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No es el reclamo, ni el discurso, ni ser llamado dictador, demagogo, artífice de la destrucción del INE. Lo que a Andrés Manuel lo desquicia es la mancha humana, la movilización, y saber que no hay insulto ni descalificación que los pueda parar.

Lo obsesionan los de a pie. Los que hacen camino al andar. Y aquellos que toman las calles —sus calles, según él—, lanzan arengas, saltando de la defensa del INE a la batalla por la democracia, y que no son mil ni 10 mil, ni 100 mil sino medio millón, entre el zócalo de la capital, 100 ciudades más y hasta fuera del país.

Pobre López Obrador. Tanta saliva inútil. Tantas muecas y arrugas, el ceño fruncido, inyectados los ojos, petrificado el rostro, derramada la bilis y el hígado a punto de estallar, y la marcha rosa del domingo 26 lo destrozó.

Se puede frustrar el Tren Maya. Puede ser una inversión inútil la refinería en Dos Bocas. Puede ser un fracaso el aeropuerto de Santa Lucía. Se le puede quedar en sueño infinito el Corredor Interoceánico. Pero nada enloquece más al presidente que haya quienes se movilizan mejor.

Porque ellos, los rosa y blanco, no requieren de acarreo, ni de torta o Frutsi, o un billete, o los programas sociales que son droga para la secta. No precisan de gobernadores corruptos que desvían recursos públicos, usando el aparato burocrático, para mover a la recua.

Los de rosa y blanco llegaron solos. Y asumieron el reto de meter más de 100 mil ciudadanos a la plancha del zócalo y hasta les sobró infantería.

Y ríen al recordar que el mesiánico ofreció irse a La Chingada, su rancho en Palenque, Chiapas, si lograban plantársele más de 100 mil. Y saben que aunque no se vaya todos lo mandan allá.

Los rosa y blanco, en su mayoría, no tienen partido. Los repudian por igual. Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano los representan. Pero la democracia, el INE y el respeto a la ley, es su punto de cohesión.

Y Andrés Manuel aportó un poderoso argumento para unirse contra él. El falso demócrata contra los que reclaman democracia. Y entonces comenzó a desvariar.

Minado por el fracaso, cuatro años dando palos de ciego, sin transformar nada, dedicó días y días al denuesto y la diatriba, al ataque artero, ventajoso y desigual, desde la guarida de palacio nacional, hoy tan semejante a la cueva de Alí Babá.

Destiló rabia, improperio, enlodando y difamando, como en las semanas previas a la movilización del 13 de noviembre cuando irrigó veneno en galones, acusando que irían los corruptos y los defraudadores, los hipócritas y los clasistas, los racistas, rateros y corruptos, y achichincles, oligarcas, simuladores, saqueadores, aspiracionistas, antidemócratas, fifís, conservadores, clasemedieros, antijuaristas, neoliberales. Y remató con un genial: “cretinos”.

Tres meses después, vuelve a enloquecer.

Sus ataques son un búmerang. Regresa —y golpea— al que los lanza. El lodo que avienta, impacta en él. El veneno que inocula, no tiene efecto.

Cada agresión verbal es combustible entre los que denuncian que el Plan B es ilegal y que la reforma a leyes secundarias violenta la Constitución General.

Cientos de miles llegaron al zócalo. Miles más quedaron en las calles que confluyen en la Plaza de la Constitución, a dos o tres cuadras, sobre 5 de Mayo, Palma, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, o sobre la Plaza de Santo Domingo.

Lo que Andrés Manuel logra con acarreo, camiones llegados desde cualquier lugar, la dádiva al fan —solovinos les llama el presidente—, los de rosa y blanco lo lograron invocando la defensa del INE.

Y en voz de una mujer de palabra recia, Beatriz Pagés Rebollar, hija del periodista José Pagés Llergo, el retrato del presidente es brutal: demócrata de oropel, dictador electoral, ladrón de votos que abre la puerta a que el crimen organizado imponga a su sucesor.

Y soltó frases con efecto de misil:

“Ni el Zócalo ni el país es de un solo hombre. México es de todos o no es de nadie.

“Callar nos haría cómplices de un crimen de Estado en contra de la democracia, de una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar una ruta a una dictadura electoral

“Se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder.y hoy quieren matarlos para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir.

“Quieren mutilar al INE porque les estorba el voto libre.

“Quieren desmembrarlo porque a la intolerancia le estorba una institución autónoma, fuerte y capaz.

Ante el fracaso y la falta de resultados, ya huelen su derrota.y preparan la estafa.

“Buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24.

“El Plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado”.

“Si permitimos que nos roben el voto, después vamos a permitir que nos roben otros derechos y otras libertades.

“Vamos a permitir, si no defendemos el voto, que el ladrón entre a robarnos la casa que es México.

“Somos demócratas, ejerciendo la democracia para defender la democracia”.

