Auditoría Superior de la Federación (ASF) este martes entregó a la cámara de diputados una lista de más de mil 500 ex funcionarios públicos federales y estatales, además de empresas y organizaciones sociales a quienes aplicó una sentencia para la devolución de cientos de millones de pesos debido a distintas irregularidades cometidas en sus funciones.
En esta lista negra aparecen al menos, siete ex funcionarios veracruzanos que son Tarek Abdalá, Carlos Aguirre, Vicente Benítez, Edgar Spinoso, Arnulfo García Fragoso, Adolfo Mota Hernández y Gabriel Deantes, todos ex funcionarios veracruzanos, en el gobierno de Javier Duarte.
En dicha lista destaca Tarek Abdalá, quien fue tesorero de Javier Duarte en Veracruz, con más expedientes, por lo que la ASF le impuso un embargo de mil 308 millones de pesos. En la relación de nombres, el ex diputado federal del PRI acumula diversas investigaciones por cuentas públicas de 2012 a 2013.
Además ayudó como testigo colaborador de la FGR aportando información en contra de Javier Duarte de Ochoa. Hace poco fue citado en calidad de imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de peculado y tendrá que comparecer el próximo 21 de junio en el Centro de Justicia Penal Federal de Veracruz de manera virtual.
Asimismo Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte a quien la Auditoria Superior de la Federación (ASF), impuso un pago de mil 472 millones de pesos. Su responsabilidad total suma hasta seis mil 760 millones de pesos.
Carlos Aguirre Morales trabajó en el gobierno del estado de Veracruz desde el 2002, en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), donde desempeñó varios cargos, en la administración de Duarte de Ochoa, fungió como ex subsecretario de egresos, de ese último periodo al servicio público es donde acumuló por lo menos siete denuncias.
Vicente Benítez González, cercano colaborador de Javier Duarte de Ochoa, es señalado por el desvío de 15 mil millones corresponden a la Cuenta Pública 2014. El exfuncionario fue Tesorero de 2010 a 2012 y luego Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz de 2014 a 2015.
Asistente cuando Javier Duarte de Ochoa ocupó la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el gobierno de Fidel Herrera, y más tarde fue subsecretario de Finanzas en la administración estatal del exmandatario.
Además fungió como subsecretario de Desarrollo Social y Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Aparece el nombre del ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Edgar Spinoso Carrera, quien es señalado por irregularidades detectadas en el programa “Escuelas de Tiempo Completo”.
El ex tesorero de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, Arnulfo Octavio García Fragoso, señalado por irregularidades en la Cuenta Pública 2015.
García Fragoso deberá devolver 3 mil 242 millones 921 mil 632.49 pesos que fueron desviados durante el ejercicio fiscal 2015, luego de que el exservidor público no pudo acreditar el destino de los recursos que fueron observados como daño patrimonial, por lo que ahora deberá reintegrarlos a la hacienda pública.
En el 2020 el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) también promovió en tres Recursos de Revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz a efecto de recuperar los más de tres mil millones de pesos desviados de las arcas públicas.
Otro político veracruzano en la lista es Adolfo Mota, señalado por firmar contratos con empresas “fantasma” en los años 2012 y 2013, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Adolfo Mota Hernández abogado, economista y político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue diputado federal de 2015 a 2018 y de 2006 a 2009 y formó parte del gabinete de Javier Duarte de Ochoa como secretario de Educación de Veracruz.
De igual forma aparece Gabriel Deantes Ramos, quien fue condenado a pagar mil 580 millones de pesos que fueron desviados del Seguro Popular, responsable por el mal manejo de los recursos federales recibidos del programa del Sistema de Protección Social en Salud “Seguro Popular” en 2013, por una cantidad de más de 1,580 millones de pesos. Estos recursos no fueron entregados a donde teníana que llegar, lo que género intereses financieros calculados en 183,922 pesos.
(Con información de E-Consulta)