La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, ordenó abrir una investigación contra ex ministro Arturo Zaldívar, sugiere que se están tomando en serio las acusaciones.
Según un acuerdo de fecha nueve de abril al que tuvo acceso Latinus, se ordenó abrir la investigación número J/108/2024 luego de una denuncia anónima, en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, área a la que se le otorgaron las más amplias facultades para llevar a cabo las pesquisas.
La denuncia anónima y las presuntas acciones que se le imputan, como la vulneración de la autonomía judicial y la presión ejercida sobre jueces y magistrados, son asuntos de gran relevancia que deben ser investigados a fondo.
Es interesante notar que estas acusaciones surgen en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado críticas hacia la autonomía judicial durante la presidencia de Norma Piña, y mencionó haber solicitado la intervención de Zaldívar en asuntos relevantes durante su mandato. Esto añade una capa adicional de complejidad y posiblemente de controversia política a la situación.
El resultado de la investigación y cómo se maneje este caso tendrá implicaciones importantes para la credibilidad e independencia del Poder Judicial de la Federación, así como para el panorama político en México. Si se demuestran las acusaciones, las consecuencias podrían ser significativas para Zaldívar y otros funcionarios involucrados, ya sea en términos de sanciones administrativas o incluso legales.