Unidos “para ser un muro de contención ante la destrucción del país y la devastación de sus instituciones.

“Unidos para plantar cara a los enemigos de la Constitución, a quienes se burlan de la legalidad y la división de poderes.

“Hoy inicia aquí y en más de 100 ciudades del territorio nacional la construcción de un gran frente ciudadano para ganar el 24.

“Desde hoy llenemos las urnas para votar por México.

“Votemos en contra de la mentira y de la mediocridad.

“Votemos en contra de populismos depredadores y autoritarios.

“Votemos para decir a los cercenadores de la democracia No pasarán.

“Venimos a tocar las puertas de la Corte para que los ministros no permitan la pérdida de la nación.

Para decirles con respeto pero con absoluta firmeza: manden al basurero de la historia el Plan B.

No avalen una reforma electoral inconstitucional e inmoral.

“Una iniciativa que abre las puertas al crimen organizado para imponer gobernadores y quién sabe si también al próximo presidente de la República, que atropella los derechos de los indígenas, de las personas con discapacidad, de la comunidad de la diversidad sexual, de los trabajadores del INE y de nuestras mujeres.

“En el 24 abramos con nuestros votos las puertas de la esperanza y la libertad.

“Vayamos por los abstencionistas, por los decepcionados y arrepentidos de haberles dado su voto a quienes no lo merecían, por los damnificados que han dejado a su paso políticas perversas e ineficaces. Vayamos por las clases medias humilladas desde el poder.

“Vayamos por cerrar la brecha social que ha profundizado el populismo demagógico.

“Pongamos a los jóvenes al frente de esta gran cruzada democrática”.

Los ciudadanos no son como los partidos políticos. A los partidos, a los políticos, se les jala, se negocia o se les somete. La sociedad que se organiza termina desafiando al poder.

Y su marcha les salió tan bien que López Obrador enloqueció… otra vez.

Archivo muerto

Pemex sigue segando vidas; tres en Minatitlán, dos en Tuzandépetl. Y en la faena de expiar culpas, fragua la infamia de imputarle a los obreros que laboraban en la refinería Lázaro Cárdenas un presunto consumo de droga. Que den positivo a cocaína, incluso las tres víctimas que realizaban su tarea diaria en la Planta Combinada Maya, y los dos trabajadores más, uno en condición crítica en el hospital Picacho de Pemex, en la Ciudad de México, y el otro ya dado de alta. La perversidad es brutal.

Un audio que circula entre personal de Petróleos Mexicanos describe las causas reales del siniestro, ocurrido el jueves 23 de febrero. Nada de droga. Nada de irresponsabilidad. Hubo incumplimiento a la normatividad, combustibles desbordados y regados a ras de piso, nula supervisión y cero seguridad. La voz de los obreros es contundente. Se realizaban trabajos de soldadura —“cuatro juntas ciegas de 12-300 y 16-300; espárragos cristalizados que el soldador tuvo que cortar”— cuando el personal de contraincendio bajó la manguera y el líquido entrampado se desbordó, cayó al piso siendo alcanzado por una chispa que provocó el incendio. Devorados por las llamas, la desesperación por salvar su vida, dos obreros saltaron desde cinco pisos de altura. Se presume responsabilidad del personal de guardia.

Hay indicios de violación a los procedimientos de seguridad. Previamente se repararon cuatro juntas ciegas y el material líquido se regó. Se hallaba en el piso y no fue recogido ni se limpió el área. “Combinada Maya siempre ha estado ‘cagada’ de producto. No limpian”, refiere uno de los interlocutores. Si había líquido regado, “debió haber parado la chamba”. Y en ese punto tocan el punto clave: el área de operación debió realizar pruebas de explosividad. Los trabajos de soldadura se realizaban en una línea a 250 grados de temperatura. Hay negligencia a la vista. Tan es así, que el líder de la Sección 10 del sindicato petrolero, Jorge Alberto Wade Zúñiga, cursó dos oficios al gerente de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Carlos Gutiérrez Jacinto.

En el número SG/0973/23, señala que se violó la cláusula 62 del contrato colectivo de trabajo y no se elaboró el Análisis de Seguridad en Trabajo. No se enteró por escrito a los equipos que laborarían en el área sobre las condiciones de seguridad. No se entregó el documento al personal de contraincendio. No se enteró con ocho horas de anticipación a las comisiones de Seguridad e Higiene. En el oficio SG/0974/23, Wade Zúñiga conmina al gerente Gutiérrez Jacinto a que “se reactive” el Programa de Pláticas de Inducción a la Seguridad y Prevención Contra Incendio para “disminuir las posibilidades de que se repita este u otro acontecimiento. “Asimismo, retomar la integración de las brigadas de rescatistas voluntarias en los distintos departamentos”.

