 y 200 documentos diarios, ya no tendrá personal para atender y dar seguimiento a las notificaciones de Juzgados y Tribunales federales, CNDH, FGR, Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales, organismos internacionales, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre otras, se cancelará la campaña de posicionamiento de la Comisión Ejecutiva y la estrategia de comunicación digital, para dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas a las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, debido al desmantelamiento de la Dirección de Comunicación Social.