Este martes el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, confirmó que existen carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Con relación a Peña Nieto, más allá de lo que se ha dicho de su papel en torno a las elecciones, él tiene carpetas de investigación abiertas en esta administración y tiene varios asuntos abiertos en la FGR, a mi entender, derivado de procedimientos de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y del SAT (Servicio de Administración Tributaria) en la actual época de Pablo Gómez. Son investigaciones que yo espero tengan conclusión, uno de los temas más importante de la vida del país y por supuesto Peña Nieto no debe quedar impune“.
Las investigaciones y denuncias contra el expresidente Enrique Peña Nieto reflejan los esfuerzos continuos en México por combatir la corrupción en todos los niveles gubernamentales. Las carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR), derivadas de procedimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sugieren un enfoque integral para abordar posibles actos ilícitos.
El hecho de que Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y ahora parte del equipo de la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, haya confirmado estas investigaciones, subraya la importancia de la rendición de cuentas y la búsqueda de justicia.
Es significativo ver la evolución política de Corral, quien anteriormente militaba en el PAN y ahora forma parte de Morena.
La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, de investigar a Peña Nieto solo si los mexicanos lo deciden en una consulta ciudadana, refleja un enfoque democrático en el manejo de estos asuntos delicados.
Mientras tanto, el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el mandato de Peña Nieto, destaca como uno de los golpes más mediáticos contra la corrupción del gobierno anterior.
Estas investigaciones y denuncias son indicativas del compromiso del gobierno mexicano por combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas, aunque el proceso de investigación y eventual enjuiciamiento sigue en curso y debe llevarse a cabo de manera transparente y justa.