O sea, fue negligencia. Y hay responsables. Pero en el Pemex de Rocío Nahle García y Octavio Romero Oropeza, secretaria de Energía y director de la empresa, la infamia es lo único que prevalece. Para que los negocios cundan y las complicidades de funcionarios prevalezcan, se fragua acusar a los obreros, tres de ellos fallecidos, de laborar bajo los efectos de la droga. Infames. Y la tragedia de Tuzandépetl también hay negligencia… Dos millones del erario para el Plan Municipal del Desarrollo y se los llevó un yunista.

Por asignación directa, Rafael Vela Martínez se agenció el contrato para elaborar el diagnóstico social, económico, de infraestructura y ambiental, así como la realización de foros de consulta ciudadana, definición de objetivos, metas estratégicas de las diferentes áreas que integran la administración municipal. El contrato CC-AD-001-2022 fue suscrito el 14 de enero de 2022, dos semanas después de haber iniciado el gobierno morenista, pero entró en vigor hasta que fue aprobada la partida presupuestal del fondo de participaciones 2022. Dos millones de pesos más IVA por el Plan Municipal de Desarrollo y el elegido, sin licitación o invitación restringida, fue Rafael Vela Martínez, director de la consultoría Enfoque Veracruz.

Lo avala una licenciatura en economía, maestría en desarrollo regional y doctorado en gobierno y administración públicas. Pero su pasado es yunista. Rafael Vela fue subsecretario de Desarrollo Regional en la Secretaria de Desarrollo Social de Veracruz, de diciembre de 2016 a febrero 2018, durante la gestión de la hoy senadora panista, Indira Rosales San Román, número uno en el staff de los Yunes azules. Como se ve, la inquina del morenismo contra el yunismo es sólo de labios hacia fuera. Y si hay que pagar bien, el ayuntamiento amadista no escatima en mandar a la porra la franciscana austeridad… Johnatan Franco ya no sabe cómo maquillar el nepotismo municipal. Dilata la resolución del expediente que implica al director general de Obras Públicas de Coatzacoalcos, Arturo Delgadillo Medina; director de Obras, Onésimo Mendoza, y el hijo de éste, Víctor Manuel Mendoza Villegas, y se resiste a dictaminar.

Quizá el director de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Contraloría Municipal no sepa que en el SAT hay evidencia del cargo y salario asignados a Víctor Manuel Mendoza, que acreditan que su jefe directo ha sido su padre, Onésimo Mendoza Flores, desde su ingreso al ayuntamiento de Coatzacoalcos, el 1 de octubre de 2022. Una vez que la Sociedad Mexicana de Industriales Transformadores de la Construcción (SMITC) en el sur de Veracruz formalice la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz, Johnatan Daniel Franco Rangel pasará de investigador a investigado y arrastrará al contralor Mario Pintos Guillén y al alcalde Amado Cruz Malpica…

El saqueador quiere silencio. Un carpetazo y ya. Cuitláhuac intenta sepultar la basura, ocultar el lodo, sofocar las llamas, que no se hable de Araly Rodríguez y que no se sepa qué tanto su primo Eleazar Guerrero movió la corrupción. 

El saqueador de Veracruz, como su alter ego, Javier Duarte, imagina que su palabra cierra la discusión, omitiendo que la tildó de prestanombre, fachada de empresas proveedoras —fantasmas, en realidad— y al dejarla sin trabajo manda al limbo los 100 millones de pesos que su gobierno le entregó.

Lo de Araly Rodríguez es sólo una rendija. El boquete está en la red de corrupción, el rol de Eleazar Guerrero Pérez, sus tentáculos en cada secretaría, los recomendados, los enlaces administrativos, la pandilla, con nombre y apellido, que orquestó, desde el primer día, compras y más compras, contrataciones violentando la ley, licitaciones simuladas, la inacción de los órganos internos de control, el Orfis vapuleado y replegado y Cuitláhuac García, en la cúspide, como beneficiario mayor.

Y el gober se afana en la teoría del carpetazo inmundo.

Y divaga, como lo hacía Duarte, denostando a la prensa que dio santo y seña, la que investigó y halló, y también la que sólo cachó y difundió las filtraciones que provenían de la pandilla voraz.

Y delira, como el preso gordobés, en que las empresas fantasma no son fantasma sólo por el hecho de existir, aunque, bien lo sabe, sirvan para delinquir

Cuitláhuac es tonto y torpe. Es insensato y burdo, queriendo enderezar lo que él mismo enchuecó. Si antes admitió que con Araly Rodríguez Vez se acreditaba una caso de corrupción, hoy el discurso cínico lo implica en un escándalo de colusión.

Se le investiga, dijo Cuitláhuac García, el 6 de febrero. Y la tildó de prestanombre.

Y armó un show. Simuló una investigación interna. La empleada con plaza de maestra, que gana 7 mil 200 pesos al mes y cubre un interinato, que tiene credencial de elector con dirección en Poza Rica, representa a una empresa con domicilio en Xalapa, adscrita a una escuela en Cosoleacaque, o sea norte, centro y sur de Veracruz, está limpia.

