La iniciativa para la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar plantea varios puntos que han generado discusión y preocupación, según el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La iniciativa no establece el compromiso de que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, lo que podría afectar la seguridad financiera de los jubilados.
No se ha definido cómo los trabajadores podrán reclamar la devolución de los recursos de las Afores transferidos al Fondo, lo que podría resultar en trámites burocráticos, largos tiempos de espera y complicaciones administrativas.
La iniciativa no especifica el monto del apoyo que recibirán los trabajadores elegibles, lo que genera incertidumbre sobre el nivel de ayuda que podrían obtener.
La iniciativa solo beneficiará a ciertos trabajadores, como aquellos que comenzaron a cotizar en el IMSS a partir de julio de 1997 o en el ISSSTE desde abril de 2007, lo que deja fuera a otros trabajadores que podrían necesitar apoyo.
La transferencia de recursos está condicionada a que los trabajadores alcancen ciertas edades y no mantengan una relación laboral en ese momento, lo que podría limitar el acceso a los fondos para algunos trabajadores.
Existe preocupación sobre si los trabajadores obtendrán rendimientos inferiores a los que podrían recibir si sus recursos siguieran siendo administrados por las Afores y el Infonavit.
Ante estas preocupaciones, el IMCO propone convocar a un parlamento abierto para discutir y mejorar el funcionamiento del sistema de pensiones, involucrando a expertos, sectores relevantes y la sociedad en general. Este enfoque abierto podría ayudar a abordar los desafíos y mejorar la efectividad del Fondo de Pensiones para el Bienestar.