Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) denunció en conferencia de prensa, que ha sido víctima de actos intimidatorios, luego de que se filtrará a medios de comunicación la recomendación 25/2019, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) por tortura, castigos, tratamientos inhumanos o degradantes contra el ex director de Servicios Periciales, Gilberto “N”.
“A partir de que comenzaron a circular en medios la noticia de la emisión de la recomendación 25/2019, han intentado hackear mi teléfono, han entrado a mis redes sociales y han ocurrido otro tipo de situaciones lo que lastimosamente pueden constituir intentos por impedir el ejercicio de mi función, quiero dejar claro que no señaló a nadie porque yo misma he ignoto cual fue el origen”.
Mencionó que el pasado 08 de mayo notificó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado y al quejoso el 09 de mayo, por lo que nadie tuvo acceso a la recomendación hasta el 12 de mayo que se subió al portal de la CEDH.
“Nadie tuvo acceso a esa recomendación y hasta ayer por la noche en que se subió al portal de la Comisión, nadie tendría por qué tenerla (...) Nosotros una vez que la hicimos pública es que se hizo esta rueda de prensa para darlo a conocer”.
Indicó que en la investigación realizada por parte de la visitaduría especializada de esta CEDH, expertos independientes aplicaron en la persona del quejoso, el manual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumamos o Degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul, “El resultado fue positivo”.
“Sumado a lo anterior y analizada la información aportada por ambas autoridades; así como testimonios recabados, se arribó a la conclusión de que se vulneraron los derechos a la integridad personal del quejoso, así como el debido proceso”.
Mencionó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no determina responsabilidades individuales y corresponde hacerlo a las autoridades judiciales y órganos de control interno respectivos.
“Este órgano determina responsabilidades institucionales, en este caso para la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública”.
Además, indicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no establece si los quejosos son o no penalmente responsables de los delitos que se les imputen, sino, que la recordación únicamente acredita que se violaron los derechos humanos de la parte quejosa.
“Determinar que una persona ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos no le exhibe de las responsabilidades que las autoridades penales o administrativas puedan fincarle, la determinación de la presencia de los elementos jurídicos que constituyen tortura, se establece a través de un instrumento creado y realizado por expertos que dan cuenta que los sufrimientos parecidos por el quejoso”.
El pasado sábado se dio a conocer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de acuerdo a una recomendación que fue filtrada a los medios de comunicación, señala que habría determinado que existen elementos suficientes para acreditar actos de tortura de parte de la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler Ortiz, debido a esto emitió la recomendación 25/2019.