Le habrán dado siete contratos. Habrá cobrado más de 100 millones de pesos. Puede tener una empresa con domicilio social en una tienda de abarrotes o junto a ella, en una colonia proletaria, en calles de tierra. Los millones cobrados no les dio para rentar un piso o comprar una oficina. Y está limpia.

Habrá tenido el tino de ganar contratos en la Secretaría de Seguridad Pública, en la pestilente Secretaría de Salud, en el DIF donde la marrullería es carta de presentación. Y está limpia.

Y Cuitláhuac abrió la Caja de Pandora. Aireó los males del mundo y los demonios de Morena. Volaron las corruptelas de la pandilla en Salud, las transas en Seguridad Pública, la uña en Infraestructura y Obras Públicas, el saqueo en cada oficina, la red de corrupción a todo lo que da.

Y cuando el escándalo lo devoró, metió el reversazo. Once días después, hecho trizas, acuchillado por los suyos, los que filtran y filtran documentos, contratos y versiones a periodistas y redes sociales, al presidente del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, lanzando misiles el diputado que un día fue de Fidel y otro de Duarte, Cuitláhuac finalmente reculó.

Araly, dijo el 17 de febrero, no es prestanombre, la empresa que representa concursa desde 2003, no es empresa fantasma y su domicilio social no es el que la prensa difundió.

Y la vedette de palacio volvió a cantinflear:

“Ahora nadie dice, uno, que la empresa no es fantasma y que el domicilio de la empresa sí existe. Algunos medios mintieron con la foto de una tiendita y no mostrar completa la foto, donde junto a la tienda está la empresa, su logo y la dirección correcta”.
Y sostiene:
“No es fantasma, no hay robo, fraude o cosas inexistentes y están todos los servicios materiales a los que se comprometió. Es una empresa constituida no de ahora, de años, no entró en nuestro gobierno, sino de años. Lo único que hizo fue trabajar en la SEV, pero no es su actividad principal”.
Ya metido en sus delirios, Cuitláhuac categorizó a la prensa como “voceros de la corrupción”.

Los voceros de la corrupción existen. Es su prensa, los portales comprados, mercenarios de la información, hoy al servicio del gobierno morenista de Veracruz, los Robles y su mala Imagen, los Rosas y Al Calor, radio y televisión hincados y sometidos, y un ejército de páginas ficción que desde las redes sociales traducen el silencio y el aplauso en jugosos convenios de publicidad.

Araly es lo de menos, pero siguiendo esa pista se llega al círculo del gobernador. Y ahí estriba la operación carpetazo de Cuitláhuac. Quiere sofocar el fuego antes que escale, crezcan, devore el edificio de poder. Que no alcance a Eleazar Guerrero, subsecretario de Finanzas, catalogado como el verdadero padrino en esta trama de corrupción.

Todo Morena sabe que la Secretaría de Salud es coto de Norma Rocío Nahle García. Ahí incrustó la secretaria de Energía a Roberto Ramos Alor, un convidado de piedra, llevando las jornadas médicas a ritmo de música caribeña, tocando las tumbas, su delirio por la percusión.
Y los alfiles de Nahle y Eleazar Guerrero disponiendo de la Secretaría de Salud, los Sisniega, los Rueda, los Basurto, los Alvarado, transitando de su medianía a ser magnates con viajes a Europa.

Cuitláhuac ya palpó el efecto de la guerra interna, el choque morenista, la cruenta batalla por la sucesión, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, filtrando información explosiva contra sus adversarios; Cisneros contra el delegado de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta; Manuel Huerta orquestando el abucheo al gobernador en Boca del Río, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador; el líder del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín, embistiendo a los enemigos de Rocío Nahle. Unos y otros en una épica gesta, lodo contra lodo, corrupción contra corrupción.

El carpetazo llegó cuando un personaje clave, José Luis Lima Franco, soltó la respuesta crucial al acertijo. Para entender las asignaciones directas, los contratos ilegales, debía saberse quién recomendó a los enlaces administrativos de cada secretaría.

Lima Franco es una pieza fundamental. Siendo secretario de Finanzas y Planeación, tiene el manejo del dinero federal y los recursos propios, el tema de la deuda pública, el pago a acreedores y municipios tras el saqueo duartista. Sin Lima Franco el gobierno de Cuitláhuac sería polvo.
El 16 de febrero, la Sefiplan fijó postura: “Habrá que investigar a esos administradores de la SSP, SEV, SSA y DIF, quien los puso y a quien obedecen en realidad”.

Lima Franco lanzó un dardo envenenado. Esa red la controla Eleazar Guerrero, el primo incómodo. Y va más allá de Poder Ejecutivo. Se extiende al Poder Judicial, donde Joanna Marlene Bautista Flores, su antigua secretaria, mantiene el control del dinero desde la Secretaría de Administración.

Ejerció un presupuesto de 11 mil 178 millones de pesos en 2022 y en ocho meses prácticamente llevó a la quiebra al Poder Judicial, una quiebra simulada. Mientras los magistrados debieron reducirse el salario, Joanna Marlene siguió cobrando sus 96 mil pesos mensuales e inundó la nómina con 158 empleados, la corte chaira, con sueldos que van de los 16 mi a los 60 mil pesos, y dispensando contratos irregulares, según acusó la magistrada Concepción Flores Saviaga.

Cuando restaban cuatro meses para concluir el año, Cuitláhuac García apretó a la entonces presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, y se quedó con 500 millones del presupuesto.

Una más de Eleazar Guerrero. Protagonizó el primer escándalo de corrupción cuando el gobierno de Veracruz adquirió 160 patrullas para la Secretaría de Seguridad. Cuitláhuac García anunció haber erogado 208 millones de pesos. La adquisición fue mediante una licitación simplificada. Pero violó la ley. Por el monto, debió ser licitación nacional.

Ante la gravedad del hecho, se retractó. Dijo haber adquirido sólo 50 patrullas y tener en arrendamiento 110 más. Habría pagado 39 millones de pesos. Aún así debió ser licitación pública. un caso de corrupción en el que se implica a Andy, el hijo travieso de López Obrador.

El carpetazo no protege a Araly. Protege a los alfiles de Nahle, del primo incómodo, de Ulises Rodríguez Landa, el operador administrativo en la Secretaría de Seguridad, y a los administradores en la SEV, SSA y DIF, “quién los puso y a quién obedecen en realidad”, la sentencia de Lima Franco.
Y cuando el fuego amenaza, Cuitláhuac blinda a Eleazar.

Archivo muerto

En el radar del Poder Judicial, no se halla el sur de Veracruz. Ni la ciudad judicial en Coatzacoalcos, ni el fortalecimiento de los juzgados, ni el nombramiento de secretarios, ni la justicia al pueblo. No hay un peso para invertir en todo 2023. Cerrada, extraviada, su presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, lo dice con la crudeza de quien teniendo el presupuesto, lo oculta, o no lo ejerce, o estando autorizado, deja que el Poder Ejecutivo, léase el ratón de Cuitláhuac, vía Sefiplan, se agandalle los recursos destinados al mejoramiento de la impartición de justicia. Tres meses apenas, y la mal togada es una réplica de Isabel Romero Cruz, ex presidenta del Poder Judicial de Veracruz que rendía pleitesía al gobernador Cuitláhuac García Jiménez hasta la abyección. Lisbeth Aurelia Jiménez anda igual.

Es un cero a la izquierda. A un grupo de abogados de Coatzacoalcos les dijo en corto, en Xalapa, que no hay nada para el sur de Veracruz en todo 2023. Y a todo lo que le plantearon, respondió con negativas sin sentido. Ni cómo abatir rezago de expedientes, ni cómo contratar personal, ni cómo adquirir los predios para construir la ciudad judicial, ni cómo contar con el área para convivencia padre-hijo en casos de rompimiento familiar. Nada sabe la presidenta-adorno del Poder Judicial de Veracruz.

Y cómo no, si ni debió ser magistrada pues llegó a ocupar el cargo del magistrado Roberto Dorantes Romero, quien se amparó contra el retiro forzoso y ganó con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así que la magistrada espuria empezó mal y sigue peor. De aquel encerrón con abogados de Coatzacoalcos hay historia larga, pero en partes se cuenta mejor… Insostenible, Sergio Hernández Vallarino fue enviado a la congeladora. Al notario uno de Cosamaloapan se le viene la ley encima, acusado de violencia intrafamiliar, amenazas y la infame acción de haber tatuado en la piel de su esposa su nombre, así como la imagen del fierro con que marca a los animales del rancho.

Lo suspendió la Dirección de Notarías del gobierno de Veracruz y, según la versión oficial, fue por presuntas irregularidades en su función. Mientras, su expediente yace en la Fiscalía de Veracruz y apenas si se mueve, encubierto desde las entrañas del monstruo judicial que jefatura Verónica Hernández Giadans, la fiscal espuria. Notaria ella, ha tendido un manto protector sobre quienes son de su gremio y enfrentan denuncias penales. Así ocurre con Alejandro “N”, notario de Chinameca, radicado en Coatzacoalcos, cuya pareja lo denunció por violencia en el seno familiar, describiendo conductas malsanas, la agresión en su más vil expresión, vicios y el intento de arrojarla desde un balcón, o sea tentativa de homicidio.

Así lo dice la denuncia; así consta en el expediente de Alejandro “N”. A Sergio Hernández Vallarino ya le llegó su hora. Ahora queda que la fiscal Verónica Hernández se digne procurar justicia o un juez federal u otro escándalo mediático nacional la obligarán. Y luego va el notario Alejandro “N”, al que lo mantuvieron cobijado y solapado y por el que están en curso dos quejas, una contra la fiscal especializada en delitos contra la familia por empantanar las denuncias, y otra contra la psicóloga de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos que lo mismo dice que el susodicho notario tiene conducta paranoide que lo ve sociable y bueno para liberar el estrés… 

El Congreso puede esperar. Eusebia Cortés, en mala hora diputada local por Coatzacoalcos, invierte su nada valioso tiempo en andar armándole la campaña anticipada a su madrina —o matrona—, Norma Rocío Nahle García, y de paso la suya, ese delirio que se trae por ser alcaldesa.

Acude a un plantel escolar, en poder de madres de familia ante la indolencia de las autoridades educativas y la demagogia del secretario de Educación, el ex stripper Roberto Zenyazen Escobar García; escucha la queja de los padres de familia por las condiciones del inmueble y toma nota. Por delante arguye que “yo estoy aquí porque me habló hace un ratito la ingeniero Rocío Nahle y (me dijo) ve a checarme cómo está ese tema. Por eso estoy aquí. Yo siento que con ella”. Mala legisladora, Cheva por lo menos es cómica.

La patraña da risa. Nahle está que no duerme con el fiasco de la refinería Olmeca, construida en Dos Bocas, Tabasco, y peor cuando la Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias por más de 40 millones de pesos, y Cheva Cortés quiere arrear guajolotes a sombrerazos, usando el nombre de la secretaria de Energía como si se comadrearan todas las tardes. Cuando la queja por la campaña anticipada llegue al OPLE y luego a los tribunales electorales, Rocío Nahle ya tendrá tiempo de reclamar a quien le puso esa piedra en el camino…

* Víctor Manuel Mendoza Villegas continúa siendo supervisor en la Dirección de Obras de Coatzacoalcos

* Su jefe inmediato es su padre, Onésimo Mendoza Flores, titular de esa dirección

* Denunciado desde octubre de 2022 por Sociedad de Industriales de la Transformación 

Víctor Manuel Mendoza Villegas es más que un supervisor. Es quien opera las preestimaciones a contratistas, el que fija montos y moches, el que a lo largo de 117 días ha permanecido impune a las denuncias de nepotismo en la Dirección de Obras Públicas de Coatzacoalcos.

Su padre, Onésimo Villegas Flores, titular del área, es la pieza central de una investigación realizada por la Contraloría Municipal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, acusado de dirigir la asignación de obras mediante licitaciones simuladas, presiones a constructores para que entreguen el token bancario y manipular el avance físico de los trabajos realizados para liberar el pago de estimaciones.

Un documento, que forma parte de la investigación abierta por la Contraloría Municipal a partir de las denuncias formuladas por la Sociedad Mexicana de Industriales Transformadores de la Construcción (SMITC) en el sur de Veracruz, determina que Víctor Manuel Mendoza Villegas está adscrito a la Subdirección de Construcción y su “jefe inmediato” es su padre, el director de Obras Públicas, Onésimo Mendoza Flores.

El documento detalla que Mendoza Villegas es trabajador de confianza con categoría de “supervisor”, ficha 56906.

En dicho documento se precisa claramente la evidencia de nepotismo:

“Nombre y cargo del jefe inmediato: Onésimo Mendoza Flores, director de Obras del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos”.

DE ANALISTA A SUPERVISOR, PERO SIEMPRE JUNTO A PAPÁ

En los archivos del ayuntamiento no se reportan antecedentes de otro cargo que haya desempeñado Víctor Manuel Mendoza. Sin embargo, lo hay.

Cuando se autorizó el paquete de obras correspondientes al ejercicio 2022, Mendoza Villegas se convirtió, de hecho, en “analista” en la Subdirección de Presupuestos y Costos, teniendo acceso al flujo de recursos erogados en las obras y consecuentemente a la relación de pagos a contratistas. En los pasillos del edificio de la Dirección de Obras Públicas se movía como pez en el agua.

Una vez que se liberó el paquete de obras e iniciaron las licitaciones —algunas amañadas—, Víctor Manuel Mendoza Villegas se transformó en el filtro por el que deben pasar los constructores para liberar las estimaciones.

NÚMEROS ALTERADOS EN LAS PREESTIMACIONES

Víctor Manuel Mendoza Villegas inició su relación laboral en un momento clave: 1 de octubre de 2022. Diecinueve días después se le dio de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 20 de octubre.

Con su llegada ocurrió la primera alteración a las preestimaciones de obras. La correspondiente a septiembre de 2022 presenta por lo menos seis casos que el personal de la Contraloría Municipal dejó pasar.

Aunque las obras estaban programas para realizarse entre agosto y diciembre, el avance físico era mínimo o nulo. En algunos casos, se desfasaron los tiempos para iniciar las obras. Por ello, en el reporte de septiembre el avance era cero.

Entre las compañías beneficiadas con contratos de obra, pero sin avance alguna hasta septiembre, se contaban: Miguel Ángel Cebrián Barriere, Xhani Construcciones Servicios y Arrendamiento, Luis Fernando Joaquín Santiago, Alex Iván Contreras Ricárdez y Gerardo Alberto Ibarra Pong.

En el reporte, sólo Ibarra Pong registraba un 50 por ciento de avance físico en los trabajos de saneamiento del área 38 del basurero municipal en Villa Allende. Sólo que en los hechos no era cierto. En ese entonces, el porcentaje de avance era menor, de acuerdo con fuentes de Obras Públicas.

OBRAS INCONCLUSAS LAS HACÍAN APARECER COMO TERMINADAS

“Las obras que aparecen al 100 las preestimaron ya que ninguna está terminada y su negocio es el preestimar para que cobren y pedirles el dinero con anticipación”, señala la fuente consultada.

Durante la última semana de octubre de 2022, la Dirección de Obras Públicas se convirtió en una pasarela de contratistas. Acudían a agilizar el trámite de sus estimaciones. Ante el avance mínimo, quedaban en manos de los dos operadores estrella del director general de Obras Públicas, Arturo Delgadillo Medina, y su subalterno, Onésimo Mendoza: Eliezer Sánchez Carrillo y Víctor Manuel Mendoza Villegas.

La Sociedad Mexicana de Industriales Transformadores de la Construcción, zona sur de Veracruz, interpuso la primera denuncia el 25 de octubre de 2022. Posteriormente agregó tres más.

A la fecha, 117 días después, el caso de nepotismo comprobado sigue impune. Y los casos de corrupción, licitaciones simuladas, extorsión a contratistas, igual.

Ya entró en crisis Rocío Nahle. Bateada por la Suprema Corte, anulada la Ley Nahle, monta un show de risa: el gobernador en su mesa, que vean que tiene residencia en Coatzacoalcos, que vean que no es una advenediza ni una trepadora ruin. Pero sí lo es.

Pobre Rocío. Si supiera lo que está por venir. Si supiera que el fracaso de la Ley Nahle es pecatta minuta ante otras trastadas. Si supiera que Dos Bocas es su verdadero catalizador, el desastre, la trampa, la corrupción.

Aún no comienza el juego y ya se le enredan los pies. Y se le aloca la lengua. Y se le cruzan las ideas y ni Dios AMLO la puede socorrer.

Seis meses le duró su “ciudadanía veracruzana”, desde aquel 2 de agosto de 2022 cuando el Congreso de Veracruz, la mayoría morenista y sus satélites, incluidos tres diputados panistas, avalaron la reforma legal —a la postre ilegal— que concedió que ciudadanos oriundos de otros estados, no descendientes de padres veracruzanos, pudieran ser categorizados como “nativos” de Veracruz con sólo tener hijos nacidos en territorio jarocho.

Nahle encargó la trastada a un malandro de su pelo, Juan Javier Gómez Cazarín, líder de Morena en el Congreso de Veracruz, de historial maloliente, un rufián de cuyo cuello cuelga un rosario de pilladas, antes de ser diputado y ya en funciones; de la estirpe de los vendedores de autos en la Volkswagen de Coatzacoalcos que terminaron sumido en un escándalo por fraude y del que apenas si la pudo librar, y ahora llenándose las talegas de millones que producen sus negocios en alcaldías, intimidando presidentes municipales que no quieren bronca con el Congreso estatal.

Gómez Cazarín, alias El Carón o El Guasón, es un cero a la izquierda, bruto de marras en la confección de leyes, a menudo bateadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si de torcer la Constitución se trata, es rapaz. Su treta tendría recompensa. Por meterle la daga a la Constitución, lo menos sería un premio en el eventual gobierno de la oriunda de Zacatecas: director de pantanos o coordinador de lodazales. Tiene con qué.

Seis meses anduvo la secretaria de Energía degustando la pillada, aplicando aquello de que “la ley es mi ley”, imaginándose gobernadora, retratándose en su perfil obsesivo, demencialmente ambicioso, el pensamiento retorcido de quien no se detiene hasta crear un ordenamiento legal, la reforma al artículo 11 de la Constitución de Veracruz, para allanarse el camino al gobierno estatal.

Y de un porrazo, el 31 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la regresó a la realidad.

Al artículo 11, fracción III, ocho de los 11 ministros le suprimieron la sandez de que son veracruzanos “las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano”.

Lo de los hijos veracruzanos simplemente valió.

Y todo volvió a la normalidad.

La inmoralidad de la zacatecana es de grandes ligas. Usó a sus hijas como argumento legal. Primero, en 2016, esgrimió ante el Órgano Público Local Electoral de Veracruz que demandaba su condición de veracruzana por el sólo hecho de que sus hijas y esposo, el célebre Pepe Peña, el terror del Amaranto, nacieron en suelo jarocho.

Pretendía ser “ciudadana veracruzana para votar y ser votada para el cargo de gobernadora del Estado de Veracruz”.

El OPLE no le dijo ni sí ni no. Entonces acudió al Tribunal Electoral de Veracruz y ahí resolvieron que debía ser el OPLE el que determinara si Rocío Nahle era derechosa a la condición de “ciudadana veracruzana”. Ya no le movió más.

Consumó el atraco el 2 de agosto de 2022. Y el caso se remitió a la Suprema Corte donde los supremos ministros acabaron con el sueño de la zacatecana de ostentarse como nativa de Veracruz. En la Corte no le sirvió la bajeza de usar el argumento de las hijas jarochas.

Si los gatos tienen siete vidas, Rocío Nahle tiene siete tretas. No bien se emitía la resolución, aplicó su Plan B. De inmediato subió a las redes sociales un alegato de consolación: “Como ‘Senadora de la República por Veracruz’ y ‘Secretaria de Energía’ del Gobierno de México, estoy para servir a todos los mexicanos y a este movimiento de la #4T.

“Con satisfacción y orgullo informo que tengo 36 años de residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, donde he formado una familia y tengo mi hogar”.

Y en otra parte se engalla al estilo Nahle:

“Ahora el absurdo en la crítica; si me muevo para trabajar, si salgo a comprar al mercado, si mi casa es mi casa, si pago el recibo de la Luz, si los vecinos me vieron…, y cuanta ocurrencia.

Y cuatro fotos: en la cocina de la mansión, preparando el café, con las hijas jarochas, con las amigas, con Cuitláhuac, en el malecón.

Luego llevaría a su humilde mansión a Cuitláhuac García y le invitó un “desayuno veracruzano”.

Acá, en Veracruz, el clamor es de escándalo: si Nahle es capaz de aporrear la Constitución local, el día que sea gobernadora no dudará en atropellar los derechos de los veracruzanos.

Ser zacatecana sí es un escollo. Rocío Nahle lo sabe. El localismo cuenta y hay una proclama en que se resume todo: Veracruz para los veracruzanos.

Salvo Patricio Chirinos Calero, que nació en San Luis Potosí y tenía dos actas de nacimiento, una de Tamuín y otra de Pánuco, ningún otro gobernador de Veracruz ha sido nativo de otra entidad.

Nahle intenta una ruptura. Morena es el ariete. No acredita condición de “nativa” de Veracruz pero aplica su Plan B, la residencia efectiva.

La residencia efectiva se acredita. No se pierde cuando se desempeña un cargo de elección popular o comisión oficial, dice la Constitución General de la República.

Nahle fue diputada federal por Coatzacoalcos, de 2015 a 2018. Luego candidata al Senado, en 2018, para después pedir licencia y asumir como secretaria de Energía en el gobierno federal.

Hay voces que insisten en que perdió la residencia efectiva por su labor en la Secretaría de Energía y, sobre todo, la encomienda de construir la refinería Olmeca, en Dos Bocas. Falso. El cargo en Sener es “comisión oficial” y no por ello se pierde la continuidad de la residencia en Veracruz.

Tampoco es residente en Villahermosa, Tabasco, desde donde coordina los trabajos de la refinería Olmeca. Es “comisión oficial”. No deja de tener residencia efectiva en Coatzacoalcos, Veracruz.

Nahle habrá de terminar en los tribunales cuando se oficialice su candidatura al gobierno de Veracruz. Si le concede el registro el OPLE, la oposición impugnará en los tribunales. Si le niega el registro el OPLE, Morena acudirá a la justicia electoral.

Pero ahí puede ganar: si la oposición no tumba la candidatura, Nahle emergerá con mayor fuerza.

Sólo unos cuantos en la dupla PRI-PAN advierten la fragilidad de Rocío Nahle. Se le puede derrotar por cargar una buena cuota de negativos.

Su único reducto es el sur de Veracruz y ahí no hay un sólo proyecto macro del gobierno federal. El abandono es total. Prevalece la extorsión y la violencia. Hasta la Policía es atacada con bombas molotov. Se fugan capitales. Balean comercios. Cierran negocios. Huyen los empresarios y las inversiones no llegan. Y Nahle en la Luna.

Coatzacoalcos, su feudo, es un caos. La disputa de corrientes morenistas, los espacios de poder, el pleito por las obras y manoseo de contratos, estancaron al municipio. No hay peor enemigo de Morena que los morenistas. Y los seguidores de Rocío Nahle son un cáncer aparte.

Nahle tiene otro dilema. ¿Tenía o no facultades para construir la refinería Olmeca en Dos Bocas? Se arma un expediente para llevar a los tribunales la presunta violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Pobre Rocío. Si supiera lo que está por venir. Si supiera que el fracaso de la Ley Nahle es pecatta minuta ante otras ilegalidades. Si supiera que el dilema no es acreditar residencia efectiva. Su carta de presentación es Dos Bocas, y es un fracaso total.

Entró en crisis y ella sabe por qué.